La Marina los “desapareció”... y sigue impune

 La Marina los “desapareció”... y sigue impune/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso No. 1928, 12 de octubre de 2013

Tras denunciar una agresión y la invasión de su propiedad, Armando Humberto fue detenido por personal de la Armada y meses después apareció ejecutado cerca del campamento de los marinos en la comunidad de Colombia, Nuevo León. Su padre, que presenció su detención y conversó con el oficial responsable, teme que la dependencia proteja a los asesinos de su hijo, pero se dice dispuesto a exigir justicia hasta donde le alcance el dinero… Pero la ley no se mueve en ese ni en otros tres casos de desaparición forzada denunciados entre el 29 de julio y el 3 de agosto en aquella región, también atribuidos a marinos.

 Armando Humberto del Bosque Gutiérrez guarda celosamente la tarjeta de presentación del capitán Raúl Sánchez Labrada, de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Es una de las pruebas con las que ha sostenido su denuncia contra la dependencia, primero por la desaparición forzada de su hijo Armando Humberto del Bosque Villarreal y ahora por su presunta ejecución extrajudicial, ya que los restos del joven se localizaron el jueves 3.

Esa tarjeta del capitán Sánchez, “operador de Asuntos Civiles, B.O. Colombia, Nuevo León”, Del Bosque Gutiérrez la conserva desde el 3 de agosto, cuando el marino se la entregó como una muestra de su compromiso de liberar a su hijo una vez que fuera interrogado en el campamento que la Armada tiene en la comunidad de Colombia, ubicada en el municipio de Anáhuac y vecina de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dos horas después el capitán, a quien don Humberto describe como “un hombre blanco, de aproximadamente un metro setenta centímetros y de cuerpo atlético”, negó haber tenido en su poder a su hijo e incluso lo amenazó con su arma cuando él exigió la presentación de Armando Humberto, de 33 años.

“Cuando le recordé que yo vi cuando los marinos lo tenían tirado en el suelo con las manos atrás, que vi cuando lo treparon a una camioneta de la Marina, que él fue quien se subió al carro de mi hijo y lo manejó hasta el campamento, porque yo los seguí, y que ahí fue cuando me dio su tarjeta para que lo llamara, levantó su arma, me apuntó y me dijo: ‘¿Estás seguro, cabrón? A tu hijo no lo detuve ni lo conozco’. Todo eso lo declaré a la PGR cuando denuncié la desaparición forzada de mi hijo y lo volví a decir cuando localizaron su carro y sus restos. Hasta ahora, que yo sepa, no han llamado a declarar al capitán, temo que lo estén protegiendo”, cuenta Del Bosque en entrevista.

El caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal fue presentado por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, ante varias instancias federales a finales de agosto pasado. Se trata de una de las cuatro desapariciones forzadas atribuidas a miembros de la Marina en la región del 29 de julio al 3 de agosto.

Los otros desaparecidos, en Nuevo Laredo, son José de Jesús Martínez Chigo, Diana Laura Hernández Acosta y Raúl David Álvarez Gutiérrez. De ellos no se sabe nada (Proceso 1921).

Contradicciones

Del Bosque Villarreal fue detenido por marinos tras haber presentado una denuncia en la Comandancia de la Policía Municipal en contra de personas que lo habían agredido y que invadieron su propiedad.

El padre del joven, contratista de exploración minera, recuerda que él acompañó a su hijo a hacer el trámite y que los agentes municipales les dijeron que tenían instrucciones de notificar al destacamento de marinos; más tarde los policías llamaron a su hijo para que se presentara ante el oficial de Marina responsable.

“Mi hijo me avisó y salió de su casa en su carro (un Ford Mustang gris modelo 2000, con placas de Texas). Yo salí de mi casa en mi camioneta y le dije que lo alcanzaba en la comandancia. A plena luz del día vi cuando los marinos lo detuvieron, los seguí por otra calle, porque si los marinos ven que los sigues te disparan. En la puerta del campamento el capitán Sánchez se presentó como el jefe de la guarnición y me dijo que no me preocupara, que iba a platicar con mi hijo y con una de las personas que él había denunciado;  que en hora y media le llamara para regresar por mi hijo. Fue entonces cuando me dio su tarjeta y yo le di mi teléfono.”

Dos horas después, agrega don Humberto, el capitán Sánchez lo citó en la comandancia de la policía. Cuando llegó, éste lo esperaba con dos camionetas de la Marina y efectivos armados. Ahí le dijo que había soltado al presunto agresor de su hijo al no encontrar nada en su contra, pero negó que hubiera detenido a Armando.

El señor Del Bosque acudió a la cabecera municipal de Anáhuac con la esperanza de que se lo hubieran llevado ahí, pero el personal sólo le confirmó que los marinos lo tenían. Se dirigió entonces a Nuevo Laredo para interponer la denuncia formal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), que la consignó como acta circunstanciada, es decir, sin calidad jurídica que obligara a investigar los hechos.

A finales de agosto, luego de que Proceso publicó el caso y Amnistía Internacional envió una carta solicitando la intervención de Enrique Peña Nieto para que se indagaran las desapariciones forzadas atribuidas a los marinos, la oficina de la PGR en Nuevo Laredo remitió la denuncia a las oficinas que tiene en Monterrey la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la misma dependencia. La indagatoria AP/PGR/NL/DSCP-1/2086/D/2013, abierta por los delitos de detención ilegal y probable desaparición forzada, quedó en manos de la agente del Ministerio Público Elvira Reyna Pérez.

“Nos tomarán declaración otra vez a los testigos, porque los hechos ocurrieron a plena luz del día, en la plaza del pueblo donde había mucha gente, pero además presentamos la tarjeta que me dio el capitán de la Marina y el parte de los policías municipales en el que informan a su superior que pusieron a mi hijo a disposición de esa persona”, indica.

En efecto, en el documento oficial dirigido al secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán Alfredo Grande Barrera, los oficiales José Ángel Molina y Miguel Godínez informan que “el responsable del destacamento y comandante de la Marina” se hizo cargo del “denunciante”, es decir, de Del Bosque Villarreal y su vehículo (Proceso 1921).

Del Bosque Gutiérrez resalta que visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han recabado más testimonios, entre ellos los de los policías que firmaron el reporte: “Me contaron que cuando ellos llegaron a la comisaría de policía en Anáhuac, también llegó el capitán de la Marina a exigir a los agentes que le entregaran el parte informativo, que él era su superior y que debían obedecerlo, pero el comandante de la policía, que también es un capitán, se negó”.

Los visitadores también hablaron con el capitán Sánchez Labrada: “Primero les dijo que él los había detenido (a Armando Humberto y a su agresor) y que los había soltado porque no les encontró delito; una segunda ocasión, que a mi hijo lo dejó en libertad y que vieron que se fue en su carro hacia Nuevo Laredo, pero hay una versión oficial de la Marina que le dice a la CNDH que ese día no detuvieron a nadie y que ni conocen a mi hijo”.

Sin más avances que lo aportado por don Humberto, la investigación en la PGR se mantuvo estancada hasta el pasado jueves 3, cuando unos cazadores descubrieron el carro de Armando en una brecha de la carretera que conduce a Anáhuac, a sólo 10 minutos del campamento de la Marina.

“Como el pueblo es chico, los cazadores me avisaron y yo llamé a la fiscal; el sábado (5 de octubre) me pidió que fuera urgentemente a sus oficinas. Llegué como a las 11 de la noche. Reconocí el carro, los papeles de la empresa, y de él sólo me dejaron ver un tenis”, detalla.

El mismo día en que don Humberto fue notificado del hallazgo del carro, el presidente del CDHNL, Ramos Vázquez, lo buscó para informarle que personal de la recién creada Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) estaba en Nuevo Laredo para abrir una investigación. “Ya no intervinieron ellos porque con la localización de mi hijo el delito cambió: de desaparición forzada pasó a ser ejecución extrajudicial”, apunta el empresario.

Hasta el cierre de la edición, la PGR no había entregado los restos del joven Armando Humberto a su padre ni le habían notificado oficialmente las causas de la muerte, en tanto que la CNDH envió especialistas para hacer sus propias indagatorias sobre los restos y el vehículo. “Dicen que voy a conocer las causas de su muerte cuando me lo entreguen, pero tengo miedo de que a la mera hora me digan que no es mi hijo o quieran proteger a los marinos”, dice.

Añade que a partir de su denuncia, tanto su familia como sus trabajadores viven un permanente hostigamiento de los marinos. “Tenemos que pasar todos los días por el retén, y revisan los vehículos y a nosotros como nunca, mientras los marinos se pasean por el pueblo como si nada. Con el capitán Sánchez ya no he cruzado palabra. No sé si esté todavía en Colombia”.

Testimonios bloqueados

Don Humberto cuenta quién era su hijo: “Nació en el área metropolitana de Monterrey, de donde somos nosotros. Vivía desde hace 12 años en Dallas, Texas, donde trabajaba como operador de montacargas y equipo pesado. Como yo vine a Colombia a trabajar hace cinco años, le pedí que trabajara conmigo apenas hace un año. Era soltero”.

Trata de afrontar la desgracia: “La familia está destrozada y nos urge cerrar esta etapa para dedicarnos a la que sigue; exigir justicia hasta donde llegue la ley y hasta donde me alcance el dinero, porque desgraciadamente para estas cosas se necesita dinero. Sé que hay otras familias con el mismo problema, pero por falta de recursos no han podido hacer nada más que exigir en manifestaciones por sus familiares”.

A su vez, el presidente del CDHNL reclama que, en cuanto a los casos de Nuevo Laredo, no se les ha dado valor probatorio a los testimonios de quienes en la madrugada del 29 de julio vieron las detenciones de José de Jesús Martínez Chigo y la menor Diana Laura Hernández Acosta, así como de las personas que presenciaron la del menor Raúl David Álvarez Gutiérrez, arrestado a plena luz del día el 30 de julio. Esos casos están integrados como actas circunstanciadas.

Agrega que por lo menos ocho personas se presentaron a declarar ante la PGR en el caso de José de Jesús y Diana Laura, y en el de Raúl se cuenta hasta con un video de la cámara de seguridad de una gasolinería ubicada frente al lugar de los hechos, “en el que se ven las unidades de marinos y a efectivos realizando la detención de un muchacho, además de que hay como 50 personas que atestiguaron los hechos, pero por miedo no declaran”.

No obstante esos testimonios y las declraciones de los familiares de las víctimas, reprocha, “para la PGR pesa más lo que diga la Marina, y oficialmente han dicho que ellos no fueron, que seguramente fue la delincuencia organizada utilizando uniformes falsos de la Marina. Ponen como referencia el hallazgo de fábricas de este tipo de uniformes en Piedras Negras, Coahuila, y en Veracruz”.

Ramos Vázquez revela que en los últimos dos años la Marina ha dado esa misma respuesta en 43 ocasiones a la PGR y a la CNDH en quejas presentadas por el CDHNL por “allanamientos, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Para todo tipo de violaciones a los derechos humanos que involucran a la Marina, la dependencia utiliza el mismo machote sin que haya autoridad que la cuestione”.

Esa contestación es suficiente para no llamar a cuentas a los marinos. “Se tiende un manto de impunidad, no se interroga al personal operativo que esa noche o ese día de los hechos estuvieron en las calles, pero además los fiscales no lo hacen porque sus jefes no lo autorizan y así jamás se van a esclarecer esos casos”, agrega el defensor de los derechos humanos.

Como no hay avances en la toma de declaraciones de probables responsables, “los familiares de los desaparecidos están desesperados porque no saben a quién recurrir para que les hagan justicia; si la PGR, que es una representación social, no les da crédito. ¿Qué van a hacer?”, se pregunta.

Peor aún, dice, la unidad especializada que se creó en este sexenio para atender el problema de las desapariciones, no cuenta con personal sensible a estos problemas.

Ramos Vázquez denuncia que los casos de José de Jesús, Diana Laura y Raúl no fueron admitidos por la UEBPD. “Cuando los funcionarios de la PGR vinieron a ver a don Humberto les dije que teníamos más casos documentados, que era urgente abrir averiguaciones previas, pero no quisieron hacerlo argumentando que ellos tenían un oficio para actuar sólo en el caso de Del Bosque Villarreal y no tenían mayores indicaciones”.

Con miles de denuncias de desaparecidos heredadas del sexenio anterior y las que se registran en el actual, “la UEBPD es una fiscalía nueva que apenas está entendiendo la magnitud de su responsabilidad”, comenta el presidente del CDHNL.

Por eso, señala, “a los agentes de esa unidad les comenté que tenían tarea como para 10 años si el procedimiento es actuar de acuerdo a lo que diga un oficio o a que les digan: ‘localicen a los familiares de fulano’. Quería decir que tendremos que esperar hasta entonces para ver algún resultado”.