Historias secretas de la DEA

•  Hablan los agentes/J. JESÚS ESQUIVEL

Portada.

Revista Proceso No. 1901, 7 de abril de 2013

 Al intensificarse la guerra contra los cárteles del narcotráfico, un elemento ha estado presente en el país: La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos que permanentemente tiene personal trabajando aquí. Algunos de sus agentes hablan ahora, dicen que suelen portar armas en México y platican que repetidas ocasiones le informaron al gobierno mexicano dónde estaba El Chapo Guzmán… y no pasó nada. Éstas y otras historias revela J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, en el volumen La DEA en México. Una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes, de próxima aparición bajo el sello de Grijalbo. A continuación se adelantan fragmentos de los capítulos 7 y 14 del libro.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera tajante a los agentes y militares extranjeros la portación de armas de fuego dentro del territorio nacional. En 1992, con la definición de las Reglas del Juego, a los agentes de la DEA les quedó totalmente prohibida la portación de armas.

 Sandalio González, el agente jubilado de origen cubano que dedicó gran parte de su vida al trabajo nacional e internacional en la DEA, dice que la seguridad personal es una parte muy importante en las operaciones antinarcóticos que se hacen en México y en Colombia.

 -¿Los agentes de la DEA que están en México portan armas?

 –Sí, todos. Todos los agentes llevan armas; sólo el personal de inteligencia de las oficinas de la DEA no, pues son básicamente personas dedicadas a trabajo burocrático y que saben manejar las tecnologías para una investigación; son los que no salen a los lugares donde se realizan las operaciones.

 –¿Los agentes de la DEA que están en México van armados sólo cuando emprenden una operación encubierta, o siempre andan armados?

 –Siempre se porta un arma; aunque no existe un tipo de arma reglamentaria para los agentes de la DEA.

 …) –¿Los agentes de la DEA van armados a reuniones con funcionarios, policías o militares mexicanos?

 –Sí.

 –¿Y lo saben ellos?

 –Claro, eso se sabe pero no se admite, así es la regla no escrita en México sobre la relación con los agentes de la DEA. Ni los policías federales ni los militares revisan a los agentes de la DEA; nunca lo hacen cuando se dan las reuniones.

 –¿Se han dado incidentes cuando policías o militares mexicanos revisan a los agentes de la DEA para ver si llevan armas?

 –Ocurre. Cuando nos querían chingar y sabían que andábamos fuera de las oficinas, mandaban a un grupo de policías federales o a los militares a poner retenes en la carretera. Te paraban y te jodían; te revisaban, te quitaban el arma o te detenían por un rato.

 “Se armaba un desmadre cuando esto ocurría, porque se resolvía el problema hasta que alguien en la embajada de Estados Unidos tomaba el teléfono y lo negociaba con alguien de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con los mandos de la Policía Federal, el Ejército o la Marina. En una ocasión, casi estoy seguro de que se habló a Los Pinos.”

 –¿La DEA ha buscado alguna solución al asunto de la prohibición para portar armas en México?

 –Hace algunos años el gobierno de Estados Unidos intentó resolver el problema. El Departamento de Estado y el de Justicia le propusieron al gobierno mexicano que si permitía que los agentes de la DEA portaran armas en territorio mexicano, se autorizaría que los agentes mexicanos portaran armas dentro del territorio estadunidense. En Estados Unidos, en varios estados donde existen consulados mexicanos, hay agentes de la PGR (Procuraduría General de la República). Pero la respuesta del gobierno mexicano fue un rotundo no a la propuesta de Washington.

 La prohibición de portar armas a los agentes de la DEA en México se maneja como una especie de “arreglo entre caballeros” que se extiende al personal de otras corporaciones:

 “Los agentes de la DEA no son los únicos agentes de Estados Unidos que portan armas en México; seguramente esto ocurre también con los del FBI, los de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), con todos los agentes de Aduanas y los de la CIA. Estos (últimos) no sé por qué carajos no admiten que son agentes de la CIA si todo el gobierno mexicano los conoce. Según ellos son vicecónsules, pero ningún vicecónsul porta armas; solamente lo hace el ‘vicecónsul de la CIA’.”

 –¿Se puede decir que el gobierno mexicano vigila a todos los agentes de Estados Unidos que están en México para asegurarse de que cumplen con los mandatos que les ha impuesto?

 –Sí, pero no creo que a todos de la misma manera, porque en el caso de los agentes de la DEA, cuando estamos en el extranjero no es en calidad de “agentes secretos”, como piensa mucha gente.

 “Cuando estamos en el extranjero no estamos registrados como agentes o policías de la DEA. En algunos países, que es el caso de México, los agentes se registran ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como diplomáticos –political attache–; en otros, se les concede una identificación diplomática bajo la calidad de administrador técnico o de personal de la embajada o del consulado. O sea que el gobierno del país anfitrión sabe muy bien quiénes son agentes y quiénes no, dónde viven, cuántos familiares tienen. Todo, saben todo, pero en México no pasa nada.”

¿Por qué “El Chapo” sigue libre?

La lucha militarizada de Calderón dejó como herencia a los mexicanos una herida que no cicatriza, que seguirá sangrando por mucho tiempo principalmente debido a la impunidad en torno a su saldo de más de 60 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.

El Chapo es el emblema del fracaso de Calderón y de Washington.

Pero, ¿por qué es un criminal intocable, quien no obstante el respaldo de la Casa Blanca y del Capitolio no pudo ser capturado o eliminado durante el gobierno de Calderón? 

“Fue por la enorme corrupción que se expandió en el gobierno de Calderón, por eso no lo atrapan”, dice sin el más mínimo temor a equivocarse José Baeza, el agente de la DEA que salió de México en 2008, al culminar su tercera etapa en la lucha contra el trasiego de los narcóticos.

“El Chapo es un capo importante –explica Baeza–, de eso no hay duda. Pero nunca podrá superar a Amado Carrillo Fuentes. El Chapo se ha beneficiado de la publicidad de los medios de comunicación y de todo lo que ha dicho el gobierno mexicano sobre él. Se escapó de la cárcel (el 19 de enero) en 2001 y ya pasaron más de 11 años. ¿Por qué no lo arrestan? ¿A poco el gobierno de México no sabe dónde está él ni dónde está su familia? –anota Baeza, quien resume en dos palabras la respuesta a sus propias interrogantes–: por corrupción.”

–¿En realidad sabe el gobierno de México dónde se encuentran El Chapo y sus familiares?

–Claro, ha recibido mucha información de inteligencia de nuestra parte, de otras agencias (estadunidenses) y de sus propios sistemas de investigación, militares y civiles.

“Nunca han realizado una investigación a fondo para detener a su familia, que está disfrutando del dinero que acumuló El Chapo en el tráfico de las drogas. No lo quieren tocar; no quieren tocar sus bienes ni sus ranchos ni sus negocios. Para mí está muy claro: el gobierno de Calderón no quiere ir contra él.

“El Cártel de Sinaloa no está debilitado; al contrario, se fortaleció por la corrupción en el gobierno federal, en niveles muy altos. No hace falta ser un sabio para llegar a esta conclusión. ¿Por qué nadie ha detenido al Chapo y a otros de sus socios, como a Ismael El Mayo Zambada García o a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul? Todos ellos llevan muchos años en el negocio, pero increíblemente nadie los detiene y siguen libres.”

–¿De verdad sabe el gobierno de México dónde se esconde El Chapo y los demás miembros del Cártel de Sinaloa?

–Sí, sí saben dónde están. Naturalmente lo saben, y saben dónde están sus familiares. La tropa o algunos jefes de la policía que supuestamente los están buscando no se meten con ellos ni con sus familiares porque saben quiénes los protegen y en qué niveles del gobierno.

–¿Quiénes protegen al Chapo y al Cártel de Sinaloa?

–Eso no me toca a mí decirlo. El día que en México arresten a ciertos políticos van a descubrir muchas verdades sobre los misterios del Chapo y del Cártel de Sinaloa.

–¿Qué sabe la DEA sobre El Chapo?

–La DEA tiene una larga lista de propiedades del Chapo, de sus ranchos, de sus casas. Esa lista también la tiene el gobierno mexicano. Antes era sólo nuestra, pero se la dimos.

“En varias reuniones con autoridades mexicanas les decíamos: ‘Mira, tenemos esta información’. Ellos respondían preguntando si en el lugar que les enseñábamos El Chapo se encontraba en ese momento. Claro que eso no se los podíamos garantizar, pero les explicábamos que esa propiedad le pertenecía a él, y que para localizarlo era necesario investigar sobre esa pista, que una operación importante toma tiempo. No nos hacían caso.”

–¿El Chapo tiene muchas propiedades en México?

–Muchas. Recuerdo que una ocasión, a principios del sexenio de Calderón, le dimos una información al Ejército acerca de un lugar en Sinaloa al que iba a llegar. Era uno de sus ranchos, a donde supuestamente fueron a buscarlo pero no nos avisaron cuando lo hicieron. Dos o tres días después nos llamaron para decirnos: “Se nos peló, creemos que nunca llegó a ese lugar”.

Personajes de leyenda

La leyenda del Chapo comenzó a crecer de manera desproporcionada a partir del viernes 19 de enero de 2001, cuando de la forma más absurda, en las narices del gobierno de Vicente Fox, el jefe del Cártel de Sinaloa se fugó de Puente Grande, la cárcel federal de máxima seguridad de Jalisco. A partir de entonces, y hasta la fecha, Joaquín El Chapo Guzmán Loera es el criminal más popular en México. Además de la constante atención que le han brindado los medios, libros, historietas y corridos siguen contribuyendo a fraguar el mito del capo; todo dentro de la llamada narcocultura que nació y se consolidó a costa del fracaso de la guerra contra las drogas de Calderón.

(…) La mayoría de los agentes de la DEA que trabajan o trabajaron en México, entrevistados para la elaboración de este libro, dice que se atreverían a apostar lo que fuera a que, si el gobierno mexicano quisiera, en menos de dos días capturaría al jefe del Cártel de Sinaloa.

Al solicitarle una explicación sobre la falta de voluntad del gobierno mexicano para atrapar al líder del Cártel de Sinaloa, el agente, sin revelar su nombre, declara al respecto:

“No es un misterio el lugar donde se esconde. Está en la Sierra Madre Occidental, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Lo digo porque esta información la hemos compartido con el gobierno mexicano, y ellos a su vez en otras ocasiones nos lo confirmaron. Es más, te voy a contar dos episodios que no se conocen públicamente en México, para que la gente saque sus propias conclusiones de las razones por las que Calderón no logró capturar al Chapo. El primer episodio ocurrió el 19 de mayo de 2007, en el pueblo de Coluta, que pertenece al municipio de Tamazula, Durango. Habíamos recibido información confidencial, por parte de varios de nuestros informantes, de que El Chapo asistiría ese día a la fiesta de 15 años de la hija de un compadre que tiene en Coluta. Todos estos datos, y algunos otros detalles que por cuestión de seguridad no te los puedo proporcionar, la DEA se los entregó al gobierno de México. La información la recibió la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina mexicana.

“El gobierno de Calderón mandó un pelotón del Ejército para capturar al Chapo; fueron como unos 30 soldados, todos muy bien armados y equipados con tecnología sofisticada. Los militares llegaron a Coluta el día de la fiesta de 15 años, pero El Chapo se les escapó. Increíble, porque Coluta es un pueblo pequeño, pero los militares mexicanos no pudieron o no quisieron atraparlo.

“Nos explicaron que la gente de Coluta les dijo, después de que El Chapo se había fugado, que ‘el señor’ llegó con una escolta como de 50 personas, todos con armas de alto poder y con radios colgados en el pecho. Que todos, incluido El Chapo, llegaron a Coluta en cuatrimotos. Que los escoltas habían colocado varios halcones a las orillas del pueblo y que cuando llegaron los soldados la gente del Chapo (y él mismo) abandonó la fiesta.

“Los militares mexicanos nos contaron que vieron a la gente del Chapo, y posiblemente hasta al mismo capo, pero que no lo pudieron distinguir porque todos iban vestidos con ropa y gorra de color negro. Que montados en las cuatrimotos salieron disparados por varias direcciones del pueblo de Coluta y que en el desperdigadero de gente no pudieron capturar a ninguno ni tampoco identificar a Guzmán Loera. ¡Nadie esperaba esa nueva táctica de las cuatrimotos! El Chapo es inteligente, y en esa zona de la sierra de Durango es difícil que alguien te atrape si vas en una cuatrimoto y quien te persigue se mueve a pie o en un Jeep. Lo extraño fue que los militares no usaron helicópteros. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque al militar que iba al frente del pelotón no se le ocurrió, por lo menos eso fue lo que nos contestaron.

“El segundo episodio es un poco más complicado y por ello es más difícil de creer la versión oficial del gobierno mexicano sobre los hechos que ocurrieron a partir del 26 de junio de 2007. Ese día, en la DEA se recibió información de que El Chapo visitaba con frecuencia la población de La Angostura, en el municipio de Canelas, Durango. Los reportes de los informantes afirmaban que se iba a casar en La Angostura con una jovencita llamada Emma Coronel Aispuro. Que este dato ya lo tenían confirmadísimo con gente del pueblo y con la misma gente del Cártel de Sinaloa.

“Entre el 26 y el 29 de junio, la DEA obtuvo más información sobre el caso de La Angostura, y fuentes distintas a las primeras confirmaban que la versión era muy fuerte en el sentido de que El Chapo se iba a casar con la señorita Coronel Aispuro. Luego confirmamos que la fecha de la boda sería el 2 de julio.

“Como era de esperarse, toda esta información la compartimos nuevamente con las autoridades correspondientes, recordándoles que entre el 29 de junio y el 2 de julio había un espacio suficiente para preparar un operativo. Nos respondieron que sería nuevamente la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) la encargada de realizar la operación para agarrar al Chapo, vivo o muerto; y aseguraron que en esta ocasión no se les escaparía.”

(…) “Los informantes que teníamos por la zona nos reportaron que el día del matrimonio del Chapo con Emma, el capo había llegado en una avioneta acompañado de varios de sus amigos. Pero que desde tres días antes de la boda al pueblo de La Angostura llegaron en cuatrimotos más de 70 escoltas del Cártel de Sinaloa.”

El agente de la DEA resguardado bajo el anonimato continúa su relato sobre el mismo incidente:

“Los escoltas del Chapo llegaron igual que a Coluta, vestidos con ropa y gorra de color negro y armados con rifles de alto poder, granadas y otras armas pesadas que habían colocado en una avioneta que llegó desde el sábado. Los informantes reportaron que la boda, el 2 de julio, se llevó a cabo sin ningún contratiempo, que casi todo el pueblo asistió a la fiesta. Que hubo música de la que le gusta al Chapo, tequila, whisky y también cerveza hasta para llevar. Sus escoltas tenían perfectamente bien controlada toda la zona.”

La gente de la Sedena llegó a La Angostura hasta el otro día de la boda, el martes 3 de julio. Pero como los soldados iban en autos y escoltados desde el aire por un helicóptero, el ruido alertó al Chapo, quien otra vez, junto con su gente, salió del pueblo rumbo a la sierra montado en una cuatrimoto.

“Así es muy difícil detenerlos, porque nos confundieron”, fue la respuesta que recibió la DEA de parte del gobierno mexicano. ¿Acaso los militares no tenían ya el dato esencial de que El Chapo usó cuatrimotos en Coluta? ¿Se les fue u otra vez lo dejaron ir?

El Chapo”, beneficiario en el mayor escándalo bursátil de Colombia

RAFAEL CRODA RAFAEL CRODA

Revista Proceso No. 1901, 7 de abril de 2013

Una investigación de las autoridades de Colombia contra la operadora financiera Interbolsa –que llegó a manejar la tercera parte de las transacciones de la Bolsa de Valores de ese país– arroja “serios indicios” de que lavaba dinero de cárteles internacionales. Entre esas organizaciones delictivas figuran las que encabezan Daniel El Loco Barrera y Joaquín El Chapo Guzmán, en complicidad con la élite empresarial colombiana.

BOGOTÁ.- Las autoridades de Colombia investigan las actividades delictivas de Joaquín El Chapo Guzmán en este país y se enfocan en dos rubros: el narcotráfico y el lavado de dinero.

De acuerdo con una investigación en curso de la Fiscalía General de la Nación y de autoridades estadunidenses, hay elementos para presumir que El Chapo está involucrado en una operación de lavado de dinero que señala hacia Interbolsa, grupo financiero que hasta hace pocos meses era el mayor operador bursátil de Colombia.

Actualmente esta compañía se halla intervenida por el gobierno y en proceso de liquidación por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos manipulación de acciones, abuso de confianza, evasión fiscal, estafa agravada y lavado de dinero.

“Nosotros creemos que hay serios indicios para pensar que a través de Interbolsa se lavaba dinero”, dice a Proceso el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo. Más específicamente, explica, la fiscalía busca determinar si los cárteles de la droga lavaron activos por medio de dicha empresa y si en esas transacciones estuvieron involucrados capos del narcotráfico como El Chapo y Daniel El Loco Barrera. Este último, colombiano, está detenido con fines de extradición a Estados Unidos y en el pasado fue socio de Guzmán.

El caso de Interbolsa constituye el mayor escándalo bursátil en la historia de Colombia y existe la posibilidad de que en su cartera de 21 mil 546 clientes –quienes sufrieron pérdidas de entre 200 y 500 millones de dólares– figuren testaferros de varios narcotraficantes, además de Barrera y Guzmán.

Un personaje clave para establecer los vínculos de Interbolsa con los cárteles de la droga es Carlos Leyton Sinisterra, excorredor bursátil colombiano que fue directivo de Intervalores y Proyectar Valores, propiedad de accionistas de Interbolsa.

Leyton fue capturado por petición de Estados Unidos el pasado 9 de noviembre en esta capital, bajo los cargos de lavado de activos de cárteles del narcotráfico mexicanos y colombianos.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó el pasado 13 de marzo la extradición de Leyton Sinisterra a Estados Unidos al considerarlo responsable de “un plan de lavado de dinero” mediante el cual transfirió a Colombia “cientos de miles de dólares estadunidenses derivados de ingresos de narcóticos desde Estados Unidos o México”, establece la resolución del máximo tribunal del país.

El representante (diputado) Simón Gaviria, quien conduce una investigación del Congreso sobre el descalabro de Interbolsa, dice en entrevista que Leyton Sinisterra “era fundamental en el lavado de activos de las operaciones del Chapo Guzmán, pero posiblemente también de otros  grupos al margen de la ley”, por lo que el 27 de marzo solicitó por escrito al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que detuvieran su extradición –que para concretarse debe ser autorizada por el presidente Juan Manuel Santos– en tanto no se esclarezca si en Interbolsa se lavaron activos de dichos cárteles.

“A Leyton se le detiene por sus vínculos con El Chapo Guzmán y su estructura en México, y teniendo en cuenta que él trabajó en una firma vinculada a Interbolsa y a sus dueños, nos parece sano y fundamental indagar sobre estos hechos”, recalca Gaviria, quien preside el cogobernante Partido Liberal.

Leyton Sinisterra es señalado por las autoridades estadunidenses como articulador de una red de lavado de activos que operaba con varios comisionistas de bolsa, entre ellos Fany Esperanza Gil Vivas –ejecutiva de cuenta en Intervalores y Proyectar Valores–, Juliana Rubio Isaza, Margarita Salinas Forero, Juan Alberto Charria Martínez, Héctor Álvaro Martínez Rujana, Hugo Sighinolfi Encinales, Daniel Bernal Colmenares, Manuel Alfonso Madero Luzardo y Luis Glicerio Figueroa Jaramillo.

Según el pliego de cargos emitido por un tribunal federal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, en el que se basa la solicitud de  extradición de Leyton Sinisterra, tanto éste como Gil Vivas y sus cómplices “utilizaron cuentas bancarias estadunidenses, un negocio en el estado de la Florida (Logistical Engineering) y expedientes  comerciales falsos a fin de obtener permiso del gobierno colombiano para recibir dólares estadunidenses en una cuenta en Intervalores, S.A., una empresa comisionista de bolsa colombiana”.

Los directivos del grupo encabezado por Leyton Sinisterra ignoraban  que Logistical Engineering, Inc., era una empresa de fachada creada por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y controlada por el agente especial Kurt Evan Hartwell, quien entre 2004 y 2011 documentó las actividades criminales de la red delictiva.

Los involucrados en la operación de lavado de dinero, la mayoría de ellos ya extraditados a Estados Unidos y que en algunos casos colaboran con las autoridades judiciales de ese país, realizaban transferencias desde casas de cambio de México a Estados Unidos. Leyton Sinisterra y su asistente Gil Vivas giraban las órdenes de pago bancarias para trasladar esos recursos a Colombia y “lavarlos” en el sistema bursátil local. Las transacciones eran justificadas como pagos de asesorías en ingeniería a la empresa Logistical Engineering, controlada en Florida por el agente del IRS.

El expediente entregado por las autoridades estadunidenses al gobierno de Colombia para fundamentar las solicitudes de extradición de 11 de los involucrados le formula a cada uno de ellos cargos por “concierto para delinquir agravado” y “lavado de activos”, ya que “fue el propósito y el objeto de este concierto trasladar a Colombia moneda estadunidense que constituía el producto de ventas de estupefacientes ilícitos de Estados Unidos y México, sin que las detectaran ni confiscaran las entidades del orden público”.

Glicerio, “El Pato” y “El Loco”

Según la investigación encubierta de Hartwell, el agente del IRS, el principal operador de la red en México fue el ciudadano colombiano Luis Glicerio Figueroa Jaramillo, conocido con los alias de Gonzalo Figueroa o Gonzalo Jaramillo.

Tan sólo entre noviembre de 2007 y junio de 2008 este sujeto realizó nueve transferencias por un total de 699 mil 705 dólares desde casas de cambio mexicanas a la cuenta bancaria de Logistical Engineering en Florida.

El 6 de junio de 2012, en un  documento que valida la extradición de Figueroa Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que el acusado “dirigió una serie de transferencias cablegráficas desde México y otros lugares (incluyendo Suiza) y la consignación de las utilidades provenientes de la venta ilegal de narcóticos realizada en Nueva York y Puerto Rico a la cuenta de un negocio encubierto (Logistical Engineering), que fue utilizado para disfrazar la transferencia de más de 4 millones de dólares estadunidenses de utilidades provenientes de la venta de narcóticos, desde Florida a Colombia”.

Madero Luzardo, otro de los implicados en esas operaciones y a quien se le conoce en el mundo bursátil colombiano como El Pato, es señalado en el expediente 09-20941 CR-LENARD del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida como el principal cómplice de Leyton Sinisterra en el envío de recursos desde Estados Unidos a Colombia.

Madero Luzardo y Figueroa Jaramillo fueron extraditados a Estados Unidos en agosto pasado y ambos están en espera del juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida junto con otros siete colombianos que presuntamente participaron en la red de lavado de dinero.

El presidente Santos aún no ha firmado la extradición de Leyton Sinisterra. El vicefiscal Perdomo explicó que la acusación contra el excomisionista bursátil “obedece a unos nexos que Estados Unidos identificó con el lavado de dinero de cárteles mexicanos, pero si éstos tienen que ver o han influido en el tema de Interbolsa, es algo que todavía estamos valorando”.

De acuerdo con el pliego de cargos en su contra, Leyton participó en el lavado de unos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos cuando fue gerente de mercadeo de Proyectar Valores, entre 2007 y 2008. Después de que el gobierno intervino esa firma en 2011 por violar la regulación financiera, hasta el momento de su detención fue gerente de carteras colectivas de Ultrabursátiles, otra corredora de acciones cuyos socios están vinculados a Interbolsa.

“Es mucha coincidencia y motiva todo tipo de suspicacias. Interbolsa era una maraña de sociedades que se cruzaban entre sí, pero en las que siempre aparecen como accionistas las mismas personas”, señala el representante Gaviria.

Interbolsa, que llegó a manejar la tercera parte de las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) –unos 4 mil 900 millones de dólares al mes–, fue intervenida por la Superintendencia  Financiera el pasado 2 de noviembre ante los indicios de insolvencia y de manipulación del mercado bursátil para favorecer títulos de empresas en las que participaban sus socios.

Leyton Sinisterra fue capturado el 9 de noviembre. Cinco días después, El Loco Barrera arribó a Bogotá extraditado desde Venezuela, donde fue detenido en septiembre anterior después de meses de seguimiento por parte de la DEA, la CIA, los servicios de inteligencia del Reino Unido y las policías colombiana y venezolana. El Loco fue el narcotraficante más buscado del país durante los últimos años; el presidente Santos lo consideró como “el último gran capo” colombiano.

Informes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia indican que Barrera –socio del Chapo Guzmán que después se convirtió en su rival– llegó a manejar 40% de las “exportaciones” de cocaína producida en Colombia y a lo largo de su carrera delictiva traficó hacia el extranjero unas 900 toneladas de esa droga, cantidad que en el mercado negro al mayoreo de Estados Unidos tendría un valor estimado de 22 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 29%  de la deuda externa colombiana.

El expiloto de Barrera y actual testigo protegido de la DEA en Estados Unidos, Jorge Mauricio Herrera Bernal, declaró que él transportó dinero de El Loco y de su socio Jaime Alberto Marín para blanquearlo en Interbolsa.

De acuerdo con su testimonio, las transacciones de lavado de dinero del narcotraficante se planificaban en un departamento dentro de un lujoso conjunto habitacional del norte de Bogotá, adonde acudía la corredora de Interbolsa Claudia Ibarbo. Herrera Bernal aseguró que algunas operaciones de blanqueo se realizaban desde Panamá, donde Interbolsa tiene una filial.

“Cártel financiero”

Interbolsa contaba con filiales no sólo en Panamá, sino en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas y en tres países más: Estados Unidos, Brasil y Luxemburgo. En Curazao, la firma manejaba un Fondo Premium a través del cual se canalizaron decenas de millones de dólares a la BVC para “inflar” títulos como los de la textilera Fabricato, que obtuvo un rendimiento bursátil de 214.1% en 2011 a pesar de que la compañía –que tenía como accionistas a los socios de Interbolsa– registró pérdidas operacionales.

“Operaron como un verdadero cártel financiero. Estamos hablando de autopréstamos, operaciones cruzadas entre sus empresas, uso del dinero de sus clientes para apalancar sus propias posiciones (bursátiles) por medio de transacciones repo (préstamos respaldados por acciones) que excedieron todos los límites. Estamos hablando también de lavado de activos e incluso de relación con el narcotráfico. Esto es algo muy grave”, afirma en la entrevista el representante Gaviria, economista por la Universidad de Pennsylvania e hijo del expresidente César Gaviria.

Las irregularidades llegaron a tal punto que a la corredora bursátil y a su intrincada red de filiales y empresas asociadas les resultó insostenible mantener la burbuja financiera que habían creado y comenzaron a tener problemas de liquidez. Cuando las autoridades intervinieron, el daño estaba hecho y los clientes de la comisionista –que hacen esfuerzos desesperados por recuperar sus fondos, excepto en los casos en que ese dinero proviene de algún ilícito– están condenados a pagar los platos rotos: entre 200 y 500 millones de dólares, según estimaciones de los interventores oficiales que ejecutan la liquidación del Grupo Interbolsa.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía general, los principales responsables en la debacle de Interbolsa son el destituido presidente y socio de la firma, Rodrigo Jaramillo; su hijo, Tomás Jaramillo Botero, creador del Fondo Premium; el principal accionista de la firma, Víctor Maldonado; el estratega financiero Juan Carlos Ortiz; el exvicepresidente del grupo, Jorge Arabia; los operadores del Fondo Premium, Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado; el presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa, Mauricio Infante, y el inversionista de origen italiano Alessandro Corridori, quien ejecutó la manipulación de acciones de Fabricato.

Todos ellos eran rostros conocidos para los lectores de las revistas de sociales y la mayoría son miembros prominentes de la élite económica colombiana. Rodrigo Jaramillo solía viajar en un jet ejecutivo Falcon y tiene un lujoso departamento en Key Biscayne, Florida. Su hijo Tomás es coleccionista de arte.

Al respecto, el director de Investigaciones Económicas de la comisionista bursátil Correval, Daniel Velandia, dice a Proceso que si bien el sistema financiero colombiano “está bien resguardado de operaciones de lavado de activos, por la incidencia que hemos tenido en el país del narcotráfico, obviamente no faltan quienes son expertos en tratar de eludir o dar la vuelta a la regulación; eso es algo que nunca puede descartarse por completo”.

El vicefiscal Perdomo explica que el equipo de 52 fiscales e investigadores destinados al caso Interbolsa está enfocado en el análisis de 28 discos duros y de la documentación que se lograron requisar en la sede del emporio financiero, ahora bajo ocupación judicial.

“Tenemos trabajando en este caso peritos de la policía judicial, economistas, contadores, administradores e ingenieros de sistema que primero están valorando la información que se ha recaudado hasta ahora. También hemos obtenido datos que han sido recabados por otras instituciones del Estado, como la División de Impuestos Nacionales y la Superintendencia Financiera. Ya nos han entregado unos informes parciales los agentes de la policía judicial que están haciendo una valoración de esos datos”, agrega el funcionario.

Según la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, en este país se lavan cada año unos 10 mil millones de dólares, cifra equivalente a 2.87% del Producto Interno Bruto de 2012, y de ese monto las autoridades judiciales sólo consiguen detectar e interceptar mil 500 millones de dólares, el resto ingresa al circuito económico.

Para el representante Simón Gaviria la importancia de establecer si los propietarios, socios, directivos y ejecutivos de Interbolsa incurrieron en lavado de dinero radica en que “si este delito se tipifica, puede haber penas de hasta 20 años de prisión y extinción de dominio (incautación de bienes), mientras que para los delitos financieros la pena máxima está en torno a los seis años y, con beneficios, puede llegar a la mitad”.

Conexiones en México/RAFAEL CRODA RAFAEL CRODA

Revista Proceso No. 1901, 7 de abril de 2013

BOGOTÁ.- Por medio de una empresa de fachada que instaló en el sur de Florida, el agente especial del IRS Kurt Evan Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de transferencias financieras realizadas por testaferros de narcotraficantes mexicanos y colombianos para lavar dinero procedente de la venta de drogas en México y Estados Unidos.

La operación encubierta, denominada Stock Block (bloqueo de valores), ha derivado hasta ahora en la extradición de nueve comisionistas de bolsa y asesores financieros colombianos a Estados Unidos y mantiene bajo investigación a importantes empresas bursátiles de este país. Sus alcances en México se mantienen en reserva.

Las transacciones financieras rastreadas por Hartwell iniciaban en México, Nueva York y Puerto Rico con el giro de órdenes de pago electrónicas a favor de una cuenta bancaria de Logistical Engineering, Inc., la empresa montada por el agente del IRS, que supuestamente prestaba servicios de consultoría en ingeniería civil en Florida.

De Estados Unidos, esos recursos eran transferidos a Colombia, donde el conocido comisionista de bolsa Carlos Eduardo Leyton Sinisterra se encargaba de blanquearlos en el sector bursátil del país: una clásica operación delictiva de cuello blanco.

Según pormenores de la operación encubierta proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades colombianas, en la red de lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores financieros y prestanombres que utilizaron identificaciones de personas fallecidas para montar en Colombia un entramado de empresas fantasmas, licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin de blanquear al menos 6.7 millones de dólares.

Las acusaciones 12-20091 CR-KING, 11-20491 CR-LENARD y 09-20941 CR-LENARD del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida establecen que en la red de lavado participaron al menos 11 colombianos, nueve de los cuales ya fueron extraditados a Estados Unidos y cooperan con las autoridades de ese país. Los dos restantes son Leyton Sinisterra y su asistente en las corredoras de bolsa Intervalores y Proyectar Valores, Fany Esperanza Gil Vivas, quienes aún se encuentran detenidos en Colombia.

El pliego de cargos en su contra señala que “Leyton Sinisterra, Gil Vivas y otros abrieron una cuenta en Intervalores para poder recibir y convertir  dólares estadunidenses en pesos colombianos. Leyton Sinisterra y Gil Vivas presentaron facturas y contratos (de Logistical Engineering, Inc.) de servicio ficticios correspondientes a trabajo de ingeniería falso para poder ocultar la verdadera naturaleza de los fondos ilícitamente obtenidos y lavar los ingresos de los narcóticos. Un informante confidencial que tenía trato directo con Leyton Sinisterra y Gil Vivas suministró información del conocimiento y participación de ellos en el plan para el lavado de dinero”.

La investigación en México

El congresista colombiano Simón Gaviria encabeza una investigación legislativa sobre Interbolsa y le pidió al presidente Juan Manuel Santos no firmar la extradición de Leyton Sinisterra hasta que no se esclarezcan sus nexos con las operaciones ilegales en la compañía y con narcotraficantes como El Chapo Guzmán.

“La información que pueda aportar Leyton para esclarecer diferentes operaciones de lavado también debe llevar a profundizar la investigación en Colombia e inclusive en otros países, como México”, dice Gaviria.

Por su parte, el vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, confirma a Proceso que Leyton Sinisterra ha sido interrogado acerca de sus relaciones con Guzmán. Omitió los detalles porque “se trata de una investigación en curso; pero sí, esa línea investigativa es clara”.

En un documento que forma parte del expediente remitido por la justicia estadunidense a las autoridades colombianas, se dice que entre septiembre y noviembre de 2007 el comisionista de bolsa colombiano Manuel Alfonso Madero Luzardo, El Pato, “hizo que se enviaran transferencias cablegráficas de negocios cambiarios mexicanos y de un negocio mexicano dedicado a exportaciones de vehículos a la cuenta bancaria de Logistical Engineering. Madero entonces hacía que se transfirieran los fondos cablegráficamente de la cuenta bancaria de Logistical Engineering a su cuenta personal de cliente en lntervalores con la ayuda de Leyton Sinisterra y de Gil Vivas.

“Para poder justificar el recibo de dólares estadunidenses en su cuenta en Colombia –continúa el documento–, Madero le proporcionaba a Intervalores una factura falsa que afirmaba que Logistical Engineering le debía a él una cierta cantidad especificada de dinero por servicios de consultoría presuntamente prestados para un proyecto de ingeniería civil en Colombia. Estos presuntos servicios de consultoría nunca se realizaron, ya que Logistical Engineering era una empresa encubierta controlada por el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos.”

Casas de cambio

El Pato, extraditado a Estados Unidos en agosto de 2012, era una pieza clave de este engranaje que, según la acusación 11-20491 CR-LENARD, “transfirió cientos de miles de dólares estadunidenses derivados de ingresos de narcóticos desde Estados Unidos o México a Colombia”.

La operación Stock Block que dirigió Hartwell y el fiscal Frank H. Tramen aportaron a la Corte de Florida múltiples evidencias de lavado de dinero, como “registros de transferencia electrónica de la Reserva Federal de Estados Unidos, comunicaciones electrónicas (e-mail), registros de negocios, transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas legalmente, grabaciones de audio y video de reuniones y reportes de entrevistas a informantes confidenciales y otros testigos con conocimiento relevante a la actividad delictiva en este caso. Además, un informante confidencial, quien tenía negociaciones directas con Leyton Sinisterra y Gil Vivas, ha suministrado información de su esquema de lavado de dinero”, se lee en los cargos contra los implicados.

Entre las transacciones que se documentaron de esa forma aparecen varias realizadas desde casas de cambio mexicanas que emitieron órdenes de pago a la cuenta bancaria de Logistical Engineering en Estados Unidos. La mayoría de esos giros cablegráficos fueron realizados o coordinados por Luis Glicerio Figueroa Jaramillo y El Pato, cuyos testimonios ante la justicia estadunidense pueden desembocar en nuevas acusaciones.

El mes pasado, funcionarios de la fiscalía general colombiana viajaron a Florida para interrogar a los nueve extraditados por la operación Stock Block y profundizar sobre la posible implicación de otras corredoras de bolsa de su país en el lavado de activos.

Además de Figueroa Jaramillo y El Pato, están en manos de la justicia estadunidense y esperan juicio en la Corte Federal de Florida Hugo Alejandro Sighinolfi Encinales, Daniel Bernal Colmenares, Juliana Rubio Isaza, María Margarita Salinas, Carlos Fernando García Córdoba, Héctor Álvaro Martínez Rujana y Juan Alberto Charria Martínez, la mayoría de ellos comisionistas de bolsa en Colombia.

Las autoridades de Estados Unidos tienen grabadas varias horas de conversaciones de los principales acusados con informantes que seguían instrucciones de Hartwell. Según la acusación, aquellos “siempre dejaron claro que su negocio tenía que ver con recibir dólares procedentes de la venta de drogas ilícitas en México y en las calles de Estados Unidos, y entonces trasladar efectivo a Colombia”.