La carretera Durango-Mazatlán

Con fallas, abren súper vía Mazatlán-Durango

Nota de JUAN VELEDÍAZ

En La Silla Rota, 12 de octubre de 2013;

Detrás de dicha carretera que será abierta este sábado, vienen problemas como fraudes, depredación ecológica, violación de resoluciones judiciales, y fallas en la construcción

La súper vía Mazatlán-Durango que después de más de una década de trabajos se prevé inaugure el presidente de la república el próximo 17 de octubre, es un microcosmos de fraudes, depredación ecológica, violación de resoluciones judiciales, fallas en la construcción y encima, tiene a un grupo de ejidatarios afectados de Durango, Sinaloa y Nayarit sin que se les pague hasta el momento un solo peso por la expropiación de sus tierras.

En julio del 2012 don Pedro Loaiza Velarde, un campesino de Sinaloa de 62 años, venía por el camino de terracería rumbo a su comunidad llamada el Vainillo, un poblado localizado a menos de una hora al sur de Mazatlán. Llevaba varias semanas de ir y venir al puerto, donde realizaba trámites en las oficinas agrarias para que los derechos ejidales de su familia, fueran respetados por las autoridades tras el fallecimiento tiempo atrás de su padre. Las tierras eran de su papá, recordaba, ahora eran de su madre, una señora ya mayor, y tenía que quedar todo arreglado para que sus descendientes no “batallaran” cuando alguno hiciera falta, y llegara la hora de los reclamos por la propiedad.

Aquel día, poco tiempo después de las elecciones federales del 2 de julio, pasó a saludar a un vecino cuando le avisaron que lo buscaban. Era la Policía Ministerial, quienes ya habían detenido a cinco de los ejidatarios por una protesta que días atrás habían realizado contra la construcción de la autopista Mazatlán-Durango, una obra en la que no se les había pagado nada hasta ese momento, desde que años atrás se decretó la expropiación de sus tierras ejidales.

"Nos detuvieron a seis, nos fincaron un delito, yo venía de Mazatlán, iba por un caballo pasé por donde estaban ellos y me agarraron. Los compañeros que son pequeños propietarios, los agarran llegando a su trabajo. Tres días estuve detenido en la cárcel, salí libre bajo caución y cada 15 días tenía que ir a firmar, esto que les cuento pasó el 13 de julio de 2012, pasadas las elecciones, fueron 120 mil pesos de fianza los que tuve que pagar”, aseguró.

 Don Pedro es un hombre delgado, bajo de estatura, de voz clara y fuerte, no representa la edad que tiene. Podría ser un rasgo de los campesinos de la región donde se unen los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit, una zona ejidal que por estos días de octubre viven una efervescencia poco antes vista ante la eventual inauguración de la autopista Mazatlán-Durango, una vía que se abrirá este fin de semana y que tardó más de una década en construirse, y la cual se tiene contemplada inaugure de manera oficial el presidente Enrique Peña Nieto el próximo jueves 17.

 La efervescencia es porque son 29 los ejidos de estas tres entidades que fueron afectados, no solo por la depredación ecológica, sino porque hasta el día de hoy no han recibido un solo peso de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como pago de la indemnización a la que tienen derecho tras la expropiación.

 Éste fue uno de los motivos por los cuales se iniciaron las protestas, recuerda don Pedro. “En lugar de pagarnos, nos despojaron y nos detuvieron que por destruir las vías federales cuando no había nada, nosotros no hemos destruido nada”.

Los ejidatarios del Vainillo, en Sinaloa, se unieron a los de Bonitas, el Pescadero y otras comunidades ejidales afectadas en Nayarit. Para agosto del 2012 empezaron a organizarse como región los ejidatarios de Durango, y en diciembre los campesinos de 29 ejidos en los tres estados, conformaron el Movimiento por la Justicia Agraria. Su petición central hasta el día de hoy es que se les liquide a precio justo, previo avalúo, el monto que importa por sus tierras y que fueron usadas para construir la mega autopista que comunicará en dos horas y media, cuando antes eran seis, la ciudad de Durango con el puerto de Mazatlán.

Devastación ecológica

Hace varios años que por los alrededores de El Salto, en plena sierra de Durango, se dejó ver la guacamaya verde. De su plumaje en cuello y alas salían unos colores azul metálico brillante, siempre contrastantes con el color verde oscuro del bosque. Simón Olivarría Zepeda es un hombre de más de 70 años que forma parte del consejo de vigilancia del ejido Pueblo Nuevo, donde se encuentra el municipio de El Salto, recuerda que antes era común ver volar esa ave por esta zona. Luego de la llegada de la maquinaria que empezó a abrir cerros y tirar árboles, para construir la carretera, la guacamaya desapareció. Este caso es uno de los que los campesinos denunciaron ante la autoridad, pues según sus documentos, nunca se les presentó un estudio de impacto ambiental.

 Junto a esta especie endémica, la afectación por la construcción de la carretera también se vio reflejada en el agua, en los arroyos y riachuelos, algunos de los cuales fueron cubiertos por el asfalto que regaron a las orillas del trazo de la vía las constructoras. Durante un recorrido a finales de agosto pasado por los 154 kilómetros de la carretera, que unen  a El Salto, Durango con Villa Unión, Sinaloa, tramo que por esos días en la parte que va del puente Baluarte —uno de los atirantados más grandes en su tipo en el América Latina—, hacia el municipio sinaloense de Concordia se pudo constatar los daños al medio ambiente que dejó la obra.

 Miguel Ángel García Ávila, secretario del grupo la Fortuna del ejido Pueblo Nuevo, comentó que lo primero que afectaron las constructoras fueron los caminos ejidales, la gran mayoría quedaron bloqueados por el trazo de la carretera. “Y lo peor, no se construyeron alternativas”. No respetaron el derecho de vía, ni las mediaciones a las orillas que delimitaban el espacio de la obra. Construyeron en espacios que ya no estaban contemplados, taparon manantiales, pavimentaron arroyos e invadieron campos con los escombros.

 La obra cuenta con más de 40 túneles en el trazo de El Salto a Villa Unión, algunos de ellos como el llamado “Pino Gordo”, fueron construidos en cerros los cuales se han desgajado en esta temporada de lluvias y, aún sin que se inauguren han tenido que volver a ser habilitados.

 “Teníamos un camino de saca en zonas donde los ejidatarios tienen ranchos, los ranchos están incomunicados por la carretera. Nuestros caminos están bloqueados. Los túneles están muy bonitos pero nos perjudicaron. Una de nuestras peticiones es que queremos nuestros accesos, son caminos de agostadero, saca, es de los ganaderos del ejido de Pino Gordo”, dice.

 El puente Baluarte es la frontera física entre los estados de Sinaloa y Durango, la obra fue inaugurada parcialmente por Felipe Calderón el año pasado, el tramo de éste lugar a Villa Unión, localidad ubicada a menos de media hora de Mazatlán, estaba hasta hace pocos días a un 10 por ciento por concluir.

 Larga espera

 El viernes 11 de octubre estaba programada en Mazatlán, una reunión entre una comisión de los ejidatarios de los tres estados afectados por la carretera y las autoridades de la secretaría de Comunicaciones y Transportes. El tema a tratar eran los avalúos que permitieran comenzar la negociación de la liquidación de los predios donde se levantó la obra. Tras varias semanas de contactos y reuniones en la ciudad de México, los integrantes del Movimiento por la Justicia Agraria, que agrupa a los ejidatarios afectados en Sinaloa, Nayarit y Durango, recibieron el respaldo del congreso de éste estado que solicitó a la SCT mediante un punto de acuerdo el jueves 10, “que en las estimaciones se retribuya a los campesinos de una manera justa”.

 Los voceros del movimiento informaron que en esa reunión, que se prolongó durante buena parte de la tarde del viernes, cada una de las partes presentaría sus avalúos y en caso de que no llegaran a acuerdo, el precio de las tierras se sometería a la decisión de un tercero para que el pago se realice en un tiempo no mayor a los 90 días, lapso que se acordó en una junta previa realizada el pasado 30 de septiembre.

Cuando en el año 2002 iniciaron los trabajos, se contempló que la vía formara parte del eje troncal carretero para unir Matamoros con Mazatlán, el cual pasaría por Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango y el puerto sinaloense. Desde esa fecha las irregularidades se acumularon de tal manera que en cada uno de los tres estados por donde se trazó la vía para unir la capital de Durango con Mazatlán, los ejidatarios vivieron distintas maneras de fraudes y despojos para levantar la obra.

El pasado 15 de septiembre varios ejidatarios del municipio de Rosamorada, en Nayarit, denunciaron la realización de una asamblea sin representatividad ejidal en la que se levantó un acta con firmas falsificadas con las cuales se “avaló” el paso de la vía por sus tierras. Este caso forma parte de un grueso expediente en tribunales agrarios donde la vía Mazatlán-Durango aun se litiga.

En mayo pasado los ejidatarios de El Salto dieron a conocer la concesión de un amparo definitivo de tribunales federales para que se les repararan los daños ocasionados en más de 500 hectáreas de su propiedad por donde pasa la súper carretera. En esa fecha acordaron esperar a que las negociaciones avanzaran y lograr que se les pagara el precio que pedían por sus tierras. Al paso de los meses, y que las negociaciones se estancaron, decidieron comenzar a presionar lo que se tradujo en una nueva ronda de pláticas las cuales se trasladaron de la ciudad de México a Mazatlán.

En este escenario el gobierno de Sinaloa anunció la realización de un festejo este sábado para anunciar la puesta en marcha de la súper carretera. Mientras los ejidatarios encabezados por su representante Ernesto Pérez Virgen, anunciaron que de no avanzar en las negociaciones y la autoridad se negara a pagar el precio justo por sus tierras, muy probablemente realizarían una protesta en la autopista el 17 de octubre, día que el gobierno federal tiene contemplada su inauguración.