La carga del hombre rojo/Víctor Lapuente Gin

La carga del hombre rojo/Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.

 Publicado en El País | 12 de noviembre de 2013

Uno de los libros más influyentes sobre desarrollo económico lleva por título La carga del hombre blanco: Por qué los esfuerzos de Occidente por ayudar a los demás han hecho tanto daño y tan poco bien.Su autor, William Easterly, ataca los Grandes Planes (estén diseñados por malévolos poderes coloniales o por benévolos organismos internacionales y ONG) que los países occidentales hemos intentado imponer a los países más desfavorecidos… sin éxito alguno. Escribir hasta el último detalle un plan de reforma política ambiciosa en una mesa de trabajo es un ejercicio fútil, porque los caprichosos vientos de la realidad suelen hacer volar los papeles.

Sin embargo, según contaba Ramón Jáuregui aquí, parece que el PSOE está en ello. Raquel Marín, en la perspicaz ilustración que acompañaba al texto de Jáuregui, dibujó a un hombre rojo sosteniendo una España en harapos. Y sí, aquí tenemos a nuestro hombre rojo cargando con la responsabilidad de salvar al país. Como un aplicado Papá Noel, el PSOE ha recogido los buenos deseos de miles de individuos y promete una lista de regalos para todos: a los sindicatos, vuelta a la negociación colectiva; a los desencantados con los banqueros, mayores controles e impuestos; a los más emprendedores interesados en recuperar competitividad, una “estrategia para la modernización de la economía española”; y a los menos emprendedores en educación, “fortalecer la escuela pública” (imagino que pública-pública-pública: financiada públicamente, de titularidad pública y con profesores-funcionarios).

Quiero dejar claro que es de agradecer una búsqueda ambiciosa de soluciones políticas como la emprendida por el PSOE en torno a su conferencia política. Es sano contar con las bases y abrirse a otras organizaciones civiles. Y es un lujo que el proceso esté coordinado por una persona de la talla intelectual y el pragmatismo de Jáuregui. Pero es un proceso que, aunque bienintencionado, puede acabar convirtiéndose en un Gran Plan decepcionante.

En primer lugar, se trata de un proceso “aditivo”: sumamos propuestas que, de forma independiente, pueden tener sentido y estar apoyadas por la evidencia empírica de otros países; pero que, juntas, pueden resultar irrealizables ¿Es razonable mantener una sanidad y educación de primer nivel, crear un fondo social de ayuda a los hogares sin ingresos, y a la vez invertir en sectores económicos estratégicos, recuperar la negociación colectiva sectorial, aumentar el salario mínimo, desarrollar un programa de igualdad de la mujer en el trabajo, amén de revisar las inversiones en “política industrial, energética, medioambiental, formativa, de infraestructuras inteligentes, economía digital, etcétera”?

Es ingenuo pensar que estas medidas puedan encajar en la estrategia de cualquier Gobierno. Son planes de vacas gordas para tiempos de vacas flacas. Muchos preferiríamos una lista de propuestas más limitada, realista y que incluyera una priorización de las preferencias. Por ejemplo, llegados a la inevitable encrucijada, ¿daremos prioridad a las ayudas públicas a la creación de empleo o al fondo social? ¿A los pensionistas o a los desempleados? ¿A fomentar el emprendimiento o al “fortalecimiento del poder sindical en las pymes”?

No es menos ingenuo asumir que el pastel de lo público para financiar todos esos gastos se hará más grande con una “reforma fiscal que reduzca el fraude, recupere progresividad y nos sitúe en la presión fiscal europea aportando cinco puntos de PIB a nuestros ingresos”. No podemos apretar un botón y conseguir todo eso de una tacada y en un contexto recesivo. Son unos objetivos fiscales que pueden ser incluso contradictorios, pues hay que estar preparados para que el incremento de la presión fiscal aumente los incentivos para el fraude. No digo que no haya que perseguir un sistema impositivo más justo y eficiente, pero requerirá mucho tiempo y muchos equilibrismos llevarlo a cabo con una economía débil.

Echo de menos propuestas de naturaleza “sustractiva”: asumiendo que tendremos recursos limitados. ¿Existen algunas partidas dentro del gasto (incluso social) que puedan recortarse? Jáuregui presenta una agenda “atrevida”, pero le falta el verdadero atrevimiento, que no es el atreverse con los otros, sino con uno mismo. Sería fantástico que el PSOE aprovechara este momento de reflexión para enfrentar algunos de sus demonios, ya superados por otras socialdemocracias más pragmáticas que prefieren maximizar el bienestar agregado que el Estado puede ofrecer a sus ciudadanos a medio-largo plazo aun a costa de implementar medidas impopulares a corto: por ejemplo, copagos para moderar el gasto sanitario, introducción de competitividad en la prestación de servicios, desfuncionarización del grueso del empleo público, reformas de fondo de las estructuras de gobierno de nuestras instituciones, con la eliminación valiente de algunas de ellas.

Estas medidas no son simpáticas para muchos de los intereses representados en la conferencia del PSOE. Y, a juzgar por el artículo de Jáuregui, no parece que haya habido intención de incomodarles. Es desesperanzador que los costes de casi todas las propuestas caigan en los otros (banqueros, grandes fortunas). No atisbo voluntad de hacer sacrificios por parte de los nuestros. Y sin sacrificar algo, es poco creíble que el PSOE pueda recuperar ni “consensos para abordar los problemas principales del país” ni “confianza ciudadana”.

Una filosofía más prometedora debería pasar por presentar de forma clara la posición del partido en algunos de los debates socialdemócratas fundamentales, no solo de hoy, sino de las últimas décadas: ¿Es mejor optar por la “predistribución”, como pretende Ed Miliband, que por una redistribución tradicional? ¿Apostamos por el universalismo en los servicios públicos, como los nórdicos, o por un acceso condicionado por la renta? ¿Por incrementar la responsabilidad individual, como el partido laborista, o por la responsabilidad del Estado, como los socialistas franceses? ¿Por un Estado que lleve el timón y que deje remar a sectores no gubernamentales, como Gore (u Obama), o por un Estado que se ocupe de todo?

De esta reflexión ideológica del PSOE, los periodistas esperan que se dilucide el nombre del líder que capitaneará el barco. Jaúregui y los cientos de personas involucradas en la conferencia quieren el extremo opuesto: ofrecer un programa con medidas concretas. Un mapa con la dirección exacta a la que viajar. Muchos creemos que lo más importante es lo que está en medio: unos principios, justificados adecuadamente por los líderes socialistas, que nos indiquen qué dirección política tomará el PSOE cuando se enfrente a dilemas imprevistos. Vamos, una brújula —un instrumento que, en las aguas agitadas de un mundo globalizado, resulta más práctico que un mapa detallado—.

Con todo, la propuesta más desconcertante anunciada por Jáuregui es la de “incorporar a nuestra Carta Magna los cambios que la sociedad española ha hecho suyos: la secularización y la laicidad, la igualdad de género, el derecho a la asistencia sanitaria, Internet, el matrimonio homosexual” (…) “entre otras”. Atar en corto las manos de unas generaciones futuras, que no sabemos lo que querrán, es poco elegante e injusto. Pero, como apuntan algunos estudios, también es ineficiente: la longitud de una constitución —y la nuestra es bastante larga (aunque todavía nos falta para llegar a Portugal o México)— está correlacionada con un menor crecimiento económico y con más corrupción.

No es difícil entender que una Constitución atiborrada de derechos resta flexibilidad a un sistema político e impide adoptar medidas puntualmente necesarias. Si a eso le sumamos un Tribunal Constitucional altamente politizado, podemos tener la certeza de que cada aspecto que metamos en la constitución más allá de unas reglas de juego básicas se convertirá tarde o temprano en una pesadilla kafkiana para legisladores futuros.