Las evidencias se vuelven humo/Marcela Turati

Las evidencias se vuelven humo/MARCELA TURATI
Revista Proceso No. 1886, 23 de diciembre de 2012
Pese a la oposición de numerosas organizaciones de búsqueda de desaparecidos y de familiares de las víctimas del crimen organizado, algunos de los cadáveres desenterrados de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, fueron incinerados por instrucciones de la PGR, que al hacerlo viola los derechos de los deudos y tuerce las leyes. De esta manera, las posibilidades de contar con evidencias que lleven a los autores de las matanzas se vuelven humo…
El pasado 30 de noviembre, último día del sexenio de Felipe Calderón, a las 8:30 de la mañana peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron al Panteón Civil de Dolores. Con ayuda de panteoneros abrieron las fosas comunes donde están los restos hallados en las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, y sacaron 10 cuerpos descompuestos. Pasaron todo el día seleccionándolos. No salieron hasta el atardecer, cuando los cadáveres habían sido incinerados.

Una semana después las cenizas de ocho guatemaltecos –que la PGR identificó como William, Bilder Osbely, Delfino, Erick Raúl, Gregorio, Jacinto Daniel, Marvin y Miguel Ángel– y de dos guanajuatenses –Israel y Luis Miguel– fueron entregados en urnas a sus familiares. La dependencia alegó que la cremación se hizo por “razones sanitarias”.
“Los cuerpos ya estaban irreconocibles, estaban muy cocidos, no eran cuerpos completos. Nos dijeron que los iban a trasladar, por eso los incineraron”, dice a Proceso un panteonero que presenció la exhumación.
En el lugar aún permanece una lámina puesta para proteger de los perros la fosa recién excavada que alberga los restos de las víctimas no identificadas cuyos asesinatos se atribuyen a Los Zetas. No tiene señalización alguna. En ese hoyo están apilados poco más de 75 de los 193 cuerpos sacados en abril de 2011 de dos fosas clandestinas.
A unos metros, bajo un montículo casi aplanado, están enterrados 12 de los 72 migrantes asesinados en agosto de 2010 en el mismo municipio y que siguen sin ser identificados. Por precaución de los panteoneros, esos restos no fueron mezclados con los de las otras fosas comunes.

El 30 de noviembre un grupo de estudiantes universitarios y su maestro trabajaban en una tumba vieja contigua a las fosas comunes y presenciaron la excavación. Les sorprendió enterarse de que los cadáveres exhumados frente a ellos y trasladados para su cremación corresponden a uno de los episodios más sangrientos del sexenio, al de los asesinatos masivos, sistemáticos, repetitivos de San Fernando.

En ese municipio un sinnúmero de camiones de pasajeros o camionetas con rumbo a Texas fueron detenidos por Los Zetas –según la versión oficial– y sus pasajeros varones en edad productiva, obligados a bajarse. A las víctimas las forzaban a enrolarse en su ejército o las secuestraban para cobrar rescates o las asesinaban por no ser buenos elementos para la guerra, por rehusarse a enlistarse o para que no fueran cooptados por el Cártel del Golfo, su rival en la zona.

Esto ocurrió durante 2010 y 2011. Las maletas llegaban a las terminales pero no sus dueños. Y todos guardaron silencio: Los gobiernos federal y estatal, los policías dedicados a vigilar los caminos, los medios de comunicación, las compañías de autobuses.

Uno de los migrantes desaparecidos en San Fernando es Bilder Osbely López Mérida.

Aunque a finales de octubre su familia fue informada de que lo habían localizado entre los muertos de San Fernando y de que México iba a repatriarlo, no estuvo de acuerdo con la cremación. Quiso impedirla, pero no le hicieron caso; les dijeron que la legislación mexicana impide el traslado de cadáveres.

Desde el 5 de noviembre y todavía el día de la exhumación, una decena de organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas alertó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las pretensiones de la PGR. En la queja con folio 121493 quedó asentada su petición “de medidas precautorias urgentes” para evitar la incineración de restos.

Sin embargo la CNDH no respondió. Tampoco impidió la acción pese a que las organizaciones de búsqueda de desaparecidos señalaron que la PGR no demostró que los restos cremados correspondían a los migrantes cuyos nombres dio y que esos asesinatos no han sido resueltos, por lo que la incineración violaría legislaciones internacionales sobre los derechos de los familiares de las víctimas a saber lo que ocurrió, a obtener justicia y a sepultar a sus muertos según sus creencias.

“Una razón administrativa de transporte de restos no puede pasar por encima del derecho internacional. Con más razón si estamos hablando de hechos violentos de carácter colectivo en los que puede haber implicaciones de agentes del Estado, donde las garantías de investigación deben protegerse, así como los derechos de las víctimas”, dice en entrevista el experto español Carlos Martín Beristáin, quien ha participado en comisiones de la verdad de crímenes del pasado de países como Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador.

El investigador señaló que al incinerarse restos como los de San Fernando se pierden las pruebas que proporcionan información sobre la causa de muerte y el modus operandi de los asesinos, con lo que se pueden reconstruir hechos concretos y saber desde quiénes dieron las órdenes hasta quiénes seleccionaron a las víctimas, las transportaron, retuvieron, asesinaron y enterraron.

“Sólo podrían incinerarse si hay una investigación terminada, si hay peritajes completos contrastados, si las identificaciones han sido bien realizadas y si hay acuerdo de las familias para llevarse los restos. Porque incinerar impide la identificación posterior por ADN, en caso de que el primer peritaje antropológico estuviera mal hecho o si las muestras fueron contaminadas”, explicó el experto, quien ha sido perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las organizaciones quejosas tenían razones para pedir ayuda y dudar de la PGR. Durante el sexenio calderonista las familias de migrantes desaparecidos en México recibieron ataúdes llenos de piedras, restos equivocados (brasileños fueron enviados a Honduras) o cuerpos en féretros sellados que tuvieron que enterrar sin poder revisarlos, obligados a confiar ciegamente en la procuraduría.

Hasta el final del sexenio el Estado mexicano se rehusó a que el Equipo Argentino de Antropología Forense participara como experto independiente en el proceso de exhumación e identificación de los cadáveres enterrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León (Proceso 1874).

También negó la posibilidad de contrastar los restos recuperados con la base de datos genéticos de 411 centroamericanos que consideran que sus familiares pueden haber sido enterrados en San Fernando.

La misma solicitud de ayudar a crear una comisión forense independiente fue presentada por organizaciones de familiares de desaparecidos a la CNDH, la que en octubre pasado, con el oficio /PVG/495/2012, la rechazó.

Mientras tanto los cuerpos desenterrados de San Fernando se consumen rápidamente. Según un panteonero consultado, las bolsas en las que fueron enterrados aceleraron la descomposición. En casos normales tardan hasta siete años en descomponerse; estos tardarán menos de tres.

Cadena de culpas



El 23 de noviembre de 2012 (18 días después de que la CNDH había sido notificada por aquéllas organizaciones) la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada giró 10 oficios en los que avisa a la delegación Miguel Hidalgo que el 30 de noviembre de 2012 a las 8:30 llevaría a cabo en el panteón de Dolores la “exhumación prematura” con destino a “la cremación” de 10 migrantes relacionados con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, que corresponde a las fosas de San Fernando.

Los migrantes enlistados son William Rodríguez Alejandro, Bilder Osbely López Mérida, Delfino Cusanero García, Erick Raúl Velásquez Vail, Gregorio Can Escun, Israel y Luis Miguel Gallegos Gallegos, Jacinto Daniel López, Marvin y Miguel Ángel Chávez Velásquez.

Los oficios –cuyas copias tiene Proceso– citan artículos de la Constitución, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Salud (LGS) y el Reglamento de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres Humanos para validar la exhumación y cremación.

Los artículos referidos –como el 414 de la LGS o 10, 11 y 134 del reglamento– aducen que la cremación se realizaría a manera de prevención de “enfermedades contagiosas”. Ese fue su pase al panteón.

El jueves 6, medios de Guatemala publicaron imágenes de indígenas llorosos que recibieron de la cancillería de su país las urnas con los restos de sus familiares.

Durante la entrega, la viceministra Rita Claverie de Scioli expresó que fueron “19 meses de espera” para que el gobierno mexicano pudiera identificar los cadáveres mediante el ADN.

Esa declaración revela que aunque la identificación de cadáveres por contraste genético demora un máximo de dos meses, la PGR entregó “por tandas” los restos de las víctimas de San Fernando, ya que las familias guatemaltecas con migrantes desaparecidos aportaron muestras de sangre en abril de 2011, cuando las fosas fueron descubiertas. La identificación del primer guatemalteco ocurrió en abril de 2011, otros 10 fueron identificados en febrero de este año, en abril siguiente otros 12 y hasta noviembre 10 más.

El gobierno de Guatemala había pedido a México que no enviara a la fosa común los restos, porque presumiblemente eran de guatemaltecos. No fue escuchado.

Este semanario ha documentado los errores de la PGR en el envío de los cuerpos y las denuncias de las familias centroamericanas y brasileñas que se quejan de que militares y policías de sus países les impidieron abrir los ataúdes sellados en México por “razones sanitarias”. Los padres del brasileño Juliard Aires Fernández, por ejemplo, denunciaron que enterraron a un desconocido y no a su hijo, porque en las imágenes de la televisión reconocieron el rostro de éste, que estaba completo, y dentro del ataúd que les entregaron sólo había “una masa de huesos sin cabeza”.

Otra es la historia de los migrantes mexicanos. El domingo 2 la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato informó a los medios que acababan de ser identificados los restos de los hermanos Israel y Luis Miguel Gallegos Gallegos, de 18 y 23 años, originarios del municipio de Tierra Blanca y desaparecidos en marzo de 2011 cuando se dirigían a Estados Unidos.

Según la dependencia, de 96 denuncias de desaparición de migrantes presentadas en esa entidad ante la PGR, con los hermanos Gallegos los cuerpos identificados han sido 14.

Los casos denunciados han sido 12 en 2010 (de jornaleros migrantes oriundos de San Luis de la Paz y Comonfort), 62 en marzo de 2011 (de San Luis de la Paz, Apaseo el Alto, Irapuato, Tarimoro, San Felipe, Celaya, Valle de Santiago, Salamanca, Comonfort y Tierra Blanca) y 20 en septiembre de 2011 (de Villagrán, Celaya, Salamanca, Acámbaro y Santa Cruz de Juventino Rosas).

Justicia denegada
En octubre pasado le notificaron a Lucy Maricely Santos, del estado guatemalteco de San Marcos, que los restos de su esposo debían ser incinerados para poder repatriarlos.
“Sabemos que la familia no fue debidamente informada del procedimiento de identificación que se llevó a cabo para concluir que su esposo había sido encontrado y que se le dijo a la familia que debían aceptar los restos y recibirlos incinerados, ya que la Ley General de Salud no permitía el traslado de los restos completos por cuestiones de sanidad”, indica la queja recibida por la CNDH el 5 de noviembre.

El documento ante la CNDH lo firman la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México.

Son las mismas que junto con el equipo forense argentino impulsó la creación de la comisión independiente que acompañaría a la PGR.

En el escrito las organizaciones señalan que tuvieron conocimiento de que siete restos habían sido “supuestamente identificados” como guatemaltecos.

“La esposa y los familiares de Bilder Osbely López Mérida no desean que el cuerpo de su familiar sea incinerado. Lo anterior debido a que se opone a la creencia y religión que ellos tienen y mencionan que para ellos es fundamental que se entregue el cuerpo completo de su familiar. Las autoridades mexicanas le han insistido que, de acuerdo a la legislación mexicana, el cuerpo de una persona fallecida no se puede entregar fuera de México sino sólo las cenizas derivadas de la incineración y que de lo contrario México no entregaría los cuerpos”, explicaron.

Las organizaciones señalaron que ninguna legislación especifica dicha disposición y recordaron que “cuando los restos estén sujetos a una investigación penal por homicidio no deberán ser incinerados”.

Manifestaron que a la familia de Bilder Osbely y a las de los otros migrantes se le violaría el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, a la religión, cultura y tradiciones. También se violarían tratados internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En la queja se solicita a la CNDH que pida a la PGR las pruebas con las que avaló la identidad de los restos, que impida e imponga medidas precautorias para que ningún cuerpo sea cremado hasta que se compruebe que el proceso se llevó a cabo según estándares internacionales y sea avalado por un perito independiente, y que cada familia sea debidamente informada del procedimiento con el que se llevó a cabo la identificación.

También se señala que no puede consumarse una cremación si no se ha concluido el procedimiento penal con sentencia condenatoria, si los familiares no lo autorizaron por escrito y con la asesoría de sus abogados y organizaciones acompañantes.

El 30 de noviembre las mismas organizaciones enviaron un nuevo oficio a Raúl Plascencia, el presidente de la CNDH, en el que le reiteran la urgencia de las medidas cautelares y le piden una pronta respuesta.

Aunque los restos de San Fernando serían exhumados ese mismo día, no obtuvieron respuesta: los cuerpos fueron quemados. Con ellos se redujeron a cenizas evidencias que podrían haber ayudado a desentrañar la trama criminal ocurrida durante el calderonismo en San Fernando, la cabecera municipal de las masacres.