Veracruz...Sin paz, sin orden, sin ley

Sin paz, sin orden, sin ley/NOÉ ZAVALETA

Revista Proceso # 1946, 15 de febrero de 2014

Con el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados en el estado de Veracruz en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Otra de esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte enlutó a Proceso. A raíz de la tragedia de Goyo, el gremio periodístico se unió para exigir la renuncia del gobernador priista, durante cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia, la inseguridad y la impunidad.

XALAPA, VER.- Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos de Coatzacoalcos Liberal del Sur y Notisur, es el décimo periodista asesinado en los 38 meses que lleva al frente del gobierno de Veracruz el priista Javier Duarte de Ochoa, cuya administración se ha mostrado incapaz de enfrentar la violencia que envuelve a la entidad.

 Los veracruzanos viven ahora –sobre todo en los últimos dos meses– entre levantones, asesinatos, secuestros, fosas clandestinas y tiroteos. La indignación ciudadana se refleja en marchas de familiares de los desaparecidos, quienes repudian la ineptitud de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

 La semana pasada se efectuaron tres protestas del Colectivo por La Paz, dos en Xalapa y una en el puerto de Veracruz. Además, luego del secuestro y ejecución de Jiménez de la Cruz, el gremio periodístico veracruzano encabezó marchas de repudio contra el gobierno de Duarte, su aparato de seguridad y su sistema de procuración de justicia durante siete días consecutivos.

 En Coatzacoalcos tuvieron lugar las protestas más airadas, pero en la capital estatal el rechazo fue más puntual: el miércoles 12 en la entrada principal del Palacio de Gobierno se colocó una cartulina que exigía “renuncia Bermúdez, renuncia Amadeo, renuncia Gina, renuncia Duarte, renuncia Macías, renuncia Namiko. Renuncien, renuncien”.

 Se aludía al titular de la SSP, Arturo Bermúdez; al procurador Amadeo Flores; a la vocera del gobernador, Gina Domínguez; al propio mandatario; al diputado y empresario periodístico Eduardo Sánchez Macías –quien les aseguró a los reporteros que Goyo había sido rescatado con vida– y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Periodistas, Namiko Matsumoto, cuya oficina es un elefante blanco que le cuesta al erario 20 millones de pesos al año.

 Ese mismo día en la red social Twitter la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte se convirtió en tendencia dominante entre periodistas tanto locales como del país entero y aun de Latinoamérica.

 La versión de la PGJ asevera que el homicidio fue producto de una venganza por diferencias personales con Teresa de Jesús Hernández, dueña de un bar y quien según la dependencia pagó 20 mil pesos a cinco sicarios para secuestrar, asesinar y luego sepultar a Jiménez de la Cruz en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.

 Amnistía Internacional condenó el asesinato e hizo un llamado a que se haga una investigación pronta e imparcial a fin de determinar si el crimen fue consecuencia del trabajo periodístico de Goyo.

 Por su parte la organización Artículo 19 consideró “inaceptable” que el gobierno de Duarte descarte el trabajo periodístico de Jiménez de la Cruz como “posible móvil” del homicidio.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también lamentó el crimen: “El fatal desenlace trae una vez más el luto a Veracruz. Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra las y los comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades”, apuntó la institución en un comunicado.

Medios del mundo –como el periódico español El País, el estadunidense The Washington Post, y las páginas Cosecha Roja (de la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica) y Periodistas de a Pie– dieron seguimiento al caso de Jiménez y condenaron la impunidad que impera en Veracruz, lo cual deriva en nulas garantías al ejercicio periodístico.

“No se metan con mi familia”

Conmocionados aún por el asesinato, amigos de Gregorio Jiménez sueltan un rosario de adjetivos para dibujarlo: “Era risueño, humilde, honesto, trabajador, solidario… sus notas siempre le daban voz a los más jodidos”.

Un reportero de Coatzacoalcos comenta, horas antes de asistir al sepelio de Goyo: “¿Ya viste las fotos de su casa? ¡Vivía en el pantano! Él rellenó ahí para hacer su casita. No tiene ni piso (la vivienda), siempre fue muy sencillo, lo recuerdo trepado en su moto, con una cangurera donde guardaba sus cosas de trabajo. Vivía siempre preocupado por sus hijos”.

A Jiménez de la Cruz lo levantó un comando el miércoles 5. Un día después fue asesinado y el martes 11 fuerzas federales y estatales hallaron su cuerpo enterrado en una fosa clandestina.

“Fue interceptado por una camioneta cuando volvía de llevar a su hija a la escuela. Bajaron cinco personas, preguntaron si era la casa del fotógrafo. ‘No se metan con mi familia’, pidió Goyo. Ya sabía lo que le esperaba”, han narrado una y otra vez sus amigos.

El resto de la historia corrió a cargo de la PGJ. En la investigación ministerial 4/058/2014 concluyó que Jiménez de la Cruz fue asesinado por mantener “diferencias personales y familiares” con Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña de un bar. Cuatro de los cinco sicarios que según la PGJ lo mataron ya están detenidos: José Luis Márquez Hernández (líder de la célula criminal), Santiago González, Jesús Antonio Pérez Herrera y Gerardo Contreras Hernández.

Para la procuraduría estatal el homicidio del periodista no tuvo relación con las publicaciones que hacía en Notisur y Liberal del Sur. Sin embargo –dicen sus amigos– el secuestro de Ernesto Ruiz Guillén, El Cometierra, a finales de enero fue reporteado y publicado por Gregorio, cuyo cadáver apareció en la fosa junto al del Cometierra y al de una persona no identificada.

Las diferencias con la dueña del bar eran reales, cuentan a este semanario sus colegas, y agregan que Jiménez había documentado y publicado que ese lugar funcionaba también como casa de seguridad para retener a migrantes centroamericanos. La región de Coatzacoalcos y Las Choapas –más de 400 kilómetros al sur de Xalapa– se destaca por el flujo constante de migrantes centroamericanos y la presencia de grupos criminales como Los Zetas y escisiones de la Mara Salvatrucha.

 Un dato más: el Diario de Acayucan –que circula en el sur del estado– publicó el jueves 13 que Gerardo Contreras Hernández, uno de los detenidos por su presunta participación en homicidio, había sido detenido en abril de 2012 por formar parte de una célula zeta en el sur de Veracruz. Esa vez fue acusado junto con el jefe de sicarios de Los Zetas, Marcos Jesús Hernández Rodríguez, El Chilango, y el jefe de plaza, Romero Domínguez Vélez, El Chaparro, por la tortura y ejecución de cuatro marinos cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la carretera Actopan-Xalapa.

 Dos días después de su detención, José Luis Márquez y Jesús Antonio Pérez, presuntos implicados en el homicidio, se quejaron desde la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Coatzacoalcos de haber sido golpeados y torturados por policías ministeriales “para que estamparan” sus firmas en las confesiones.

 En el desaseo de la investigación ministerial tampoco quedó claro cómo salieron los sicarios en una camioneta y llevando a Goyo. La congregación Villa Allende tiene tres salidas: una es hacia Coatzacoalcos, por lancha; otra es un camino ejidal hacia Las Choapas, que implica un viaje de una hora –tiempo suficiente para que reaccionaran el Mando Único o las fuerzas federales del programa Veracruz Seguro– y por último la carretera federal a Coatzacoalcos, donde hay filtros y retenes de seguridad pública y fuerzas federales.

Con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz el gobierno de Duarte acumula la vergonzante cifra de 10 periodistas asesinados: Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz, de Notiver; Regina Martínez, corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez, de Diario AZ, y Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio.

Además la PGJ aún tiene abiertas tres averiguaciones previas por las desapariciones de Gabriel Fonseca, del Diario de Acayucan; Sergio Landa, del Diario de Cardel, y Miguel Morales Estrada, reportero independiente de Poza Rica.

Zona de riesgo

En Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, ha habido más de 26 desapariciones forzadas de habitantes de ese municipio y de otros de la región.

El pasado 15 de enero vecinos de la zona habían reportado la existencia de dos fosas clandestinas. La PGJ lo negó, pese a que familiares de los desaparecidos abarrotaron la sede regional de la Procuraduría para saber si entre los cuerpos estaban los de sus allegados.

“Sí hay (cuerpos). Tenemos una pila de cadáveres, pero son de un accidente automovilístico”, contestó vía telefónica, de mala gana, el asistente de Miguel Palacios, encargado de Servicios Periciales en la región.

Una docente de Cosamaloapan le comenta a Proceso: “Se han ido muchos alumnos míos por la inseguridad. En otros casos tengo niños que van mal y sus papás los justifican diciendo que es porque tienen secuestrada a una tía, a un primo, a un familiar cercano. Cosamaloapan tiene mucho rato que está mal. En la noche no ves prácticamente a nadie, parece pueblo fantasma. La gente que tenía dinero, comerciantes o políticos, ya no vive aquí”.

Apenas en octubre pasado Alberto Jiménez Rivera, excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Cosamaloapan, fue acribillado por un comando. En un evento aparte, su hermano José, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fue levantado y sigue desaparecido.

El pasado 26 de enero más de 600 personas marcharon vestidas de blanco por la ciudad para hacer una protesta pacífica y silenciosa a fin de exigir que aparezcan sus familiares.

Un caso más: Mary Molina, de 19 años, hija del expresidente municipal de Carlos A. Carrillo, Enrique Molina Ríos, fue encontrada muerta el 14 de enero en una fosa clandestina, pese a que su familia había pagado un rescate de 300 mil pesos.

También de Cosamaloapan, Giovanni Palmero Arciga –sobrino del exdiputado federal Diego Palmeros– está desaparecido desde el 26 de enero. La investigación ministerial 98/2014/1eraBR/V radicada en el Ministerio Público de Boca del Río consigna que fue levantado al salir de la discoteca La Cantinita.

Amigos de Palmero Arciga acusan a policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), quienes para investigar les han pedido dinero “para la gasolina”, pues no hay recursos “para moverse”.

Desapariciones, extorsiones, chivos expiatorios…

Los jóvenes Karla Nayelli Saldaña Hernández, su medio hermano Jesús Alberto Estrada Martínez e Itzel Quintanilla desaparecieron en Xalapa el 30 de noviembre de 2011, según consta en la investigación ministerial 2009/11/3ª/ Xal-12. También se esfumó un Peugeot azul modelo 2005, propiedad de Karla.

 Desde entonces Carlos Saldaña Grajales, padre de Nayelli y padrastro de Jesús Alberto, los ha buscado por todos los rincones de Veracruz, el Distrito Federal y otros estados; siempre carga fotografías de sus hijos y copias de las denuncias ministeriales.

 En noviembre de 2013 recurrió a autoridades federales para denunciar que el auto de su hija apareció en manos de Isaac Moreno, quien fue recluido en el penal de Pacho Viejo y confesó que el vehículo se lo había “dado a reparar” Filiberto Rojano. Ambos son expolicías de Xalapa. La PGJ nunca los investigó. Y Moreno salió libre.

 La misma noche en que Karla, Itzel y Jesús Alberto no volvieron a su casa, otros 10 jóvenes desaparecieron en Xalapa, según le dijo a Saldaña el comandante de la AVI Alejandro Ortega Cueto.

 Casos parecidos han ocurrido en otros puntos de Veracruz. Carmen Sánchez, de Coatepec, tiene un hijo desaparecido desde hace 10 meses: “Se lo llevaron el 16 de abril en pleno día y no aparece, fueron unas patrullas (de la SSP). Sólo quiero encontrarlo vivo”.

 Hugo Benítez asegura que su hijo, el taxista Alejandro Benítez, fue levantado por policías estatales, marinos y militares en un operativo en Cardel el 30 de septiembre de 2013.

 Josefa Lara Ramírez muestra la foto de su hija Karen Janeth Martínez Lara, de Cosamaloapan: “A mi hija la Policía Estatal la sacó de la casa el día 5 de agosto de 2013”.

 Los denunciantes pertenecen al Colectivo por La Paz, organización civil dedicada a buscar a personas desaparecidas. Su portavoz, Anaís Palacios, asegura que la PGJ tiene documentadas 484 “desapariciones forzadas” en los últimos tres años.

 Palacios asegura que el número podría ser mucho mayor.

 En su protesta más reciente –el miércoles 12– dicho colectivo “cercó” el Palacio de Gobierno para decirles a Duarte, al procurador Flores y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que si no pueden con el paquete de la inseguridad y los desaparecidos, “mejor renuncien”.

 Proceso solicitó una entrevista con Amadeo Flores para conocer la postura del gobierno veracruzano sobre esta nueva escalada de violencia e impunidad. La respuesta fue: “Amadeo no quiere dar entrevistas”.

 Miguel Ángel Mateos Escamilla fue sentenciado a 65 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado contra Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. Han pasado cinco años y medio del asesinato y el padre y un hermano del reo, Roberto Mateos Sánchez y José Manuel Mateos Escamilla –quien fuera novio de la joven asesinada–, aseguran que Miguel Ángel no cometió ese delito.

 Para ello han emprendido en las redes sociales la campaña #soy_inocente, donde detallan que la investigación ministerial (138/2008/11) estuvo plagada de vicios e irregularidades. El abogado de Mateos, Ramón Ángel López Mendoza, enumera algunas: “Nunca hubo reconstrucción de hechos en el homicidio, las huellas dactilares halladas en el cuerpo de la víctima no coinciden con las de mi defendido, los otros dos implicados, ya presos, exoneran a Miguel Ángel del homicidio”.

 En el infierno que vive Veracruz está también el regreso de los tiroteos en las principales ciudades. Apenas el miércoles 5 un grupo de sicarios ultimó a un vendedor de autos en la colonia Higueras, al norte de Xalapa. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río los reporteros de la fuente policiaca han dejado de consignar los hechos por su propia seguridad.

En la zona de Los Tuxtlas y en la cuenca del Papaloapan, vecinos de estas regiones se han quejado con cartas anónimas enviadas a medios nacionales de que la delincuencia organizada ya cobra derecho de piso y diezmo hasta por la venta de terrenos o autos.

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En el caso Regina, ni verdad ni justicia

LA REDACCIÓN

El Silva, único sentenciado por el asesinato de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en Veracruz, salió libre por decisión del Poder Judicial de esa entidad, al cual no convenció el montaje armado por la procuraduría local. La medida fue objetada por un hermano de la periodista, quien busca que el presunto asesino vuelva a la cárcel. Entre los peloteos del tribunal y la fiscalía veracruzana el caso se enreda cada vez más y finalmente no hay ninguna certeza sobre quién y por qué asesinó a nuestra compañera.

Ni verdad ni justicia. Casi dos años después del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, lo único claro es que el Poder Judicial del estado no creyó la versión construida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ordenó la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva para que no se convirtiera en un chivo expiatorio.

Han pasado casi seis meses desde entonces y el caso sigue sin ninguna determinación judicial firme. El 27 de agosto de 2013, tres semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocara la sentencia inicial de 38 años y dos meses de prisión contra Hernández Silva, El Silva, el hermano de la periodista, Ángel Alfonso Martínez Pérez, inició un juicio de amparo “a nombre de mi familia” contra esa decisión.

La solicitud de amparo recayó en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, pero hasta la fecha ese órgano de la justicia federal ni siquiera ha turnado el expediente para que alguno de los tres magistrados del Colegiado elabore un proyecto de resolución.

Un día después del fallo revocatorio, el 9 de agosto del año pasado, el hermano de la periodista, taxista de ocupación, movilizó a los medios locales y nacionales con una lista masiva de correos para anunciar que interpondría el recurso con el propósito de regresar a Hernández Silva a la cárcel. Después emitió un boletín de prensa.

A diferencia de la consideración mayoritaria de la Séptima Sala del TSJE que revocó la condena dictada por la juez tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, el hermano de Regina está convencido de la versión de la PGJ: el móvil del asesinato fue el robo y los responsables fueron El Silva y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien está desaparecido, y según esa versión tenía una relación sentimental con la periodista.

Señalados por la procuraduría como “malvivientes” del parque Juárez de Xalapa, en los alrededores de donde vivía Regina Martínez y donde según la acusación se prostituían, El Silva y El Jarocho aparecen en la versión del gobierno de Javier Duarte como responsables del asesinato ocurrido en las primeras horas del 28 de abril de 2012. Hernández Silva es un analfabeta seropositivo que conoció al Jarocho en la cárcel.

En la verdad creada por la PGJ se asegura que en el asesinato no tuvo nada que ver el trabajo periodístico de la corresponsal, pese al ambiente hostil en el cual lo realizaba (Proceso 1853).

La desvinculación la estableció sólo a partir de entrevistas con colegas de Regina Martínez, a quienes en el interrogatorio les tomó las huellas digitales. De uno de ellos incluso hizo una impresión de su dentadura, ante la idea de que la reportera hubiera sufrido una mordedura durante el ataque homicida.

El hermano de la corresponsal del semanario se convenció de la versión oficial a partir de que la PGJ les mostró a él y a otro de sus hermanos objetos extraídos de la casa de la periodista y que la dependencia asegura haber recuperado entre el grupo de travestis que frecuentaban los acusados, a quienes se los habrían vendido.

En su mensaje a la opinión pública, Ángel Alfonso Martínez Pérez dijo estar seguro de la culpabilidad de Jorge Antonio Hernández Silva: “Yo conocí y seguí la investigación; escuché de su propia voz cómo confesó que la había golpeado y participado en su asesinato. Vi el video donde este sujeto narra la manera infame como cometió su delito en contra de mi hermana. Los magistrados se equivocaron”. Añade: “Los magistrados dicen que hay un error de procedimiento y decidieron dejarlo libre. Esto no es posible. No es justo para nadie y sobre todo no es justo para la memoria de mi hermana”.

Con El Jarocho formalmente prófugo, a la PGJ sólo le queda esperar a que la justicia federal le conceda el amparo al hermano de Regina Martínez y, por ende, avale su versión para que El Silva vuelva a la cárcel.

Proceso irregular

Los magistrados del Tribunal Colegiado revisarán las razones por las cuales la Séptima Sala del TSJE decidió la libertad de Hernández Silva: violaciones al procedimiento y la falta de acreditación de su responsabilidad penal.

En la Séptima Sala, el responsable del caso fue el magistrado Edel H. Álvarez Peña, quien propuso revocar la sentencia de primera instancia. Le bastó el respaldo del magistrado Andrés Cruz Ibarra para hacer mayoría. El voto disidente fue de la magistrada Martha Ramírez Trejo.

De acuerdo con el TSJE, la procuraduría de Veracruz y la juez Rivera Hernández violaron los derechos humanos del detenido al no vigilar “que se llevara a cabo un debido proceso”, en primer término porque su detención ocurrió sin orden de aprehensión, pese a haber pasado seis meses del asesinato.

Hernández Silva fue presentado por la PGJ ante la prensa el 30 de octubre de 2012 como presunto responsable del crimen. En un boletín, la procuraduría dijo entonces que con su detención quedaba aclarado el homicidio. El 9 de abril de 2013 la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia lo condenó a 38 años y dos meses de prisión y a una multa de 17 mil pesos (Proceso 1902).

Cuatro meses después el TSJE estableció que la violación al debido proceso ocurrió también porque el acusado no contó con una debida defensa, pues el abogado de oficio que le asignó la PGJ “en ningún momento se advierte que se haya dado a la tarea de cumplir cabalmente con su función”, en violación de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del país.

Señaló que la defensa de oficio “fue omisa y pasiva” al no objetar las preguntas inducidas que les hacía el Ministerio Público al acusado y a los testigos.

Más grave fue la denuncia de tortura que Hernández Silva hizo ante la juez. En su declaración preparatoria acusó a sus captores de haberlo detenido semanas antes de su presentación. Aseguró que lo golpearon y lo amenazaron con matar a su mamá de crianza si no se declaraba culpable. Según el acusado, tuvo que aprenderse la versión que le dieron sus captores, agentes de la PGJ.

Pero la juez desestimó el señalamiento y evitó hacer una investigación. Eso se lo recriminó la instancia juzgadora superior: “Se advierte que la C. juez de Primera Instancia adoptó una postura de pasividad ante las manifestaciones vertidas por el sentenciado, de ahí que era necesario que dicho juzgador denunciara tales hechos”.

Los magistrados señalaron que la omisión de la juez además de vulnerar el derecho a la integridad física y psicológica del sentenciado, lastimó el debido proceso. Su sentencia debió ocurrir sólo después de verificar la veracidad de la denuncia de tortura y la validez de la “confesión” ante la procuraduría del estado, dice la sentencia con todo y entrecomillado.

La juez dictó la sentencia condenatoria antes de que se aplicara el Protocolo de Estambul, una guía internacional para la investigación y documentación de la tortura. El instrumento le fue aplicado a Hernández Silva ya encarcelado, meses después de haber sido detenido, procesado y en vías de ser sentenciado. Según el protocolo, el inculpado no mostraba evidencias físicas o psicológicas de haber sido torturado.

Pero según el TSJE, la PGJ no pudo acreditar la responsabilidad penal de Hernández Silva. “La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del inculpado, la cual fue llevada a cabo por medio de la tortura, por lo cual no deberá otorgársele validez”.

Además los magistrados desestimaron las declaraciones de los testigos presentados por la procuraduría. Encontraron que fueron “de oídas y contradictorios”. Más aún, “se advierte que se encuentran aleccionados con lo relatado por el sentenciado y no se advierte que ninguno de ellos haya hecho mención que fuera Jorge Antonio Hernández Silva la persona que se introdujera a la casa de la finada a robar y estuviera presente cuando su copartícipe privara de la vida a Regina Martínez Pérez”.

Contundentes, los magistrados establecieron: “No hay señalamiento firme y directo que incrimine al sentenciado y si bien es cierto que el artículo 276 del Código Procesal de la Materia nos permite emitir una sentencia de conducta haciendo uso de la prueba circunstancial, no hay una hilación (sic) armónica ni coincidencia de los indicios que obran en actuaciones. Por el contrario, se advierte que los medios de convicción… resultaran contradictorios”.

Acusan a la procuraduría de no haber recabado los medios de convicción “aptos y suficientes” para justificar la responsabilidad de Hernández Silva, “pues si bien se cuenta con testimoniales de vecinos y familiares que en vida conocieron a la occisa, así como de personas que conocen al Silva, no menos cierto es que nadie revela que haya sido la persona que se introdujera a la casa de Regina” Martínez el 28 de abril de 2012.

Apoyada en los dictámenes periciales de la propia procuraduría estatal, la Séptima Sala del TSJE determinó que las conclusiones de los peritos no coinciden con lo relatado por el sentenciado en su primera declaración ante el Ministerio Público, a la que calificaron de “inverosímil”.

Cita un ejemplo: entre los tiempos relatados por el inculpado y las horas que arrojó el dictamen de la necrocirugía de ley no pudo haberse encontrado el inculpado en la casa de la periodista, “sin que resulte humanamente posible que una persona se encuentre en dos lugares distintos al mismo tiempo”.

Uno más es que, según la declaración ministerial de Hernández Silva, él ayudó al principal acusado golpeando en el estómago a la víctima. Pero ese mismo dictamen niega que el cuerpo haya presentado alguna lesión externa o interna en el abdomen.

Los magistrados encontraron también que algunos dictámenes “se encuentran manipulados”, según revisaron las secuencias fotográficas de las actuaciones ministeriales de la PGJ, mientras que las declaraciones de Hernández Silva son precisas respecto a las horas en que supuestamente ocurrieron los hechos, a pesar de que también dice que estaba tomado y drogado cuando llegó a la casa de la reportera.

Para emitir una sentencia condenatoria se debe tener acreditada plenamente la participación del sentenciado, es decir que no haya duda que la persona a la cual se le está imputando el delito haya sido o no quien cometió el delito, “lo que no sucede” en este caso, dijeron los magistrados respecto al fallo de la juez de Primera Instancia.