Judicial Reform in Mexico: Why it is Needed and Where Things Stand
December 04, 2012 // 9:00am — 2:30pm
The Woodrow Wilson Center’s Mexico Institute and the University of San Diego’s Trans-Border Institute invite you to the following conference:
Judicial Reform in Mexico:
Why it is Needed and Where Things Stand
9:00 a.m. - 10:45 a.m.
First Panel: Why is Judicial Reform Needed?
Moderator: Eric L. Olson, Associate Director, Mexico Institute, Woodrow Wilson Center
Panelists:
Ana Laura Magaloni, Professor, Center for Economic Research and Teaching (CIDE), Mexico
Ernesto Canales, Canales and Associated Lawyers, and CEO, RENACE.
Layda Negrete, Producer, Presumed Guilty
Discussant: Diana Negroponte, Nonresident Senior Fellow, Brookings Institution
10:45 a.m. - 11:00 a.m. Break
11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Second Panel: Where Things Stand
Moderator: Octavio Rodriguez, Coordinator, Security and Rule of Law Program, Trans-Border Institute, University of San Diego
Panelists: Guillermo Zepeda, Director of Studies, Program to Support Security and Justice at USAID/Mexico.
Matthew C. Ingram, Assistant Professor, University of Albany, SUNY
Hugo Concha Cantú, Former Chief of Staff for the Executive Secretary of the Coordinating Council for Implementation of the Criminal Justice System, Ministry of Interior (SEGOB/SETEC)
Discussants: Carolina Villadiego, Center for Judicial Studies in the Americas (CEJA)
Robert Varenik, Director of Programs, Open Society Justice Initiative
Luncheon and keynote addresses: 1:00 p.m. - 2:30 p.m.
ic. Rommel Moreno, Attorney General of the State of Baja California
Catherine Cortez Masto, Nevada Attorney General
Location: 5th Floor, Woodrow Wilson Center
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Nota de Víctor Fuentes en Reforma.
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Denuncian
en EU freno a juicios orales
La falta de voluntad política y las dificultades operativas han provocado la lentitud para concretar la reforma al nuevo sistema penal, previsto en la Constitución desde 2008, coincidieron especialistas durante una conferencia celebrada ayer en el Centro Woodrow Wilson en Washington y transmitida en vivo por internet.
"La voluntad de los actores políticos es fundamental, y no sólo hablo de los Estados. Hubo un Ejecutivo Federal que aprobó una reforma vastísima, pero no hubo voluntad para empujarla tan lejos como podía llegar, parece que en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, no fue una prioridad del gobierno federal", afirmó Hugo Concha, coordinador de asesores de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (Setec).
"La iniciativa para nuevo Código (de Procedimientos Penales) en el Legislativo no ha ido a ninguna parte, así que el tema de voluntad política es muy importante", agregó Concha, por medio de un traductor al inglés.
El todavía funcionario recalcó la molestia que provocó en el Poder Judicial la decisión del Presidente Felipe Calderón de crear por decreto, sin consulta previa, al Consejo Coordinador para la reforma con participación de todos los Poderes, así como a la propia Setec como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
"Con ello, un Ejecutivo que no estaba totalmente convencido de la reforma, asumió control sobre el ritmo para su implementación", explicó. "El Poder Judicial tomó un año para aceptar y que se llevara a cabo la primera sesión de este Consejo".
Concha también habló de los conflictos entre autoridades estatales, desde el gobernador hasta los tribunales, así como la "falta de dientes" de la Setec, que sólo tiene nivel de subsecretaría y no cuenta con facultades para crear mandatos vinculantes para todos los involucrados.
Cabe mencionar que aún no se ha resuelto si Felipe Borrego, el jefe directo de Concha, seguirá al frente de la Setec, pues hay quienes piensan que su nombramiento debe extenderse hasta 2016, cuando concluya el plazo Constitucional para implementar la reforma.
Matthew Ingram, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, destacó que 22 estados ya cuentan con legislación secundaria para aterrizar la reforma, pero sólo 12 la están aplicando en la práctica, con Chihuahua como el más avanzado al procesar más de 90 por ciento de los delitos bajo el sistema acusatorio.
"Nuevo León, que tiene la reforma más vieja, sólo procesa menos del 10 por ciento de los casos bajo el nuevo sistema, por eso ha sido decepcionante para muchos observadores", dijo.
El abogado Ernesto Canales, uno de los principales impulsores de la reforma penal, consideró ( en otra mesa distinta a la de Concha, Why is Judicial Reform Needed?) que ha llegado el momento del cambio de un sistema penal ineficiente y corrupto, y consideró que el movimiento en esa dirección "es irreversible".
Durante la sesión de preguntas y respuestas, llamó desde México Marco Antonio Carrillo, director de Seguridad Pública de Mexicali, quien denunció que a las policías poco se les ha tomado en cuenta.
"La Policía no esta inmersa en este proceso, sin coordinación esto no va a funcionar, (Enrique) Peña Nieto nos tiene que tomar en cuenta si la reforma va a funcionar", afirmó.
"A la gente no le importa quién es responsable de perseguir los homicidios, si el gobierno federal o el estatal", dijo por su parte el Procurador de Baja California, Rommel Moreno, quien destacó su colaboración con Carrillo pese a trabajan para gobiernos de distintos partidos.
A medio gas
Estados que ya trabajan con el nuevo sistema acusatorio
OPERACIÓN TOTAL
· Morelos, Estado de México y Chihuahua
OPERACIÓN PARCIAL
· Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California.
Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia.
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Trazan retos para el Ejecutivo ( en el Libro Blanco entregado a miembros del consejo en la reunión reciente)
Nota de Antonio Baranda
Reforma, 05-Dic-2012
La Secretaría de Gobernación trazó -antes del cambio de gobierno- los retos que enfrentará la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto para instaurar el nuevo modelo de justicia penal en todo el País.
El Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (Setec), destaca la necesidad de trabajar de manera más "intensa" para establecer el modelo a más tardar en 2016, como lo marca la reforma constitucional de 2008.
Se requiere, plantea, concluir los cambios normativos en los estados; aprobar un nuevo programa de capacitación; unificar la legislación procesal penal; fortalecer el modelo de gestión (formas de trabajo, procesos y estructuras); y cambiar la mística y mentalidad de los operadores.
"Cada uno de los ejes de trabajo desarrollados por la secretaría técnica tendrá aún que continuar en sus procesos de adaptación y servicio a cada uno de los operadores (...), pues su trabajo no termina simplemente con el paso del tiempo. Se trata de un trabajo permanente.
"Además de continuar con toda intensidad el trabajo en las áreas de operación de al implementación, la reforma tendrá que abrirse paso decisivo en nuevos actores que estén relacionados con el cambio cultural de la sociedad", recomienda.
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