Tribunal de cuentas: ¿juez y parte?

Tribunal de cuentas: ¿juez y parte?/Javier Martín Cavanna es director de Fundación Compromiso y Transparencia.

Publicado en El Mundo | 29 de mayo de 2014

Daron Acemoglu y James A. Robison dejaron muy claro en su conocido libro Why nations fail que los factores críticos del desarrollo económico y político de las naciones no se encuentran en el clima, la cultura o la geografía. El factor determinante reside en contar con instituciones sólidas y eficaces. Su tesis coincide con la de Francis Fukuyama, que en The origins of political order defiende que la institución de la rendición de cuentas es un elemento esencial para la construcción de un orden político democrático. En el fondo, estos autores no vienen sino a recoger una larga tradición cuyo representante más autorizado es Aristóteles. El filósofo griego dedica gran parte de sus reflexiones en la Política a hablar de la importancia de las magistraturas: cuáles son las más importantes para que la polis funcione, quién debe elegir a los magistrados y cuál es el término de mandato adecuado.

 En relación con el nombramiento de los magistrados Aristóteles examina con detalle tres elementos: quiénes son los que nombran a los magistrados, entre quiénes los nombran y de qué manera.Teniendo en cuenta estas coordenadas a nadie se le escapa que la existencia de un organismo independiente y eficaz que «fiscalice la actividad económica y financiera» de las diferentes administraciones públicas y «juzgue la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos» (artículo 2 de la Ley orgánica 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas) constituye un pilar básico para el funcionamiento de las instituciones democráticas y para proteger la credibilidad de todo el sistema político. Pues bien, lo cierto es que nuestro Tribunal de Cuentas carece de las necesarias condiciones de independencia y eficacia para poder cumplir esa función.

Difícilmente podemos hablar de organismo independiente en la fiscalización de los partidos cuando todos los consejeros que integran el Tribunal son nombrados por las Cortes Generales: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado. El pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público que, por otra parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente al PSOE (cuatro asientos).

Para que una institución pueda realizar con eficacia su función debe contar con un marco jurídico adecuado y con los necesarios recursos económicos. En relación con el marco jurídico, el Tribunal de Cuentas ha carecido del mismo desde su constitución por expreso deseo de los políticos que no querían someterse a su control. El Tribunal no ha dispuesto en estos 30 años de capacidad sancionadora para castigar las numerosas irregularidades que ha venido detectando, limitándose a elevar a las Cortes unas ingenuas recomendaciones. Aun hoy, aunque se ha resuelto parcialmente esta grave carencia de facultades, las infracciones de los partidos siguen sin estar reguladas según su gravedad.

En relación con los recursos económicos, el Tribunal de Cuentas cuenta con un presupuesto anual de 62 millones de euros, según la Memoria de 2012. De esos 62 millones, 53 corresponden a gastos de personal. La plantilla está compuesta por 582 personas, de las cuales hay 42 auditores del Tribunal de Cuentas y 222 técnicos de auditoría y control externo; es decir, un total de 264 personas han de encargarse de fiscalizar a todo el sector público en España, que supone un 45% del PIB.

Para hacernos una idea de la ridiculez de los recursos asignados para la fiscalización del sector público podemos cotejarlos con los recursos de las cuatro principales empresas auditoras en España: Deloitte, PwC, KPMG y Ersn&Young. De acuerdo con los datos de sus respectivos informes anuales de 2012, las cuatro principales empresas auditoras tienen unos ingresos por la actividad auditora de 739 millones de euros y cuentan con 6.372 personas dedicadas a función de auditoría. Cifras muy alejadas de los aproximadamente 25-30 millones de euros de la partida de personal dedicada a las actividades de auditoría que comprende 264 personas del principal órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.

Sin instituciones eficaces e independientes es imposible construir un orden político democrático. De nada sirven las numerosas reformas sobre la financiación de los partidos políticos (desde que comenzó la democracia se han aprobado cuatro normas específicas) si nadie está interesado en hacerlas cumplir. Ya nos lo recordaba Aristóteles: «De nada sirve que se celebren juicios acerca de lo justo, si éstos no se llevan a su cumplimiento».