Malos augurios/Jaime Sánchez Susarrey

Malos augurios/Jaime Sánchez Susarrey

Reforma, (08-Feb-2014).-

Ernesto Zedillo, en la segunda mitad de su sexenio, Vicente Fox y Felipe Calderón pusieron en marcha estrategias y procedimientos contra el secuestro. Todas fallaron.

 El delito, en lugar de reducirse, ha aumentado. El reciente anuncio de la Secretaría de Gobernación de nombrar un zar antisecuestros, Renato Sales Heredia, se ha acompañado de una serie de medidas.

 Muchas de ellas no son nuevas. Retoman lo que en su momento plantearon los gobiernos anteriores. De ahí la pregunta obligada: ¿la cuarta será la vencida?

 Por lo pronto, hay que constatar que la promesa que Peña Nieto hizo durante su campaña no se ha cumplido. Los delitos de alto impacto social no han bajado drásticamente. En el caso del secuestro ha ocurrido exactamente lo contrario: se ha disparado.

 No hay duda que en materia de seguridad el balance del gobierno es malo o muy malo. Lo que ocurre en Michoacán es ejemplar del deterioro que se ha vivido en los últimos 13 meses. Si bien, hay que reconocer que, aunque tarde, la rectificación en ese estado va en sentido correcto.

 La nueva estrategia que Peña Nieto puso en marcha, el 1o. de diciembre del año pasado, fijó el énfasis en el discurso y en la prevención del delito. Se asumía que era un problema de percepción que cambiaría con una táctica mediática.

 Pero aunque el discurso cambió, la terca realidad siguió allí. La parte operativa de la nueva estrategia fue la prevención del delito, que nunca es mala y no hay por qué descalificarla, pero era y es más que insuficiente en un país que en el sexenio anterior registró 70 mil muertos.

 Inexplicable e irresponsablemente, las estrategias urgentes se pospusieron. No se sacaron las lecciones de lo ocurrido bajo Felipe Calderón. Esto es particularmente evidente en dos áreas. La Gendarmería Nacional pasó de ser una prioridad de campaña -con 40 mil efectivos- a un programa de tercera, que arrancará este año con apenas 5 mil efectivos.

 La creación de un mando único en los estados para homogeneizar y profesionalizar a los policías se dejó en manos de los gobernadores. No se legisló ni se elevó a rango constitucional. Por eso los avances son nulos o muy lentos en la mayoría de los casos -con algunas excepciones, como la ciudad de Monterrey.

 Todos estos tropiezos derivan de un mal diagnóstico: la violencia se origina en la pobreza y la marginación. La tesis fue calcada -mal calcada- de la retórica de López Obrador.

 Los hechos y los datos la refutan. La tasa de homicidios disminuyó constantemente desde 1992 hasta 2006. No fue sino hasta 2008 cuando se disparó. Imposible, en consecuencia, explicar ese hecho por la marginación y la pobreza que llevan décadas en este país.

 La espiral de la violencia se explica por otras razones: una de las principales es que el crimen es redituable, muy redituable, y las tasas de impunidad lo hacen muy atractivo. Como bien se sabe, el 99 por ciento de los delitos que se cometen en México no son castigados.

 En materia de secuestros esa tasa es superior, ya que la cifra negra -los secuestros que no son denunciados- es muy alta. A esta altísima tasa de impunidad se agrega el contubernio de policías y autoridades con las bandas de secuestradores.

 El problema de la impunidad es gravísimo y no es siquiera reconocido como una prioridad por el gobierno de la República. La raíz está en un sistema de procuración e impartición de justicia que simple y llanamente no funciona.

 Dos datos lo ilustran a la perfección: el primero es la población carcelaria. Aproximadamente el 40 por ciento de los presos en el centro de la República están detenidos por haber cometido delitos menores a 500 pesos.

 Pero, al mismo tiempo, los verdaderos delincuentes no son sentenciados. Uno de los casos más escandalosos es el de quienes secuestraron y asesinaron a la hija del profesor Nelson Vargas, que llevan seis años detenidos y aún no han sido condenados.

 El otro hecho alarmante es que los secuestradores que están detenidos siguen operando desde las prisiones.

 No hay que ser Sherlock Holmes para afirmar que mientras la tasa de impunidad sea tan alta, la relación costo/beneficio seguirá haciendo del secuestro una de las industrias más rentables y atractivas, y no habrá forma de reducir el delito.

 Lamentablemente, la prioridad del gobierno de Peña Nieto no está en edificar un verdadero estado de derecho, que abata la impunidad, sino en la pensión y el seguro universal. Por eso, los augurios para la nueva estrategia contra el secuestro no son ni remotamente buenos.