Galería de inculpados y exculpados/María Luisa Vivas

Galería de inculpados y exculpados/María Luisa Vivas

Revista Proceso # 1914, 7 de julio de 2013

En los últimos tres sexenios al menos 11 generales mexicanos han sido vinculados con el crimen organizado.

En 1996 el presidente Ernesto Zedillo designó al general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces jefe de la V Región Militar con sede en Jalisco, director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.

El 6 de febrero de 1997 se difundieron grabaciones en las que supuestamente Gutiérrez y Amado Carrillo Fuentes –líder del Cártel de Juárez– hablaban de los pagos que el capo le hacía al general a cambio de no estorbar sus actividades. También aparecieron fotografías donde se veían juntos y presuntas pruebas de que el departamento del militar había sido propiedad del narcotraficante.

A Gutiérrez Rebollo le fueron dictadas dos sentencias: a 40 años de prisión por delitos contra la salud en la modalidad de fomento a la transportación de cocaína, violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y cohecho, y a 31 años 10 meses y 15 días de prisión por acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y transportación de las mismas.

En febrero de 1997 fue encarcelado en la prisión federal de alta seguridad en Almoloya de Juárez (hoy del Altiplano) y luego trasladado al penal federal de Tepic. Ahí su salud mermó, por lo que en abril de 2011 fue remitido al Hospital Central Militar en el Distrito Federal, donde permanece aunque un tribunal unitario falló en su favor para que cumpliera el resto de la condena en su domicilio.

El Juzgado Segundo de Distrito, en Tepic, todavía tiene pendiente un proceso penal en su contra por acopio y transportación de armas de uso exclusivo del Ejército y por ejercicio indebido del servicio público.

 Discípulo de Gutiérrez Rebollo e integrante de la Brigada Blanca que asoló Guerrero en los setenta y ochenta en su lucha contra la guerrilla, el brigadier Alfredo Navarro Lara fue vinculado con la organización de los Arellano Félix y detenido el 17 de marzo de 1997, acusado de cohecho, asociación delictuosa y delitos contra la salud.

 En la causa auxiliar 18/97 se refiere que Navarro Lara fue denunciado por el delegado de la PGR en Baja California, José Luis Chávez García, después de que a nombre de los Arellano Félix le ofreció un millón de dólares mensuales por permitir el tráfico de droga en la entidad.

 El general permaneció en Almoloya hasta el 12 de octubre de 2004, cuando lo trasladaron al Penal Federal de Puente Grande, Jalisco.

 El general Jorge Maldonado Vega fue detenido en enero de 1998, acusado de proteger las operaciones del Cártel de Juárez, y sentenciado a 26 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

 El brigadier retirado ingresó el 24 de mayo siguiente al penal de La Palma (hoy del Altiplano), pero en septiembre de 2002 fue absuelto por falta de pruebas. Según las crónicas periodísticas, Maldonado Vega y Carrillo Fuentes departieron el 23 de abril de 1989 en el restaurante San Ángel Inn, durante el cumpleaños del militar.

 En el libro El narco en México, historia e historias de una guerra, Ricardo Ravelo relata que en 1989 el general intercedió en la Secretaría de la Defensa Nacional por Amado Carrillo, capturado por militares y preso en una ranchería de Huixiopa, Sinaloa. No tuvo éxito.

La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), dirigida por el general Rafael Macedo de la Concha, dio a conocer en septiembre de 2000 la detención de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro.

Con una larga trayectoria en contrainsurgencia e inteligencia militar, ambos oficiales fueron relacionados en la indagatoria SC/003/99/E de la PGJM como presuntos responsables de brindar protección al Cártel de Juárez.

El 1 de noviembre de 2002 un consejo de guerra declaró culpable a Quirós Hermosillo, quien fue degradado y condenado a 16 años de prisión. En 2005 un juez lo absolvió del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero permaneció preso por fomento al tráfico de drogas y falleció el 19 de noviembre de 2006 en el Hospital Central Militar.

 La participación de Mario Arturo Acosta Chaparro en el combate contra la guerrilla en Guerrero durante los setenta le valió su ascenso a mayor de infantería. A finales de los ochenta llegó a general brigadier.

 En octubre de 2000, cuando ya estaba por retirarse, Acosta Chaparro fue acusado con el general Quirós Hermosillo de proteger al Cártel de Juárez, con base en las declaraciones del testigo protegido Gustavo Tarín.

 Le fue retirado el grado de general y el 1 de noviembre de 2002 recibió la sentencia de 16 años y medio de prisión. En 2005 un tribunal federal ordenó que se repusiera el juicio por supuestas fallas en el procedimiento y la poca credibilidad de los testigos. En 2006 un juez desestimó los cargos contenidos en 123 denuncias interpuestas contra él y Quirós Hermosillo por la detención ilegal, tortura y desaparición de más de 20 campesinos guerrerenses. El 29 de junio de 2007, ya en el sexenio de Calderón, un juez anuló la sentencia del consejo de guerra.

Acosta Chaparro colaboró en el gobierno de Calderón como consultor de seguridad. Fue objeto de un atentado el 18 de mayo de 2010, cuando empezaba a indagar el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, y se reincorporó a ese trabajo a finales de ese año. El 20 de abril de 2012, cuando esa administración preparaba su salida con un gran golpe contra la narcomilicia, Acosta fue asesinado en el Distrito Federal.

Después de 40 años en el Ejército, el general Ricardo Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos contra la salud, acusado de proteger al Cártel del Golfo con base en un testimonio anónimo que no se comprobó durante el Consejo de Guerra.

En 2001 fue recluido en la prisión del Campo Militar Número Uno; en 2009 lo trasladaron a un penal de Tepic, y en enero pasado al penal federal de las Islas Marías.

 El 30 de enero de 2012 fue detenido el general brigadier Juan Manuel Barragán porque unos militares presos declararon a la PGJM que éste se confabuló con el general Alfredo Navarro Lara para cometer actos delictivos.

 Pero el 6 de noviembre siguiente el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo del Distrito Federal le concedió protección por “vicios” de forma en la resolución del 24 de abril, en la que se le decretó auto de formal prisión. Así quedó cancelado el proceso relativo a la causa penal 164/2012, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

 Ahora enfrenta otro proceso por abuso de autoridad y traición a las Fuerzas Armadas, que por ser graves no alcanzan libertad bajo fianza.

El divisionario Tomás Ángeles Dauahare fue acusado en mayo de 2012, con los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra.

Requerida judicialmente por la defensa del general, la PGR admitió que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” Jennifer (el abogado Roberto López Nájera) y Mateo (el narco Sergio Villarreal Barragán, El Grande), en las que se basó la acusación, no fueron corroboradas.

Se debilitó también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), en el sentido de que generales y mayores colaboraban con los Beltrán Leyva.

La entonces procuradora Marisela Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima que acusó a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002. El pasado 17 de abril se ordenó su inmediata liberación.

La detención el general Ricardo Escorcia, en mayo de 2012, obedeció a que fue acusado de que en 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar, con sede en Morelos, gente de los Beltrán Leyva se llevó un cargamento de cocaína de un avión, pese a que el general fue alertado. La PGR no pudo sustentar los cargos. El jueves 4 presentó sus “conclusiones no acusatorias” sobre los cinco militares detenidos al final del sexenio calderonista y Escorcia recobró su libertad.

Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales entre 2008 y 2009; Roberto Dawe fue comandante de la guarnición militar de San Luis Río Colorado, Sonora, y desde enero de 2011, jefe de la 20 Zona Militar, en Colima.

Acusado de pasar a los Beltrán Leyva información sobre los movimientos del presidente Calderón, el general Dawe fue detenido en 2012 con Ángeles Dauahare, Escorcia y Rubén Pérez, pero fue absuelto el jueves 4 junto con los dos últimos.

El general Rubén Pérez Ramírez fue jefe de la zona militar en Toluca hasta su detención en 2012, e incriminó a Dawe y Escorcia. Sin embargo, en su declaración ampliada señaló que el anterior titular de la Defensa, Guillermo Galván, se valió de miembros del Estado Mayor Presidencial, de la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud de la SIEDO para armar un caso contra Ángeles Dauahare, y que él fue intimidado para “cooperar”.

Aunque se le prometió que saldría bien librado, Pérez Ramírez finalmente fue encarcelado bajo los mismos cargos. También se benefició del desistimiento de la PGR el viernes 5.