Sobre Moreno Valle, sombra de juicio político

Sobre Moreno Valle, sombra de juicio político/GABRIELA HERNÁNDEZ

Revista Proceso # 1971, a 9 de agosto de 2014

Las acusaciones que pesan sobre el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, son cada vez más graves y provienen de actores más poderosos. Con sus anhelos presidenciales duramente vapuleados, el mandatario enfrenta la posibilidad de un juicio político. Ahora, el PRD en el Congreso de la Unión presenta un punto de acuerdo en el que señala la responsabilidad del gobierno de Moreno Valle en la muerte del niño José Luis Tehuatlie y, con testimonios e imágenes, evidencia que sí se aplicó la Ley Bala en la protesta donde ocurrió el homicidio.

 PUEBLA, Pue.- Para el gobernador Rafael Moreno Valle aumentó la presión por el caso Chalchihuapan. Lo que en un principio sólo parecía una sombra para sus aspiraciones presidenciales se convirtió en una posibilidad de que sea llevado a juicio político.

 Al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, y las heridas –algunas incapacitantes– que sufrieron al menos nueve habitantes de Chalchihuapan, se suman las acusaciones de la madre del menor, Elia Tamayo, de que el gobernador trató de comprar su silencio y atropelló sus derechos, además del encarcelamiento injusto de cuatro pobladores y la presunta manipulación de las investigaciones para inculpar a los manifestantes.

 Respaldado por fotos y videos que contradicen la versión que ha tratado de sostener el gobierno poblano –afirma que el niño murió por la “onda expansiva” que generó un cohetón lanzado por los propios manifestantes–, el grupo parlamentario del PRD llevó el caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los perredistas pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan la indagatoria y revisen si se violaron las garantías individuales de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes fueron desalojados de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, cuando pedían la restitución del servicio de Registro Civil en sus comunidades.

Paralelamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre el caso y anunció que, en menos de un mes, emitirá un dictamen para el que, hasta ahora, ha tomado en cuenta 132 entrevistas, 525 fotografías, 70 videos, 10 solicitudes de información, dictámenes médicos y dos solicitudes de medidas cautelares para exigir que se proteja a la población de Chalchihuapan.

El ómbudsman Raúl Plascencia Villanueva ha tenido que defender públicamente su imparcialidad en este caso, luego de que se ventilara su amistad con el exvisitador de la CNDH Juan Pablo Piña Kurczyn, quien además de ser el autor de los peritajes que exoneraron a la administración morenovallista, fue nombrado jefe de la oficina del gobernador poblano la semana pasada.

Así, Plascencia advirtió que, de confirmarse violaciones a los derechos humanos de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el organismo a su cargo solicitaría juicio político contra funcionarios estatales, incluido el gobernador.

En esta exigencia coinciden representantes de organizaciones civiles y militantes de partidos políticos como PRI, PAN y PRD, que el miércoles 6 llamaron a los poblanos a exigir al Congreso de la Unión realizar el juicio político. De hecho, ya desde el 24 de julio el senador perredista Luis Sánchez había avisado que, junto con organizaciones ciudadanas, buscaría el juicio político contra Moreno Valle.

Por su parte, la diputada poblana Roxana Luna presentó sendas solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA) para que haya una vigilancia internacional en las indagatorias y no queden “espacios para la impunidad”.

Otros expedientes han llegado casi al mismo tiempo al legislativo federal. El 28 de julio el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una solicitud de desaparición de poderes. Argumentó que, además del conflicto en Chalchihuapan, hay 11 casos que demuestran la existencia de “una crisis de gobernabilidad en Puebla”.

Morena expuso que, sólo este año, la política represiva del gobierno de Moreno Valle ha dejado 30 presos políticos. Mencionó también la persecución contra mototaxistas, opositores al Proyecto Integral Morelos y otros grupos sociales; y la aprobación de leyes en fast track, como la de expropiaciones, la que privatiza el servicio de agua potable, la del transporte, la llamada “Ley Bala”, la que privatiza el alumbrado público y la que se encamina a la desaparición de las juntas auxiliares.

Por su parte, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) envió un escrito ante la Secretaría de Gobernación en el que denunció: “El artero crimen del niño José Luis Tehuatlie Tamayo en San Bernardino Chalchihuapan es resultado de un estado descompuesto, de una situación de violencia en la que actos represivos no son la excepción sino la regla cotidiana en Puebla”. ´De igual manera, detalló recientes situaciones de represión sindical.

El 28 de julio, más de 30 camiones partieron de San Martín Texmelucan hacia la Ciudad de México en la caravana Poblanos por la Dignidad. La manifestación congregó, amén de a los habitantes de Chalchihuapan, a otros sectores agraviados durante este sexenio: campesinos, vendedores ambulantes, mototaxistas, burócratas, transportistas, maestros, exconcesionarios de verificentros, obreros, habitantes de las juntas auxiliares, defensores de derechos humanos, opositores a megaproyectos, a la privatización del agua y periodistas, entre otros.

Representantes de dichos grupos se quejaron ante Gobernación y la Cámara de Diputados por atropellos que supuestamente han sufrido por parte del mandatario.

Las organizaciones se apuntaron para la marcha Poblanos por la Paz, que se realizaría este domingo 10 por las calles de Puebla, y a la que incluso se sumaron panistas de renombre como Ana Teresa Aranda, exsecretaria de Desarrollo Social.

La demanda que los une: respeto a los derechos ciudadanos y juicio político contra Moreno Valle.

Acusaciones que se acumulan

El expediente presentado por los senadores Alejandro Encinas y Luis Sánchez Jiménez en el Congreso de la Unión contiene fotografías que muestran detalles de las heridas que sufrió en la cabeza el niño Tehuatlie Tamayo. Con esas imágenes se descartan quemaduras o residuos de pólvora que necesariamente habría dejado el estallido de un cohetón.

También se mostraron fotos de policías estatales mientras disparaban escopetas lanzagás –modelos AM-600, marca Cóndor calibre 37/38 mm y DEF TEC 1315, calibre 37 mm–, cartuchos metálicos y artefactos plásticos de color negro que recolectaron los habitantes de la localidad al día siguiente del operativo.

Otros videos difundidos públicamente y que la Procuraduría estatal excluyó de sus diligencias muestran el inicio del operativo. Ahí se evidencia que los pobladores no portaban piedras, palos, cohetones ni ningún objeto para agredir a los policías.

Según habitantes de Chalchihuapan entrevistados por Proceso, los videos que sustentan la versión de la Procuraduría fueron grabados media hora después de la ofensiva policiaca, cuando los inconformes ya estaban enardecidos porque los agentes habían baleado a un niño y otros habitantes de la localidad. Aparte habían detenido a cuatro lugareños.

 En el punto de acuerdo que presentó el grupo parlamentario del PRD se precisa que el gobierno de Puebla no atendió 162 peticiones de alcaldes dirigidas al gobernador y al secretario general de gobierno. En esas solicitudes exponían su oposición a la reforma de la Ley Orgánica Municipal, que restaba facultades a las juntas auxiliares, la mayoría de ellas comunidades indígenas.

 En el texto de los perredistas se señala que el 9 de julio los habitantes de la junta auxiliar de Chalchihuapan salieron a ejercer su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

 “En reacción a este acontecimiento, el gobierno del estado, lejos de escucharlos o negociar mediante funcionarios capacitados y autorizados para atender inconformidades, ordenó a la policía estatal a su mando presentarse en el lugar equipada con equipos antimotines de diferentes características, incluyendo armas que disparaban diversos objetos contundentes y de gas lacrimógeno, según consta en infinidad de fotos y videos que circulan en las redes sociales, y que presento como material gráfico anexo. (…)

 “Sin establecer diálogo alguno, iniciaron una brutal represión contra los habitantes de esa población, disparando infinidad de cartuchos de diferentes características, arremetiendo físicamente sin distinción alguna contra hombres, mujeres y niños, dejando como resultado más de 70 lesionados, 10 de gravedad, y el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad”, detalla el punto de acuerdo.

 Según los legisladores perredistas, la actuación del mandatario poblano agravió los derechos consagrados en los artículos 4, 6, 8 y 9 de la Constitución federal.

 Además, advierten que el modo en que la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) lleva a cabo las investigaciones violenta el artículo 14 de la Constitución federal, “toda vez que en la PGJ se advierte que (sus integrantes) alteraron y tergiversaron los hechos, responsabilizando a los pobladores que se manifestaban y, en diversas ocasiones, cambiando las versiones de los hechos, haciendo un informe final en el que dicen que la muerte del niño se debió a ‘una onda expansiva’ de la explosión de un cohete”, se lee.

 “(Esta) situación (es) totalmente inverosímil, ya que nunca tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos del lugar y de la madre del menor, quienes coinciden siempre en señalar que al niño y a todos los pobladores los policías estatales les dispararon diversos objetos contundentes y de gas, con lo que se desestima totalmente la autonomía de la PGJ y la evidencia que recogieron en el lugar de los hechos, y se debe responsabilizar directamente al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, por manipular totalmente a las instituciones de impartición y procuración de justicia.”

 Torrente de iniquidades

 En el punto de acuerdo, los legisladores perredistas también mencionan las violaciones del artículo 16 constitucional cometidas contra los pobladores detenidos. “De acuerdo con manifestaciones de los aprehendidos, éstos no fueron inmediatamente puestos a disposición del ministerio público, sino torturados y aislados, sin que pudieran hablar con familiares, abogados o defensores”.

 De hecho, el juzgado de Cholula tuvo que decretar la libertad bajo caución de los cuatro acusados, luego de que los abogados demostraran, con un peritaje de cronometría, que fueron capturados media hora antes de que se suscitara la gresca.

 Santiago Pérez Tamayo, un hombre de 75 años de edad, incluso denunció que fue amenazado por los agentes para que se declarara responsable de los hechos, pese a que ni siquiera participó en la protesta y ese día iba de regreso a Veracruz, donde radica desde hace más de 50 años.

 Los perredistas mencionan que el gobierno poblano violó la comunicación privada de los pobladores, así como de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, a quien le interfirieron llamadas telefónicas.

 Agregan que los expedientes dentro del Tribunal Superior de Justicia han sido ocultados o no proporcionados a las partes, que los heridos no fueron atendidos en hospitales públicos por “órdenes superiores” y que sufrieron lesiones graves, perpetuas y notables, además de afectación psicológica.

 A esto hay que sumar las violaciones graves de los derechos humanos en contra de la madre del niño, Elia Tamayo: en declaraciones públicas, el gobernador arguyó que la mujer tiene responsabilidad penal en los hechos. Posteriormente, la señora acusó al mandatario de haber querido comprar su silencio.

 Los perredistas indican que hubo violaciones a diversos tratados firmados por México, como la Convención Americana de los Derechos Humanos; la de los Derechos de los Niños, el Pacto de San José de Costa Rica, y el Tratado de Defensa y Protección de los Niños y Adolescentes, entre otros.

 Ante todo esto, los tres puntos que los legisladores proponen son que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación de los delitos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tome en cuenta las pruebas presentadas por los pobladores de Chalchihuapan, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez concluidas las investigaciones de la CNDH, analice el caso.

 Por su parte, Moreno Valle pasó de acusar a los pobladores de emplear a niños como escudos humanos, de defender su Ley Bala y a los policías, de acusar a la diputada Roxana Luna y al senador Héctor Bautista de haber infiltrado a agitadores y de aseverar que todo “fue planeado”, a concluir ahora que “la violencia no construye”.

 Han sido notorios los cambios en sus giras. Antes llegaba directo al estrado, pero de unos días a la fecha se toma tiempo para saludar de mano y beso a ancianas, amas de casa e incluso carga niños.

 El decreto que envió al Congreso del estado supuestamente para derogar la llamada Ley Bala sigue en suspenso. Los diputados se fueron de vacaciones sin poner en la mesa de discusiones la nueva legislación que sustituiría esa controvertida norma, impulsada por el propio mandatario.