Cemex y su fallido fraude español

Cemex y su fallido fraude español/ALEJANDRO GUTIÉRREZ

Revista Proceso # 1954, 12 de abril de 2014

A finales del año pasado inspectores fiscales de España detectaron irregularidades cometidas por la filial de Cemex en ese país. La cementera falseó su información financiera a fin de pagar menos impuestos. Pero las autoridades hacendarias en vez de castigar a la empresa despidieron a quien descubrió la maniobra fraudulenta; a esto siguió una serie de renuncias solidarias que destaparon el escándalo. Sólo entonces la agencia tributaria dio marcha atrás y multó a la compañía encabezada por Lorenzo Zambrano. El tema llegó al Congreso: los legisladores han pedido explicaciones… que aún no han sido satisfechas.

 MADRID.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España vivió en diciembre pasado una severa crisis interna debido al despido o la renuncia de varios inspectores fiscales que durante una auditoría encontraron irregularidades en la filial española de Cementos Mexicanos (Cemex).

El viernes 4 la AEAT comunicó a la cementera mexicana que se había hecho merecedora de una sanción por 455 millones de euros (8 mil 192 millones de pesos), una de las mayores multas aplicadas en España. Tal comunicación la hizo con base en el dictamen elaborado por los mismos funcionarios a los cuales había despedido.

La aplicación de esta resolución no le bastó al Ministerio de Hacienda –del cual depende la AEAT– para limpiar su imagen salpicada por este escándalo, que se suma a su polémica amnistía fiscal a grandes fortunas mientras aplica una dura política recaudatoria hacia la población en general.

Tampoco disipó las sospechas de los partidos de la oposición y del gremio de los funcionarios fiscales de que dichos ceses y dimisiones derivan de “la posibilidad de que alguien en Hacienda prometió (a esta multinacional) algún trato de favor que no se pudo cumplir”, sostiene en entrevista el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Pedro Saura.

“Pedimos en el Congreso una comisión de investigación, a la que se opuso el Partido Popular (PP), para que el gobierno nos explicara por qué a una multinacional se le quiere rebajar su factura con la hacienda pública española. No lo han explicado porque es evidente que hubo ceses que tienen que ver con esta empresa y con un expediente determinado.”

Añade: “Queremos saber si existe un conflicto de intereses con la empresa privada de asesoría fiscal (Montoro y Asociados) en la que el ministro participó en el pasado o si la empresa Cemex se comprometió a invertir en España a cambio de resolver positivamente un expediente de la agencia tributaria. No tengo pruebas porque entonces ya lo hubiera denunciado, pero sí fundadas sospechas ante tanta opacidad del ministerio”.

La sanción se deriva de un acta de inspección del 7 de julio de 2011 sobre los ejercicios fiscales de 2006 a 2009. Cemex reportó 7 mil 410 millones de euros en “bases imponibles negativas”, de las cuales se descubrió que al menos 3 mil millones del monto citado estaban erróneamente sumados a sus pérdidas.

Aunque la cementera presentó un recurso contra esa interpretación, Dolores Linares, responsable del expediente de inspección fiscal, lo desestimó. Y de inmediato fue cesada por el jefe de delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT.

No es el único caso de empresas que en España recurren a esa práctica –denominada “factura fiscal”– para pagar menos impuestos, pero aquí aparentemente se encontraron “cargos indebidos” (pérdidas injustificadas), sostiene en entrevista el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.

Mediante un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa cementera, con sede en Monterrey, anunció que va a recurrir esta sanción. Argumentó que en caso de que estos recursos no le sean favorables, “este asunto podría tener un impacto adverso significativo sobre nuestros resultados de operación, liquidez y situación financiera”.

El grupo encabezado por Lorenzo Zambrano –uno de los mayores productores de cemento a escala global– sostiene que este tipo de sanciones puede ser objeto de recursos o reclamaciones administrativas “sin que Cemex España tenga que hacer pago alguno, sino hasta que todos los recursos o reclamaciones interpuestos sean finalmente resueltos”.

Cruzado afirma que en este caso Cemex reportaba mayor volumen de pérdidas para crear un crédito fiscal que utilizaría en años sucesivos para rebajar el pago de impuestos. “Era como un proceso de defraudación futura”, señala.

Gestha ha sido muy crítica con el Ministerio de Hacienda por el cese de los técnicos fiscales y pide explicaciones al ministro Cristóbal Montoro. “Estos ceses pueden llevar a pensar que hay algo más detrás, porque evidentemente hubo injerencias políticas”, sostiene José María Mollinedo, secretario general del sindicato.

Su señalamiento tiene base en una circular­ de la organización profesional de inspectores de Hacienda, la cual señala que “el cese fulminante puede llevarnos a pensar en la existencia de razones adicionales, con un sesgo ajeno a criterios técnicos. Supondría traspasar una línea roja”.

Doble rasero

En agosto pasado, la cementera anunció en México una serie de transacciones con la cementera Holcim que le permitirían mejorar su presencia en Europa. Dijo que espera que estos movimientos le generen en sus flujos de operación mejoras superiores a los 20 millones de dólares a partir de 2014,  con lo que consolidaría su portafolios en el continente europeo.

Pero en diciembre estalló la polémica en España. El controvertido episodio se hizo público porque, dos semanas antes, Dolores Linares, la inspectora responsable del expediente de la filial española de Cemex, había sido destituida “fulminantemente”, explica Cruzado.

En solidaridad, su superior inmediato, Ignacio Ucelay, titular del área de Control Tributario y Aduanero de la delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT, dimitió. Y con él dos técnicos fiscales más. Días después también lo hizo el jefe de inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, por sus “notables diferencias con la dirección”, entre ellas la designación del sustituto de Ucelay, como reveló el diario El País.

Pese a que Hacienda y la AEAT dijeron oficialmente que se trataba de una “remodelación del equipo”, los técnicos fiscales de Gestha sostienen que hubo “injerencias políticas para no perjudicar a Cemex”.

Cruzado sostiene que “lo grave del caso es la destitución de una funcionaria por mantener una sanción multimillonaria a esta multinacional, derivada de una auditoría técnica”.

Denunció que existe un “trato fiscal distinto a determinados contribuyentes que no ayudan a acabar con la mala imagen de la agencia”. Y sostuvo que “el caso de Cemex no ha sido explicado por el ministro ni por la agencia, pese a que en el Congreso se les pidieron explicaciones”.

Cruzado recordó que los recientes informes anuales que elabora Gestha sobre la defraudación fiscal arrojan que “70% del fraude lo cometen las grandes empresas y los grandes patrimonios”.

Tras esta cascada de despidos y renuncias, el jefe de la delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, convocó a una reunión urgente que tuvo como tema central el expediente Cemex y no una remodelación del equipo, como oficialmente lo comunicó la AEAT, dijo Cadena Ser.

Apuntaba que el director de Grandes Contribuyentes habría acusado a la inspectora de desobediencia por cerrar el expediente Cemex-España sin haber consultado antes con su dirección. Algunas de las fuentes consultadas señalaron que Huidobro pretendía rebajar la sanción a Cemex de 450 a sólo 15 millones de euros.

“Los medios, culpables”

En la sesión de control del Congreso, a mediados de diciembre, los partidos de oposición pidieron explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el expediente y los motivos reales de estos ceses, pero el funcionario del gobierno de Mariano Rajoy se negó argumentando el carácter reservado de datos o expedientes tributarios.

En la ríspida sesión, Cayo Lara, dirigente de Izquierda Unida (IU), le preguntó por dichos ceses y si existían injerencias políticas, pero el ministro aseguró que “jamás he transmitido una instrucción política a la Agencia Tributaria” ni existe conflicto de intereses entre él y su equipo con la empresa sancionada, y lamentó que se ponga en entredicho el prestigio de la AEAT.

Frente a la instrucción de Hacienda para que se investigara si hubo filtraciones de información a la prensa sobre este expediente, Cayo Lara le reprochó que sólo se preocupe por ver si hubo filtración y no por investigar si la sanción a la cementera fue correcta. “Persiga a los defraudadores y no a los inspectores que cumplen con su obligación”, le dijo.

En la tribuna Montoro calificó de falsas las informaciones e insinuó que el medio que destapó el caso –en realidad fueron el diario El País y Cadena Ser, ambos del grupo Prisa– lo hizo como forma de presión a Hacienda por tener retrasos en el pago de impuestos. Aunque en los pasillos del Congreso, ante los periodistas, trató de matizar ese argumento intimidatorio al que ya recurrió en pasadas intervenciones, primero contra los actores y creadores críticos con el gobierno o contra los partidos de oposición, como el caso de IU.

El diputado Gaspar Llamazares, de IU, dijo: “Me da la impresión de que hay una Agencia Tributaria para los de a pie, los que tenemos un salario, y otra Agencia Tributaria para las grandes empresas”.

El diputado socialista Pedro Saura lamentó la “persecución de funcionarios independientes que están haciendo bien su trabajo. Usted ya es el Torquemada de la hacienda pública española”.

Unión, Progreso y Democracia emitió un comunicado acusando a Montoro de “haber paralizado la lucha contra el fraude fiscal con los graves y fulminantes ceses” en la Agencia Tributaria. Y le cuestionó si fueron a instancias del ministerio o motu proprio del delegado central de Grandes Contribuyentes de AEAT, que ocupa un “cargo político”.

La Gestha también pidió información sobre el expediente y todos aquellos funcionarios y consultores que intervinieron en este caso para saber si no existe un conflicto de intereses, información que les ha sido negada sistemáticamente, explicó Cruzado.

En entrevista, Saura recuerda que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó una serie de preguntas al ministro y solicitó una comisión de investigación, que fue denegada por la mayoría del PP.

“Incluso hicimos preguntas por escrito al gobierno, pero no nos aclara nada y yo soy poco optimista, porque siempre juegan con el paso del tiempo para que se apague la atención de los asuntos espinosos. En la comparecencia el ministro propuso hacer una reforma de la Agencia Tributaria, pero le respondí que primero hay que aclarar este asunto y después hacemos la reforma.”

–¿Cuáles fueron las preguntas que le hizo al ministro Montoro? –se le pregunta a Saura.

–Primero si se cumplió la ley existente en el caso Cemex, es decir que todos debemos ser iguales ante la hacienda pública. Por qué cesan a esta funcionaria que en ese expediente encontró que se trató de simular que las pérdidas de la empresa fueran mayores y, por tanto, el crédito fiscal fuera mayor, es decir, lo que Hacienda te compensa, para que fuera mayor en el futuro, y si tratas de hacerlo de manera fraudulenta, tiene una penalización.

“Le pregunté directamente si hay algún asesor, colaborador, alto cargo o él mismo que tenga algún tipo de incompatibilidad profesional, laboral o de otro tipo con el caso Cemex o determinadas empresas que asesoraran en el pasado en el sector privado, y lo baso en que el ministro, su hermano y miembros de su equipo constituyeron una empresa que brindaba asesoría fiscal, de la que existen una multitud de publicaciones que se refieren a relaciones no explicadas.”

El portavoz de Hacienda del PSOE sostuvo que “Montoro y su equipo entienden la relación entre lo público y lo privado de una manera muy particular: confunden a sus grandes clientes con los contribuyentes”. Recordó que la otra pregunta que le formuló al ministro en el Congreso fue si la empresa (Cemex) prometió inversiones en España a cambio de un mejor trato fiscal.

Pese a la negativa del ministro sobre la existencia de algún tipo de relación, en los días siguientes a su comparecencia se fueron desgranando informaciones con nuevos datos sobre esa sospecha, como la que el diario digital El Plural dio a conocer sobre miembros del despacho Montoro y Asociados, que pasó a llamarse Equipo Económico cuando en 2008 el hoy ministro vendió sus acciones al ser nombrado portavoz económico del PP.

El despacho Equipo Económico, señala, lo preside Ricardo Martínez Rico, otro socio fundador de la consultora y exsecretario de Estado de Hacienda y Presupuesto durante el gobierno de José María Aznar. Es, además, hermano de Felipe Martínez Rico, actual jefe de gabinete de Montoro.

Ricardo Montoro, hermano del ministro, fue socio hasta el año pasado, luego de la polémica por labores de lobby de la consultora a favor de Abengoa, la empresa de biocombustibles que pretendía lograr una regulación fiscal más favorable para las energías renovables.

El pasado 17 de diciembre la publicación digital puso al descubierto que en 2009 y 2010, durante unos seminarios que organiza la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –presidida por el expresidente José María Aznar–, a los cuales asisten solo invitados especiales, coincidieron, entre otros, Montoro, Ricardo Martínez Rico, del Equipo Económico, y Eduardo García Pinar, principal directivo en Madrid del despacho internacional de abogados Ashurst, que actualmente asesora a Cemex-España.

En esos encuentros también participaron Santiago Menéndez, actual director de la Agencia Tributaria, y Manuel Balsameda del Campo, economista jefe para España y Europa del BBVA, quien desde 2006 ocupa el mismo cargo en Cemex-España.

El digital recordaba que en la entrevista que Montoro concedió al suplemento Nueva Economía del diario El Mundo, al hablar sobre su consultora, decía que era lícito que un grupo de personas que venían del ministerio de Hacienda (del gobierno de Aznar) ahora se ofrecieran para asesorar a empresas privadas con sus conocimientos sobre la función pública. “Se trata de aprovechar el buen entendimiento entre nosotros al servicio de empresas-clientes”.