El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presidió este jueves 20 de febrero la firma del
Acuerdo Nacional de Coordinación Legislativa para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal entre Gobernación, la PGR, las cámaras de senadores y de diputados federal y locales.
El
Acuerdo establece la plena coordinación de las partes firmantes para lograr la
armonización de las leyes federal y locales que aplica al sistema procesal
penal acusatorio que, por mandato constitucional, debe operar en todo el país
para 2016.
En
este sentido, el titular de la SEGOB señaló que el objetivo del nuevo Sistema
de Justicia Penal es, entre otros, que los ciudadanos que hayan sido
violentados en sus derechos, agraviados por la violencia y la delincuencia,
tengan la justicia pronta y expedita que reclaman.
Ante
presidentes de las mesas directivas de todas las legislaturas de los estados y
del Distrito Federal, que conforman la Conferencia Permanente de Congresos
Locales (COPECOL), el encargado de la política interior del país reconoció que
“nada erosiona más al Estado de Derecho y al imperio de la ley, que la
violación al debido proceso, a los derechos humanos y la falta de acceso a una
justicia pronta y expedita, porque justicia retardada es justicia denegada”.
Agregó
que otro de los propósitos es que los ciudadanos recuperen la confianza en
policías y ministerios públicos y que éstos no detengan para investigar, sino
que investiguen para detener, además de que prevalezca la presunción de
inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
En
la explanada del Conjunto Bucareli, el Secretario de Gobernación manifestó que
con el nuevo Sistema de Justicia Penal estableceremos un antes y un después en
esta materia.
El
Secretario Osorio Chong dijo que con estas transformaciones pasaremos del
anhelo de justicia a su acceso efectivo; de la desconfianza en las autoridades
a la certidumbre sobre su actuación; del agravio a la reparación del daño; de
la justicia que tarda en llegar a la justicia eficaz.
Puntualizó
que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene el firme compromiso no
sólo de hacer mejores leyes, sino que haya mejor procuración e impartición de
justicia sin distingos para el beneficio de todos los mexicanos.
Por
su parte, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la
Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, aseguró que con la firma de este
instrumento legal habrá mejores condiciones para que la implementación del
Sistema de Justicia Penal tenga el apoyo legislativo que se requiere en todos
los ámbitos de la nación.
De
esta manera, dijo, se ve reflejada la conjunción de esfuerzos y la suma de
acciones en el ámbito legislativo, para asegurar la plena vigencia en tiempo y
forma del nuevo Sistema de Justicia Penal.
En
su intervención, la titular de la secretaría técnica del Consejo de
Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los
Ángeles Fromow Rangel, añadió que “este acuerdo sintetiza la fuerza de cada una
de las instituciones, así como la suma de esfuerzos y voluntades entre poderes
e instancias, a fin de lograr la armonización legislativa del sistema de
justicia en materia penal”.
Resaltó
que el objetivo principal de este tema es establecer acciones específicas para
que cada una de las partes firmantes armonicen el marco normativo del sistema
de justicia penal y expidan los ordenamientos jurídicos necesarios para
agilizar su implementación.
En
tanto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, manifestó
que con la firma de este acuerdo se modifican instrumentos sustanciales que
tienen que ver con la forma de hacer justicia. Así recuperamos aquella
tradición mexicana de ser pionera en los avances tanto legislativos como
legales, expresó.
Subrayó
que el propósito es tener procedimientos justos, apegados a los principios y a
la capacidad del Estado mexicano.
Finalmente,
el presidente de la COPECOL, diputado Bernardo Ortega Jiménez, consideró que
este acuerdo sienta las bases para la construcción de una agenda de
colaboración que permita, desde el ámbito regional, consolidar los esfuerzos de
sociedad y gobiernos, a fin de impulsar un desarrollo más justo, equitativo y
seguro en todo el país.
En
esta transformación, manifestó, los congresos locales y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal tienen un papel relevante que los obliga a redoblar
esfuerzos, establecer mecanismos de coordinación y participación de todos los
actores políticos para que el sistema penal acusatorio se implemente de manera
armónica en todo el país.
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