Mexicanos al servicio de la DEA/Anabel Hernández

Mexicanos al servicio de la DEA/ANABEL HERNÁNDEZ

Proceso # 1909, 2 de junio de 2013

Con la anuencia del gobierno calderonista, 200 policías y militares mexicanos fueron puestos al servicio de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos: esta instancia los entrenó, los puso a trabajar en México y les dio órdenes de no compartir información con las autoridades nacionales. Un exintegrante de ese grupo, actualmente prófugo, habla con Proceso, revela esta situación anómala –que achaca a compromisos de la Iniciativa Mérida– y afirma además que los mundialmente famosos agentes de la DEA no saben investigar, desconocen las labores de inteligencia policiaca y lo único que hacen es pagarle a soplones.

Orden de cateo en mano y con el apoyo de efectivos de la SIEDO, la madrugada del 8 de agosto de 2005 se inició un operativo encabezado por dos agentes de la DEA en una casa en Zapopan, Jalisco, en el kilómetro 25 de la carretera a Saltillo. Buscaban un laboratorio de producción de metanfetaminas cuya ubicación había sido proporcionada por un informante a sueldo de la agencia estadunidense.

Ese día el ingeniero Miguel Colorado, coordinador técnico de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO), recibió un oficio “muy extraurgente y confidencial”, como quedó asentado en mayúsculas en el documento. El agente del Ministerio Público Juan Carlos Vázquez le instruía para que de inmediato enviara a los efectivos a su cargo a ese lugar de Zapopan.

 Como ya era costumbre, bastaba una llamada de la Administración Antidrogas Estadunidense (DEA) para que el gobierno de México consiguiera órdenes judiciales instantáneas y enviara agentes que cumplieran sus órdenes sin corroborar la información. “Todo era al vapor”, recuerda Francisco Javier Jiménez, quien entonces era agente de la SIEDO y solía participar en esas acciones por órdenes de sus superiores. Actualmente, Jiménez es prófugo de la justicia acusado en el contexto de la llamada Operación Limpieza.

 Pero todo fue un fiasco. En la casa –propiedad de Roberto Ledezma, regidor del municipio jalisciense de Cuquío– no encontraron huellas de ningún laboratorio ni nada que se le pareciera.

 Los agentes de la DEA no entendían qué había pasado. “Al entrar a la casa no había ni laboratorio ni droga ni nada. Todo era mentira”, dice Jiménez en entrevista con Proceso. “Hicimos el operativo basándonos únicamente en información de ellos”.

 –Oye… ¿y esto? –afirma Jiménez que le preguntó a uno de los agentes de la DEA que coordinaban el operativo.

 –Vamos a ir por el informante –respondió el estadunidense, quien tampoco sabía que se trataba de la casa de un político y que no había ningún narcolaboratorio.

 La DEA llevó a su informante hasta el lugar del cateo. El hombre que los había hecho quedar en ridículo sólo puso “cara de palo”. Jiménez afirma que lo increpó.

 –¡No está el laboratorio que dijiste!

 –Sí. Sí está.

 –¡No está! ¿A ver? Quiero que me lo muestres –indicó el agente mexicano para “salvar la dignidad”, según dijo, y prevenirse de las consecuencias legales del equivocado operativo.

 Jiménez asegura que la DEA y los funcionarios mexicanos ofrecieron una disculpa al regidor y se retiraron.

 “El gobierno de México sigue las indicaciones de la DEA sólo porque ellos dicen y en el momento en que ellos quieren”, afirma.

 Al servicio de EU

 Apenas pasadas las elecciones del 2 de julio de 2006 la maquinaria de la DEA ya estaba echada a andar. Washington se dio a la tarea de crear un grupo especial con 200 efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Marina, el Ejército y el Cisen, todos ellos subordinados a la agencia antidrogas y con estrictas órdenes de no compartir ninguna información con el gobierno de México.

 Una “mini-DEA” con mexicanos, en México y al servicio de Estados Unidos.

 El director regional de la DEA en México y Centroamérica era entonces David Gaddis, hoy retirado.

 Según documentos cuyas copias tiene Proceso, el 31 de julio de 2006, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, recibió un oficio en el cual Javier Laynez, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, solicitaba que Jorge Joaquín Díaz López, fiscal especial; José Ignacio Muñiz Chávez, Ministerio Público federal; Rubén Orfaly, ejecutivo de proyectos; Octavio Aranda, perito técnico; Francisco Javier Jiménez, agente de investigación, y Antonio Mejía Robles fueran 38 días a Quantico, Virginia, a participar en el curso Unidad de Investigaciones Sensibles o Confidenciales (SIU, por sus siglas en inglés).

 “La SIU era un brazo del gobierno de Estados Unidos dentro de México y al momento de hacer sus operaciones de alto impacto iba a ser manejado directamente por un agente de la DEA”, señala Jiménez, quien formó parte de ese grupo.

 Francisco Javier Jiménez entró a la Policía Judicial Federal en 1999 y fue comisionado a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO, antecedente de la SIEDO) el 2 de agosto de 2000, cuando la dirigía José Trinidad Larrieta.

 Afirma que ingresó porque siempre le gustaron el trabajo policiaco y la investigación. Quería ser agente secreto. Y lo fue, pero el precio ha sido alto: cinco años prófugo, en la clandestinidad, por una acusación en su contra.

 Muy pronto participó en una operación exitosa. “El 16 de noviembre de 2000 hice mi primera intervención en una investigación relevante. Detuvimos al cuñado de Amado Carrillo Fuentes, César Miguel Rivera Vargas, El Esfera, esposo de Florentina Carrillo Fuentes”, señala. Fue su primer trabajo con la DEA.

 “Ellos sólo proporcionaron el nombre; toda la investigación, absolutamente toda la realizamos nosotros. La reacción de ellos fue de sorpresa. No entendían cómo, con nuestros recursos limitados y sin tener la capacidad financiera de ellos, realizamos una investigación de más de seis meses”, recuerda.

 Días antes los agentes mexicanos tuvieron una reunión con la DEA en la que ésta aseguró que Rivera Vargas estaba en Chiapas. Los mexicanos lo detuvieron en el Distrito Federal. “Quedaron sorprendidos y satisfechos con esa captura”, señala. Por eso fue uno de los elegidos para integrar la SIU. La selección fue basada en la eficiencia y desempeño laboral, afirma. “Fuimos elegidos, no alzamos la mano para nada”.

 La primera etapa para integrar la SIU pasó por el Consejo de Profesionalización de la PGR. Ahí les practicaron exámenes psicológicos, visita domiciliaria e investigación patrimonial. Después se les ordenó que fueran a la embajada de Estados Unidos en México, donde les aplicaron los exámenes toxicológico, psicométrico y poligráfico.

 “Ellos nos mencionaron que iban a hacer un seguimiento y monitoreo de nuestra persona”, señala Jiménez. Eso pasó con los 200 mexicanos elegidos. En la embajada, señala, el contacto era con la DEA. Hasta ese momento nadie les había dicho para qué los querían.

 “Ahí fue un primer filtro. Algunos de los que fueron enlistados quedaron fuera. Los elegidos, los que aprobaron, fuimos a Quantico y ahí nos dieron la certificación de la DEA de que éramos funcionarios mexicanos pero íbamos a trabajar directamente con agentes de ellos.”

 La consigna de la SIU era que los agentes mexicanos –bajo las órdenes de Washington– no podían informar de ningún operativo al gobierno de México.

 “Para la DEA todos son corruptos en México; pero como nosotros fuimos evaluados y preparados por ellos, había confianza hacia nosotros”, afirma.

 El 7 de septiembre de 2006 –antes de que arrancara el sexenio calderonista– salieron de la Academia de Capacitación de la DEA en Quantico los primeros mexicanos graduados de la SIU.

 En las áreas de entrenamiento los mexicanos parecían estadunidenses. Vestían camisetas con el logo de la agencia antidrogas, shorts, gorras y un gafete con las siglas de la DEA.

 Según los documentos obtenidos por este semanario, el gerente del Programa SIU fue Leonard Fitzgibbons; el encargado de la capacitación, Dennis Boots, y los asesores de la SIU-DEA México: Benny Ortiz, Carl Shirer, Jorge Jiménez, Kevin Quinlan, Javier Santiesteban, César Solaya, Apolonio Ruiz y Walter Bostwick.

 Francisco Javier Jiménez Sánchez recibió su diploma de graduado junto con otras decenas de mexicanos y así nació la Unidad de Investigaciones Sensibles o Confidenciales, como también se refería a ellas Washington, y comenzaron las operaciones.

 Espías armados

 Contra la leyenda que se construye alrededor de la agencia antinarcóticos más grande del mundo, los efectivos de la DEA no son tan listos ni buenos investigadores como quieren hacer creer, afirma Jiménez. Gran parte de su información no es producto de tareas de inteligencia o investigación, sino que es comprada a informantes confidenciales. Como en una fiesta de niños con los ojos vendados, asegura, los agentes sueltan palos a la piñata. A veces le atinan y la rompen; otras, como en Cuquío, no tienen tino.

 “Los de la DEA son ineptos para investigar, ellos lo que tienen es el poder económico para comprar informantes; pero para investigar como tal, no son buenos”, dice.

 –¿Los informantes de la DEA siempre son creíbles? –se le pregunta.

 “La mayoría de veces los roban. Los testigos se mantienen, viven, de la metida del dedo en la boca a los de la DEA. Les ponen un lugarcito o dos y los de la DEA ordenan que vaya gente del gobierno de México sólo porque lo dice un informante. Su capacidad de investigación es la económica.”

 En el sexenio de Felipe Calderón la DEA hizo lo que quiso. “Siempre andaban armados”, señala, y no siempre se les había dado permiso para ello. Afirma que Cuauhtémoc Herrera Suástegui, coordinador técnico de la UEDO en el gobierno de Ernesto Zedillo, les decía: “No quiero ver armado a ninguno de ustedes; si los veo armados me los voy a chingar”, asegura Jiménez.

 Herrera Suástegui, ya en el retiro, fue asesinado el 23 de marzo de 2000. Fue precisamente el jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, William E. Ledwith, quien el 20 de febrero anterior ante el Congreso de Estados Unidos había afirmado que Herrera estaba involucrado con el Cártel de Juárez.

 –Después de los cursos, ¿cómo comenzó a trabajar en la SIU?

 –Nos llegaban notificaciones de que debíamos reunirnos con uno o dos agentes de la DEA en Guadalajara. Ahí íbamos, a Guadalajara, a Puerto Vallarta o aquí en México; ellos nos decían lo que teníamos qué hacer.

 Señala que los agentes mexicanos que trabajaban para la DEA en los operativos iban acompañados de algún fiscal de la PGR, integrante también de la SIU, para que levantara un acta circunstanciada o una averiguación previa de lo que los estadunidenses le indicaran.

 –¿Los superiores de ustedes sabían o no lo que estaba pasando?

 –Sí sabían, pero no podían actuar contracorriente. Eran órdenes desde la Presidencia, de unos niveles muy arriba. Se dice que México es el patio trasero de Estados Unidos… eso es muy real.

 –¿Por qué el gobierno de México aceptaba estas cosas?

 –Por la Iniciativa Mérida. En mi perspectiva es por falta de, con todo respeto, huevos, de decir no, nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones, vamos a fijar nuestros lineamientos. El gobierno era muy condescendiente. Siempre ha sido, pero el de Calderón fue mucho más condescendiente con la DEA que antes. Muchísimo más.

 “¿Qué podíamos hacer nosotros, que éramos los del escalafón más bajo?, pues seguir las órdenes, obedecer según nuestro criterio.”

 –¿Cuántos estaban en la SIU?

 –Doscientos. Controlados por la DEA. No estábamos todos en el mismo lugar, pero todos recibíamos instrucciones de la DEA. Unos eran del Cisen, otros de la Marina, todos participaban en los operativos de una u otra manera.

 –¿En los operativos siempre estaba presente la DEA?

 –Sí.

 Jiménez dice que, además de armamento, la DEA usaba en México equipos para la intercepción de conversaciones privadas, como los Harris, aparatos de escucha que abarcan cierto perímetro. Además obligaban a todos los agentes mexicanos a usar localizadores durante los operativos.

 En distintos informes de la DEA ante el Congreso de Estados Unidos, la agencia justificaba su trabajo afirmando que gracias a ella en México se detuvo o mató a narcotraficantes importantes.

Según notas publicadas en octubre de 2011, en un informe ante el Capitolio la DEA se adjudicó la captura de cuatro capos en México entre 2010 y 2011: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango; Ramón Castro Rocha, El Cuate, y Harold Mauricio Poveda, El Conejo.

 En julio de 2008 los integrantes de la SIU recibieron un nuevo entrenamiento en las instalaciones del hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, a un lado de la embajada estadunidense, lugar que suele usarse como sede alterna de la DEA.

 Los cursos fueron sobre “temas de procuración de justicia y aplicaciones prácticas que involucran el uso de equipo especializado”, según el oficio enviado por Gaddis a la PGR para solicitar permiso de tener el personal a su disposición cuatro días. Y así fue.

 No obstante, apenas un mes después de tomar esos cursos Jiménez fue acusado de colaborar con el crimen organizado. Lo señalaron algunos exmilitares de la SIEDO que a su vez habían sido acusados por el testigo protegido e informante confidencial de la PGR y la DEA, Roberto López Nájera, Jennifer.

 –¿Qué piensa de la injerencia que tuvo Estados Unidos en la llamada guerra contra el narcotráfico? –se le pregunta a Jiménez.

 –El apoyo económico y la tecnología son buenos, pero mientras no haya una verdadera planeación de cómo utilizar todo eso en la lucha contra el narcotráfico, no va a servir de nada.

 –¿Funciona lo que hace la DEA en México?

 –Pienso que funciona dependiendo de quién esté a cargo de la administración de justicia. Lo que sirve de ellos es la aportación de equipo tecnológico, lo táctico, el armamento, pero nada más.

 “El problema es que la DEA nunca ve más allá, nunca ven desde una óptica más profunda el problema ni en planes de largo plazo. La DEA fue copartícipe de la situación.

 “La DEA no puede combatir el narcotráfico ni en su país. No puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No se les puede seguir dejando actuar como quieran.

 “El gobierno de Estados Unidos puso el dinero, la tecnología, la información de sus soplones, pusieron todo. Nosotros pusimos los muertos”, concluye.

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Cinco años prófugo/MUSSIO JAIR CÁRDENAS PALOMO

Proceso # 1909, 2 de junio de 2013

Diez millones de pesos de recompensa ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) por información que lleve a la captura de Francisco Javier Jiménez, exagente de la SIEDO al que acusa de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Desde 2010 exhibe su nombre y rostro junto a los de narcotraficantes como el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, o Miguel Ángel Treviño, jefe de Los Zetas.

Prófugo desde el sexenio de Felipe Calderón, Jiménez concede una entrevista a Proceso. La cita se concretó por medio de diferentes contactos y al lugar elegido Jiménez llega casi disfrazado y con un paquete de papeles oficiales que documentan la historia que narra.

El exagente de la SIEDO y exintegrante de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la DEA revela que tres de los acusados en la fallida Operación Limpieza –él, Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia– habían sido certificados por la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, para la que trabajaban.

Los tres, señala, eran parte del equipo de Miguel Colorado, coordinador general técnico de la SIEDO, y del titular de la subprocuraduría, Noé Ramírez Mandujano, y corrieron la misma suerte que sus jefes.

Reclama la traición de la DEA y de la PGR. Afirma que pese a los múltiples exámenes de confianza, los cursos de capacitación, el constante monitoreo de la embajada de Estados Unidos y los rastreadores que la agencia antinarcóticos estadunidense los obligaba a portar durante las operaciones de la SIU, para aquéllas “valieron más los testimonios falsos de unos criminales”.

“Valió más la declaración de tres exmilitares confesos de trabajar para el crimen organizado –Fernando Rivera, Roberto García y Milton Cilia– para perseguirnos como criminales cuando sabían, ¡lo sabían!, que estábamos limpios”, señala con amargura.

De los tres agentes que trabajaban para la DEA sólo él escapó de las órdenes de aprehensión giradas en agosto de 2008. Zavala y Mejía fueron detenidos y encarcelados ese mismo año.

Bastó que un testigo protegido se refiriera a un agente federal apodado Pinocho para que después todo se hiciera cuadrar en su contra. Las acusaciones contra Jiménez son casi una réplica de las fabricadas contra el exzar antidrogas Ramírez Mandujano, absuelto el pasado abril y liberado después de cuatro años de cárcel.

En septiembre de 2007 ante la DEA y en julio de 2008 ante la SIEDO, el testigo protegido Roberto López Nájera, Jennifer, sólo acusó a los exmilitares Rivera, García y Cilia de trabajar para el crimen organizado. A nadie más.

En agosto de 2008 los tres exmilitares, antiguos integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército (GAFE), fueron detenidos y casi inmediatamente se confesaron culpables y se acogieron al programa de testigos protegidos, cuando Marisela Morales encabezaba la SIEDO y Cuitláhuac Salinas era agente del Ministerio Público asignado a esa instancia. Sus declaraciones provocaron que ese mismo mes fueran detenidos Colorado, Zavala y Mejía. El agente federal Luis Manuel Aguilar Flores fue aprehendido en octubre y Ramírez Mandujano en noviembre de ese año.

–¿Por qué los señalaron a usted y sus compañeros?

–Los exgafes nos acusaron sólo por venganza –dice.

Explica que cuando en 2007 la DEA informó a la PGR que un informante imputaba a Rivera, García y Cilia por órdenes del entonces procurador Medina Mora y Ramírez Mandujano, Colorado les encargó a él, Zavala, Mejía y Aguilar investigar y vigilar a los exmilitares adscritos a la SIEDO.

“Empezamos a monitorear y seguir a Fernando y los demás para cuando fueran a citarse con Arturo Beltrán Leyva”, señala.

“A un compañero lo ven y Fernando Rivera lo amaga: ‘¿Por qué me estás siguiendo…’”, recuerda Jiménez. “Mi compañero le dijo que no lo estaba siguiendo. ‘¡No se haga pendejo!’”, le habría reclamado Rivera.

“A raíz de eso se hizo el desmadre”, señala. “Fernando Rivera y Miguel Colorado casi se agarran a golpes. Entonces ordenaron que se parara toda la investigación. Medina Mora no le aventó carácter para quitarlos. Ya no hacían nada, quedaron como congelados, pero no los quitaron”.

Con el nombre de testigo protegido David, el exgafe Roberto García, en un interrogatorio dirigido por el entonces Ministerio Público de la SIEDO Cuitláhuac Salinas, declaró el 5 de agosto de 2008 de oídas contra un supuesto agente federal apodado Pinocho; no recordó su nombre, como quedó asentado en su declaración ministerial.

Dijo que Sergio Barragán, El Grande, le había dicho que Pinocho –sin mencionar ningún nombre– trabajaba para ellos y que era hombre de confianza del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Con el seudónimo de Saúl, Milton Cilia acusó a García y Rivera –quienes ya se habían autoinculpado– pero también a Colorado, Zavala y Pinocho.

A las declaraciones de los exmilitares se sumaron las de los testigos Karen, María Fernanda, Jennifer, Ricardo y Moisés para robustecer las acusaciones contra Jiménez, sus compañeros y jefes.

La cacería

–¿Cómo evitó ser detenido?

“Uno de la guardia me llamó y me avisó: ‘No te presentes. Hay militares’. Ya no me presenté a trabajar, yo no me iba a dejar, yo no me iba a presentar y decir aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran.

“Marisela Morales no tenía ninguna capacidad ni para estar en la SIEDO ni para encabezar la PGR. Ni como MP ni como fiscal hizo nada relevante. A ella le dieron un poder y una institución de tal envergadura que con tal de seguir en el puesto hacía lo que le ordenaban.”

–¿Qué piensa del papel de Cuitláhuac Salinas?

–Si en verdad no hubiera estado de acuerdo en lo que se estaba haciendo, lo hubiera dicho antes, no cuando ya se estaba hundiendo el barco.

–¿Qué hizo la DEA cuando la PGR los comenzó a perseguir?

–No lo sabemos. Se hicieron omisos. Yo en algún momento pensé irme a parar ahí en la embajada. ¿Cómo le pudieron creer a unos criminales si nosotros estábamos trabajando, cumpliendo? De todo lo que dijeron de nosotros no hay ningún elemento de prueba, sólo los dichos de los exgafes y de los otros testigos, Jennifer, Mateo y hasta zetas. ¡Hágame el favor!

Afirma que son falsas las acusaciones que le hacen de recibir miles de pesos del narcotráfico, como en otros casos judiciales que ya han sido resueltos. Asegura que las fechas en que se le imputa haber recibido los sobornos él ni siquiera estaba en México y su abogado trabaja en un amparo para poder presentarse ante la justicia y aclarar su situación.

–¿Qué es vivir huyendo tantos años?

–Desde agosto de 2008 he vivido como he podido. Tengo que estar cuidándome de todo el mundo por lo de la recompensa. Casi no salgo a la calle, vivo encerrado, vivo con amigos. Mi mamá murió, mi hermano vive fuera de México y sólo tengo a mi papá.

“Todo esto es triste, desesperante, agobiante; quisiera estar en otro país con leyes más justas; no me escondería y en el primer momento hubiera dado la cara. Pero me tocó ser objeto de la persecución de una administración mala, corrupta y destructiva. Fui víctima, con otros, de una cacería, como Noé, como Zavala, como Colorado, como Aguilar Flores; entregamos nuestras vidas, nuestras fuerzas y nuestras ganas a nuestro trabajo y nos pagaron con una patada en el trasero.

–Ahora que los casos de la llamada Operación Limpieza se van aclarando, ¿ve alguna solución a su caso?

–Mi anhelo es volver a trabajar, no quiero que las cosas se queden así. ¿Cómo cree que me siento de que la PGR pida una recompensa por mí de 10 millones de pesos? Es desesperante. No soy culpable, nunca he tenido vínculos con el narcotráfico.

Aguilar Flores, a quien acusaron prácticamente de lo mismo que a Jiménez, fue absuelto en diciembre de 2012 de los cargos que le imputó la PGR. Ramírez Mandujano fue puesto en libertad en abril pasado. Se cree que pasará lo mismo con Zavala, Mejía Robles y Colorado.

Por orden judicial Zavala iba a ser liberado en 2010 por “desvanecimiento de pruebas”, pero la PGR acababa de detener a Sergio Barragán Villarreal, quien con el nombre de testigo colaborador Mateo declaró en su contra y lo volvieron a encarcelar.

“Aguilar Flores ahora no encuentra trabajo, no tiene de qué vivir y a nadie le importa. Te destrozan la vida y luego… ¿sólo un usted disculpe?”

Señala que lo único que pide es la posibilidad de defenderse ahora que el procurador Jesús Murillo Karam ha prometido justicia.

“Yo sé que esto se gana en los juzgados y con amparos. Quiero poder defenderme pero no quiero terminar injustamente en la cárcel como los demás”, señala.

“Esta nueva administración en la PGR encabezada por Murillo Karam es ajena a todos estos acontecimientos y, más aún, tengo la firme convicción de que será reconsiderado el mantener un anuncio millonario por mi captura, como si de verdad yo fuera un criminal.”

 –¿Por qué cree que se llevó a cabo esta persecución y se fabricaron pruebas contra ustedes?

 –Estábamos trabajando bien, haciendo investigaciones. La falsa Operación Limpieza destruyó a la SIEDO que fue, con sus deficiencias y limitaciones, realmente una oficina que durante años intentó luchar contra el narcotráfico. Ahora ¿qué queda? A lo mejor eso era lo que se buscaba.

 El pasado 18 de abril Murillo Karam anunció que la PGR iniciaría una investigación sobre la fabricación de testimonios y uso indebido de testigos colaboradores que llevaron a la cárcel a funcionarios inocentes, como Ramírez Mandujano o el general Tomás Ángeles Dauahare.