Inicia
cuenta regresiva para la reforma penal
Quedan
justo tres años de plazo para que se instale el nuevo Sistema de Justicia en
todo el territorio nacional
Nota de David
Vicenteño
Excélsior, 18/06/2013:
CIUDAD
DE MÉXICO, 18 de junio.- A partir de mañana, quedan tres años para que todas
las entidades del país hagan sus respectivos cambios legales para aplicar la
Reforma al Sistema de Justicia Penal, aprobado hace cinco años y que el
Congreso de la Unión estableció ocho años para su total implementación.
Hasta
ayer sólo tres entidades ( Chihuahua, Estado de México y Morelos) han realizado
las reformas con las que el nuevo sistema ya opera en todo su territorio.
De
manera parcial, pero con avances significativos, los cambios se están aplicando
en Baja California, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Oaxaca.
El
Congreso de la Unión aprobó en marzo de 2008 la Reforma Constitucional de
Seguridad y Justicia, que fue publicada el 18 de junio de ese año en el Diario
Oficial de la Federación, con las bases para el nuevo Sistema de Justicia
Penal, y entró en vigor al día siguiente.
En
la publicación se estableció un periodo de ocho años para la implementación del
nuevo sistema en todo el territorio, por lo que deberá estar listo y operando
para el 19 de junio de 2016.
Los
cambios fundamentales de esta reforma son la implementación de juicios orales
en el sistema penal, partiendo de la presunción de inocencia del acusado, y garantiza
más protección a los derechos de las víctimas de un ilícito.
Reforma
balcanizada
Renato
Sales Heredia, recién nombrado subprocurador de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República
(PGR), y uno de los principales promotores de esta reforma, reconoció que no
todas las entidades están interpretando igual los cambios legales.
“Lo
que está sucediendo con la reforma es que se está balcanizando, se está
dispersando, se está perdiendo porque una entidad federativa la aplica de una
forma, otra de otra. El procedimiento abreviado en Yucatán se maneja de una
manera distinta a como se maneja en Chihuahua.
“Solamente
hay tres entidades federativas en donde está caminando en su totalidad el
sistema, son el Estado de México, Chihuahua y Morelos. En otros están
trabajando parcialmente, en algunos en etapa de planeación, en otros está
votado el Código de Procedimientos pero no ha iniciado”, comentó Sales Heredia,
en entrevista con Excélsior.
Como
integrante del Consejo de Coordinación de la Secretaría de Implementación de
los Juicios Orales, Sales Heredia explicó que se detectó este problema en las
conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia.
El
contratiempo fundamental es avanzar con los programas de capacitación para
policías, ministerios públicos, abogados y jueces, quienes serán los
principales responsables de aplicar las modificaciones legales que implica la
reforma.
Ante
esto se aprobó la propuesta para hacer un Código Penal y un Código de
Procedimientos Penales únicos, para todo el territorio nacional, en agosto del
año pasado.
“Si
ya tenemos Ley General de Salud, si ya tenemos Ley General Antisecuestros, si
ya tenemos Ley General en Materia de Trata de Personas, que aplican
concurrentemente para todo el país, la pregunta es: ¿Por qué no podemos tener
una legislación única en materia procesal?
“Porque
no podemos tener una Ley General del Debido Proceso, eso es lo que se propuso
después de platicarlos con los procuradores y con los presidentes de
tribunales, eso es lo importante”, comentó el subprocurador.
Sales
Heredia, ex procurador general de Justicia de Campeche, indicó que ahora está
en manos del Congreso, con el dictamen de Reforma Constitucional aprobado el 25
de abril de 2013, analizar las propuestas para la elaboración de los dos
códigos, y así avanzar más rápido en la implementación de la reforma.
Comentó
que uno de los obstáculos que se deberán resolver es homologar el catálogo de
delitos para todo el territorio.
“Por
ejemplo, en el DF no existe el delito de abigeato, pero en Campeche suprimirlo
sería terrible, allá hay abigeato de abejas, por ejemplo, no puedes quitarlo.
“La
legítima defensa es una excluyente del delito, no puede ser que se planteé de
una manera en un estado y de otra manera en otro”, explicó.
Sales
Heredia calificó como “la gran llave” la aprobación de los códigos Penal y de
Procedimientos Penales únicos, para que se cumpla a tiempo con la
implementación de la reforma en los próximos tres años.
“Yo
creo que el Código Penal Único es la gran llave, porque permite que todos los
capacitadores, que todo el cuerpo de operadores del sistema actúe
homogéneamente y con rapidez.
“El
sistema facilita las cosas enormemente, la propuesta del sistema acusatorio lo
que hace es precisamente eso, tratar de solucionar los conflictos antes de
llegar a la culminación de un proceso, que se repare el daño, que se solucione
el problema”, dijo.
Comentó
que los capacitadores contratados para aplicar la reforma penal se han visto
sorprendidos por la forma como un delito se procesa de manera diferente de un
estado a otro.
El
funcionario indicó que también se debe preparar una gran campaña a escala
gubernamental para que, desde cada área de la administración, se explique a la
población cuáles serán los beneficios de la Reforma al Sistema de Justicia,
como ocurrió en Chile.
Sales
Heredia advirtió que aunque la promulgación de los códigos Penal y de
Procedimientos Penales únicos sean aprobados este año, se debe concluir con los
procesos de capacitación a abogados, ministerios públicos, jueces, policías,
pero también implica a otras disciplinas.
“No
es un sistema estrictamente o nada más de abogados, es un sistema que acompaña
a ingenieros, que apuntan sistemas informáticos, administradores, sociólogos,
porque buena parte de la idea es mediar, fortalecer la mediación.
El
subprocurador alertó en la urgencia para aprobar los códigos únicos, ya que no
deberá haber prórrogas ni excusas para no cumplir con los cambios.
“No
se puede ir más lejos, si logramos que se apruebe ya el Código Único, no habrá
excusas”, dijo.
¿Qué
es el nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano?
Las
características del nuevo sistema penal apuntan a la presunción de
inocencia y el respeto a los derechos
humanos:
En
marzo de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Constitucional de
Seguridad y Justicia, que fue publicada el 18 de junio de ese año en el Diario
Oficial de la Federación, y sienta las bases para el establecimiento de un
nuevo Sistema de Justicia Penal en México.
Esto
significa que el nuevo Sistema de Justicia Penal deberá quedar implementado el
país el 19 de junio de 2016, por lo que quedan tres años para hacer los cambios
legales.
El
Congreso propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima
y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia.
El
objetivo es fortalecer el debido proceso y el pleno respeto a los derechos
humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o
procedimiento penal.
Se
basa en un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera
imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y en el que los
conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y
contradictorias.
Se
incorpora la oralidad en los procesos penales, protege a los imputados
confiriendo a rango constitucional el derecho de presunción de inocencia.
Se
precisan nuevos derechos de las víctimas, como la reparación del daño, su
seguridad personal, la protección de su identidad y de sus datos personales.
Los
avances
Entidades
que hasta esta fecha ya hicieron reformas constitucionales y a leyes
secundarias, así como de infraestructura para la aplicación del nuevo Sistema
de Justicia Penal:
Baja
California
Nuevo
León
Durango
Zacatecas
Oaxaca.
Pero
ya opera plenamente en la totalidad de los territorios de:
Chihuahua
Estado
de México
Morelos
Necesaria,
la voluntad política, afirma experto
Ernesto
Canales Santos, presidente del Patronato Renace, afirma que en estos últimos
tres años se puede acelerar la implementación del nuevo sistema penal en los
estados.
Se
necesitará de la voluntad política de mandatarios estales y responsables del
sistema de justicia, para cumplir en los próximos tres años con la aplicación
de las reformas aprobadas en 2008, afirmó Ernesto Canales Santos, presidente
del Patronato Renace e integrante de la Red Nacional de Juicios Orales.
“Hay
trabajos previos que dan la base para pensar que estos últimos tres años se
puede acelerar la implementación, pero de una manera sólida, no improvisando.
“Si
se llega a aprobar, como todo parece indicar, en el primer periodo
extraordinario del Congreso, el nuevo Código de Procedimientos Penales, ese va
a ser una guía para todos los estados que no han hecho nada. Sí se puede
implementar en los próximos tres años, es cuestión de voluntad política, todo
lo demás está dado”, comentó Canales Santos.
El
presidente del Patronato Renace, dedicado, entre otras actividades, a
proporcionar asistencia jurídica a personas que por no contar con recursos
permanece en prisión, dijo que es tiempo de que el Estado deje los vicios en
materia penal.
“Ya
es tiempo de que nos sacudamos estas cuestiones y podamos avanzar en un país en
que queden atrás esos vicios, una estadística espantosa es que actualmente 60
por ciento de quienes están en la cárcel están por delitos menores de cinco mil
pesos.
“Se
ha hecho un derecho contra los pobres, contra los que no tienen dinero para la
fianza y que no tienen condiciones. Es un circulo vicioso de que se está en la
cárcel porque no se repara el daño y no se repara el daño porque se está en la
cárcel”, comentó.
Canales
Santos agregó que uno de los grandes pendientes, en los primeros cinco años que
han transcurrido para la aplicación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal,
es la capacitación de las policías y la formación de una corporación nacional.
“La
primera falla es la policía, todos sabemos que nuestra policía, sobre todo a
nivel municipal, ha estado totalmente abandonada inclusive en muchos estados
también la policía no ha tenido una prioridad en los planes de gobierno.
“Es
cierto que a nivel federal prácticamente todo el sexenio de Felipe Calderón ya
se tomaron medidas fuertes para transformar la policía federal y ha tenido
logros y avances importantes, aunque desde luego falta mucho por hacer”,
comentó.
El
presidente del Patronato Renace agregó que las autoridades federales no han
sido claras con la presentación de lo que será la Gendarmería Nacional, nueva
corporación propuesta por la Comisión Nacional de Seguridad y que se está
integrando actualmente.
“No
ha estado debidamente detallado, la idea es que es algo entre la policía y la
milicia, con carácter más bien de prevención. Pero no pude haber parches, debe
ser todo un sistema integral para que tenga sentido, no sólo se puede decir la
policía se va a llamar Gendarmería, porque eso no significa ningún avance.
“Tampoco
se puede decir que se va a crear un nuevo cuerpo, y vamos a dejar el actual que
no está funcionando en las mismas condiciones, porque se van a contradecir”,
afirmó Canales Santos.
Indicó
que las policías municipales no han recibido ningún tipo de formación para
atender las necesidades de la nueva reforma penal, a tres años de su
implementación.
“No
se trata sólo de unificarlas, sino de transformarlas desde el principio, que
las policías municipales tengan sueldos dignos, que les implique una carrera
profesional.”
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