En
sigilo, crea el gobierno el Centro Nacional de Inteligencia/
J.
JESÚS ESQUIVEL
Revista
Proceso
No. 1889, 13 de enero de 2013
Asesores
estadunidenses en seguridad contratados por el equipo de Enrique Peña Nieto
adelantan a Proceso que el mandatario trabaja para crear un Centro Nacional de
Inteligencia –una suerte de CIA a la mexicana– con la finalidad de
“mexicanizar” el combate al crimen organizado. El organismo será controlado por
Gobernación, la supersecretaría a la que se acaba de dotar de un presupuesto
superior a los 62 mil millones de pesos, con los que podrá hacer casi todo…
como en el viejo régimen priista. El problema, dicen los especialistas, es que
no hay personal suficientemente capacitado para esa tarea.
WASHINGTON.-
En la dependencia federal que está siendo convertida en una supersecretaría
–Gobernación–, dotada por consiguiente de un presupuesto descomunal, el
gobierno de Enrique Peña Nieto pretende crear el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI). Su objetivo: recopilar la información que generen todas las
instancias de seguridad y procuración de justicia de México, en el afán del
mandatario priista de combatir con eficiencia al crimen organizado.
Funcionarios
extranjeros que participan en el proyecto, ideado desde los tiempos de la
campaña electoral del mexiquense, confían lo anterior a Proceso. Pero
advierten: el problema es que no hay personal con los conocimientos necesarios
para afrontar una tarea de esa magnitud, labor que varias agencias
estadunidenses habían realizado con el aval del anterior gobierno federal.
Uno
de los consultores estadunidenses contratados por el gobierno de Peña Nieto
para la creación del CNI adelanta a Proceso: “Se trata de un plan innovador
cuyo objetivo será la recolección de información de inteligencia entre todas
las agencias de seguridad del Estado mexicano para realizar operativos más
eficaces, menos vistosos y mejor coordinados contra el narcotráfico”.
Según
el proyecto, el CNI estará bajo el mando directo de la Secretaría de
Gobernación (Segob) y tendrá como “operador inmediato” al Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El propósito de Peña Nieto, dice el
entrevistado, es emular las operaciones de inteligencia que realiza el gobierno
de Estados Unidos con las tácticas y actividades de espionaje de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA).
Peña
Nieto y su equipo “quieren concentrar en una sola entidad, como se hace en los
centros u oficinas de fusión que tenemos en Estados Unidos, toda la información
de inteligencia que recopilan el Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR y todas
las demás dependencias federales y hasta estatales implicadas en la lucha
contra el narcotráfico”, enfatiza el consultor, quien acepta hablar a condición
de que se mantenga su anonimato.
Especialista
en operaciones internacionales de inteligencia, el entrevistado comenta que con
la creación del CNI Peña Nieto intenta cumplir con su promesa electoral de
desmilitarizar de manera paulatina la lucha contra el narcotráfico emprendida
por Felipe Calderón.
“A
nosotros nos parece una muy buena idea porque si se logra, antes de lanzar
cualquier operativo contra cierto cártel, narcotraficante u objetivo del crimen
organizado se estudiarán opciones, se plantearán escenarios y se definirán
ataques conjuntos que –está comprobado– siempre dan mejores resultados que los
enfrentamientos frontales”, apunta.
Continúa:
“Cuando se lleve a cabo un operativo podrían participar juntos el Ejército, la
Procuraduría General de la República, la Marina, la Gendarmería Nacional,
policías estatales y municipales, pero siempre bajo las órdenes de un solo
mando: la Secretaría de Gobernación”.
Las
propuestas de campaña
Al
asumir la Presidencia, Peña Nieto decidió prescindir de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) federal, la dependencia favorita de Calderón, y
adscribir a su personal a la Segob, lo que se concretó a principios de este
mes.
Convertida
en una supersecretaría, Gobernación concentra a partir del jueves 3 todas las
acciones de seguridad y prevención del delito que antes ejecutaba la SSP. Y lo
más importante: Absorbió también los 41 mil 217 millones de pesos asignados a
la extinta secretaría para este 2013. Con ello su presupuesto se elevó a 62 mil
millones 258 mil pesos, por encima incluso del que maneja la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), que es de 60 mil 812 millones.
Poco
después de ser declarado presidente electo, Peña Nieto pidió a Miguel Ángel
Osorio Chong, quien hoy está al frente de esa superdependencia, contratar a
consultoras estadunidenses especializadas en seguridad e inteligencia con un
propósito definido: Que participen con los colaboradores del mexiquense en la
elaboración y definición de la nueva estrategia de combate al narcotráfico y al
crimen organizado.
De
acuerdo con otro consultor entrevistado por el corresponsal, “se canalizaron
varias propuestas y al final se contrató a expertos estadunidenses altamente
calificados en este campo, quienes trabajan con los colaboradores de Peña Nieto
desde el 1 de diciembre”.
Dice,
a condición de que se omita su nombre, que él y sus compañeros han viajado en
varias ocasiones a la Ciudad de México para “agilizar el plan del
establecimiento del CNI”, pues Peña Nieto quiere echarlo a andar poco después
del primer trimestre de este año.
Según
el entrevistado, Osorio Chong se coordina con su subalterno Eugenio Ímaz
Gispert, director general del Cisen; él y los otros asesores estadunidenses
trabajan a su vez con un grupo de funcionarios “jóvenes” de Gobernación.
Pero
el consultor se alarma porque la mayoría de los funcionarios que trabajan en el
proyecto del CNI –con edades que van de 28 a 35 años– “no tienen ni la menor
idea” de lo que significan las labores de inteligencia y mucho menos de la
elaboración y definición de operativos contra el crimen organizado o los
narcotraficantes.
Otro
consultor extranjero confía al corresponsal: “Ese es el gran problema que
tenemos. Esperamos que poco a poco Osorio Chong o el director del Cisen encuentren
gente con más experiencia para la elaboración de un proyecto de gran
envergadura como el que quieren desarrollar”.
Los
expertos estadunidenses coinciden: La falta de gente con experiencia en la
Secretaría de Gobernación y en el círculo cercano a Ímaz es el principal
obstáculo para la creación del CNI.
Para
ellos el único funcionario “con un poco de conocimiento” sobre los asuntos de
inteligencia es Juan Carlos Foncerrada Berumen, economista que hasta hace unas
semanas era delegado del Cisen en la embajada de México en Estados Unidos.
“Foncerrada
Berumen sabe muy poco, pero de entre todos los funcionarios mexicanos que están
involucrados en el proyecto hasta ahora, es el que sabe más”, comenta una de
las fuentes.
Lo
que permitió Calderón
Con
el CNI el gobierno de Peña Nieto le apuesta a reemplazar a las dos Oficinas
Binacionales de Inteligencia (OBI) creadas en el sexenio de Calderón en la
Ciudad de México y en Escobedo, Nuevo León (Proceso 1776 y 1815).
La
empresa de Peña Nieto se ve difícil, sobre todo porque con esas “oficinas de
fusión” –como las denominó The New York Times en agosto de 2011, cuando informó
sobre su apertura– Estados Unidos materializó uno de los sueños más ambiciosos
de su historia: Conseguir el aval del gobierno mexicano para que agentes de la
CIA y de otras agencias de inteligencia tuvieran en México un centro oficial
para recolectar información de todo lo que ocurre ahí y en los países vecinos
(Proceso 1776).
Fue
Calderón quien autorizó la instalación de esas “oficinas de fusión”. Cuando
llegó a Los Pinos, el 1 de diciembre de 2006, “instrumentó una estrategia
militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a
recibir apoyo económico y militar estadunidense.
“Entre
enero y julio de 2007 él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en
Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral
antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida” (Proceso 1606 y 1815).
Con
el pretexto de los objetivos de la lucha bilateral contra el narcotráfico
demarcados por dicha iniciativa, el gobierno de Estados Unidos convenció a
Calderón de establecer la primera OBI en la Ciudad de México, donde
supuestamente las agencias de inteligencia comandadas por la CIA trabajarían
codo a codo con sus contrapartes mexicanas para ubicar y recolectar información
sobre el movimiento de narcotraficantes y de drogas.
Según
los estatutos de la Iniciativa Mérida, por medio de las OBI Estados Unidos
compartiría con el gobierno mexicano información de inteligencia para que
pudiera asestar golpes al crimen organizado e incluso decapitar sus redes de
mando.
En
las oficinas de la Ciudad de México –en Reforma 265, a unos 250 metros de la
embajada de Estados Unidos– y de Escobedo –dentro de la zona militar de ese municipio
nuevoleonés– trabaja personal de inteligencia del Pentágono: Agencia de
Inteligencia de la Defensa (DIA), Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y
Agencia Nacional de Seguridad (NSA); del Departamento de Justicia: Buró Federal
de Investigación (FBI); de la Administración Antidrogas (DEA) y del Buró de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
En
esas “oficinas de fusión” laboran también efectivos del Departamento de
Seguridad Interior pertenecientes a la Agencia de Inteligencia de la Guardia
Costera (CGI) y a la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE), y del
Departamento del Tesoro, que tiene en ellas a agentes de la Oficina sobre
Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI). En ambas la voz de mando es de la CIA.
Aun
con lo que Calderón le concedió, Washington presionó hasta obtener el permiso
para la instalación de dos oficinas satélite de las OBI: una en Ciudad Juárez y
otra en Tijuana, para que, en ambas, los agentes estadunidenses comandaran las
“fuerzas de tarea” respaldadas por personal mexicano contra el narcotráfico.
“En
la Secretaría de Gobernación nos dicen que todo esto no funcionó”, subraya el
consultor que asesora a Osorio Chong.
“Descubrieron
que por lo menos en el caso de la OBI en Escobedo la Sedena nunca participó en
las tareas que pretendía encabezar la CIA ni (sus tropas) colaboraron con ella
ni le pasaron información; los agentes estadunidenses tampoco lo hicieron con
los militares mexicanos”, abunda el especialista en temas de seguridad nacional
e inteligencia, quien ha trabajado en Medio Oriente, Europa y América Latina en
proyectos similares al que propone Peña Nieto.
El
gobierno de Peña Nieto detectó que, con excepción de la OBI de la Ciudad de
México, la Sedena se negó a colaborar con la CIA y las demás agencias de
espionaje de Estados Unidos.
“Parece
que nunca funcionó el centro de Escobedo y mucho menos las oficinas satélites
de Ciudad Juárez y Tijuana”, puntualiza.
El
primer punto de la estrategia para desmilitarizar la lucha contra el
narcotráfico por medio de la CNI y sus sucursales, dice, es “mexicanizar” esos
centros para recabar información de inteligencia, sin eliminar la colaboración
de Estados Unidos.
Y
explica: “Una vez que el gobierno de México elabore un plan de ataque o
desmantelamiento de algún objetivo específico, antes de echarlo andar intentará
cotejar la información que tenga con la de las agencias de inteligencia de
Estados Unidos con presencia en México.
“En
el CNI que se ubicará en el Distrito Federal no habrá personal fijo de ninguna
agencia estadunidense, sólo mexicanos que serán –como ya expliqué– dirigidos
por la Secretaría de Gobernación”, reitera.
Una
vez corroborada o consultada la información con Estados Unidos, desde el CNI o
a través de alguna de sus sucursales, en tiempo real se realizará el operativo
u operativos contra el objetivo, en lo cual participará personal de la Sedena,
Marina, Policía Federal, estatal o municipal. “Como se hace en Estados Unidos
bajo lo que se determina en las ‘oficinas de fusión’”, acota.
Todo
para Gobernación
La
dependencia que encabeza Osorio Chong cuenta con el apoyo incondicional de Peña
Nieto para la creación del CNI y se apresta a comprar equipo y tecnología de
espionaje ultramodernos.
El
proyecto de seguridad nacional también incluye más cursos de especialización en
el extranjero para el personal de las agencias implicadas, que desde hace años
han impartido el Pentágono, la DEA, el ICE y la CIA.
“Sin
excepción”, todos los agentes, militares y policías serán sometidos a un
riguroso escrutinio para garantizar que no estén coludidos con alguna
organización criminal o del narcotráfico.
“Creemos
que el escrutinio y el adiestramiento serán proporcionados por personal de
Estados Unidos, por lo menos esos son los planes. Aunque también nos han
hablado de la posibilidad de que haya colaboración de alguna agencia de otro
país europeo o de Israel”, añade el especialista.
La
estrategia a cargo de Osorio Chong plantea también la reorganización de las dos
oficinas satélites de las OBI en Ciudad Juárez y en Tijuana para “mexicanizar”
sus actividades.
Según
la información obtenida por Proceso, se crearán otras cuatro sucursales: tres
en el norte y una en el sur, cerca de la frontera con Guatemala y Belice.
Respecto
a las OBI, la Presidencia todavía no toma una decisión definitiva. Sólo se
habla de que Gobernación intenta reducir la presencia de las agencias
estadunidenses a sólo la de la Ciudad de México. Y en la de Escobedo, el
propósito es desmantelarla o por lo menos sacar al personal fijo de la CIA, el
Pentágono, el Departamento de Justicia, del Tesoro y Seguridad Interior.
División
regional
El
jueves 10 la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos
aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad
Pública realizada el 17 de diciembre último. Según el Acuerdo 11, “el Consejo
Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de dirigir todos los
esfuerzos de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de
gobierno hacia la consolidación nacional y actualización de las bases de datos
criminalísticas y de personal”.
En
los 12 acuerdos los gobernadores asumieron sin cuestionamientos, el pasado 17
de diciembre, la estrategia de seguridad para dividir al país en cinco zonas
llamadas Instancias Regionales de Coordinación, cuyo objetivo será establecer
una cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En ellas participarán
representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina,
así como agentes de la PGR.
La
Zona Noroeste comprende Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Sinaloa y Sonora; la Noreste, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y
Tamaulipas; la Occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; la Centro, el Distrito Federal,
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la Sureste,
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Los
gobernadores también aprobaron la incorporación de representantes de la
sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como un programa
de prevención del delito y revisar la normatividad para otorgar licencias y
permisos para uso de armas de fuego a escalas municipal, estatal y federal.
Con
el desmantelamiento de la SSP y la reestructuración de la Segob, Peña Nieto
realizó ya los primeros movimientos para dejar atrás la fallida estrategia de
su antecesor panista –que sólo resultó en muertes, violencia e inestabilidad– y
para “mexicanizar” las actividades de inteligencia.
Y
aunque el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, promueve los
cambios, el problema es, según los consultores estadunidenses que lo asesoran,
que carece de personal especializado.
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