Ante
la amenaza evidente, la negligencia/ÁLVARO
DELGADO
Revista
Proceso
No. 1926, 28 de septiembre de 2013;
Cientos
de muertos y miles de desplazados, además de daños materiales aún imposibles de
cuantificar, son el saldo inmediato de los efectos de Ingrid y Manuel sobre
territorio nacional. Lo desconcertante es que México tiene un sistema de
protección civil, planes y programas de prevención y reacción, y hasta un fondo
para paliar la tragedia… Nada de eso funcionó y nadie se atreve a asumir la
responsabilidad.
En
septiembre de 2006, cuando cumplía año y medio como gobernador priista de
Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong enfrentó inundaciones, derrumbes y
desbordamientos de ríos en gran parte del estado. Pero él tenía otra prioridad:
viajar a China.
El
22 de septiembre de ese año, mientras Pachuca y municipios aledaños estaban
inundados y había alerta en 44 de los 84 ayuntamientos hidalguenses por el
frente frío número 5, Osorio Chong llegaba al aeropuerto John F. Kennedy de
Nueva York.
En
la fila para cruzar Migración, un ciudadano mexicano lo reconoció:
–¿A
dónde va, gobernador?
–A
Shanghai, a cumplir una invitación –respondió, cortés.
–¿Se
va de viaje a China mientras Hidalgo está cubierto de agua y con miles de
damnificados?
–Todo
está bajo control –respondió con el rostro descompuesto.
Siete
años después, poco antes de cumplir su primer año como secretario de
Gobernación –responsable por ley del Sistema Nacional de Protección Civil
(Sinaproc)–, Osorio Chong no salió de México durante el efecto destructivo de
los huracanes Ingrid y Manuel, pero su actuación es calificada de negligente,
tardía e insuficiente.
No
sólo es él. Otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto dejaron de
actuar como lo establece el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales
(Siat-CT), el cual prevé “un conjunto de procedimientos” para “activar
programas de protección civil y difundir mensajes oportunos para mantener
informada a la población ante la amenaza de ciclones que puedan afectar el
territorio mexicano”.
Por
ejemplo, el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación, Luis Felipe Puente –exalcalde priista de Atizapán y allegado a
Peña–, ni siquiera asistió a la reunión de trabajo del Grupo Interinstitucional
para Ciclones Tropicales la tarde del viernes 13, donde se tomaron decisiones
ante Ingrid y Manuel. Su argumento: No había nadie de su “nivel” jerárquico.
Y
sólo la noche del domingo 15, cuando Manuel ya había devastado amplias zonas de
Guerrero –con decenas de muertos y miles de damnificados–, Puente participó en
la instalación del Comité Nacional de Emergencias del Centro Nacional de
Prevención de Desastres.
El
ausente de la sesión de este organismo fue otro prominente funcionario federal:
el director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco
–senador suplente priista por el DF–, quien a esa hora bebía y apostaba en Las
Vegas, Estados Unidos, como lo reveló el columnista Francisco Zea.
Para
el domingo 15 el Sinaproc había emitido 13 boletines de alerta sobre la
tormenta tropical Manuel, pero desde el primero –enviado por correo electrónico
a los estados y municipios a las 11:30 del viernes 13– advertía: “Zona costera
de máxima atención: Acapulco, Guerrero, a Lázaro Cárdenas, Michoacán”.
En
ese primer “boletín especial” sobre la que entonces era la “depresión tropical
13-E” se anticipaban lluvias torrenciales en Guerrero y se clasificó el
fenómeno con la “alerta amarilla”, la tercera de cinco fases previstas en el
Siat-CT, lo cual implicaba “peligro moderado” y para lo que se ordena una serie
de medidas a fin de mitigar los efectos destructivos.
Entre
estas medidas están la instalación de los comités estatales y municipales de
coordinación y comunicación, el inicio de la coordinación operativa y
“preparación de los posibles refugios temporales y la asignación de
responsabilidades sobre los mismos”.
La
“alerta amarilla” prevé, además, el “reforzamiento de campañas en los medios de
comunicación masiva sobre la actuación en caso de afectación en caso de un
ciclón tropical”, “alertamiento por conducto de los medios de comunicación
masiva sobre el fenómeno específico y la posibilidad de impacto” y “valoración,
y, en su caso, inicio del despliegue de personal y recursos”.
Pero
la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación no
emitió ni un comunicado oficial sobre Manuel para ser difundido por los medios.
No lo hizo ese día –cuando más de 40 mil vacacionistas iban hacia Acapulco– y
tampoco en los siguientes.
Osorio
Chong, por su parte, el viernes 13 sólo atendió la “liberación” del Zócalo de
los maestros de la CNTE por la Policía Federal y emitió un mensaje esa misma
noche, pero no dijo una palabra sobre los fenómenos climatológicos.
El
sábado 14 informó en su cuenta de Twitter que el huracán Ingrid se movía hacia
el norte y luego deseó suerte al boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien esa noche
habría de perder ante Floyd Mayweather; a la tormenta tropical Manuel sólo la
mencionó el domingo 15 a las ocho de la noche, cuando el meteoro ya arrasaba
Guerrero.
Aunque
durante todo el viernes 13 prevaleció la clasificación de “alerta amarilla”, el
boletín número 3, emitido a las 22:30 horas, pronosticaba potencial de lluvias
torrenciales en Oaxaca y Guerrero (150 mm.) y advertía: “También se exhorta a
extremar precauciones por el incremento de la probabilidad de deslaves o
derrumbes”.
Sólo
hasta el sábado 14, a las 22:30 horas, se cambió de “alerta amarilla” a “alerta
naranja”, pero nada más para el sur de Michoacán, aunque se mantenía “amarilla”
para Guerrero y el resto de Michoacán; “verde” para Nayarit, Colima y Jalisco,
y “azul” para el sur de Sinaloa.
La
“alerta naranja”, en la cual según el Siat-CT “se considera que el peligro es
alto”, entre otras medidas ordena a las autoridades la “puesta en operación de
los refugios temporales e inicio de funcionamiento de los mismos”,
“abastecimiento de los refugios temporales”, “evacuación de las zonas de
riesgo” y “ejecución de programas para garantizar el abasto de agua potable,
alimentos, combustibles y energía eléctrica”.
Para
Guerrero la “alerta naranja” se activó apenas a la 01:30 del domingo 15, según
el boletín número 8, el cual por primera vez advertía de “alta probabilidad de
deslaves o derrumbes, colapso de puentes y cortes carreteros”.
La
única “alerta roja” en torno a Manuel –que en el Siat-CT “se considera un
máximo de peligro”– se emitió a las 10:30 horas del domingo 15, pero no para
Guerrero, sino para Colima y el sur de Michoacán: “Se mantendrán a resguardo
total la población y autoridades, cancelando toda actividad…”.
“Ley
muerta”
A
la cuestionada estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para afrontar
debidamente los fenómenos se suman otros elementos técnicos que presumiblemente
no fueron tomados en cuenta, como la sismicidad y la acumulación de agua en
vastas zonas de Guerrero; además, la Ley General de Protección Civil, en vigor
desde el 5 de junio de 2012, es “letra muerta”.
Laura
Gurza, coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación entre 2006 y 2012, analiza a petición de Proceso el fenómeno de
Manuel y la actuación de las autoridades federales, aunque aclara que se trata
de “un desastre anunciado y construido con muchos años de anticipación”.
Aclara:
“No me atrevería a calificar de negligente o insuficiente la actuación de la
Coordinación Nacional de Protección Civil, porque no estuve ahí, no conozco ni
son públicos los elementos de los que se dispusieron para la toma de
decisiones”.
Pero
precisa: “Hay una inercia, digamos, para operar estos procesos. ¿Qué tanto
variaron de un sexenio a otro? Lo desconozco”.
Gurza
Jaidar –quien asumió el cargo en abril de 2006 en el sexenio de Vicente Fox y
fue ratificada por Felipe Calderón– no duda del profesionalismo de los técnicos
del Siat-CT, quienes monitorearon oportunamente a Ingrid y Manuel, pero más que
hacer afirmaciones, formula preguntas sobre si se tomaron en cuenta algunos
factores para calibrar la capacidad destructiva del segundo meteoro.
Uno
de ellos es la “zona de alta sismicidad” en Guerrero, donde el año pasado hubo
varios movimientos; el otro es que septiembre es el “mes pico” de la temporada
de lluvias.
“Es
decir, los suelos están saturados, las presas ya están llenas, los ríos van con
agua, los cerros están reblandecidos y si venía agua superior era previsible
que iba a haber muchos deslaves, lo más seguro, carreteros”, puntualiza y llama
la atención también sobre por qué no se emitió la “alerta naranja”, lo cual
implicaba desalojar a la población.
“No
sé si las condiciones meteorológicas influyeron o no en la variación de la
alerta hacia lo naranja como para instruir la evacuación o no, pero todas esas
condiciones debieron tomarse en cuenta para crear las tareas de evacuación que,
entiendo, estuvieron haciendo algunas de ellas por parte del gobierno del
estado.”
Tampoco
es válido, dice, preguntar qué tipo de medidas adoptó el Grupo
Interinstitucional para Ciclones Tropicales –integrado por varias secretarías
de Estado, la Comisión Nacional del Agua y la Policía Federal–, que sesionó el
viernes 13.
“¿Qué
tanto se hizo? No lo sé. Sé que sesionó, sé que adoptaron medidas, pero no sé
cuáles”, expone la exfuncionaria, quien a pregunta expresa niega que los altos
funcionarios puedan tomar vacaciones en septiembre, el mes pico de las lluvias,
como lo hizo el director del Fonden, quien el domingo 15 estaba en Las Vegas.
“De
mayo a noviembre prácticamente estaban impedidas las vacaciones y
excepcionalmente eran para quienes tenían niños escolares, pero buscábamos que
fuera el primer mes del inicio de las vacaciones del ciclo escolar”, recuerda.
–¿En
septiembre no?
–No.
Imposible. Porque en septiembre tenemos los simulacros, el Día Nacional de
Protección Civil, el Premio Nacional y ciclones tropicales en la temporada pico
de lluvias.
Más
allá del caso específico de Guerrero y Manuel, la exfuncionaria considera grave
que la Ley General de Protección Civil no opere porque la Secretaría de
Gobernación no ha emitido –como debió hacerlo desde diciembre del año pasado–
el reglamento que regula sus aspectos técnicos.
Pone
como ejemplo los centros de acopio: cualquiera puede abrir uno, pero pocos
saben cómo clasificar los suministros, revisar caducidades, embalar,
transportar y distribuir, además de garantizar que lo donado llegue a su
destino.
“La
nueva ley trae ya la obligación de un registro y una autorización para abrir un
centro de acopio… pero no funciona porque no hay reglamento”, subraya Gurza,
quien asegura haber dejado listo un borrador para que el nuevo gobierno lo
emitiese.
“Es
muy duro, no es tarea fácil. Nosotros trabajamos, hicimos una serie de foros y
de análisis para un proyecto, si bien no totalmente acabado, sí bastante
avanzado para que pudiera terminar de afinarse y publicarse.”
–¿Y
sí se ha avanzado?
–No
tengo información, pero el plazo legal se venció en diciembre pasado. No estaba
totalmente concluida la tarea del reglamento, pero estaba todo el bagaje de
planeación debajo, todo el insumo para su construcción y un borrador construido
a principios de diciembre. Yo asumía que, incluso sin estar concluido, podría
haberse publicado en febrero o marzo, aun fuera de plazo. Pero no se ha
publicado.
La
Ley General de Protección Civil, dice, también daba un plazo a los estados para
“alinear” sus propias leyes, pero ese plazo se venció en junio y sólo
cumplieron Guanajuato, Querétaro, Campeche y Guerrero.
“Que
den la cara”
Entrevistada
el lunes 23, Gurza Jaidar
–quien
creó una empresa de consultoría sobre prevención de desastres– cree adecuado
iniciar una investigación para deslindar responsabilidades, como lo ofreció
Osorio Chong el jueves 26.
Luego
de acompañar a Peña Nieto en el recorrido por el centro de acopio del Zócalo,
Osorio dijo que se harán públicas las alertas –cualquiera puede consultarlas en
la página de internet del Sinaproc– y emplazó a los gobiernos estatales y
municipales a que “den la cara” para deslindar responsabilidades ante la
tragedia.
–¿Hubo
estados omisos?
–Eso
lo tendremos también que revisar. Si el gobierno federal abrirá toda su
información, creo que (deberían hacerlo) también las otras autoridades, las
estatales y las municipales, las cuales he escuchado que se dicen no alertadas,
para ver hasta dónde llegó cada uno en su responsabilidad.
Osorio
aseguró que Puente representará al gobierno federal: “Creo que el procedimiento
es que cada quien dé la cara y demuestre todo el procedimiento seguido. De
parte de nosotros lo hará, en los próximos días, Luis Felipe Puente”.
Al
respecto, Gurza lamenta que el sistema de protección civil de México, siendo un
“referente mundial”, esté siendo cuestionado. Y aunque reconoce que algunos
servidores públicos no cumplieron su deber de manera eficiente y oportuna, la
responsabilidad no debe recaer en una persona.
“No
se trata de encontrar chivos expiatorios en un asunto de esta naturaleza. Es un
proceso concomitante, de muchos elementos que suman, suman y suman para
producir un escenario como el que estamos viendo.”
–¿Falló
el sistema o fallaron personas?
–El
resultado es uno, pero la responsabilidad no recae en un solo individuo. Si
bien debe haber un coordinador (Puente) y éste debe asumir ciertas tareas y
responsabilidades (que él tendrá oportunidad de explicar y justificar), hay
muchos más actores en este proceso, incluida la población. El desastre no es
producto de un día.
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