Murillo Karam ante los senadores

Tarde del viernes, 20 de Junio de 2014 

El Procurador Murillo Karam comparece ante la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. Y sobretodo para dar a conocer lo relativo al procedimiento penal contra el ciudadano Amado Yáñez Osuna, identificado como principal y presunto responsable de diversos delitos dentro del caso.

 La senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso reconoció que la corrupción lacera las posibilidades de desarrollo y lastima la moral, por lo que “confiamos que en este caso no habrá ni deberá haber impunidad”.

La legisladora reconoció que se dieron agravios a instituciones públicas como Pemex, Banco de Comercio Exterior, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ), por lo que es importante para los senadores de la República.
En la reunión informativa, el procurador Murillo dijo que se inició una averiguación previa --que continúa a la fecha-- luego de que el Banco Nacional de México, acreedor de Oceanografía, solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) una revisión y cotejo de la información de dicha empresa, en la que acreditaban “supuestas cuentas por cobrar” a Pemex.

 En la investigación se descubrió la coparticipación de funcionarios del banco y de Oceanografía, para la obtención de créditos, sin que se respetaran las guías de operación establecidas por la institución bancaria, señaló.

 Se encontraron operaciones de crédito entre Banamex y Oceanografía que se validaron y sustentaron en 2013, con base a documentos que no se ajustaron a protocolos mínimos de seguridad para el otorgamiento de créditos y se determinó que la documentación presentada por la empresa para obtener el crédito --no reconocido por Pemex-- en buena parte es falsa.

 Se giró orden de aprehensión en contra de cuatro personas, entre ellas de Amado Yáñez y funcionarios del banco. En el caso de Yáñez, por haber desviado un crédito a un fin distinto, ya que dicha finalidad fue determinante para su otorgamiento.

 El Procurador refirió que hasta el momento, con el informe contable de los peritos no es posible determinar un monto exacto de quebranto a Banamex, y que falta respaldo de información por parte del banco. La investigación continúa para acreditar la responsabilidad de los implicados y de otros más.

 El dictamen contable presentado por Banamex que refiere de manera categórica y sin sustento, la existencia de un quebranto de alrededor de cinco mil 600 millones de pesos, no está determinado debido a que no se descuentan los pagos recibidos.

 La senadora del PRI, Graciela Ortiz González, indicó que su grupo parlamentario dará puntual seguimiento a las investigaciones para evitar que exista impunidad, ya que es un caso originado en administraciones anteriores.

 No se deben “inventar delitos, atender consignas y manejar escenarios que no corresponden”, y se pronunció por aplicar la ley y que no sea utilizada para fines distintos a abatir la impunidad.

 Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, consideró que se tienen que aplicar controles públicos adecuados para evitar este tipo de situaciones. Preguntó al Procurador: 

¿Es una política de la PGR, será una política de la PGR el aseguramiento de empresas proveedoras del Estado por vínculos con hechos delictivos, aunque el hecho delictivo está referido a una relación entre particulares?

Para la senadora Dolores Padierna  del PRD, manifestó que el caso Oceanografía “es un fraude controlado”, a gran escala, para que el número de responsables del delito sea mínimo.

 Mencionó que existen otros indicios de defraudación fiscal que conducen a la evasión de obligaciones obrero-patronales ante el IMSS e Infonavit, así como una investigación donde se señala la participación de Amado Yáñez en el robo de combustibles y lavado de dinero para el Cártel del Golfo.

 Carlos Alberto Puente Salas, senador del PVEM, cuestionó al funcionario sobre la existencia de afectaciones y conductas delictivas a la paraestatal y de posibles responsabilidades a funcionarios de Pemex o de otras dependencias del gobierno federal.

 En sus respuestas, el Procurador indicó que la política de la dependencia es buscar la forma menos dañina de hacer las cosas haciendo valer la ley, y detalló, que el aseguramiento de los bienes de la empresa proveedora se deriva de que fue un instrumento de delito.

 Descartó afectaciones al patrimonio de Pemex o intervención en esta, sin embargo, sus operaciones pudieron verse afectadas levemente uno o dos días. Y señaló que no tiene detectado que haya intervenido ningún funcionario de Pemex o del gobierno, pero “la investigación está abierta”.

 En una segunda ronda de intervenciones, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, destacó que al dejar libre a Amado Yáñez, luego del pago de una fianza, se generó una “especie de preocupación de que pueda haber un camino a la impunidad”. Además cuestionó si hay otras empresas involucradas en el caso.

 Del mismo grupo parlamentario, el senador Mario Delgado Carrillo preguntó cuánto costará seguir administrando la empresa, si hay recursos públicos en su administración o si todo se subsanará a partir del patrimonio de la misma.

 El titular de la PGR respondió que hay más empresas involucradas. Este proceso no lo va a pagar el gobierno, “se va a pagar de la propia empresa, del propio patrimonio de la empresa”.
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MENSAJE DEL PROCURADOR GENERAL

Viernes, 20 de Junio de 2014 > Boletín 121/14a

Gracias, senadora. Yo de antemano les digo: estoy abierto completamente al tiempo que necesiten y que requieran, aquí, afuera, en la oficina y en donde gusten estoy totalmente a sus órdenes en el momento en que lo determinen.

El día 11 de febrero del 2014 la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del Órgano Interno de Control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades administrativas.

A partir de esta sanción, el Banco Nacional de México, que era acreedor de la empresa de Oceanografía, solicitó a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco en el que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a favor de Oceanografía, cuentas por cobrar a Pemex y, repito, supuestas.

Esta situación fue hecha del conocimiento de la Procuraduría General de la República. Cuando Pemex ve que no son cuentas que deba lo hace del conocimiento de la Procuraduría y la Procuraduría abre una investigación de inmediato e inicia una averiguación previa que a la fecha continúa. Y esto es muy importante que quede claro: no es un caso cerrado; es un caso en proceso.

 Desde el día que hicimos público esto, dijimos que teníamos muy claros los objetivos. Era no sólo una averiguación previa sino que la actuación de la autoridad, y en este caso de la autoridad representando a la sociedad tenía varios retos en este asunto, sobre todo por experiencias previas, como es el caso de MEXICANA en donde el manejo diferente del asunto provocó la quiebra y la pérdida de muchos empleos.

 Dijimos desde el primer día que nuestros propósitos y objetivos eran preservar cerca de 11 mil fuentes de empleo directas que generaba esta empresa; proteger la operación ordinaria de la empresa para la adecuada prestación de los servicios que se le brindan a Pemex, es decir, evitar que hubiese un freno a la actividad de Pemex que nos hubiera costado mucho dinero; lograr la reparación de acreedores afectados como se tiene que buscar en todo procedimiento y sancionar a los responsables de las conductas delictivas realizadas. Fueron los objetivos que nos trazamos que nos trazamos cuando iniciamos y lo hicimos público.

 Para cumplir con estos objetivos tuvimos que adoptar varias medidas:

 Con fecha 27 de febrero de 2014 el Ministerio Público de la Federación determinó el aseguramiento de la empresa Oceanografía y transfirió a la empresa para su administración al SAE, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes el 2 de marzo del 2014.

 Dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público de la Federación se solicitó a un juez federal el arraigo domiciliario del accionista mayoritario de oceanografía Amado Yáñez Osuna, a fin de allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran el establecimiento de los hechos y, al mismo tiempo, salvaguardar los bienes mayores que ya señalamos en este caso y que ya mencionamos.

 Repito: preservar fuentes de empleo, garantizar operación de la empresa e, inclusive, poder salvar otro tipo de empresas que afectaban a una enorme cantidad de mexicanos y que, aunque no estaban en esta situación, el hecho de que hubiera socios de una y de la otra podía haber provocado una situación de pánico que hubiera sido verdaderamente grave. Lo que hicimos fue aislar a estas sociedades, zafarlas del asunto y fundamentalmente resolver esto durante el tiempo del arraigo a fin de que se salvaran algunas empresas de ahorro muy importantes en el que muchos mexicanos están incluidos.

 Lo que también se logró por fortuna y están completamente aseguradas, y no tienen ningún problema de funcionamiento, es la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda o las tienen perfectamente ubicadas. Están todavía aseguradas algunas de las cuentas que se están soltando conforme se va dando el proceso, de manera tal que están funcionando correctamente.

 El arraigo ejecutado en el domicilio del señor Amado Yáñez obedeció a la necesidad de permitir que éste tuviera la oportunidad y el acceso a la documentación de la empresa que requeríamos para poder lograr las condiciones de un concurso que impidiese el quiebre; y al mismo tiempo poder tener toda la comunicación necesaria para poder, incluso en algunos casos, darle al SAE el manejo adecuado y sin costo para el país, de la empresa.

 Simplemente nada más dejo claro que durante todo el arraigo estivo custodiado por agentes de la policía investigadora de la propia Procuraduría.

 Después, el Ministerio Público demandó el concurso mercantil de la empresa, en condiciones que nos permiten hacer un concurso con posibilidades grandes de éxito y ahora, ante la autoridad judicial, se reestructuran pasivos de Oceanografía, se evita su quiebra y el SAE, junto con Amado Yanes ha comparecido ante el juez que conoce el concurso, para mostrar si conformidad con el procedimiento iniciado por el Ministerio Público y en muchos de los casos el SAE ya con cesión de derechos a su favor, de algunas de las cosas que tenía Oceanografía, que eso es lo que nos está permitiendo manejarla sin costo.

 En la investigación se han desahogado hasta el momento las siguientes diligencias: testimoniales a cargo de la empresa, de PEMEX y de BANAMEX, de lo que se concluyó como coparticipación de funcionarios tanto de BANAMEX como de Oceanografía, para la obtención de créditos sin que se respetaran ni siquiera las propias guías de operación establecidas por el propio banco.

 Periciales en documentos, grafoscopía, respecto de la documentación que fue presentada por la empresa, con la finalidad de obtener el crédito, lo cual no fue reconocido por PEMEX y la que se concluyó en una buena parte es falsa.

 Se obtuvo la opinión del delito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto del actuar de los funcionarios de BANAMEX, en el que se consideró que son partícipes del delito previsto en el artículo 112, fracción tercera, de la Ley de Instituciones de Crédito, en coparticipación con personal de Oceanografía.

 El informe contable del expediente de la PGR en el que se refieren que hasta este momento no es posible determinar el monto exacto de quebranto a BANAMEX, toda vez que hace falta respaldo de información por parte del banco, en la que se acredite lo efectivamente cobrado, respecto de lo efectivamente adeudado.

 El dictamen contable presentado por BANAMEX, en el que refiere de manera categórica y sin sustento la existencia de un quebranto de alrededor de 5 mil 300 millones de pesos, está no determinada en razón de que no descuenta los pagos efectivamente recibidos.

 En este punto es muy importante destacar que, dada la naturaleza de los delitos que se persiguen en esta indagatoria, resulta de particular trascendencia que la información bancaria que se requiere sea entregada de forma oportuna.

 Sin embargo, durante el tiempo que se ha conocido esta investigación, ha sido muy lenta la recepción por parte del Ministerio Público de los documentos que se han solicitado.

 De las diligencias realizadas se han obtenido hasta la fecha los siguientes hallazgos:

 Primero, se determinó con precisión el modo de la operación y el efecto, contrato frente a un empresario privado y un banco en el que se presentaron documentos falsos, en los que se pretendía involucrar a una empresa pública que, por fortuna, a tiempo pudo determinarlo y evitó cualquier quebranto de esta naturaleza.

Se encontró que algunas operaciones de crédito efectuadas entre BANAMEX y Oceanografía se sustentaron y validaron, en 2013, con base en documentos que no se ajustaron a los lineamientos del protocolo mínimo de seguridad para el otorgamiento de créditos.

En la investigación se proyectó la participación tanto de funcionarios de BANAMEX como de Oceanografía. Hasta el momento se ha obtenido la orden de detención contra cuatro personas, hasta el momento, por la comisión de delitos previstos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre los que se encuentra el señor Amado Yáñez y funcionarios del banco.

Esos delitos consisten en lo siguiente:

Respecto a los funcionarios y empleados del banco, por haber intervenido directamente en la autorización y realización de operaciones, a sabiendas de que éstas resultarían por lo menos delictivas.

Respecto de Amado Yáñez por haber desviado un crédito concedido a un fin distinto, si dicha generalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito a la institución que presentaría iniciales, hasta este momento, no está cerrada todavía la investigación y la averiguación en cuanto a esto.

La investigación continúa en virtud de que se siguen practicando diversas diligencias para acreditar fehacientemente la responsabilidad de quienes estén implicados y de otras personas más que pudieran estar implicadas.

Hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la Procuraduría Fiscal, a efecto de garantizar el cumplimiento de los propósitos que nos planteamos, evitar dejar en la calle a 11 mil familias, evitar que se generara un detrimento y pánico de ahorradores de algunas de las empresas en las que éstos eran socios y por contagio pudieran pegarse.

Las aislamos, las pudimos, las cuidamos y están en perfectas condiciones y no sucedió, y se ha logrado incluso hacer algunas ventas con los derechos que nos fueron otorgados al SAE, a la administradora, por parte de la empresa Oceanografía para que pueda mantenerse sin costo para el Estado.

Consecuencia: no le ha costado un centavo de más al Estado, fuera de lo que nos ha costado la investigación; no hay ningún detrimento a PEMEX, están a salvo los trabajos de los 11 mil trabajadores y está intocada la confianza de todas las demás instituciones que podrían estar involucradas.

Esto es lo que puedo informarles.