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Sesión Consejo Nacional de Seguridad Pública
11:30 hrs del martes 27 de agosto de 2013. -
Residencia Oficial de Los Pinos 
Señor Presidente, señor Secretario, señores
gobernadores, señores representantes de los organismos municipales y de la
sociedad civil.
Generalmente, entendemos la palabra
"federar" como la división del país en entidades. La palabra
"federar" significa "unir". En consecuencia, el trabajo que
hoy hacemos aquí, es un trabajo de unidad y de coordinación entre las partes
que integran la federación, en el más correcto sentido de la palabra.
En el sentido que constantemente el Presidente se
refiere, a que no competimos entre las entidades, a que no rivalizamos, sino
que buscamos la mejor manera de cumplir con una función que tenemos
encomendadas en servirle a la sociedad, poniéndonos de acuerdo y organizando y
coordinando nuestra afinidades, y de eso se trata el Código de Procedimientos
Único.
Se trata de encontrar un solo procedimiento nacional que nos permita evitar una cantidad de problemas que genera la diversidad de procedimientos dentro de un propio país.
Lo primero que vamos tener con clara eficiencia -si es que el proyecto de Código de Procedimientos se aprueba con la información que puedo o tengo y puedo ofrecerles-, queda claro que hay ya en la Comisión de Justicia del Senado de la República, un proyecto que surge de varias iniciativas que se encontraban ahí, que ha sido consultado y al que nos han invitado a participar tanto a las autoridades como a las organizaciones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, como con las entidades de la academia y a todas los que tenemos algo que ver con derecho penal, y que hemos aportado y que se ha discutido, que se nos han acercado, y en el que hay un consenso que, podríamos decirlo, bastante amplio según sé, incluso entre los legisladores para poder sacar adelante este proyecto.
De darse, insisto, nos daría las ventajas que he empezado a señalar, y la primera es la homogeneidad en cuanto al procedimiento manteniendo, y esto es importante aclararlo, la facultad en cada una de las entidades federativas para que éstas señalen los tipos penales en sus propios códigos sean las conductas prohibidas o sancionadas que deban darse en función de las características de cada entidad.
En este código de procedimientos vamos a tener además, como ventajas muy claras, el entendimiento de la protección de los derechos humanos que contempla la Constitución, quedarán perfectamente claros y definidos.
Vamos a evitar que haya triquiñuelas jurídicas, lo que entre los abogados llamamos "chicanas", para utilizar las diferencia de procedimientos como recursos para mantener procedimientos eternos y en casos extremos, incluso hasta como pretexto para soltar a delincuentes cuya culpabilidad es clara, montados en un problema de procedimiento, es decir, vamos a facilitar el procedimiento de manera tal que evitemos trampas y triquiñuelas.
Vamos a lograr en esta Federación, en esta unidad de procedimiento, un planteamiento que también es crucial para el país.
La superación y la capacidad de quienes litigan y administran justicia, van a poder especializarse en un solo procedimiento y no en 32.
La facilidad de que hoy en el mundo, que no solo crece en cuanto a la integración de sus entidades sino incluso internacionalmente, tenga el conocimiento de un solo procedimiento, independientemente de todas estas ventajas garantizará derechos iguales a todos los nacionales, definirá funciones precisas y nos llevará a un procedimiento, que la Constitución también ya define, en el que se crearán condiciones nuevas para que la adversalidad del propio juicio oral sean también homogéneos en el país.
Para este propósito es también imprescindible y necesaria la restructuración de los órganos. Por lo que se refiere a la Procuraduría General de la República, por instrucciones del señor Presidente, desde hace meses estamos trabajando seria y profundamente de una restructuración, pensando ya en lo que es o lo que debe de hacer el nuevo procedimiento que ordena la Constitución con las características que señalo.
Es una restructuración que tendrá que hacerse por etapas para hacerla bien, para hacerla con el cuidado que merece, que acredita la situación difícil de la seguridad en el país.
Para ello, hay dos áreas fundamentales que serán las primeras que atacaremos: la investigación y la integración.
En cuanto a la investigación, ya autorizó el Presidente de la República el hecho de que fortalezcamos las áreas que tienen esta tarea de manera tal que podamos ligar la información con el análisis de la información, y la ciencia y la tecnología de los peritajes, es decir, crear una verdadera área de investigación y lo más importante, tenerla en todo el país.
Es decir, que estas tres unidas en una sola agencia de investigación esté presente, primero en las regiones y, con el paso del tiempo en cada uno de los estados, de manera tal que la integración y la coordinación entre los estados y la Federación se de ya no solo en la cooperación física, sino fundamentalmente, en lo que se refería el gobernador de Tabasco, poder tener el conocimiento pleno autoridades locales y las autoridades federales de lo que significarán los bancos de información, la capacidad pericial, la capacidad investigadora, la posibilidad de la certificación e incluso de la calificación de nuestros mecanismos y posibilidades.
En esto estamos trabajando, en unas -yo diría- semanas podríamos tener la primera parte de esto que es la creación de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de la República, que será puesta a disposición, insisto, primero en las cinco regiones y después en los 32 estados con el sustento científico, tecnológico y de capacidad de inteligencia que se va a requerir.
En la Conferencia de Procuradores donde asistieron los procuradores de todas las entidades, se planteó como una propuesta para este Consejo, la necesidad ya de integrar una Unidad, junto con la conferencia de Seguridad Pública, para poder crear ya los lazos que requieren y necesita el proceso penal al que vamos a entrar, en el que la policía tiene un papel muy claro, pero muy ligado al juicio. La policía tendrá que surtir de pruebas a ambas partes, a la fiscalía y a la defensoría, para estar en igualdad de condiciones, para que el juicio tenga realidad plena de que el juez escuche y sostiene todas las pruebas que ambas partes le han sido posible analizar, definir y utilizar de ser necesario.
Para esto habrá que tener una enorme integración, porque la Procuraduría seguirá en los términos constitucionales al frente de lo que significa la investigación contra el delito, pero en las mismas condiciones que tendrá el defensor o que deberá tener el quién es acusado.
Es en este camino, en este cambio de ruta hacia una mucho mejor administración del derecho penal, en donde la tarea de todos los estados y de la Federación tienen que conjugarse con mayor insistencia, en donde ha sido importante y crucial la participación de los miembros de la sociedad civil organizada, que han aportado de una manera importantísima sus opiniones y sus visiones al respecto, e indudablemente, la enorme tarea que se ha echado a cuestas el Congreso de la Unión y que ojalá muy pronto pueda culminar con la presencia ya del Código Único de Procedimientos Penales.
Se trata de encontrar un solo procedimiento nacional que nos permita evitar una cantidad de problemas que genera la diversidad de procedimientos dentro de un propio país.
Lo primero que vamos tener con clara eficiencia -si es que el proyecto de Código de Procedimientos se aprueba con la información que puedo o tengo y puedo ofrecerles-, queda claro que hay ya en la Comisión de Justicia del Senado de la República, un proyecto que surge de varias iniciativas que se encontraban ahí, que ha sido consultado y al que nos han invitado a participar tanto a las autoridades como a las organizaciones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, como con las entidades de la academia y a todas los que tenemos algo que ver con derecho penal, y que hemos aportado y que se ha discutido, que se nos han acercado, y en el que hay un consenso que, podríamos decirlo, bastante amplio según sé, incluso entre los legisladores para poder sacar adelante este proyecto.
De darse, insisto, nos daría las ventajas que he empezado a señalar, y la primera es la homogeneidad en cuanto al procedimiento manteniendo, y esto es importante aclararlo, la facultad en cada una de las entidades federativas para que éstas señalen los tipos penales en sus propios códigos sean las conductas prohibidas o sancionadas que deban darse en función de las características de cada entidad.
En este código de procedimientos vamos a tener además, como ventajas muy claras, el entendimiento de la protección de los derechos humanos que contempla la Constitución, quedarán perfectamente claros y definidos.
Vamos a evitar que haya triquiñuelas jurídicas, lo que entre los abogados llamamos "chicanas", para utilizar las diferencia de procedimientos como recursos para mantener procedimientos eternos y en casos extremos, incluso hasta como pretexto para soltar a delincuentes cuya culpabilidad es clara, montados en un problema de procedimiento, es decir, vamos a facilitar el procedimiento de manera tal que evitemos trampas y triquiñuelas.
Vamos a lograr en esta Federación, en esta unidad de procedimiento, un planteamiento que también es crucial para el país.
La superación y la capacidad de quienes litigan y administran justicia, van a poder especializarse en un solo procedimiento y no en 32.
La facilidad de que hoy en el mundo, que no solo crece en cuanto a la integración de sus entidades sino incluso internacionalmente, tenga el conocimiento de un solo procedimiento, independientemente de todas estas ventajas garantizará derechos iguales a todos los nacionales, definirá funciones precisas y nos llevará a un procedimiento, que la Constitución también ya define, en el que se crearán condiciones nuevas para que la adversalidad del propio juicio oral sean también homogéneos en el país.
Para este propósito es también imprescindible y necesaria la restructuración de los órganos. Por lo que se refiere a la Procuraduría General de la República, por instrucciones del señor Presidente, desde hace meses estamos trabajando seria y profundamente de una restructuración, pensando ya en lo que es o lo que debe de hacer el nuevo procedimiento que ordena la Constitución con las características que señalo.
Es una restructuración que tendrá que hacerse por etapas para hacerla bien, para hacerla con el cuidado que merece, que acredita la situación difícil de la seguridad en el país.
Para ello, hay dos áreas fundamentales que serán las primeras que atacaremos: la investigación y la integración.
En cuanto a la investigación, ya autorizó el Presidente de la República el hecho de que fortalezcamos las áreas que tienen esta tarea de manera tal que podamos ligar la información con el análisis de la información, y la ciencia y la tecnología de los peritajes, es decir, crear una verdadera área de investigación y lo más importante, tenerla en todo el país.
Es decir, que estas tres unidas en una sola agencia de investigación esté presente, primero en las regiones y, con el paso del tiempo en cada uno de los estados, de manera tal que la integración y la coordinación entre los estados y la Federación se de ya no solo en la cooperación física, sino fundamentalmente, en lo que se refería el gobernador de Tabasco, poder tener el conocimiento pleno autoridades locales y las autoridades federales de lo que significarán los bancos de información, la capacidad pericial, la capacidad investigadora, la posibilidad de la certificación e incluso de la calificación de nuestros mecanismos y posibilidades.
En esto estamos trabajando, en unas -yo diría- semanas podríamos tener la primera parte de esto que es la creación de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de la República, que será puesta a disposición, insisto, primero en las cinco regiones y después en los 32 estados con el sustento científico, tecnológico y de capacidad de inteligencia que se va a requerir.
En la Conferencia de Procuradores donde asistieron los procuradores de todas las entidades, se planteó como una propuesta para este Consejo, la necesidad ya de integrar una Unidad, junto con la conferencia de Seguridad Pública, para poder crear ya los lazos que requieren y necesita el proceso penal al que vamos a entrar, en el que la policía tiene un papel muy claro, pero muy ligado al juicio. La policía tendrá que surtir de pruebas a ambas partes, a la fiscalía y a la defensoría, para estar en igualdad de condiciones, para que el juicio tenga realidad plena de que el juez escuche y sostiene todas las pruebas que ambas partes le han sido posible analizar, definir y utilizar de ser necesario.
Para esto habrá que tener una enorme integración, porque la Procuraduría seguirá en los términos constitucionales al frente de lo que significa la investigación contra el delito, pero en las mismas condiciones que tendrá el defensor o que deberá tener el quién es acusado.
Es en este camino, en este cambio de ruta hacia una mucho mejor administración del derecho penal, en donde la tarea de todos los estados y de la Federación tienen que conjugarse con mayor insistencia, en donde ha sido importante y crucial la participación de los miembros de la sociedad civil organizada, que han aportado de una manera importantísima sus opiniones y sus visiones al respecto, e indudablemente, la enorme tarea que se ha echado a cuestas el Congreso de la Unión y que ojalá muy pronto pueda culminar con la presencia ya del Código Único de Procedimientos Penales.
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