Revista proceso # 1883, 2 de diciembre de 2012
La intención era firmar el Pacto por México el 28 de noviembre para que Enrique Peña Nieto tomara posesión de la Presidencia con todos los hilos del poder en la mano. No fue así. El PRD (uno de los tres protagonistas de esa alianza) no logró el consenso. Proceso obtuvo una copia del documento que, aparentemente, los militantes perredistas no conocían y que incluye consideraciones sobre distintos rubros, desde la atención a víctimas de la guerra contra el narco hasta las reformas fiscal y energética.
La noche del 25 de noviembre los miembros de las bases perredistas fueron sorprendidos por un comunicado suscrito por el PRI, el PAN y, aparentemente, por el PRD –en realidad, lo firmaba la corriente Nueva Izquierda, que detenta la presidencia del partido–, en el que admitieron que ya se habían puesto de acuerdo para firmar el Pacto por México.
La Comisión Política Nacional (CPN) del PRD citó a una reunión para la mañana siguiente en la que la militancia le pidió cuentas a su presidente, Jesús Zambrano, y una copia del documento. Él les respondió que se había comprometido a no enseñárselo a nadie.
Zambrano admitió que se reunió una veintena de veces con sus pares desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó la elección presidencial, impugnada por la izquierda.
Antes del encuentro de la CPN, las corrientes opositoras a NI, lideradas por Izquierda Democrática Nacional, se reunieron para acordar la postura ante el pacto. Joaquín Vela, cercano a Marcelo Ebrard, no sabía de las pláticas previas de Zambrano con priistas y panistas.
Zambrano se reunió también con los cinco gobernadores del PRD, quienes, con excepción de Marcelo Ebrard, manifestaron su apoyo al pacto. Ebrard ya no volvió a ser convocado.
Los 105 puntos
Y aunque ahora ningún perredista admite conocer el contenido del pacto, Zambrano afirma que desde el principio les dio copias a las corrientes opositoras a Nueva Izquierda.
Proceso obtuvo copia del documento base de los 105 puntos del Pacto por México, que ya va en su decimoséptima modificación. El escrito menciona temas que van desde las reformas estructurales hasta la Ley General de Víctimas, pasando por las propuestas fiscal, energética y electoral, así como el combate a la pobreza.
En el capítulo quinto, “Compromisos para las reformas”, por ejemplo, el documento asienta que en diciembre de 2012 deberá instalarse una mesa nacional para discutir sobre la reforma política del Distrito Federal y eventualmente aprobarla en 2013.
Entre los 105 compromisos que debieron firmarse el pasado 28 de noviembre en Querétaro destaca el de la seguridad social que, según el escrito, debe ser universal y quedar listo en 2018.
Otros rubros: Diseñar un sistema de información y gestión educativo único (sic), revisar los tiempos oficiales de radio y televisión, “evitar el uso y esquemas financieros y recursos de origen ilícito para inducir o coaccionar el voto”, crear también una “autoridad electoral de carácter nacional”, aprobar la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población.
Con el compromiso número 99 se pretende “reordenar el marco de los fueros de los políticos para que nadie tenga privilegios. El 104 se refiere a la reelección de legisladores y él último, el 105, pretende que una “instancia ciudadana y autónoma supervise (la) contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”.
Las condicionantes
Ninguno de los puntos anteriores está sujeto a la aprobación de la reforma hacendaria.
Sí lo están la pensión generalizada a adultos mayores de 65 años, el sistema nacional de programas de combate a la pobreza, consolidar el sistema nacional de evaluación educativa, incrementar la cobertura de la educación media superior, el programa de becas, el de protección al patrimonio cultural, estímulos a creadores artísticos y las leyes de reparación del daño y la de atención a víctimas, los créditos de vivienda, el acceso a la justicia y a la educación para indígenas.
El capítulo segundo –sobre los “acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”– queda condicionado a la aprobación de dicha reforma fiscal, el crecimiento de la red de la Comisión Federal de Electricidad, pero no el derecho de acceso a la banda ancha, la agenda digital, la licitación para instalar nuevas cadenas de televisión abierta y la red de servicios de telecomunicaciones.
También está sujeto a la reforma la inversión de 1% del PIB a la ciencia y la tecnología, además del aumento en el número de investigadores en la materia, mejorar la gestión de residuos y otros temas en materia ambiental, así como la transformación de Pemex en una empresa pública de carácter productivo y hacer de ella “uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático”.
Lo que no está condicionado es la competencia en los procesos económicos en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
Por el contrario, la nueva ley para la explotación minera sí está condicionada al tema fiscal, igual que el fortalecimiento de la banca de desarrollo, la comercialización de productos del campo, los créditos oportunos a medianos y pequeños productores con tasas preferenciales, el pago por servicios ambientales y la estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste del país.
También lo están la restructuración de los cuerpos policiacos: las policías estatales coordinadas y la futura gendarmería nacional, un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio (sic) y oral, la reforma al sistema penitenciario y la reforma política del Distrito Federal.
La eficiencia recaudatoria, el fortalecimiento del federalismo fiscal, la eficiencia en el gasto público y la transparencia, el fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado, reformas a los impuestos indirectos y la revisión política de subsidios y a los regímenes especiales, sí lo están, “por definición”, apunta el documento.
No hay condiciones tampoco para crear un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos ni para una reforma que garantice la rendición de cuentas ni para ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ni para homologar los órganos de transparencia locales, la comisión anticorrupción, el consejo nacional para la ética pública, ni para impulsar los gobiernos de coalición.
Por lo que atañe a la reducción de los gastos de los partidos, la disminución del tope de gastos de campaña y las “causales nulidad de elección rebasar topes de campaña (sic)”, nada está definido aún.
En el limbo también se encuentran otros rubros como la revisión de tiempos oficiales en radio y televisión, así como “evitar el uso de esquemas financieros y recursos de origen ilícito para inducir y coaccionar el voto”, el reordenamiento del marco de fueros, la ley de candidaturas independientes, la consulta popular, la ley de iniciativa preferente, la reelección de legisladores y la regulación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios de comunicación.
Según la copia obtenida por este semanario, la propuesta es que tres representantes de cada uno de los partidos mayoritarios –PRI, PAN y PRD– y otros tres “designados por el presidente de la República” negocien y logren acuerdos sobre todo para la aprobación de las reformas política y hacendaria
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