Exigen castigo.
La Secretaría de la Función Pública, a su vez, inició una investigación sobre el contrato.
Nota de Claudia
Guerrero, Mayolo López y Abel Barajas
Ciudad
de México (18 junio 2013).- Legisladores
federales exigieron ayer castigar a los funcionarios de la PGR que otorgaron
contratos para servicios fantasmas por 92 millones de pesos, a finales del
sexenio calderonista.
De
igual forma demandaron que la ex Procuradora Marisela Morales pida licencia a
su nuevo cargo como Cónsul en Milán a fin de que responda a las acusaciones
sobre su gestión.
"La
ex Procuradora debe pedir licencia, regresar a rendir cuentas y transparentar
los recursos que tuvo a su cargo.
"Ella
está obligada a dar una explicación de los sistemas que se compraron, por qué
se compraron y aclarar cualquier presunta irregularidad administrativa",
manifestó el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo
Escudero.
Ayer,
REFORMA publicó que, a sólo cinco meses de que concluyera el sexenio de Felipe
Calderón, la PGR, bajo las órdenes de Morales, contrató el desarrollo de 17
sistemas tecnológicos y bases de datos a La Red Corporativo.
De esos
sistemas, a la fecha, 14 no operan, 2 no fueron entregados y el que sí funciona
tiene un sobreprecio millonario.
El
diputado del PRD Fernando Zárate estimó que Morales no se debe mantener como
Cónsul.
"Habría
que iniciar un juicio político (contra la ex Procuradora) con el objetivo de
que se le inhabilitara como servidora pública para desempeñar, por negligencia,
por dolo y/o por la comisión de delitos", dijo el diputado.
En
cambio, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, minimizó el caso.
"De
los programas y servicios que quedaron en el aire, a lo mejor es que todavía no
se entregan los entregables. Normalmente, en un contrato hay tiempos para
cumplir con el contrato y, cuando no es así, se puede presentar una demanda
contra el proveedor", indicó.
La
Secretaría de la Función Pública, a su vez, inició una investigación sobre el
contrato.
Según
fuentes federales, la PGR denunció ante su Órgano Interno de Control (OIC)
presuntas irregularidades, como el incumplimiento de diversas cláusulas del
contrato, simulación en la entrega de productos y retrasos de parte de La Red
Corporativo.
Al
mismo tiempo, el OIC -que depende de la Función Pública- inició una auditoría
sobre el contrato para verificar si efectivamente esta empresa, cuya matriz
está radicada en Villahermosa, Tabasco, cometió las anomalías que le imputan,
indicaron funcionarios.
La
Procuraduría, según fuentes del Gobierno federal, ha impuesto hasta ahora
penalizaciones por 530 mil pesos a la proveedora, por diversos retrasos con la
entrega de 17 desarrollos de sistemas tecnológicos. Además, analiza otro tipo
de acciones legales.
Según
la información obtenida, el hecho que dio origen a la denuncia de la PGR ante
el OIC fue la supuesta simulación de entrega de productos.
En este
caso, se trata del desarrollo de los Sistemas de Administración de Recursos
Humanos (SARH) y el de Información de Recursos Humanos (SIRH), cotizados en 8
millones 977 mil 34 pesos y 5 millones 966 mil 258 pesos, respectivamente.
De
acuerdo con fuentes de la PGR, en una acta se estableció que ambos fueron
entregados a la PGR el 16 de noviembre de 2012, fecha límite que tenían para
hacerlo; sin embargo, en los hechos ninguno fue proporcionado a la dependencia.
Otras
de las presuntas irregularidades que indagará el órgano que depende de la SFP
es el supuesto sobreprecio del desarrollo de un administrador de datos de la
página de internet de la PGR, así como su versión móvil.
Este producto
tuvo un costo de 8 millones 991 mil 400 pesos y es el único que la nueva
administración acepta que está en operación, derivado del contrato
PGR/AD/CN/SERV/147/2012, suscrito el 29 de junio del año pasado.
Sin
embargo, la Procuraduría cuestiona que se utilizara como plataforma el
administrador de contenidos Alfresco, una herramienta que es gratuita, y que
cobraran un sobrecosto, pues en el mercado puede conseguirse este desarrollo a
precios que van de 500 mil a 3.5 millones.
También
se alega que la empresa proveedora hiciera su entrega hasta el 5 de octubre del
2012 y no el 15 de septiembre, la fecha perentoria que fijó el convenio.
Una
empresa con suerte
En toda
su historia, la empresa La Red Corporativo nunca había corrido con tanta suerte
como en la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR.
A lo
largo de una década, la compañía tabasqueña consiguió 41 contratos con
instituciones públicas, pero ninguno como el que le otorgó la dependencia
federal a cinco meses de concluir el sexenio anterior.
Esos 41
contratos significaron 37.6 millones de pesos para La Red Corporativo, S. A. de
C. V., que equivalen tan sólo al 40 por ciento de los 92 millones que obtuvo
gracias a una sola adjudicación directa con la PGR.
La
empresa no tiene registros previos de contrato público alguno superior a los 11
millones de pesos y su mercado está, básicamente, en Tabasco.
Ahí ha
obtenido 35 de los 41 convenios gubernamentales que le han sido otorgados.
La
empresa La Red Corporativo ha ganado, desde 2002, un total de 26 licitaciones,
10 invitaciones y 5 adjudicaciones directas de dependencias de Gobierno.
De los
41 contratos gubernamentales que consiguió antes del convenio con la PGR, sólo
6 superan el millón de pesos.
La
empresa tiene su matriz en Villahermosa y cuenta con oficinas en Mérida y el
Distrito Federal. Su administrador único es el empresario Jorge Roberto Carrión
Arrazate, quien fue presidente de la Coparmex de Tabasco de 2006 a 2008.
Consigue
'minita' La Red con PGR
Nota de Abel
Barajas
Ciudad
de México (18 junio 2013).- La empresa
La Red Corporativo consiguió durante una década 41 contratos de instituciones
públicas por 37.6 millones de pesos, una suma que en conjunto representa apenas
el 40 por ciento de los 92 millones que en una sola contratación le adjudicó la
PGR para renovar sus sistemas tecnológicos.
Elegida
en adjudicación directa por la administración pasada de la PGR, para
proporcionar servicios donde tendría acceso a bases de datos confidenciales, la
compañía no tiene registros previos de un contrato público superior a los 11
millones de pesos y su mercado básicamente está Tabasco, pues de todos sus convenios,
sólo seis los obtuvo fuera de dicha entidad.
Con
base en información que puede consultarse en Compranet y portales de
Obligaciones de Transparencia, La Red Corporativo S.A. de C.V. ha ganado desde
el 2002 un total de 26 licitaciones, 10 invitaciones y 5 adjudicaciones
directas de dependencias de gobierno.
De los
41 contratos gubernamentales que consiguió antes del convenio con la PGR, sólo
seis superan el millón de pesos.
La más
importante de las contrataciones fue una licitación del Colegio de Bachilleres
de Tabasco por 11 millones 91 mil 149 pesos, para dotarlo de equipo de
computación, seguido de un contrato por 6 millones 777 mil 921 pesos con la
Secretaría de Gobierno del mismo Estado.
Los
otros son uno de Pemex Exploración y Producción (PEyP), por 2 millones 343 mil
796 pesos; uno de 2 millones 72 mil 745 y otro de 1 millón 66 mil 582 pesos del
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa y uno de 1 millón
26 mil 703 pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco.
La Red
Corporativo tiene su matriz en Villahermosa y cuenta con oficinas en Mérida y
el DF. Su administrador único es Jorge Roberto Carrión Arrazate, un empresario
que fue presidente de la Coparmex de Tabasco de 2006 a 2008.
En
septiembre de 2008, el diario Tabasco Hoy publicó que varios empresarios
locales, entre ellos Carrión Arrazate, fueron beneficiados indebidamente con
vales del Fonacot, debido a que estaban doblemente registrados en este programa
de apoyo.
Es
decir, se había dado de alta como persona física y al mismo tiempo con la razón
social de La Red Corporativo, señaló la publicación. En Compranet, a la fecha
también aparece registrado como proveedor de las dos maneras.
En su
página de internet, la empresa presume como casos de éxito la modernización
tecnológica de 108 oficinas de la Compañía Mexicana de Traslado de Valores
(Cometra) y la instalación del sistema de transmisión de datos de la
Procuraduría de Tabasco, entre otros.
Su
nicho son precisamente las dependencias de Tabasco e instituciones educativas
estatales, así como ayuntamientos, pues de los 42 contratos referidos, sólo 6
se suscribieron fuera del estado y sólo 4 corresponden a instituciones
federales.
Antes
de proveer a la administración pasada de la PGR, los contratos federales de la
empresa eran uno de 10 mil 132 pesos en el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y dos de PEyP, uno es el ya mencionado por 2.3 millones y otro
por 40 mil 816 pesos.
También
aparece una unidad de respaldo de energía eléctrica que vendió por 13 mil 533
pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuera
de las fronteras de Tabasco, aparecen 6 contratos: el ayuntamiento de Mérida le
compró equipo por 567 mil 306 pesos; la Universidad Autónoma de Yucatán, por
452 mil 477; los Servicios de Salud de ese estado, por 182 mil 95 y el
Instituto de la Cultura yucateco, por 114 mil 580.
Además,
los ya referidos de la SCJN y el INAH, que realizó la compra en el DF.
Según
el listado de convenios, los mejores cliente son la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, con 9 contratos; la Secretaría de Administración y Finanzas de
Tabasco, con 7 y el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física
Educativa, con 6.
Los
siguen el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, con 4
contrataciones, y el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado
de Tabasco, con 3.
La
empresa fue uno de los patrocinadores que aportó 1 millón de pesos para pagar
el concierto de la cantante colombiana Shakira en Mérida, Yucatán, el 16 de
julio de 2011, indica información que el ayuntamiento hizo pública en una
solicitud de Transparencia.
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