Apuesta
oficial: proyecto para regular la industria casinera/ÁLVARO DELGADO
Revista
Proceso #1964, 21 de junio de 2014
Por
medio de la Secretaría de Gobernación, el presidente Enrique Peña Nieto encargó al abogado Miguel Ontiveros
Alonso un proyecto para regular la industria del juego y terminar con la
proliferación de casinos y la corrupción de autoridades de todos los niveles en
este terreno. Ontiveros, quien fue subprocurador de Derechos Humanos de la PGR
en el último año de gobierno de Felipe Calderón, elaboró un proyecto de Ley
Federal de Juegos y Sorteos en el que propone la creación del Instituto
Nacional de Juegos y Sorteos. El documento está listo para su discusión en el
Congreso de la Unión.
Ante
la corrupción de autoridades de todos los niveles –legisladores, jueces y
dirigentes políticos– y por ser “una atractiva herramienta para el lavado de
dinero, así como para (el) financiamiento de grupos terroristas”, el gobierno
de Enrique Peña Nieto tiene definido ya su proyecto para regular la
multimillonaria industria del juego: La Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables.
Este
proyecto de ley, que pretende sustituir a la que está vigente desde 1947,
define las bases y límites a juegos y sorteos “en todas sus modalidades”
–incluidos los organizados por instituciones educativas, religiosas y partidos
políticos–, fija en 21 años la edad mínima para participar en ellos y se
reconoce el derecho a la autoexclusión, mecanismo mediante el cual a una
persona con ludopatía manifiesta en forma voluntaria se le impedirá ingresar a
los casinos.
“La
idea es cambiar la lógica de que al casino se va a ganar, sino más bien a
entretenerse y divertirse sanamente”, establece el proyecto de Ley Federal de
Juegos y Sorteos Responsables, del que Proceso tiene copia, que propone una
nueva autoridad para regular, vigilar, certificar y sancionar a los
involucrados en la industria del juego.
La
nueva autoridad en la materia será el denominado Instituto Nacional de Juegos y
Sorteos, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión
directiva y administrativa, cuyo titular dependerá directamente del secretario
de Gobernación, quien lo podrá nombrar “por tiempo indefinido” y remover
libremente.
El
instituto será, además, un órgano colegiado: presidido por el secretario de
Gobernación y cuyo secretario técnico será el titular del mismo, tendrá
representantes de las secretarías de Hacienda, Salud, Turismo, Economía, así
como de la Procuraduría General de la República (PGR).
También
formarán parte del Consejo Consultivo del Instituto de Juegos y Sorteos dos
especialistas y un representante de la sociedad civil, con voz pero sin voto,
que tendrán cargo honorífico por un término de tres años.
Si
bien los permisos actuales mantendrán su vigencia –los 30 actuales amparan a
más de 700 establecimientos, como reconoció el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong–, en el proyecto se advierte que los nuevos se
otorgarán sólo por un plazo mínimo de un año y máximo de 10, cuya renovación
irá de 10 a 15 años.
“Se
busca restringir en la media de lo posible la apertura de nuevas salas o
centros de apuesta”, refiere el documento, en el que se establece que “la
anuencia municipal deberá ser otorgada por el presidente con el aval de su
cabildo”.
Y
advierte: “Los permisos no son transferibles y no se podrá vender un permiso
sin la autorización del instituto, se vigilará que en los convenios de
permisionarios con operadores no se traslade la propiedad y el control del
permiso al operador, quedando esto último estrictamente prohibido. Para dar de
alta un convenio con un operador, éste deberá tramitarse ante el instituto por
el permisionario y no por el operador”.
En
el proyecto se subraya la certificación de las máquinas tragamonedas, no sólo
de los casinos, sino de las que se instalan en todo tipo de comercios y que se
busca erradicar.
“La
idea es eliminar todo tipo de máquinas para menores de edad, especialmente
aquellas que están en farmacias, tiendas de autoservicio y centros de juego
tipo ‘Recórcholis’ y similares”.
Ley
de 2.3 millones
Este
proyecto de ley –que consta de ocho títulos, 197 artículos y nueve
transitorios– le costó a la Secretaría de Gobernación 2 millones 300 mil pesos,
que le pagó al abogado Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos
Humanos de la PGR en el último año de gobierno de Felipe Calderón (Proceso
1960).
La
contratación de Ontiveros Alonso estuvo a cargo de la directora general de
Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, quien en el anexo técnico dispone que
en la nueva ley deben prevenirse, controlarse y combatirse los efectos
negativos de los juegos y sorteos.
Entre
los efectos negativos se encuentran la realización de “operaciones con recursos
de procedencia ilícita (lavado de dinero), posibles riesgos de ludopatía,
mafias y crímenes, y afectaciones en la familia”, y por ello deben definirse
acciones para combatir el fenómeno criminal.
“Dado
que la naturaleza de las actividades de juegos y sorteos atrae actividades
delictivas, como es el lavado de dinero, se deberán establecer mecanismos que
permitan acciones de coordinación con la Unidad Especializada en Análisis
Financiero de la PGR, Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretaría de
Economía.”
Y
subraya: “Es importante destacar que la industria del juego, por sus
características, es una atractiva herramienta para el lavado de dinero, así
como (el) financiamiento de grupos terroristas”.
Sin
embargo, pese a este reconocimiento implícito, el gobierno de Peña Nieto no ha
procesado a nadie por ello y sólo siguió el trámite de revocación del permiso a
Entretenimiento de México (Emex), de Arturo Rojas Cardona y su hermano Juan
José, El Rey de los Casinos, iniciado con Calderón.
Tampoco
ha emprendido acción contra funcionarios o exfuncionarios que han solapado el
funcionamiento ilegal de casinos en el territorio nacional, en la actual y las
anteriores administraciones, pese a que el propio Osorio Chong asegura que han
sido clausurados 50 establecimientos y que, según él, ya no funciona ninguno de
manera irregular.
Justamente
González Salas –quien luego de ser colaboradora de Carlos Salinas emigró al PRD
para ser diputada federal y ha regresado al redil priista– también pidió en el
anexo técnico que el proyecto de ley sobre juegos y sorteos establezca acciones
para combatir la corrupción de los servidores públicos.
“(…)
Dada la percepción que sobre el tema de los juegos y sorteos se tiene en el
país, la incorporación de un apartado dedicado a servidores públicos que
transgredan la ley constituiría un mensaje importante en pro de la legalidad en
el desarrollo en la industria del juego.”
Al
respecto, en el capítulo VIII del proyecto de ley, “Del control y vigilancia”,
se señala que el personal del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos
participará regularmente en cursos de capacitación, será certificado y sometido
a exámenes de control de confianza, aunque –aclara– “no tan estrictos como los
de los cuerpos policiacos, pero sí que garanticen a quién se contrata y de
dónde viene”.
Añade:
“Se regulan las funciones, facultades y los derechos de los inspectores, así
como límites e impedimentos. Se prohíbe trabajar en el instituto si hay
relación de parentesco con un permisionario o su equivalente en todas las
figuras aquí reguladas”.
Además,
“se puntualizan los procedimientos administrativos (la queja, el derecho de
audiencia y los procedimientos de revisión). Para estos procedimientos deberá
acudir al instituto si se trata de un permisionario (persona física) él mismo,
y para una persona moral el representante legal”.
En
este mismo capítulo también se explica cuándo procede la clausura temporal de
un establecimiento, la definitiva y en qué momento procede la extinción o
revocación del permiso.
“En
el renglón de penas y sanciones se incrementan severamente, siendo éstas de mil
a 100 mil salarios mínimos, según se trate de faltas leves, graves o muy
graves.”
Define
como muy graves: dar datos o documentos falsos, incumplir con el objeto,
ofrecer juegos en línea sin el permiso y sin la denominación mx., otorgar
créditos, obstruir las labores de vigilancia, etcétera.
En
el capítulo VI, “De los juegos con apuestas”, el proyecto de ley regula “todo
tipo de juego con apuesta y especialmente el juego en línea, con telemática,
por teléfono, por internet, que sea interactivo en tiempo real, en la web
mundial”.
Aunque
los juegos estarán autorizados en todas sus modalidades, el juego en línea sólo
podrá permitirse a los que lo brinden y cuenten con autorización del Instituto
Nacional de Juegos y Sorteos.
“Tienen
que tener permisos de casino, ya sea de un permisionario existente o de un
permiso exprofeso que cuente con sala, aunque sea una sala virtual, y debe
establecerse un sitio web con la denominación ‘mx’.”
En
cuando a los sorteos, según el documento, éstos podrán realizarse en los
casinos –“por ejemplo un carro u otros similares”– con permiso que otorgue el
Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.
“Están
autorizados los sorteos de símbolos y números en los bingos y en las máquinas.
Se regulan los sorteos de las instituciones educativas, religiosas y partidos
políticos.”
Juego
responsable
El
abogado Ontiveros Alonso no sólo elaboró el diseño y redacción completa de la
nueva ley de juegos y sorteos, con apartado introductorio, articulado
sustantivo y régimen transitorio para su entrada en vigor, sino una “exposición
y defensa del proyecto ante las instancias correspondientes, con especial
referencia al Poder Legislativo”.
También
ofreció realizar “los ajustes y modificaciones necesarias derivadas del
intercambio de opiniones entre los principales actores políticos, especialistas
y académicos”, y también dar “seguimiento al proceso legislativo y
asesoramiento para la resolución de problemas de cara a su aprobación final”.
El
proyecto de nueva ley lo entregó el exfuncionario de Calderón al finalizar 2013
y se tenía previsto que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación,
enviara la iniciativa de ley en el periodo que concluyó en abril, lo cual no se
materializó.
De
acuerdo con el Análisis del proyecto de la nueva Ley Federal de Juegos y
Sorteos, que también elaboró Ontiveros Alonso, éste tiene como “fuente
principal las iniciativas de ley (aparentemente ocho) que se han presentado en
diversos foros”.
Además,
“se tomó en cuenta el libro verde de la Unión Europea, de estudios de juego de
España, el código de conducta del juego en España, el estudio sobre
vulnerabilidad de los jugadores de Europa, de documentos de la GAFI, de la
American Gambling Association y de diversos documentos de América y Europa”.
Y
puntualiza: “En la exposición de motivos se da especial enfoque al tema de la
responsabilidad y la seguridad en el juego. Consta de ocho títulos, 197
artículos y nueve artículos transitorios”.
El
proyecto de ley tiene cuatro objetivos. Uno: “Regular el juego y la apuesta en
todo el país (particularmente se habla de la responsabilidad y de los derechos
de los participantes, de los permisionarios y de los operadores)”.
Dos:
“Garantizar los derechos de los participantes, de las personas vulnerables, de
los discapacitados y de las adicciones al juego (se establece el derecho al
libre esparcimiento de las personas. Queda prohibido el acceso a los
establecimientos a menores de 21 años. Se reconoce el derecho a la
autoexclusión, como sucede en varias partes del mundo)”.
Tres:
“Establecer las bases del juego responsable y de las tareas que en este
sentido deben llevar a cabo
permisionarios y operadores, así como sus derechos y obligaciones”. Y cuatro:
“Establecer las bases y límites a juegos y sorteos en todas las modalidades
(sólo podrán participar en esta industria los permisionarios y sus operadores,
estando estrictamente prohibida la participación de terceros. Se anuncia que el
juego no se promueve, sólo se regula”.
En
los artículos transitorios se establece que se respetarán los permisos
otorgados bajo el amparo de la Ley de Juegos y Sorteos de 1947, y todo
procedimiento administrativo iniciado bajo el amparo de esta ley continuará
bajo la misma.
En
caso de aprobarse, la Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables entrará en
vigor a los 60 días de su publicación –mismo plazo para el Instituto Nacional
de Juegos y Sorteos–, cuyo reglamento se publicará a su vez en un plazo no
mayor a seis meses…
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