Indagan fraude en ALDF

Indagan fraude en ALDF

Nota de Óscar del Valle

 Reforma, Ciudad de México  (12 octubre 2013).- La Procuraduría capitalina investiga un presunto fraude con el fondo de becas académicas que administra la Asamblea Legislativa del DF.

 De acuerdo con información oficial de la Asamblea, este órgano legislativo presentó en julio una denuncia ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la PGJDF.

 En ella se señalan irregularidades en el manejo de recursos del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de Jóvenes.

 La denuncia fue conocida por REFORMA al interponer un recurso de información ante la Asamblea.

 Este diario solicitó datos sobre el padrón de beneficiarios, las universidades contempladas en el programa y el destino de más de 350 millones de pesos del fideicomiso.

 "Se informa que referente a la información que se solicita, existe una denuncia (...) por hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien o quienes resulten responsables", indica la respuesta oficial.

El oficio de transparencia ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2460/13 especifica incluso el número de averiguación que se abrió ante la Procuraduría.

"Fue radicada con el número de indagatoria FAE/A/T2/00240/1307, en la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia".

El Fideicomiso fue creado en 2010 por Alejandra Barrales, actual senadora por el PRD y que en ese entonces era presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF.

Desde entonces no se ha transparentado quiénes están en el padrón de beneficiarios ni los montos que se pagan a las universidades seleccionadas.

Tampoco el manejo de los recursos, que en 2011 fueron 150 millones de pesos, el año pasado 100 millones y en este 2013 otros 100 millones.

El coordinador legislativo del PAN, Federico Döring, refirió las causas que llevaron a la Legislatura a extinguir el fideicomiso y presentar la denuncia.

"Alguien tomó la libertad de cometer un delito y falsificar las firmas de los diputados", señaló el asambleísta en entrevista.

"Alguien falsificó documentos en el fideicomiso para generar pagos que no tenían sustento a través del Comité Técnico a escuelas privadas, y eso es un delito", agregó.

Sin embargo, no precisó cuándo se habrían cometidos tales irregularidades.

Indicó que se indaga el mal uso de entre 10 y 11 millones de pesos, entregados indebidamente a universidades privadas, de las cuales no dio nombres ya que están en investigación.