Protección
de dientes para afuera/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista
Proceso
# 1914, 7 de julio de 2013
El
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, que depende de Gobernación, no funciona. Nació con fórceps a
finales de la administración calderonista, sus recursos financieros caen a
cuentagotas y quienes deben participar en las reuniones de su Junta de Gobierno
no lo hacen, prefieren delegar. Para colmo, el actual gobierno le quiere
entregar su control a policías que en el sexenio anterior fueron gente de
confianza de Genaro García Luna.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto pretende entregar a antiguos hombres de
confianza de Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública, el
control del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
Intentó
primero con quien fue coordinador de la División de Fuerzas Federales de la
Policía Federal el sexenio pasado, Rafael Avilés Avilés. Ahora, con el exjefe
de la División de Inteligencia de esa corporación, Benito Roa Lara.
Entre
mayo y junio pasados Avilés estuvo a cargo de la Unidad de Evaluación de
Riesgos del Mecanismo, instancia que decide si es necesaria la protección de un
periodista o defensor y de qué tipo. Los dictámenes del jefe policial,
caracterizados por desestimar los riesgos o amenazas, guiaron en ese periodo
las acciones de protección propuestas por la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y donde la Policía
Federal (PF) tiene una representación permanente.
Sin
que se llegara a definir si estaría comisionado por la PF, Avilés dejó el
Mecanismo… pero no se quiere ir del todo.
Propuso
como sustituto a Roa Lara, quien fue coordinador general de Inteligencia y
Prevención del Delito de la PF y durante el último año del sexenio de Felipe
Calderón fue designado por García Luna coordinador de la División de
Inteligencia de esa corporación. La llegada de Roa Lara aún no se concreta.
Aunque
pocas veces se presentó en la oficina del Mecanismo, Avilés se hizo cargo de
asuntos como las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y del
equipo de Artículo 19, capítulo México, la organización no gubernamental
internacional dedicada a defender la libertad de expresión.
También
participó en reuniones de la Junta de Gobierno del Mecanismo, a donde concurren
todas las dependencias gubernamentales obligadas, por ley, a proteger la
integridad de esas personas.
Con
la Segob al mando de la PF, su nombramiento fue avalado por la subsecretaria de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, la expanista Lía Limón, de
quien depende la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo.
La
Segob tomó la decisión de promover a Avilés pese a las recomendaciones de
organismos y organizaciones internacionales que participan como observadores
del Mecanismo, las cuales se oponen a que los análisis de evaluación de riesgo
de los periodistas y defensores queden sólo en manos de policías.
En
las casi cuatro décadas de carrera policial de Avilés destaca su paso por la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde formó parte del Agrupamiento
Fuerza de Tarea, conocido como Grupo Zorros.
Fue
uno de los hombres de confianza de García Luna, quien lo hizo director general
de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, y luego,
comisario de la División de Fuerzas Federales, donde se concentra el mayor
número de efectivos de la PF. Antes, ambos habían estado en la ya desaparecida
Agencia Federal de Investigación.
Avilés
fue el responsable de los operativos conjuntos contra el narcotráfico ordenados
por el entonces presidente Felipe Calderón, así como de los realizados por
iniciativa de la corporación federal, como el que en Michoacán dejó numerosas
bajas federales y de la organización delictiva La Familia Michoacana.
Fue
señalado por familiares de policías federales desaparecidos en Michoacán como
uno de los jefes de la corporación que no les pudo dar respuesta de lo ocurrido
con los agentes, al parecer secuestrados por la delincuencia organizada en
noviembre de 2009 en Zitácuaro (Proceso 1755).
Como
responsable también del operativo de la PF en Ciudad Juárez, enfrentó en agosto
de 2010 la rebelión de unos 300 agentes que se inconformaron con sus mandos, a
quienes acusaron de maltrato y de sembrar droga a los ciudadanos para
extorsionarlos. Esos mandos fueron destituidos, pero Avilés aseguró que la
corporación también investigó al “grupo de personas instigadoras”.
Fue
además, junto con el entonces comisionado de la PF, Facundo Rosas, encargado
del operativo policial para la toma y vigilancia de las instalaciones de la Compañía
de Luz y Fuerza cuando Calderón ordenó su desaparición, el 10 de octubre de
2009. Las crónicas periodísticas destacaron que, desde un helicóptero, Avilés
dirigió el operativo en el que las fuerzas federales se apoderaron del Centro
de Operación y Control de la empresa, donde se localiza el sistema central de
distribución de la energía eléctrica para el Valle de México.
La
Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
señala que la Unidad de Evaluación de Riesgos es un órgano auxiliar –“de
carácter técnico y científico”– de la Coordinación Ejecutiva Nacional del
Mecanismo, encargado de evaluar los riesgos, definir las medidas preventivas o
de protección, así como su temporalidad. Además debe dar seguimiento a la
puesta en práctica de esas medidas para definir si continúan.
Según
la ley, la unidad tendrá al menos cinco expertos en materia de evaluación de
riesgo y protección; de ellos, uno deberá serlo en la defensa de los derechos
humanos y otro, en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Críticas
internacionales
A
un año de la entrada en vigor de la ley y a siete meses del gobierno de Peña
Nieto, la Unidad de Evaluación de Riesgos ni siquiera ha podido integrarse.
Sólo se había definido la llegada de Avilés, aunque ahora en la mesa de Lía
Limón está el nombre de Roa Lara.
Sin
que se conociera la preponderancia policial en el Mecanismo, el pasado 25 de
junio, al cumplirse un año de la promulgación de la ley, más de 100 ONG
nacionales e internacionales enviaron cartas al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, ante las deficiencias del Mecanismo: recursos
detenidos, falta de personal y ausencia de respaldo político.
En
su carta, las organizaciones mexicanas señalaron que el Mecanismo carece de
personal necesario, pero sobre todo del respaldo político e institucional para
operar a escalas federal, estatal y municipal. La organización estadunidense
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se refirió también a los
obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo y las dificultades de
coordinación entre las instituciones involucradas en la protección de
periodistas y defensores.
Amnistía
Internacional, que también se dirigió a Osorio Chong, incluso se refirió a
“incumplimiento por parte de otras instituciones, como la Policía Federal, de
algunas medidas acordadas”.
El
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
fue creado a finales del sexenio calderonista ante las presiones
internacionales al Estado mexicano por los crecientes ataques a esos colectivos
en el contexto de la guerra que el expresidente le declaró al narcotráfico.
Pero
no fue sino hasta el 30 de noviembre de 2012, a unas horas de abandonar el
poder, cuando Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso el 30 de abril de ese año. El
25 de junio Calderón había publicado la ley diseñada con el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil.
En
la elaboración de la ley participaron la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones Amnistía
Internacional y Peace Brigades International. Una de sus recomendaciones fue
que para una mejor aplicación del Análisis de Riesgo se considere una gama
amplia de medidas de protección no enfocadas meramente en la policiaca y
asegurando que correspondan al nivel y naturaleza del riesgo.
El
Mecanismo no termina de integrarse y, como coincidieron las organizaciones no
gubernamentales mexicanas y extranjeras, no se han liberado los fondos de
operación empaquetados en un fideicomiso y los recelos prevalecen entre las
instituciones federales que lo integran.
En
los más de 70 casos que hasta ahora lleva el Mecanismo la constante ha sido la
burocracia. La mayoría de los casos implican a personas defensoras de derechos
humanos, pero hay una tendencia creciente de casos de periodistas. La relación
es de seis a cuatro.
Desinterés
El
Mecanismo está estructurado con una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y
una Coordinación Ejecutiva Nacional. La Junta de Gobierno es su órgano máximo.
La
ley dice que sus integrantes deben ser subsecretarios o su equivalente de la
Segob, del comisionado nacional de Seguridad –dependiente de Gobernación–, de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la
República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro
representantes del Consejo Consultivo. Está presidida por la Segob, pero la
subsecretaria Limón prácticamente ha estado ausente de las reuniones, pese a
ser la principal responsable de la operación del Mecanismo.
No
es el único caso. En las reuniones de la Junta de Gobierno han variado los
enviados de las dependencias. La SRE, por ejemplo, tiene como representante al
embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos. Pero a las reuniones se han presentado el ministro Juan
José González, director general adjunto de Política Internacional sobre
Derechos Humanos; Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos; o bien
Consuelo Olvera, directora de Política Internacional de Derechos Civiles,
Políticos y Democracia.
Por
parte de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón y
Kalb, ha participado el comisario Javier Santos Plata, director general de
Seguridad Física, en representación del comisionado general de la PF, Francisco
Galindo Ceballos.
Algo
similar ha ocurrido con la CNDH. Quien está llamado a participar es el quinto
visitador general, Fernando Batista, pero en su lugar ha asistido el director
general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano.
Por
la PGR, el representante es el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención
del Delito y Servicios a la Comunidad, Ricardo García Cervantes, pero a la
Junta de Gobierno se presenta la titular de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla
Moreno. En ocasiones en su lugar ha ido el fiscal Alberto Peralta Flores,
director general adjunto de la fiscalía.
La
Junta de Gobierno se instaló formalmente el 12 de noviembre de 2012 en el
Castillo de Chapultepec. Ahí, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré, anunció un presupuesto inicial de 40 millones de pesos. Pero ahora tiene
uno que rebasa los 200 millones. Los recursos, sin embargo, no han sido
liberados por el fideicomiso encargado de su administración. Como consecuencia,
no están ocupadas las 18 plazas programadas ni tampoco se pueden operar todas
las medidas de protección.
En
las reuniones de la Junta de Gobierno están también representantes de
organizaciones civiles que forman parte del Consejo Consultivo del Mecanismo, y
con derecho a voz asisten las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la
Cámara de Diputados, el Poder Judicial de la Federación, la Conferencia
Nacional de Gobernadores y la oficina en México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero
en las reuniones ha quedado de manifiesto que la Ley de Protección es omisa en
las responsabilidades de los gobiernos de los estados cuando servidores
públicos son los responsables de amenazas o ataques a los periodistas y
defensores. Un representante de un gobierno estatal puede darse por no enterado
de las denuncias o llegar sin ninguna respuesta efectiva sin que sea
sancionado. La ley tampoco involucra a las comisiones estatales de derechos
humanos. Los gobiernos de los estados están a salvo porque la ley sólo propone
convenios de colaboración no vinculantes con el Mecanismo.
Éste
tiene además un Consejo Consultivo compuesto por nueve representantes
honorarios de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
Su designación se hizo el 19 de octubre del año pasado.
Como
defensores de derechos humanos están Agnieszka Raczynska, Édgar Cortez, Michael
W. Chamberlin Ruiz y Juan José Perdomo. Como representantes de los periodistas
están Rogelio Hernández, Jade Ramírez Cuevas, Jorge Israel Hernández y José
Luis Buendía. Como académico está Pablo Romo Cedano.
La
operación del Mecanismo, que tiene que ver con la coordinación de las
dependencias federales y gobiernos de los estados, está cargo de la Segob a
través de la Coordinación Ejecutiva Nacional encabezada por Juan Carlos
Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación y depende de Lía Limón. Gutiérrez fue director de
la no gubernamental Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos.
De
la Coordinación Ejecutiva Nacional depende la Unidad de Evaluación de Riesgos,
que el gobierno de Peña Nieto pretende heredar a los policías cercanos a García
Luna.
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