Apuesta oficial: proyecto para regular la industria casinera

 Apuesta oficial: proyecto para regular la industria casinera/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso #1964, 21 de junio de 2014

 Por medio de la Secretaría de Gobernación, el presidente Enrique Peña  Nieto encargó al abogado Miguel Ontiveros Alonso un proyecto para regular la industria del juego y terminar con la proliferación de casinos y la corrupción de autoridades de todos los niveles en este terreno. Ontiveros, quien fue subprocurador de Derechos Humanos de la PGR en el último año de gobierno de Felipe Calderón, elaboró un proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos en el que propone la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos. El documento está listo para su discusión en el Congreso de la Unión.

 Ante la corrupción de autoridades de todos los niveles –legisladores, jueces y dirigentes políticos– y por ser “una atractiva herramienta para el lavado de dinero, así como para (el) financiamiento de grupos terroristas”, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene definido ya su proyecto para regular la multimillonaria industria del juego: La Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables.

 Este proyecto de ley, que pretende sustituir a la que está vigente desde 1947, define las bases y límites a juegos y sorteos “en todas sus modalidades” –incluidos los organizados por instituciones educativas, religiosas y partidos políticos–, fija en 21 años la edad mínima para participar en ellos y se reconoce el derecho a la autoexclusión, mecanismo mediante el cual a una persona con ludopatía manifiesta en forma voluntaria se le impedirá ingresar a los casinos.

 “La idea es cambiar la lógica de que al casino se va a ganar, sino más bien a entretenerse y divertirse sanamente”, establece el proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables, del que Proceso tiene copia, que propone una nueva autoridad para regular, vigilar, certificar y sancionar a los involucrados en la industria del juego.

 La nueva autoridad en la materia será el denominado Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión directiva y administrativa, cuyo titular dependerá directamente del secretario de Gobernación, quien lo podrá nombrar “por tiempo indefinido” y remover libremente.

 El instituto será, además, un órgano colegiado: presidido por el secretario de Gobernación y cuyo secretario técnico será el titular del mismo, tendrá representantes de las secretarías de Hacienda, Salud, Turismo, Economía, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).

 También formarán parte del Consejo Consultivo del Instituto de Juegos y Sorteos dos especialistas y un representante de la sociedad civil, con voz pero sin voto, que tendrán cargo honorífico por un término de tres años.

 Si bien los permisos actuales mantendrán su vigencia –los 30 actuales amparan a más de 700 establecimientos, como reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, en el proyecto se advierte que los nuevos se otorgarán sólo por un plazo mínimo de un año y máximo de 10, cuya renovación irá de 10 a 15 años.

 “Se busca restringir en la media de lo posible la apertura de nuevas salas o centros de apuesta”, refiere el documento, en el que se establece que “la anuencia municipal deberá ser otorgada por el presidente con el aval de su cabildo”.

 Y advierte: “Los permisos no son transferibles y no se podrá vender un permiso sin la autorización del instituto, se vigilará que en los convenios de permisionarios con operadores no se traslade la propiedad y el control del permiso al operador, quedando esto último estrictamente prohibido. Para dar de alta un convenio con un operador, éste deberá tramitarse ante el instituto por el permisionario y no por el operador”.

 En el proyecto se subraya la certificación de las máquinas tragamonedas, no sólo de los casinos, sino de las que se instalan en todo tipo de comercios y que se busca erradicar.

 “La idea es eliminar todo tipo de máquinas para menores de edad, especialmente aquellas que están en farmacias, tiendas de autoservicio y centros de juego tipo ‘Recórcholis’ y similares”.

 Ley de 2.3 millones

 Este proyecto de ley –que consta de ocho títulos, 197 artículos y nueve transitorios– le costó a la Secretaría de Gobernación 2 millones 300 mil pesos, que le pagó al abogado Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR en el último año de gobierno de Felipe Calderón (Proceso 1960).

 La contratación de Ontiveros Alonso estuvo a cargo de la directora general de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, quien en el anexo técnico dispone que en la nueva ley deben prevenirse, controlarse y combatirse los efectos negativos de los juegos y sorteos.

 Entre los efectos negativos se encuentran la realización de “operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), posibles riesgos de ludopatía, mafias y crímenes, y afectaciones en la familia”, y por ello deben definirse acciones para combatir el fenómeno criminal.

 “Dado que la naturaleza de las actividades de juegos y sorteos atrae actividades delictivas, como es el lavado de dinero, se deberán establecer mecanismos que permitan acciones de coordinación con la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretaría de Economía.”

 Y subraya: “Es importante destacar que la industria del juego, por sus características, es una atractiva herramienta para el lavado de dinero, así como (el) financiamiento de grupos terroristas”.

 Sin embargo, pese a este reconocimiento implícito, el gobierno de Peña Nieto no ha procesado a nadie por ello y sólo siguió el trámite de revocación del permiso a Entretenimiento de México (Emex), de Arturo Rojas Cardona y su hermano Juan José, El Rey de los Casinos, iniciado con Calderón.

 Tampoco ha emprendido acción contra funcionarios o exfuncionarios que han solapado el funcionamiento ilegal de casinos en el territorio nacional, en la actual y las anteriores administraciones, pese a que el propio Osorio Chong asegura que han sido clausurados 50 establecimientos y que, según él, ya no funciona ninguno de manera irregular.

 Justamente González Salas –quien luego de ser colaboradora de Carlos Salinas emigró al PRD para ser diputada federal y ha regresado al redil priista– también pidió en el anexo técnico que el proyecto de ley sobre juegos y sorteos establezca acciones para combatir la corrupción de los servidores públicos.

 “(…) Dada la percepción que sobre el tema de los juegos y sorteos se tiene en el país, la incorporación de un apartado dedicado a servidores públicos que transgredan la ley constituiría un mensaje importante en pro de la legalidad en el desarrollo en la industria del juego.”

 Al respecto, en el capítulo VIII del proyecto de ley, “Del control y vigilancia”, se señala que el personal del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos participará regularmente en cursos de capacitación, será certificado y sometido a exámenes de control de confianza, aunque –aclara– “no tan estrictos como los de los cuerpos policiacos, pero sí que garanticen a quién se contrata y de dónde viene”.

 Añade: “Se regulan las funciones, facultades y los derechos de los inspectores, así como límites e impedimentos. Se prohíbe trabajar en el instituto si hay relación de parentesco con un permisionario o su equivalente en todas las figuras aquí reguladas”.

 Además, “se puntualizan los procedimientos administrativos (la queja, el derecho de audiencia y los procedimientos de revisión). Para estos procedimientos deberá acudir al instituto si se trata de un permisionario (persona física) él mismo, y para una persona moral el representante legal”.

 En este mismo capítulo también se explica cuándo procede la clausura temporal de un establecimiento, la definitiva y en qué momento procede la extinción o revocación del permiso.

 “En el renglón de penas y sanciones se incrementan severamente, siendo éstas de mil a 100 mil salarios mínimos, según se trate de faltas leves, graves o muy graves.”

 Define como muy graves: dar datos o documentos falsos, incumplir con el objeto, ofrecer juegos en línea sin el permiso y sin la denominación mx., otorgar créditos, obstruir las labores de vigilancia, etcétera.

 En el capítulo VI, “De los juegos con apuestas”, el proyecto de ley regula “todo tipo de juego con apuesta y especialmente el juego en línea, con telemática, por teléfono, por internet, que sea interactivo en tiempo real, en la web mundial”.

 Aunque los juegos estarán autorizados en todas sus modalidades, el juego en línea sólo podrá permitirse a los que lo brinden y cuenten con autorización del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.

 “Tienen que tener permisos de casino, ya sea de un permisionario existente o de un permiso exprofeso que cuente con sala, aunque sea una sala virtual, y debe establecerse un sitio web con la denominación ‘mx’.”

 En cuando a los sorteos, según el documento, éstos podrán realizarse en los casinos –“por ejemplo un carro u otros similares”– con permiso que otorgue el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.

 “Están autorizados los sorteos de símbolos y números en los bingos y en las máquinas. Se regulan los sorteos de las instituciones educativas, religiosas y partidos políticos.”

 Juego responsable

 El abogado Ontiveros Alonso no sólo elaboró el diseño y redacción completa de la nueva ley de juegos y sorteos, con apartado introductorio, articulado sustantivo y régimen transitorio para su entrada en vigor, sino una “exposición y defensa del proyecto ante las instancias correspondientes, con especial referencia al Poder Legislativo”.

 También ofreció realizar “los ajustes y modificaciones necesarias derivadas del intercambio de opiniones entre los principales actores políticos, especialistas y académicos”, y también dar “seguimiento al proceso legislativo y asesoramiento para la resolución de problemas de cara a su aprobación final”.

El proyecto de nueva ley lo entregó el exfuncionario de Calderón al finalizar 2013 y se tenía previsto que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, enviara la iniciativa de ley en el periodo que concluyó en abril, lo cual no se materializó.

De acuerdo con el Análisis del proyecto de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, que también elaboró Ontiveros Alonso, éste tiene como “fuente principal las iniciativas de ley (aparentemente ocho) que se han presentado en diversos foros”.

Además, “se tomó en cuenta el libro verde de la Unión Europea, de estudios de juego de España, el código de conducta del juego en España, el estudio sobre vulnerabilidad de los jugadores de Europa, de documentos de la GAFI, de la American Gambling Association y de diversos documentos de América y Europa”.

Y puntualiza: “En la exposición de motivos se da especial enfoque al tema de la responsabilidad y la seguridad en el juego. Consta de ocho títulos, 197 artículos y nueve artículos transitorios”.

El proyecto de ley tiene cuatro objetivos. Uno: “Regular el juego y la apuesta en todo el país (particularmente se habla de la responsabilidad y de los derechos de los participantes, de los permisionarios y de los operadores)”.

Dos: “Garantizar los derechos de los participantes, de las personas vulnerables, de los discapacitados y de las adicciones al juego (se establece el derecho al libre esparcimiento de las personas. Queda prohibido el acceso a los establecimientos a menores de 21 años. Se reconoce el derecho a la autoexclusión, como sucede en varias partes del mundo)”.

Tres: “Establecer las bases del juego responsable y de las tareas que en este sentido  deben llevar a cabo permisionarios y operadores, así como sus derechos y obligaciones”. Y cuatro: “Establecer las bases y límites a juegos y sorteos en todas las modalidades (sólo podrán participar en esta industria los permisionarios y sus operadores, estando estrictamente prohibida la participación de terceros. Se anuncia que el juego no se promueve, sólo se regula”.

En los artículos transitorios se establece que se respetarán los permisos otorgados bajo el amparo de la Ley de Juegos y Sorteos de 1947, y todo procedimiento administrativo iniciado bajo el amparo de esta ley continuará bajo la misma.

En caso de aprobarse, la Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables entrará en vigor a los 60 días de su publicación –mismo plazo para el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos–, cuyo reglamento se publicará a su vez en un plazo no mayor a seis meses…