Presunto culpable”: efecto congeladora

 Presunto culpable”: efecto congeladora/DENISE DRESSER

Proceso # 1915, 14 de julio de 2013

Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes, decía Martin Luther King. Y en México –en el ámbito judicial– estamos presenciando una injusticia monumental. Una injusticia sorprendente. Una injusticia que no debería ocurrir en estos días y en estos tiempos supuestamente democráticos. El linchamiento de Roberto Hernández y Layda Negrete, los abogados detrás de ese retrato doloroso pero fidedigno de nuestro sistema judicial que fue el documental Presunto culpable. El maltrato judicial que han recibido de los tribunales en el contexto de las demandas civiles que enfrentan por “daño moral” interpuestas por el policía judicial, el testigo y la familia del muerto. La mala fe demostrada por los jueces involucrados en el caso, que se sintieron exhibidos en el documental y ahora buscan la revancha.

Retratando nuevamente a un Poder Judicial que en lugar de aceptar sus errores, los niega. Un Poder Judicial que en vez de componer lo que está descompuesto, alega que no es así. Un Poder Judicial que en lugar de reconocer las fallas de su conducta, continúa cometiéndolas. Con jueces que –una y otra vez– demuestran parcialidad en contra de los acusados y los critican por haber producido el documental. Jueces que no permiten la introducción de cámaras en las audiencias por temor a la supervisión y a la rendición de cuentas que ello entrañaría. Jueces que le dicen a Roberto Hernández y a Layda Negrete que “fueron demasiado lejos”. Impartidores de injusticia reproduciendo las prácticas y las formas de pensar que precisamente Presunto culpable trató de erradicar.

 En el contexto legal hay un término para lo que está ocurriendo en los tribunales mexicanos vis a vis las demandas al documental y a sus productores. Se llama el chilling effect, el “efecto congeladora”, y significa la inhibición del ejercicio legítimo de derechos naturales y legales a través de la amenaza de una sanción legal. Y el derecho que con más frecuencia se ve acorralado por esa amenaza es el derecho a la libre expresión. Libre expresión que Presunto culpable ejerció al exponer la mendacidad de los jueces, la falibilidad de los testigos, la falta de profesionalismo de los policías, la podredumbre del sistema judicial. Y ahora se intenta sancionar no sólo a Roberto Hernández y a Layda Negrete, sino a cualquiera que intente seguir sus pasos. Investigar. Comprobar. Evidenciar. Usar el cine como un catalizador para el cambio social. Ahora se busca, con demandas que exceden 3 mil millones de pesos, el efecto opuesto. Asegurar el silencio y la complicidad. Promover el ocultamiento y la opacidad. Permitir que el sistema judicial siga operando como siempre lo ha hecho: fabricando culpables, encarcelando inocentes, abusando de su autoridad y rehusándose a rendir cuentas ante la sociedad, de la cual rutinariamente abusa.

 Basta con examinar lo que está ocurriendo en los juicios relacionados con Presunto culpable. Como ha argumentado Roberto Hernández, la juez 17 Civil ha hecho comentarios que prejuzgan el conflicto que se litiga frente a ella. Pero no queda registro de esa falta de imparcialidad porque se ha prohibido el uso de cámaras en las audiencias, cosa que debería ser un derecho reclamable y reclamado por cualquier mexicano juzgado. Miembros del tribunal han dicho que el caso de Toño Zúñiga –narrado por Presunto culpable– es un evento “aislado”, como si no ocurriera cotidianamente en las cárceles del Distrito Federal; como si no hubiera miles de personas inocentes injustamente encarceladas; como si en las penitenciarías no hubiera más de 40 mil reos que nunca vieron al juez que los encarceló. Como si en el ranking del World Justice Project –presentado en La Haya en estos días– la justicia penal en México no estuviera en el lugar 90 de 97, un sitio peor que el de muchos sistemas africanos. Como si esa no fuera la realidad de un país donde quienes dicen la verdad son perseguidos en lugar de ser escuchados.

 Hace unos días Roberto Hernández y Layda Negrete pidieron permiso para grabar las audiencias en las que participan, para tener un registro fidedigno de lo que está ocurriendo allí. El permiso les fue negado. Hace unos días diversos medios de comunicación pidieron permiso para entrar a las audiencias, con tan sólo una libreta. El permiso les fue negado. Y de allí las preguntas insoslayables: ¿Qué es lo que los jueces están intentando ocultar? ¿Qué es lo que el tribunal está tratando de tapar? ¿Por qué tenemos que aceptar un sistema judicial que trabaja en secreto, lejos del escrutinio de los ciudadanos? ¿Por qué tenemos que permitir un tribunal que apunta en los expedientes sólo lo que le conviene y no lo que realmente ocurre en las audiencias? ¿Por qué tenemos que confiar en un tribunal que se pronuncia sobre la culpabilidad de los acusados antes del juicio y de la sentencia?

 Para evitar esos abusos hacen falta audiencias que cuenten con un registro fidedigno. Hacen falta autorizaciones que permitan a las partes grabar sus propias declaraciones. Hacen falta cambios que permitan que las audiencias sean públicas. Hacen falta reglas que prohíban a jueces tomar casos sobre los cuales han hecho declaraciones negativas, demostrando con ello un conflicto de interés. Hacen falta reformas para que el interrogatorio en material civil sea directo. Eso y mucho más. Como el documental Presunto culpable exhibió, y como sus secuelas subrayan, estamos lejos de tener una justicia confiable. Una justicia vigilada. Una justicia imparcial. Una justicia transparente. Una justicia que en lugar de acorralar y asfixiar a sus ciudadanos, promueva y proteja sus derechos. La injusticia que padecemos hoy no resguarda esos derechos. Más bien los mete en la congeladora.