Conferencia Permanente de Congresos Locales y la justicia penal

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presidió este jueves 20 de febrero la firma del Acuerdo Nacional de Coordinación Legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia Penal entre Gobernación, la PGR, las cámaras de senadores y de diputados federal y locales.

El Acuerdo establece la plena coordinación de las partes firmantes para lograr la armonización de las leyes federal y locales que aplica al sistema procesal penal acusatorio que, por mandato constitucional, debe operar en todo el país para 2016.

En este sentido, el titular de la SEGOB señaló que el objetivo del nuevo Sistema de Justicia Penal es, entre otros, que los ciudadanos que hayan sido violentados en sus derechos, agraviados por la violencia y la delincuencia, tengan la justicia pronta y expedita que reclaman.

Ante presidentes de las mesas directivas de todas las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, que conforman la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), el encargado de la política interior del país reconoció que “nada erosiona más al Estado de Derecho y al imperio de la ley, que la violación al debido proceso, a los derechos humanos y la falta de acceso a una justicia pronta y expedita, porque justicia retardada es justicia denegada”.

 Agregó que otro de los propósitos es que los ciudadanos recuperen la confianza en policías y ministerios públicos y que éstos no detengan para investigar, sino que investiguen para detener, además de que prevalezca la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

 En la explanada del Conjunto Bucareli, el Secretario de Gobernación manifestó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal estableceremos un antes y un después en esta materia.

El Secretario Osorio Chong dijo que con estas transformaciones pasaremos del anhelo de justicia a su acceso efectivo; de la desconfianza en las autoridades a la certidumbre sobre su actuación; del agravio a la reparación del daño; de la justicia que tarda en llegar a la justicia eficaz.

Puntualizó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene el firme compromiso no sólo de hacer mejores leyes, sino que haya mejor procuración e impartición de justicia sin distingos para el beneficio de todos los mexicanos.

Por su parte, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, aseguró que con la firma de este instrumento legal habrá mejores condiciones para que la implementación del Sistema de Justicia Penal tenga el apoyo legislativo que se requiere en todos los ámbitos de la nación.

De esta manera, dijo, se ve reflejada la conjunción de esfuerzos y la suma de acciones en el ámbito legislativo, para asegurar la plena vigencia en tiempo y forma del nuevo Sistema de Justicia Penal.

En su intervención, la titular de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, añadió que “este acuerdo sintetiza la fuerza de cada una de las instituciones, así como la suma de esfuerzos y voluntades entre poderes e instancias, a fin de lograr la armonización legislativa del sistema de justicia en materia penal”.

 Resaltó que el objetivo principal de este tema es establecer acciones específicas para que cada una de las partes firmantes armonicen el marco normativo del sistema de justicia penal y expidan los ordenamientos jurídicos necesarios para agilizar su implementación.

 En tanto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, manifestó que con la firma de este acuerdo se modifican instrumentos sustanciales que tienen que ver con la forma de hacer justicia. Así recuperamos aquella tradición mexicana de ser pionera en los avances tanto legislativos como legales, expresó.

 Subrayó que el propósito es tener procedimientos justos, apegados a los principios y a la capacidad del Estado mexicano.

 Finalmente, el presidente de la COPECOL, diputado Bernardo Ortega Jiménez, consideró que este acuerdo sienta las bases para la construcción de una agenda de colaboración que permita, desde el ámbito regional, consolidar los esfuerzos de sociedad y gobiernos, a fin de impulsar un desarrollo más justo, equitativo y seguro en todo el país.

 En esta transformación, manifestó, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen un papel relevante que los obliga a redoblar esfuerzos, establecer mecanismos de coordinación y participación de todos los actores políticos para que el sistema penal acusatorio se implemente de manera armónica en todo el país.