Protocolo de seguridad para juzgadores

 México, D.F., a 14 de marzo de 2014 Comunicado No. 15

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA JUZGADORES DE IBEROAMÉRICA, RESPUESTA A INJERENCIAS DEL CRIMEN CONTRA JUZGADORES

• En la Asamblea Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana se aprobará el Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores como base de su Independencia

• El proyecto fue coordinado por México y contó con la participación de diez países de América Latina

Para responder a la creciente preocupación de los poderes judiciales iberoamericanos por las presiones y amenazas que enfrentan sus juzgadores por parte de la delincuencia transnacional, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza el Ministro Juan Silva Meza, propuso en el seno de los grupos de trabajo de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana el Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores como base de su Independencia.

Esta propuesta, que coordina del CJF y que elabora con representantes de 10 poderes judiciales iberoamericanos, establece líneas generales para que cada país pueda concretar de acuerdo con sus normas internas, las mejores condiciones de seguridad, libertad e independencia que garanticen una impartición de justicia libre de cualquier presión y amenazas.

De esta manera, el Protocolo constituye una respuesta a la preocupación regional derivada de las amenazas, extorsiones y aniquilamiento que grupos delictivos han perpetrado en contra de los representantes de los poderes judiciales de Iberoamérica.

“Un elemento a contrarrestar es el fenómeno del crimen organizado que, con el pertrecho de la ganancia ilícita ha logrado tener la capacidad de desafiar a los Estados y a sus representantes. Los integrantes de los poderes u órganos judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesario esquemas más efectivos de seguridad y protección”, establece la justificación de la propuesta del Protocolo.

Hoy por hoy, los juzgadores, sus familias, el personal administrativo y de apoyo que coadyuva a la impartición de justicia, están sometidos a situaciones de riesgo permanentes por la capacidad de desafío del crimen organizado.

A este respecto, el juez Carlos Manuel Padilla Pérez-Vertti, representante del CJF en la coordinación de ese grupo de trabajo, explicó que ante esta realidad, resulta indispensable contar con un instrumento guía que delinee una serie de reglas o recomendaciones encaminadas a generar condiciones de seguridad que no se circunscribe solamente a la protección física de las y los impartidores de justicia, de sus familias y colaboradores, sino que implica la necesidad de tutelar y fortalecer otras garantías tales como la carrera judicial, la inamovilidad del cargo, o contar con percepciones adecuadas, por citar algunas.

En los trabajos deliberativos para la conformación de este Protocolo se concluyó que no pueden desvincularse los temas de seguridad e independencia judicial dada la interrelación que guardan entre sí.

Pérez-Vertti precisó que la seguridad, como una de las bases de la independencia judicial, no se puede lograr solo con programas de protección física, sino que se requiere de medidas tales como blindar las garantías judiciales mediante el fortalecimiento de la carrera judicial; procurar medidas legislativas y administrativas a fin de dar seguridad económica, jurídica y social.

El también secretario ejecutivo de Disciplina del CJF agregó que “el Protocolo impulsado por el Ministro Presidente Juan Silva Meza, es un esfuerzo para que se lleve a todos los países iberoamericanos un esquema de seguridad y de justicia al juzgador, a fin de que este último pueda esta libre de injerencias ajenas al derecho y que no le permiten lograr sus fines de impartir justicia con independencia y profesionalismo. Se trata de que dicten libremente sus resoluciones”.

La propuesta del Protocolo recomienda tener inmuebles adecuados preferentemente en lugares céntricos y no alejados de las ciudades, contar con un plan de protección específico; y proteger la integridad de las y los juzgadores, promoviendo el respeto irrestricto al criterio jurisdiccional, así como establecer un sistema de evaluación efectivo.

Pérez-Vertti indica: “la descomposición social y los problemas de seguridad, los problemas de delincuencia organizada nos llevan a situaciones que no buscábamos, pero ante las cuales tenemos que adelantarnos y este Protocolo otorgaría una seguridad, una tranquilidad a los servidores públicos que imparten justicia. El objetivo es precisamente que esos factores externos no influyan en la toma de decisiones”.

Entre los aspectos no relacionados con la seguridad que contiene esta propuesta, destacan:

• Blindar las garantías judiciales mediante el fortalecimiento de la carrera judicial

• Procurar con eficacia medidas legislativas y administrativas que otorguen seguridad económica, jurídica y social a las y los juzgadores, tales como la dignificación e irreductibilidad del salario y el ejercicio de un presupuesto autónomo.

• Proteger la integridad de las y los jueces promoviendo el respeto irrestricto al criterio jurisdiccional y establecer un sistema de evaluación efectivo.

A los trabajos del referido Protocolo, se sumaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay y será aprobado en la próxima Asamblea Plenaria de Presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, en Santiago de Chile a celebrarse los días 2, 3 y 4 de abril próximo.

Dirección General de Comunicación Social

www.cjf.gob.mx @CJF_Mx