El País | 9 de enero de 2013
Hay quien piensa que los delitos por odio (motivados por
prejuicios) ya no representan un problema en Europa. Para otros, en cualquier
caso, no es un problema serio, puesto que solo afecta a grupos marginales.
Craso error. No deben de haber oído hablar del romaní al que amenazaron con un
hacha delante de su hija de dos años, ni del judío al que le dispararon con una
escopeta cuando salía de su clase de la Torá. Estas cosas están pasando hoy día
en Europa. Los delitos por odio son una realidad, y es necesario saber
reconocerlos y enfrentarse a ellos con decisión.
Se necesita mucha más voluntad política para luchar contra este fenómeno de forma perdurable y efectiva. Los Gobiernos deben reconocer la existencia de este tipo de delitos, y dejar bien claro que la tolerancia será cero. Porque estos delitos no solo perjudican a personas concretas, sino que menoscaban la seguridad de colectivos enteros y, en último término, de la sociedad en su conjunto. Los líderes europeos deben adoptar medidas concretas para luchar contra los prejuicios y la discriminación y dar visibilidad a los delitos por odio, dejando constancia con mayor eficacia y llamando la atención de los ciudadanos sobre su existencia. Sus autores deben pagar con condenas que subrayen la gravedad de los hechos.
Varios factores externos pueden exacerbar la incidencia y gravedad de los ataques. Un buen ejemplo es la crisis económica actual: en los países en los que se ha dejado sentir con mayor virulencia, parece haberse producido una escalada alarmante de los delitos motivados por prejuicios contra los inmigrantes y otros grupos. Y la historia nos recuerda con amargas enseñanzas las consecuencias de no extremar la vigilancia ante tales delitos: en la memoria colectiva de Europa está aún muy fresca la búsqueda de chivos expiatorios que en los años treinta precedió y acompañó al ascenso de los extremismos.
El trabajo de organismos de derechos humanos como el nuestro consiste en buena parte en hacer visible este problema de los delitos por odio y las dificultades que entraña luchar contra el fenómeno. Nuestras organizaciones identifican sistemáticamente las lagunas existentes en las técnicas nacionales de recogida de datos, que muchas veces obstaculizan los intentos de las víctimas de obtener reparación. A ello hay que sumar que algunas deficiencias en la legislación hacen que con frecuencia no se reconozcan en los juzgados las ideas y los prejuicios que están en el origen de los delitos por odio.
Otras víctimas son reticentes a acudir a la justicia porque no confían en las fuerzas de seguridad o en el sistema penal. Fallos en la forma en que se registran este tipo de delitos o en que la policía los investiga interponen nuevos obstáculos. Entre algunos grupos minoritarios, hasta el 90% de las víctimas no denuncian los delitos a la policía: una cifra que debería dar qué pensar a los Gobiernos de toda la Unión Europea.
Los delitos por odio (motivados por racismo, xenofobia, islamofobia o antisemitismo, o por ideas sobre la discapacidad o la orientación sexual) golpean el corazón de nuestras sociedades, diversas y democráticas. Durante los últimos años hemos presenciado continuas y repetidas vulneraciones de los derechos humanos en forma de violencia verbal y física, e incluso asesinatos, motivadas por prejuicios.
No se trata de un delito como cualquier otro. Los delitos por odio potencian y refuerzan las líneas divisorias de la sociedad. Muchas veces, los delitos van de la mano de la indiferencia de los políticos y refuerzan el sentido de exclusión de la sociedad de las víctimas. Además del daño físico, los delitos por odio dejan una estela imborrable de impacto emocional en las víctimas y en sus familias, que a menudo experimentan un dramático sentimiento de humillación e impotencia.
Los autores de estos delitos envían un mensaje inequívoco: algunos de nosotros somos menos seres humanos y menos ciudadanos, y se nos puede hacer daño impunemente. Sus acciones constituyen, por tanto, graves afrentas al derecho fundamental de la dignidad humana y la igualdad de trato. Y estos delitos no los cometen solo extremistas políticos, como muchos piensan: sus autores proceden de todos los ámbitos de la sociedad. Pese a los progresos realizados para promover la democracia y los derechos humanos, los prejuicios y las tendencias contra personas con un color de piel o una religión diferentes, o con discapacidades —por citar solo algunos— todavía están omnipresentes, y se traducen en violencia contra nuestros conciudadanos.
Si no ponemos más de nuestra parte para dejar constancia, investigar y enjuiciar estos delitos, y si no garantizamos que las víctimas puedan acceder a una reparación y compensación por su sufrimiento, podríamos estar poniendo en jaque la cohesión y la seguridad de la sociedad. Inmersos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión, esto es algo que difícilmente podemos permitirnos. Trabajemos juntos para combatir los delitos por odio por lo que son: una injusticia cimentada en la ignorancia y los prejuicios que no tiene cabida en la Europa de nuestros días.
Se necesita mucha más voluntad política para luchar contra este fenómeno de forma perdurable y efectiva. Los Gobiernos deben reconocer la existencia de este tipo de delitos, y dejar bien claro que la tolerancia será cero. Porque estos delitos no solo perjudican a personas concretas, sino que menoscaban la seguridad de colectivos enteros y, en último término, de la sociedad en su conjunto. Los líderes europeos deben adoptar medidas concretas para luchar contra los prejuicios y la discriminación y dar visibilidad a los delitos por odio, dejando constancia con mayor eficacia y llamando la atención de los ciudadanos sobre su existencia. Sus autores deben pagar con condenas que subrayen la gravedad de los hechos.
Varios factores externos pueden exacerbar la incidencia y gravedad de los ataques. Un buen ejemplo es la crisis económica actual: en los países en los que se ha dejado sentir con mayor virulencia, parece haberse producido una escalada alarmante de los delitos motivados por prejuicios contra los inmigrantes y otros grupos. Y la historia nos recuerda con amargas enseñanzas las consecuencias de no extremar la vigilancia ante tales delitos: en la memoria colectiva de Europa está aún muy fresca la búsqueda de chivos expiatorios que en los años treinta precedió y acompañó al ascenso de los extremismos.
El trabajo de organismos de derechos humanos como el nuestro consiste en buena parte en hacer visible este problema de los delitos por odio y las dificultades que entraña luchar contra el fenómeno. Nuestras organizaciones identifican sistemáticamente las lagunas existentes en las técnicas nacionales de recogida de datos, que muchas veces obstaculizan los intentos de las víctimas de obtener reparación. A ello hay que sumar que algunas deficiencias en la legislación hacen que con frecuencia no se reconozcan en los juzgados las ideas y los prejuicios que están en el origen de los delitos por odio.
Otras víctimas son reticentes a acudir a la justicia porque no confían en las fuerzas de seguridad o en el sistema penal. Fallos en la forma en que se registran este tipo de delitos o en que la policía los investiga interponen nuevos obstáculos. Entre algunos grupos minoritarios, hasta el 90% de las víctimas no denuncian los delitos a la policía: una cifra que debería dar qué pensar a los Gobiernos de toda la Unión Europea.
Los delitos por odio (motivados por racismo, xenofobia, islamofobia o antisemitismo, o por ideas sobre la discapacidad o la orientación sexual) golpean el corazón de nuestras sociedades, diversas y democráticas. Durante los últimos años hemos presenciado continuas y repetidas vulneraciones de los derechos humanos en forma de violencia verbal y física, e incluso asesinatos, motivadas por prejuicios.
No se trata de un delito como cualquier otro. Los delitos por odio potencian y refuerzan las líneas divisorias de la sociedad. Muchas veces, los delitos van de la mano de la indiferencia de los políticos y refuerzan el sentido de exclusión de la sociedad de las víctimas. Además del daño físico, los delitos por odio dejan una estela imborrable de impacto emocional en las víctimas y en sus familias, que a menudo experimentan un dramático sentimiento de humillación e impotencia.
Los autores de estos delitos envían un mensaje inequívoco: algunos de nosotros somos menos seres humanos y menos ciudadanos, y se nos puede hacer daño impunemente. Sus acciones constituyen, por tanto, graves afrentas al derecho fundamental de la dignidad humana y la igualdad de trato. Y estos delitos no los cometen solo extremistas políticos, como muchos piensan: sus autores proceden de todos los ámbitos de la sociedad. Pese a los progresos realizados para promover la democracia y los derechos humanos, los prejuicios y las tendencias contra personas con un color de piel o una religión diferentes, o con discapacidades —por citar solo algunos— todavía están omnipresentes, y se traducen en violencia contra nuestros conciudadanos.
Si no ponemos más de nuestra parte para dejar constancia, investigar y enjuiciar estos delitos, y si no garantizamos que las víctimas puedan acceder a una reparación y compensación por su sufrimiento, podríamos estar poniendo en jaque la cohesión y la seguridad de la sociedad. Inmersos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión, esto es algo que difícilmente podemos permitirnos. Trabajemos juntos para combatir los delitos por odio por lo que son: una injusticia cimentada en la ignorancia y los prejuicios que no tiene cabida en la Europa de nuestros días.
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