¿Peligra la libre circulación de personas (y de ideas) en Europa?

¿Peligra la libre circulación de personas en Europa?/Diego Acosta Arcarazo es doctor en Derecho Europeo de Inmigración por la Universidad King’s College de Londres y profesor titular de Derecho Europeo en la Universidad de Bristol.

 Publicado en El Mundo | 13 de marzo de 2014:

El 9 de febrero los ciudadanos suizos votaron por ligera mayoría del 50,3% a favor de la iniciativa popular «contra la inmigración masiva» y las reacciones por parte de la Comisión Europea, diversos partidos políticos en la Unión y del propio Gobierno suizo, no se han hecho esperar. Ahora bien, más allá de las acusaciones y del revuelo mediático, resulta necesario discutir y analizar la situación en profundidad; estudiar las consecuencias jurídicas del referéndum por el cual los ciudadanos suizos han votado en contra de la libre circulación de personas entre su país y los que forman parte de la Unión Europea (UE), incluyendo los del denominado Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia). Este resultado tiene profundas implicaciones para Europa. Sin embargo, conviene distinguirlo claramente de debates similares que están teniendo lugar en otros países, caso del Reino Unido.

Una obviedad que conviene recordar: aunque Suiza no pertenece a la UE y, por tanto, se encuentra en una situación jurídica completamente distinta a la de los países de la Unión, existen siete acuerdos bilaterales que llevan en vigor desde 2002 y que tratan temas como el transporte, la agricultura, la cooperación científica o el libre movimiento de personas, el más importante ya que contiene la denominada cláusula guillotina -si este acuerdo se suspende, el resto de tratados quedan derogados automáticamente-. Pues bien, la iniciativa resultante del referéndum propone introducir un nuevo artículo en la Constitución suiza por el cual el número máximo de extranjeros que podrían obtener un permiso de residencia cada año estaría sujeto a cuotas. Es interesante observar que el nuevo artículo no establece un número determinado de personas sino que las cuotas dependerán de los intereses económicos globales de Suiza y del principio de preferencia para los trabajadores suizos. Esta limitación afectaría a los cerca de 1.100.000 ciudadanos europeos que residen en Suiza, mayoritariamente alemanes y franceses altamente cualificados.

El Gobierno helvético tiene tres años para renegociar cualquier tratado internacional contrario a esta nueva disposición. Y mientras esto no sea llevado a cabo, los ciudadanos europeos seguirán gozando del derecho a trabajar y residir en Suiza en las mismas condiciones que los nacionales. Un hecho clave: el electorado suizo sabía perfectamente que un voto negativo afectaría al global de las relaciones entre ambos socios y por ello ya se habían pronunciado hasta en tres ocasiones -en otros tantos referendos- a favor del mantenimiento de la libre circulación de personas.

Las relaciones entre Suiza y la UE, por tanto, van a transformarse en el corto y medio plazo. Resulta inevitable. En este sentido, la UE ha declarado con firmeza que no permitirá que el país helvético tenga «una relación bilateral a la carta». Dicho de otro modo: la restricción a la libre circulación de personas votada en Suiza afectará directamente a la libre circulación de servicios y mercancías. Llegados a este punto cabe destacar que la UE es el mayor socio comercial de Suiza, lo cual ha provocado que un buen número de empresas de este país también se hayan mostrado preocupadas ante una posible pérdida del acceso sin restricciones al mercado interno europeo.

Respecto a las repercusiones para otros países cabe preguntarse lo siguiente: ¿Sería posible un referéndum del mismo tipo en cualquier país miembro de la UE? La respuesta jurídica es tajante: no. Cualquier país que forme parte de la UE puede simplemente dejar la misma o bien replantear su pertenencia en una negociación política terriblemente compleja -sino imposible-. Por tanto, a pesar de las muestras de satisfacción expresadas por diversos partidos antieuropeístas -como UKIP en el Reino Unido o el Frente Nacional en Francia- el caso suizo no resulta trasladable a otros países. Eso sí, ahonda el debate abierto en algunas latitudes sobre la idoneidad de la libre circulación de personas en Europa. Un ejemplo es Reino Unido, dónde en diciembre de 2013 salió a la luz un informe interno del Gobierno que proponía limitar el número de permisos a ciudadanos europeos a 75.000 por año. Otras sugerencias más radicales -planteadas desde fuera del Gobierno- han puesto sobre el tapete la posibilidad de permitir la residencia sólo a aquellos ciudadanos que ganen al menos 27.000 libras anuales (más de 30.000 euros).

Al margen de la ilegalidad de estos planteamientos bajo el prisma del Derecho Europeo, cabe preguntarse cómo se puede argüir contra ellos. En este sentido, durante los últimos meses se han escuchado tres argumentos a favor de la libre circulación de personas: el primero, como acabamos de ver, es el razonamiento jurídico que establece la ilegalidad de cualquier limitación de los tratados en vigor; el argumento empresarial, por su parte, alerta contra los efectos negativos que dicha limitación podría producir en aquellas empresas que venden sus productos o servicios en el mercado interno europeo; por último, el argumento económico ensalza el crecimiento del PIB de los países que han recibido trabajadores europeos y la gran contribución económica de los mismos, como queda patente en diversos estudios tanto en el caso de Suiza como, por ejemplo, en el de Reino Unido.

Pero existe otro argumento a favor de la libre movilidad que no ha sido suficientemente enfatizado: hay que recordar que, a pesar de la existencia de fronteras abiertas en Europa y de las grandes diferencias en salarios y tasas de desempleo entre países, tan sólo un 3% de los nacionales europeos ejercen su libre derecho a la movilidad. Además, este movimiento tiene lugar en varias direcciones y no sólo desde países con menor riqueza hasta aquellos más prósperos. Efectivamente, los 453.000 ciudadanos suizos que residen en los 28 países de la UE se verán profundamente afectados por la decisión de la escasa mayoría del 50,3% de la consulta popular, pero, ¿qué decir de Reino Unido? Si bien las estadísticas nunca son completamente fiables, mientras que en Gran Bretaña residen unos 2.300.000 ciudadanos europeos, el número de británicos en el resto de la Unión alcanza los 2.200.000. Esta cuarta idea, que podríamos denominar «el argumento humano», debe ser situada en el centro del debate. La pregunta que debe hacerse a los partidos políticos que abogan por la restricción de la libre movilidad no debe limitarse a cómo lidiarán con las consecuencias económicas negativas sino qué futuro ofrecen a sus compatriotas residentes en el resto de la Unión.

El caso suizo va a suponer una prueba de fuego para las propuestas populistas en Europa. De hecho, los promotores del referéndum, el Partido Popular Suizo (SVP), tendrán que pasar de la cómoda retórica contra la libre movilidad y la migración a la imposible tarea de colaborar con el Gobierno en el rediseño de una política que mantenga los niveles de prosperidad en Suiza sin depender de los trabajadores extranjeros. El más que probable fracaso de estos malabarismos supondrá -paradojas de la vida- que el referéndum en Suiza acabe siendo una gran noticia para los defensores de la libre movilidad en Europa.