La política criminal del gobierno del Presidente Peña Nieto

• Hablo de Reinserción social, y de los avances en el sistema de justicia penal.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong presentó ante las Comisiones Unidas de Gobernación -Cristina Diaz Salazar- y Seguridad Pública del Senado -Omar Fayad- la Política Criminal del gobierno federal, de la cual destacó cambios sustantivos como mayor participación ciudadana y fortalecimiento de la inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos.

 En su comparecencia en las comisiones don Miguel sostuvo que tal estrategia se aplica en todo el país, “particularmente en aquellos estados y municipios que enfrentan momentos complejos de seguridad, actuando con decisión, contundencia e inteligencia”.

 Previo a estas afirmaciones, la senadora Cristina Díaz Salazar (PRI) apuntó que los senadores reciben al responsable de la política y seguridad nacional del país “no sólo con un espíritu crítico sino también con la firme intención de aportar ideas” que enriquezcan la política criminal. “Tenga la certeza que el Senado de la República aportará los instrumentos legales que sean necesarios para transformar al país, pues estamos convencidos que los tres poderes y ámbitos de gobierno debemos trabajar unidos”, puntualizó.

 Esta convicción, precisó, deriva de que “es impostergable garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, preservar las libertades, el orden y la paz pública, mediante la prevención del delito, el combate a la delincuencia y el encauzamiento de las nuevas generaciones con oportunidades de desarrollo, todo esto con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que el Estado está obligado a proteger”.

 Al dirigirse a senadores de las diversas fuerzas partidistas representadas en la Cámara Alta, Miguel Osorio Chong sostuvo que la política criminal establece lograr la reducción de la violencia con una visión realista, plural y con una visión de largo plazo.

 Para ello, se ha realizado una evaluación de las necesidades del país; se han incluido propuestas de los diversos ámbitos políticos, sociales y del gobierno, cuenta también con una perspectiva multidisciplinaria, además de ser “democrática pues apoya el esfuerzo de la sociedad civil organizada y considera particularidades de cada grupo social”, asentó el funcionario.

 Es integral, pues atiende la prevención del delito, investigación de los actos delictivos, persecución de los criminales y la procuración de justicia, para lo cual se han establecido ejes estratégicos:

 “Fortalecimiento de la legalidad, respeto y protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción, así como la promoción de un clima de confianza a las instituciones y una sólida alianza entre las autoridades y su ciudadanía”.

 Al ahondar respecto a la mayor participación ciudadana, Osorio Chong sostuvo que con ello se cumple el objetivo de garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos, “esto incluye la atención a las víctimas de delitos, quienes son una prioridad de la nueva política”.

 Precisó que la participación ciudadana se orientará prioritariamente a la denuncia, organización vecinal, recuperación de los espacios públicos y la reconstrucción del tejido social, “que es indispensable”.

 En cuanto a las organizaciones sociales, su experiencia y propuestas han sido incorporadas el diseño, instrumentación y la evaluación de las políticas públicas.

 “Para ello, hemos establecido indicadores claros en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y lo estará en los planes sectoriales y especiales de todas las dependencias del Gobierno de la República y, por primera vez, serán públicos y transparentes para que los mexicanos tengan conocimiento de lo que sucede en el país en materia de seguridad a partir de datos fidedignos”, enfatizó el político hidalguense.

10 EJES PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

Osorio Chong aclaró que para el gobierno de Enrique Peña Nieto la Política Criminal “más que un fin en sí mismo, es el camino para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia democrática”, a partir de 10 aspectos fundamentales:

 Prevención, a partir de la atención integral de las causas y factores de riesgo, con programas de combate al rezago social, reactivación de la economía y fortalecimiento de la cohesión de las comunidades que han sido afectadas por la violencia.

 Destacó el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se aplica en poblaciones, colonias, municipios y delegaciones de las 32 entidades federativas, en beneficios de 4 millones de mexicanos.

 Participación proactiva de la sociedad, incorporándose a las comunidades en la búsqueda de soluciones a los problemas, pues “éstas son quienes conocen mejor sus contextos y realidades”.

 Otro punto, dijo es la justicia eficaz, indispensable para contar con un Estado sólido y eficaz, “donde la ley se cumpla sin excepciones ni demoras”, por lo que se trabaja de manera decidida en el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia y esto, a su vez, permita reducir la corrupción e impunidad y perseguir el delito.

 En este contexto, el titular de la política interna apuntó la necesidad de materializar el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, que facultará al Congreso a expedir un código único de procedimientos penales que permitirá la aplicación homogénea de criterios judiciales y generar mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica.

 Anunció que actualmente este sistema opera en 16 entidades; en tres de manera total y en 13 de forma parcial y que a fines del año 2013, operará en 18 estados, además de que se prevé que en 2016 se aplique en las 32 entidades federativas.

Dijo que la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, son necesarios al ser las policías el vínculo más importante que existe entre el Estado y la población; por ello se emprende una estrategia integral que contemplan la formación, capacitación, adiestramiento y entrenamiento mediante un nuevo modelo de formación policial, la creación de cinco academias regionales y un centro nacional de formación de mandos.

En cuanto a la evaluación y certificación de los policías, las dependencias federales de seguridad pública reportan un 99 por ciento de avance, es decir, han evaluado a 75 mil 714 funcionados federales. En el ámbito estatal, el avance es del 77 por ciento.

Al reconocer los rezagos en las entidades federativas, el titular de la SEGOB anunció que para revertir esta situación, se desarrolla un esquema de evaluación focalizado, a fin de diferenciar el tipo de evaluación con base en las funciones del puesto, considerándose además las diversas problemáticas que enfrentan las entidades.“La meta es invariable: contar con policías al servicio de la ciudadanía, con las capacidades para enfrentar el crimen y con una formación ética y disciplinaria”.

En la transformación del sistema penitenciario, se impulsa una política integral, que por un lado fomenta la reinserción social de los internos al concluir su sentencia y, por otro lado, dota al Estado de herramientas para prevenir y atender fenómenos de la grave sobrepoblación y autogobierno en los centros penitenciarios.

Para ello, refirió, se ha procedido a la profesionalización y especialización del personal, con la implementación de políticas de respeto a los derechos humanos, la mejora de instalaciones y el fortalecimiento de programas de trabajo, educación, deporte y salud.

Adicionalmente, se trabaja en la operación de nuevos centros federales en Oaxaca, Durango y Chiapas. A esto se agrega un nuevo modelo de Libertad Vigilada, mediante unidades de transición a la comunidad y de vigilancia.

Se contempla también la promoción y articulación de la participación ciudadana, “fundamental contar con mecanismos de participación ciudadana que abran espacios de diálogo y que permitan enriquecer las políticas públicas en materia de seguridad”.

“La cooperación internacional, señaló, ha permitido intensificar la relación con países de la región, con miras a establecer estrategias de cooperación mutua para atender retos comunes en materia de seguridad.

Lo anterior incluye la reorientación de la relación con Estados Unidos, “para buscar congruencia con las directrices de esta política que he venido señalando”.

“Información que sirva al ciudadano, para que se alcancen fundamentos básicos de comunicación, información y transparencia, para lo cual se establecen tres lineamientos generales: Información útil para el ciudadano; comunicación que respeta los derechos humanos; comunicación social orientada a que los ciudadanos se involucren en la estrategia”.

La coordinación entre autoridades, va encaminado a reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos, a partir de la responsabilidad compartida de todas las instituciones y órdenes de gobierno, manifestó.

Informó que la regionalización atiende las diversas características geográficas, étnicas, económicas, culturales y sociales entre los estados e incluso los municipios, que derivan en dinámicas delictivas distintas que presentan retos y necesidades particulares.

“En este sentido, - afirmó - la seguridad pública del país demanda soluciones a la medida de cada región”, por lo que se coordinan operativos, estrategias y acciones con el consenso de los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal.

El fortalecimiento de la inteligencia, que prevé privilegiar el uso graduado de la fuerza con base en inteligencia policial, como eje fundamental para reducir la violencia y la impunidad. El procesamiento de información y su utilización sistematizada constituyen un factor determinante para hacer más eficiente las acciones del Estado en el combate a la delincuencia.

Con tal propósito, el gobierno trabaja en acciones de mejora sustancial de las capacidades para procesar datos susceptibles de convertirse en inteligencia policial para la toma de decisiones; fortalecimiento de plataformas tecnológicas que permitan intercambio seguro de inteligencia entre instituciones federales, de gobiernos estatales y del Distrito Federal.

El empleo de inteligencia financiera en el entorno de procuración de justicia con el propósito de neutralizar la capacidad económica de los delincuentes; la coordinación de tareas operativas de las instituciones del Estado Mexicano con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y materiales destinados a cumplir con dichas tareas y potencializar las capacidades de todos.

Al finalizar, señaló que un mecanismo fundamental para este propósito es la fusión de inteligencia que promueve la creación de conocimiento nuevo y útil con la aportación de diversas dependencias.

Fuente: Comunicado del Senado