El noreste: Secuestros al alza

El noreste: Secuestros al alza/JUAN ALBERTO CEDILLO

Proceso # 1915, 14 de julio de 2013

Reacios a difundir la información real sobre secuestros, levantones o privaciones ilegales de la libertad, los gobiernos de los estados de la zona noreste del país apenas pueden ocultar que el número de ese tipo de delitos se incrementó en los años recientes. Un estudio de la UANL divulgado a principios de mes revela que en la zona metropolitana de Monterrey los casos se dispararon de manera desproporcionada de 2009 a la fecha. Aquel año sólo hubo seis, para 2011 se reportaban 43 por mes. Por lo que concierne a Tamaulipas, en diciembre último se registraron 3.55 casos por cada 100 mil habitantes. Y por más que las autoridades se resistan a admitirlo, en Coahuila la situación es aún peor.

SALTILLO, COAH.– Mientras que en Nuevo León se reconoce que cada mes son privadas de su libertad más de 80 personas y en Tamaulipas se estima que el número podría ser todavía más alto, las autoridades del estado de Coahuila suelen ocultar las cifras. No obstante, un estudio elaborado a partir de estadísticas oficiales revela que este delito ha experimentado un mayor crecimiento en territorio coahuilense.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2013 el número de secuestros se incrementó 20% en el país con respecto al mismo periodo del año pasado. De hecho es el delito que más se ha incrementado en el ámbito nacional.

El Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad maneja sus propias cifras, según las cuales durante el primer cuatrimestre los secuestros se dispararon 16.9% en toda la República; y para el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), en el trienio 2010-2012 el aumento fue de 27%, al pasar de ocho a 10 plagios por cada 100 mil habitantes.

En el noreste, Tamaulipas es la entidad con mayor incidencia, pues de acuerdo con la Procuraduría General de la República en diciembre último se habían registrado 3.55 casos por cada 100 mil habitantes. Además, ocupa el primer lugar en denuncias formales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los secuestros de indocumentados centroamericanos.

En el caso de Coahuila, la procuraduría estatal incluye en sus estadísticas únicamente los secuestros registrados entre junio de 2012 y marzo último; es decir, 17 casos. Omite las privaciones ilegales de la libertad –levantones, según el argot del narco– que se registran de manera cotidiana en territorio de la entidad.

Durante las últimas semanas, las autoridades estatales, así como las del vecino Nuevo León, hablaron de una “reducción mínima” en las estadísticas de homicidios y ejecuciones, pero insisten en esconder el número de privaciones ilegales, las cuales se han disparado en los últimos meses.

La escalada de secuestros en la zona impacta asimismo a los bancos de Texas. De acuerdo con el directivo de una institución de Laredo, quien pide ocultar su identidad, en los últimos tres años han llegado en promedio de tres a cinco clientes por mes a sacar sus ahorros para pagar el rescate de sus familiares secuestrados. “Están desesperados”, dice a Proceso.

En Nuevo León las autoridades se niegan a proporcionar las estadísticas oficiales sobre ese delito a los reporteros y académicos. De ahí el valor del estudio Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León, elaborado por 18 investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Dipev S.C., y el Centro de Integración Ciudadana Fernández Fromow.

El reporte, coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez y divulgado la semana antepasada, indica que los delitos relacionados con las privaciones ilegales de la libertad crecieron de manera desproporcionada de 2009 a la fecha.

En 2011, señala, el promedio mensual de delitos contra la libertad en esa entidad ascendió a 43. La cifra contrasta con la de 2009, según la cual en la zona metropolitana de Monterrey sólo había entre cinco y seis secuestros por año.

Para los analistas de la UANL, es probable que el número real de secuestros y privaciones ilegales mensuales sea por lo menos del doble, si se considera que la mayoría de las veces los afectados no presentan denuncia.

Para 2010, el promedio de secuestros era de seis por mes. Pero a partir de marzo de ese año, cuando comenzó la narcoguerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, los levantones se elevaron. En 2011 se cometieron 510 “delitos contra la libertad”, de acuerdo con las cifras oficiales de la Procuraduría General del Estado (PGJE).

Las cifras

Para contabilizar las privaciones ilegales, los investigadores tomaron en cuenta las cinco categorías utilizadas por la procuraduría estatal: plagio, privación ilegal de la libertad, rapto, secuestro y trata de personas. Así, concluyeron que en 2011 hubo 510 casos.

En 2012 fueron 425 los casos denunciados. De ese total, 57% de las privaciones ilegales estuvieron relacionadas con la delincuencia organizada, 42% fueron “secuestros puros” y 1% “secuestros exprés”.

El 78% de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22% mujeres; además, anotan los autores del reporte, 27% de esas mujeres fueron violadas. En lo concerniente a los secuestros, el promedio del pago por cada rescate fue de 250 mil pesos.

Estiman que al menos 6% de los plagiados fueron asesinados. Según ellos, el perfil del secuestrador se modificó en los años recientes, ya que el promedio de edad de quienes los perpetran es de entre 18 y 30 años. En los últimos dos años, precisan, en la zona metropolitana de Monterrey los plagios han afectado a 172 colonias.

En ese mismo periodo han sido capturados integrantes de cerca de 300 bandas relacionadas con delincuencia organizada; 50% de esos grupos se dedicaban al secuestro.

El terapeuta Guillermo Rocha González, quien participó en la investigación de la UANL, sostiene que 56% de las víctimas entrevistadas por él no presentaron denuncia; además, 44% rechazó hacerlo porque, dijeron, pretenden olvidar lo vivido: “Buscan terminar con la mala experiencia” y evitar amenazas o que el hecho se repita.

En sus conclusiones, Rocha subraya: “La amenaza de ser víctima de secuestros se presenta indistintamente en la población de Nuevo León; la clase social, el género, la edad o la ocupación no son un factor para ser víctima de ese delito”.

Y agrega: El secuestro produce daños psicológicos en las víctimas y en sus familiares, genera un estado de crisis emocional, lo que repercute en la situación económica, laboral, académica y social.

De acuerdo con el estudio Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León, los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias debido a que en muchos casos las mujeres son violadas, y en otros los hombres son mutilados. En suma, los secuestros dejan en la ruina a los afectados por el pago de los rescates.

La coordinadora Patricia Cerda propone incluir un apartado especial y fondos en la Ley General de Víctimas como apoyo a las familias que han sufrido un secuestro. Ese fondo, insiste, les permitiría disminuir su carga moral y económica.

Y concluye: Sería una acción elemental de justicia del Estado mexicano, sobre todo porque no ha podido terminar con las privaciones ilegales de la libertad.