El tema en dos medios...
LA JORNADA:
José Cuitláhuac Salinas: se usó a
la SEIDO contra Tomás Ángeles
Ex subprocurador revela
indagatoria de la PGR en su contra
Militares
usaron a la Seido para dañar a Ángeles Dauahare: Cuitláhuac Salinas
Nota de Alfredo
Méndez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada, Jueves 2 de mayo de
2013, p. 23
José
Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), reveló estar sujeto a una
investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que
colaboradores de Marisela Morales tratan de relacionarlo con grupos criminales,
y por decisión de la ex procuradora, la Seido fue utilizada por militares para
afectar al general Tomás Ángeles Dauahare, quien llegó a ser considerado
candidato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esta
administración federal.
A dos
semanas de que el general Ángeles Dauahare fue declarado inocente y dejado en
libertad tras permanecer 11 meses en el penal de máxima seguridad conocido como
La Palma o El Altiplano, el ex subprocurador ofreció diversas entrevistas para
dar a conocer que era un funcionario acotado, con diferencias de criterio
frente a su jefa, la ex procuradora Marisela Morales, y que ella decidió dejar
en manos de militares la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
contra la Salud (Ueidcs) y excluirlo de las investigaciones que ellos realizaban.
Salinas Martínez, quien se desempeña
como secretario de acuerdos en un tribunal unitario del Poder Judicial Federal,
reconoció que decidió hablar de la existencia de una supuesta averiguación
previa y de las situaciones que se vivieron en la Seido, para protegerse de la
posibilidad de que pidan una orden de aprehensión en mi contra o me maten (presuntos
criminales que lo han amenazado por teléfono).
Agregó que
la PGR fue utilizada por algún personal que podía formar parte del Ejército,
militares que estuvieran interesados en perjudicar al general. (De hecho), sólo
tuve conocimiento de la detención del general Ángeles Dauahare hasta que me llamó Marisela y me preguntó si yo
había detenido a un general, a lo que le respondí que no tenía idea de lo que
me hablaba.
El ex
subprocurador hizo estas declaraciones, cuando está a punto de resolverse la
situación jurídica de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén
Pérez, así como el mayor Iván Reyna y el teniente coronel, Silvio Isidro de
Jesús Hernández, quienes, junto con el general Ángeles Dauahare, fueron
acusados de delincuencia organizada, porque supuestamente brindaban protección
al cártel de los hermanos Beltrán Leyva; sin embargo, las acusaciones
realizadas por testigos protegidos nunca fueron comprobadas por el Ministerio
Público Federal.
Salinas
Martínez responsabilizó de la integración del caso conocido como Los generales
al ex titular de la Ueidcs, el militar
Gerardo Salazar Bolaños: “se presentó en mi oficina con instrucciones de
ella (Marisela Morales) y me dijo que iba a tener en reserva algunas
investigaciones, y que esas no serían de mi conocimiento. Asimismo, participó
en la integración otro militar, Abigail
Vargas. La Seido fue utilizada por militares’’. Apuntó que la ex
procuradora Marisela Morales debió tener conocimiento de la averiguación previa
en contra de los generales, pues se inició en 2010, cuando ella era la titular
de la Subprocuraduría.
La ex
subprocuradora se desarrolló como Ministerio Público y fiscal con el apoyo del
general Rafael Macedo de la Concha, con quien dirigió el proceso penal en
contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo y el caso El Encino, en contra de
Andrés Manuel López Obrador; en la gestión de Eduardo Medina Mora llegó a
subprocuradora y contó con el apoyo de militares de alto rango para ocupar la
titularidad de la PGR.
Galván Galván, en la mira
En tanto, en
entrevista con este diario, los abogados de los militares que fueron coacusados
junto con el general Ángeles indicaron que pedirán a la PGR un informe para
que la dependencia aclare si la indagatoria contra algunos mandos militares
estuvo viciada de origen, como lo afirma Salinas.
A decir de
los abogados de los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así
como los defensores del teniente coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván
Reyna Muñoz, coacusados del general Ángeles, a partir de las revelaciones que
hizo el ex titular de la Seido se abre un panorama de posibilidades para
investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván,
para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de
afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.
Por otra
parte, Salinas Martínez dijo estar a la espera de que la Seido le otorgue cuatro
vehículos blindados y escoltas suficientes que le garanticen, a él y a su
familia directa, la seguridad indispensable que requiere un ex titular de una
de las subprocuradurías de mayor riesgo que tiene la PGR, sobre todo tras ser
amenazado de muerte, el pasado 3 de abril.
Se trata de
una prestación de ley, no un capricho mío, dijo el ex funcionario ministerial.
MILENIO:
Denuncian tortura en caso Ángeles Dauahare
Militares
torturaron para acusar a Tomás Ángeles
Documentos
ministeriales y judiciales revelan que cuando Ángeles Dauahare se encontraba
arraigado, el general presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), en la que señaló que el litigante estaba siendo torturado para
que declarara en su contra.
En el
sexenio pasado Ortega Maya fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, entonces
secretario de Marina. Con Ángeles Dauahare solo tenía un lazo de amistad,
porque nunca trabajaron juntos.
El
abogado solicitó la intervención del procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, para recuperar su libertad. Argumentó que se usaron testimonios
falsos de testigos protegidos identificados como Libre y X para incriminarlo.
Mañana
cumplirá un año de estar internado en el penal de máxima seguridad del Noreste,
en Matamoros, Tamaulipas.
A
través de su defensa, Ortega Maya explicó a MILENIO que el 30 de marzo de 2012,
durante el velorio de Jorge Carpizo McGregor, ex rector de UNAM y ex titular de
la PGR, la entonces procuradora Marisela Morales se le acercó para ofrecerle
trabajo.
El
puesto que le prometió fue el de director general de Despliegue Regional,
motivo por el cual lo canalizó con el abogado Manuel Arroyo Hernández, quien se
presentó como amigo de la funcionaria y “mano derecha” del teniente coronel
Avigaí Vargas.
++
Ese
militar, explicó, llevó a trabajar a ocho soldados más, entre ellos el coronel
Avigaí Vargas Tirado.
El
mayor Salazar Bolaños desempeñó diversos cargos en la Secretaría de la Defensa
Nacional, principalmente en la Dirección General de Justicia Militar y el
Estado Mayor de esa institución.
En
tanto, el coronel de infantería Avigaí Vargas Tirado cuenta con un doctorado en
derecho penal y ha realizado cursos en la Escuela Militar de Inteligencia, en
La Paz, Bolivia.
“La
procuraduría fue utilizada como instrumento por algún personal que podría
formar parte del Ejército, ya sea un militar o militares que estuvieron
interesados en perjudicar (a Tomás Ángeles Dauahare)”, declaró en un primer
momento, aunque luego asegura que fue personal castrense el encargado de llevar
las pesquisas contra el general.
En
programa televisivo Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola,
Cuitláhuac Salinas sostuvo que la averiguación contra Ángeles Dauahare carecía
de elementos.
“Jamás
vi el expediente, nunca tuve acceso de manera directa a él, tuve conocimiento
del expediente, porque estuvo bajo control directo de ese encargado (Gerardo
Salazar Bolaños) y de la gente que él designó; solo tuve conocimiento de
algunas secciones, de algunas partes, cuando se me preguntó desde el punto de
vista técnico-jurídico si procedía lo que estaban realizando, pero eso fue
todo.
“Siguiendo
las palabras del general Ángeles Dauahare, sería una imprudencia de mi parte
señalar quién pudiera ser el autor del complot en su contra; lo desconozco por
completo, lo único que es de mi conocimiento es que esa investigación se llevó
en la subprocuraduría (SEIDO) que estuvo al margen de mi conocimiento y que la
investigación en su conjunto fue dirigida por personal del Ejercito, algunos
elementos del Ejército.”
El ex
funcionario recordó que se enteró de la detención del ex subsecretario de la
Defensa por los medios de comunicación.
“La
procuradora me llama por teléfono y me pregunta si lo tengo detenido (al general);
le informo que no, porque en ese momento no tenía conocimiento. Ella me hace
varias preguntas en relación con el tema; insistió que no he sido informado de
la detención de un general. Con base en eso solicito que me dé tiempo para
investigar si efectivamente algún área había sido capaz de realizar esa
detención sin avisarme”, dijo.
La
única oficina que pudo hacer la detención, aclaró Cuitláhuac Salinas, era la
que dirigía Salazar Bolaños, quien nunca le reportaba nada, a pesar de ser su
subordinado.
Cuando
llamó al militar para que le informara del caso, el mayor respondió que por qué
se lo preguntaba.
“Con su
respuesta me quedó claro que ya estaban mal las cosas y que lo más probable era
que (Ángeles Dauahare) estuviera detenido. Mi respuesta fue simple y directa:
la procuradora me está preguntando ese dato. Con base en eso él (Salazar
Bolaños) me responde: ‘ah, bueno, si lo pregunta la señora le puede informar
que sí lo tengo detenido.”
El ex
titular de la SEIDO sospecha que también se abrió una averiguación previa en su
contra.
Indicó
que su decisión de dejar la institución, 15 días antes de culminar el sexenio,
se debió a los malos tratos de la procuradora y el inicio de investigaciones
contra funcionarios de “alto nivel” del gobierno, que ponían en riesgo a su
familia por el conocimiento que tenía de esos hechos.*
2 MAYO 2013
Nota de RUBÉN MOSSO
El
yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex titular de la Marina, acusa al mayor
Avigaí Vargas Tirado de ordenar su tormento en la Unidad Especializada en
Delitos contra la Salud, de PGR.
México
• Los militares que estaban a cargo de la Unidad Especializada en Delitos
contra la Salud, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR),
fueron acusados de torturar y amenazar de muerte a quienes no declaraban contra
el general Tomás Ángeles Dauahare.
Lo
anterior es parte del testimonio del abogado José Gerardo Ortega Maya, yerno de
Luis Carlos Ruano Angulo, ex secretario de Marina-Armada de México, quien se
negó a declarar contra el general y responsabilizó al teniente coronel Avigaí
Vargas Tirado de ordenar su tortura. Actualmente se encuentra preso.
Arroyo
Hernández fue detenido cinco meses después por una pesquisa que encabezó
Cuitláhuac Salinas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La
captura la anunció el 17 de octubre de 2012 el propio Cuitláhuac Salinas. Dijo
que formaba parte de una red de informantes del cártel Sinaloa que trabajaba en
la SEIDO.
De
acuerdo con la causa penal 31/2012, que se inició en un juzgado de Naucalpan,
Estado de México, Ortega Maya se entrevistó en varias ocasiones con Avigaí
Vargas para hablar sobre su plaza.
El
abogado presentó los exámenes de control de confianza y ofreció información
sobre su vida personal, trayectoria y situación patrimonial; sin embargo,
después le informaron que no había aprobado.
Si bien
no fue contratado, el 3 de mayo de 2012, alrededor de las 23:30, el litigante
fue detenido en su domicilio de Huixquilucan, Estado de México, por personal de
la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Lo
trasladaron a las oficinas de la PGR, en la calle de López 14, colonia Centro,
donde fue torturado.
Estas
agresiones, abundó, estuvieron a cargo de autoridades militares “dirigidas por
Avigaí Vargas”, quien fue ascendido a teniente coronel en los últimos días del
sexenio de Felipe Calderón.
El
denunciante –quien ahora solicita apoyo de Jesús Murillo Karam– puntualizó que
sus captores buscaban obtener una declaración contra el general Ángeles
Dauahare para acusarlo de vínculos con el narcotráfico, además de que le
sembraron un arma y cartuchos.
Los
militares le dijeron que era pieza clave para lograr la captura del ex
subsecretario de la Defensa Nacional.
“Tu
firmas la declaración contra el general (Ángeles) Dauahare y te vas; el pleito
no es contigo”, aseguró uno de los militares, según su testimonio.
Otro
gritó: “Ya te llevó la chingada, porque esto es orden de (Guillermo) Galván
Galván (entonces secretario de la Defensa Nacional) para chingar a Ángeles Dauahare…
acepta que estás con El Chapo y con otros”.
Gerardo
Ortega dijo estar seguro que lo iban a matar, pero sus captores recibieron una
contraorden por radio. Fue cuando escuchó “la voz” de Avigaí Vargas para que lo
mantuvieran con vida.
Su
defensa tramitó una queja en la CNDH, que quedó radicada con el número 44767.
Ese caso lo mencionó Ángeles Dauahare cuando presentó su queja ante el mismo
organismo (número 48461) el 17 de mayo de 2012, cuando estaba arraigado.
La
SEIDO buscó imputarle Ortega Maya el delito de delincuencia organizada, pero la
juez del Estado de México solo dictó auto de formal prisión por la posesión del
arma de fuego y los cartuchos. Fue llevado a la prisión de Matamoros.
PRI y
PRD piden investigar caso del general
Senadores
de PRI y PRD pidieron que se investigue la denuncia de que militares a cargo de
la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, de la PGR, armaron la trama
para detener al general Tomás Ángeles Dauahare.
Cuitláhuac
Salinas Martínez, ex titular de la SEIDO, hizo estas declaraciones el martes en
el programa televisivo Primero Noticias. Los legisladores de PRI y PRD
exigieron sanciones para los responsables, mientras el PAN desestimó los dichos
del ex funcionario.
El
presidente de la Comisión de Seguridad, el priista Omar Fayad, confió en que se
abran diversas líneas investigación y se castigue a los responsables. “Ya
estamos viendo demasiadas cosas en la procuraduría”, dijo.
El
encargado de esa unidad de la PGR al momento de la captura de Ángeles Dauahare
era el mayor Gerardo Salazar Bolaños, quien tenía como subordinados a más
militares. El general quedó libre el pasado 17 de abril, porque las acusaciones
en su contra no tuvieron peso probatorio.
El
panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó las
declaraciones del ex funcionario y confió en que “no esté buscando chamba” en
el gobierno actual. (Omar Brito y Angélica Mercado/México)
Claves
Ex
fiscal pide amparo
Cuitláhuac
Salinas, ex titular de la SEIDO, tramitó un amparo ante la justicia federal
para que se le informe de la investigación que la PGR integra en su contra, a
fin de tener una “justa defensa”.
El
pasado martes el ex funcionario dijo tener conocimiento de dicha indagatoria y
aseguró que no pensaba huir; su demanda de garantías quedó radicada en el
juzgado 13 de distrito de amparo en materia penal.
También
solicitó que se le permita comparecer ante la SEIDO para conocer las
acusaciones en su contra. Señaló que Rodrigo Archundia, encargado de despacho
de esa subprocuraduría, es el responsable de la pesquisa.
Militares
armaron la trama contra Ángeles
Milenio, 1 MAYO 2013— RUBÉN MOSSO
La PGR
fue “utilizada” para incriminar al general; señala al mayor Gerardo Salazar
Bolaños.
México
• La Procuraduría General de la República (PGR) fue “utilizada” por militares
para “perjudicar” a Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa
Nacional, pues la ex procuradora Marisela Morales Ibáñez les “cedió” el control
de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud (UEIDCS).
Así lo
dijo Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien se
deslindó de la captura del general y aseguró que nunca se le permitió tener
acceso a ese expediente, ni a otros, por órdenes de Morales Ibáñez.
El ex
funcionario comentó que el mayor del Ejército Gerardo Salazar Bolaños tomó el
control de la UEIDCS y dirigió la investigación contra Tomás Ángeles y el resto
de generales que aún permanecen en prisión (Ricardo Escorcia Vargas, Roberto
Dawe González y Rubén Pérez Ramírez).
Generales piden cerrar juicio en
su contra
Los
generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez,
así como el mayor Iván Reyna Muñoz, solicitaron al Juez Tercero de Distrito en
Procesos Penales Federales, en el Estado de México, que se declare agotada la
etapa de instrucción de su proceso
Animal
Político, MAYO 2, 2013
El proceso
penal contra los militares que permanecen presos tras ser acusados por la
Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 de proteger la operación de
la organización de los Beltrán Leyva entró en su recta final.
Los
Generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez,
así como el Mayor Iván Reyna Muñoz, solicitaron al Juez Tercero de Distrito en
Procesos Penales Federales, en el Estado de México, que se declare agotada la
etapa de instrucción de su proceso y renunciaron a las pruebas que solicitaron
a su favor que no han sido desahogadas.
Con esta
acción, los militares siguen los pasos que realizó el General de División Tomás
Ángeles Dauahare ante el Juez Raúl Valerio Ramírez y que culminaron con su
liberación del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, el 17 de abril,
luego de que la PGR presentó en el cierre de su juicio conclusiones no
acusatorias por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo
con información judicial, tras la excarcelación del ex subsecretario de la
Defensa Nacional, los abogados del General Brigadier Dawe González presentaron
el 19 de abril la petición al Juez para que declare en su caso agotada la etapa
de instrucción y notificara al resto de los militares si estaban de acuerdo.
A la
solicitud del Brigadier se adhirieron el 23 de abril el General de División
Escorcia Vargas y el General de Brigada Pérez Ramírez, al igual que el Mayor
Reyna Muñoz.
Aunque
inicialmente el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto también informó al Juez
que se sumaba a la petición, su defensa todavía analizaba ayer si es incluido
en el cierre de la instrucción.
Otro que se
adhirió a la solicitud del cierre de su caso fue el lugarteniente de los
Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien está incluido en el
juicio porque la PGR lo acusó de operar aterrizajes de aviones con cocaína en
aeropuertos con la protección de militares.
La
información señala que sólo el capo Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, y
Denis Rodríguez Pacheco, presunto miembro de la organización criminal, también
procesados junto con los Generales, se opusieron en un inicio a unirse a la
solicitud del cierre de su juicio.
Por ahora,
tanto los militares presos en el Altiplano como sus defensas están a la espera
de que el juez Valerio Ramírez notifique que declara agotada la instrucción, lo
que hasta el pasado martes no había ocurrido. El Juez puede resolver cerrar la
etapa, pero aún así ordenar el desahogo de pruebas que estén pendientes y que
convengan a los procesados, pues, por ejemplo, una diligencia está programada
para el 6 de mayo.
Una vez que
sea declarada agotada la instrucción, las defensas y la PGR tendrán 10 días
para manifestar si tienen más pruebas por ofrecer, y, en caso que así sea,
deberán presentarlas en las dos semanas siguientes.
No obstante,
si ninguna parte solicita aportar más pruebas, entonces el Juez atenderá la
petición de los acusados de separar el proceso de cada uno, puesto que el
Teniente Coronel Hernández Soto, “El Indio”, y Rodríguez Pacheco continuarían
en juicio.
Después de
la separación del proceso de los tres Generales y el Mayor, Valerio Gómez
procedería entonces al periodo final, que es el de las conclusiones, las cuales
podrían ser presentadas para cada implicado en fechas distintas.
Utilizados
por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) para armar el expediente en contra de los militares, los testigos
colaboradores “Jennifer” y “Mateo” no han ampliado sus declaraciones durante
los casi 9 meses que ha durado el juicio, iniciado el 6 de agosto de 2012,
según datos del caso.
Hasta ahora,
los señalamientos asentados en el juicio son los que ambos testigos
colaboradores efectuaron ante la SEIDO, pues la diligencia en la que están
llamados a comparecer ante el Juez está programada hasta el 5 de agosto, la
cual sería vía videoconferencia porque están en Estados Unidos.
Desde que
consignó el expediente al Juez, el 24 de julio del año pasado, la PGR tampoco
ha aportado mayores pruebas durante el proceso, salvo un oficio que entregó en
enero exponiendo que los dichos de sus testigos colaboradores fueron
corroborados por personal de la SEIDO durante inspecciones a los lugares que
refirieron como puntos donde se celebraron reuniones entre miembros de los
Beltrán Leyva y los militares acusados.
No obstante,
para las distintas defensas las imputaciones de los testigos colaboradores
carecen de fechas, direcciones y detalles específicos, por lo que no tienen
sustento e incluso se contradicen.
Un ejemplo
es el caso del General Escorcia Vargas. En una declaración, “Jennifer” señaló
que atestiguó que el ex mando de la 24 Zona Militar en Morelos se reunió con
narcotraficantes a mediados de 2007. Sin embargo, en otra diligencia refirió
que hasta finales de ese año supo de su apoyo y posteriormente dijo que los
datos que conocía sobre su supuesta colaboración partían sólo de comentarios
que le había hecho “La Barbie”, quien a su vez, ante el Juez, negó conocer al
militar.
Entre las
pruebas que la defensa del General Escorcia Vargas ha presentado para
desestimar los señalamientos de la SEIDO están estudios en criminalística,
psicología y grafología, los cuales también buscan demostrar que el Mayor Reyna
Muñoz fue presionado por fiscales para firmar una declaración en la que expuso
que el ex mando de la 24 Zona Militar lo envió a un restaurante en Cuernavaca
para reunirse con emisarios de la organización, supuesto hecho que derivó en su
detención.
¿Qué sigue
en el juicio de los militares? Así fueron los pasos en el caso del general
Tomás Ángeles Dauahare
6 DE AGOSTO
DE 2012: Es sujeto a juicio por delincuencia organizada junto con el resto de
los militares acusados de favorecer la operación de los Beltrán Leyva.
17 DE ENERO:
Su defensa solicita el cierre de su instrucción, separación de autos y
desistimiento de todas las pruebas pendientes por desahogar.
15 DE
FEBRERO: El Juez Raúl Valerio Ramírez declara agotada la instrucción respecto
al General Tomás Ángeles Dauahare y ordena dejar el expediente a la vista de
las partes para que en un plazo de 10 días ofrecieran pruebas que pudieran
desahogarse en los 15 días siguientes.
5 DE MARZO:
El Juez decreta la apertura del incidente de separación del proceso de Ángeles
Dauahare del resto de militares y presuntos delincuentes implicados en la misma
causa penal.
2 DE ABRIL:
El Juez declara procedente el incidente de separación del proceso derivado del
cierre de instrucción.
8 DE ABRIL:
El Juez ordena la integración de la causa penal específicamente para Ángeles
Dauahare, una vez que se separó del proceso del resto de implicados.
11 DE ABRIL:
Se declara cerrada la instrucción y se llama a la PGR para que en un plazo no
mayor de 30 días hábiles presente sus conclusiones.
16 DE ABRIL:
La PGR presenta conclusiones de inculpabilidad a favor de Ángeles Dauahare por
el delito de delincuencia organizada, por lo que el Juez le solicita que en un
plazo de 10 días confirmara su decisión.
17 DE ABRIL:
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirma las
conclusiones no acusatorias a favor de Ángeles Dauahare. Ante la determinación,
el Juez decreta el sobreseimiento de la causa penal en su contra y ordenó su
inmediata libertad.
En tanto, en
entrevista con La Jornada, a decir de los abogados de los generales Roberto
Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como los defensores del teniente
coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván Reyna Muñoz, coacusados del general
Ángeles, a partir de las revelaciones que hizo José Cuitláhuac Salinas
Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Seido), se abre un panorama de posibilidades para
investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván,
para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de
afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.
Salinas
Martínez reveló el martes estar sujeto a una investigación en la Procuraduría
General de la República (PGR), ya que colaboradores de Marisela Morales tratan
de relacionarlo con grupos criminales, y por decisión de la ex procuradora, la
Seido fue utilizada por militares para afectar al general Tomás Ángeles
Dauahare.
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