El procurador Jesús Murillo Karam y el director de Pemex en San Lázaro.

El procurador Jesús Murillo Karam y el director de Pemex en San Lázaro.

Runión ante diputados integrantes de las comisiones ordinarias de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de las especiales de la Cuenca de Burgos y de la de Prevención Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente.

Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza expresaron sus posicionamientos sobre el proceso de adjudicación de contratos, en particular los de la naviera Oceanografía.

Murillo Karam, afirmó a diputados que se mantendrá el aseguramiento de la empresa Oceanografía y actuará con toda seriedad. “Se llegará hasta donde sea necesario, detendremos a quien sea culpable, tengan la certeza, esté donde esté.

Sostuvo que la respuesta más contundente al pueblo de México fue el aseguramiento de la naviera, y aclaró que no se detuvieron para hacerlo en el momento en que tuvieron la primera certeza; “inmediatamente aseguramos”, dijo.

Al contestar las preguntas de los diputados Murillo Karam se comprometió a “investigar y analizar” todo lo que los legisladores han dicho de la empresa, y precisó que “tan afecta el interés público que inmediatamente intervino la Procuraduría y cerró la empresa”.

Afirmó: “estoy en la mejor disposición, cuantas veces quieran, de estar aquí a rendirles cuentas y darles respuestas concretas”.

Aseveró que no se oculta información, pero se tiene la cautela de reservarla para no afectar a inocentes, porque la averiguación está en proceso, y los hechos que tienen que ver con el delito, “los hemos expuesto con toda claridad”, indicó.

El Procurador sostuvo que nunca refirió que este caso era una cacería de brujas. “Alguien me lo atribuyó, y no lo he hecho porque no tengo por qué hacerlo, la primera razón es precisamente porque actuando con la seriedad que hemos actuado en este asunto, no hemos dado un solo nombre. Lo daremos cuando tengan órdenes de aprehensión y entonces ustedes conocerán si somos o no efectivos”.

Precisó que la Procuraduría actúa con seriedad, no busca ni ve colores, no busca ni ve consignas. Destacó que al frente de la institución busca su concepto de justicia, en el cual “hay que detener a los culpables, pero también no permitir que los inocentes sean afectados”.

Indicó que las aprehensiones que ha habido en el periodo en que ha sido procurador ha dejado plenamente sentado que “no veo colores; quienes han sido detenidos forman parte de todos los partidos y que no están detenidos por ser parte de ningún partido, sino por haber cometido conductas que están tipificadas como delitos en la ley, y eso es sólo lo que ve el procurador”.

Sostuvo que no va a actuar en función de un rumor o de una denuncia infundada, sino de hechos concretos que, como Ministerio Público, precisen una afectación a la sociedad.

 “Y en este caso y en todos los demás actuaremos hasta el final, viendo quién es el responsable, no de dónde viene, no con quién está aliado, no a quién pertenece”, insistió.

En cuanto a los cuestionamientos sobre las facturas falsas, señaló que no las hay. “Lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas, en una especie de factoraje, ya que las instituciones crediticias les prestan 40 o 50 días, lo que se tarda el trámite de pago, es como se maneja esto. Pero son partes, no son facturas”.

Refirió que cuando el Citibank se da cuenta y comunica a PEMEX la cantidad de estimaciones que tiene. La paraestatal las evalúa inmediatamente y le informa cuántas son ciertas y define el plazo para pagarlas. Alrededor de 200 millones de dólares era el valor de las auténticas y otro tanto todavía no es cuantificado.

Por su parte, l director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, dijo que de acuerdo a la averiguación previa que la Secretaria de la Función Pública y la PGR realizaron respecto a la empresa Oceanografía, la paraestatal se ha dado a la tarea de coadyuvar con la autoridad ministerial federal, a fin de deslindar responsabilidades administrativas o penales.

 “Petróleos Mexicanos seguirá proporcionando la información que sea requerida por las autoridades para coadyuvar en la procuración de justicia”, apuntó.

Informó que PEMEX no puede depender de la concentración de una sola empresa, por lo que, como parte de este proceso, se creó la nueva Dirección Corporativa de Adquisiciones, la cual deberá cuidar que los proveedores tengan solidez financiera, adecuada para sus compromisos y evitar las concentraciones que impliquen riesgos operativos como los que Oceanografía le causó a Petróleos Mexicanos.

Destacó que de acuerdo con un análisis realizado por la paraestatal, se concluyó que había una recurrencia en los atrasos y mal desempeño por parte de Oceanografía, por lo que le fincaron penalizaciones, además de que otorgó fianzas por debajo de lo estipulado en la ley de contrataciones, lo cual derivó en la inhabilitación de futuros contratos.

Si PEMEX no hubiese actuado, dijo, el fraude hubiera sido mayor. “Desde que inició esta administración nos hemos avocado a una revisión exhaustiva en los procesos de la empresa para que haya un control interno adecuado de nuestras operaciones”, afirmó.

En cuanto a los empleos de Oceanografía, anunció que PEMEX velará por que éstos se preserven, ya sea a través de la prestación de servicios de la misma u otras que la sustituyan.

Precisó que el reto operativo ante la problemática de Oceanografía, la enfrentarán a partir de la oportuna intervención de la PGR y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Lozoya Austin detalló que respecto al plan para combatir el déficit de gasolina y diesel ultra bajo en azufre, en los siguientes dos años estarán listos con plantas de elaboración de las primeras en las distintas refinerías; en tanto que las de diesel, esperan que concluyan en el 2017.

 “La importancia de las leyes secundarias es fundamental. El espíritu de esta reforma constitucional fortalece a PEMEX, y apelaría a que esta soberanía de mayor autonomía presupuestal, de gestión y un nuevo régimen para la paraestatal, a fin de que genere mejores resultados”, agregó.

El titular de PEMEX, destacó que se ha comenzado un procedimiento administrativo en contra de Mario Alberto Ávila por haber firmado el 5 de diciembre un instrumento legal denominado “adenda”, no obstante que existía una causa legal que se lo impedía, ya que de acuerdo a la información contenida en su declaración de conclusión de encargo, éste terminaba el 30 de noviembre de 2012.

Mario Alberto Ávila suscribió el contrato 428237855 celebrado el 23 de octubre de 2007 con la empresa Oceanografía S.A. de C. V. en representación de PEMEX Exploración y Producción como subdirector de Mantenimiento y Logística de dicha subsidiaria, cuando debía abstenerse de ejercer las funciones de su cargo.

El director de PEMEX señaló que entre los accionistas de la empresa de Oceanografía se encuentran: Amador y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Alberto Durante Martínez

El funcionario federal reiteró que la empresa que dirige no es la autoridad correspondiente para investigar cuándo iniciaron las operaciones fraudulentas de Oceanografía y aclaró que PEMEX hizo una investigación interna cuando dicha empresa no cumplió en tiempo y forma con los contratos.