Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (II)

Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ante las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de Contratos de Pemex, realizada el miércoles 24 de septiembre de 2014.

El presidente diputado Ricardo Alberto Pacheco Rodríguez: Tocaría ahora el turno a la presidencia de la Comisión de Justicia hacer alguna reflexión inicial en esta comparecencia. Lo primero que debo decir es que me queda claro que el procurador General de la República tiene perfectamente establecidos los focos de a dónde debe llevarse esta institución en este tránsito del país hacia un nuevo sistema de justicia penal que requiere, como él lo ha dicho, la profesionalización, la capacitación, la actuación, la preparación de todos los actos que están a su mando.

En ese sentido, debo decir que al escucharlo con la precisión con la que hace sus manifestaciones siempre, no he de agregar más a lo que han dicho mis compañeros presidentes de las comisiones. Solamente decir que en el privilegio que he tenido de coincidir con el procurador General de la República en tareas diversas en espacios legislativos, aquí mismo en la Cámara de Diputados, como él bien lo señala, he aprendido que el uso eficiente del tiempo que uno puede hablar es uno de los valores mayores que los políticos debemos utilizar.

Así es que con lo dicho y sabiendo que mis compañeros y mis compañeras diputadas serán exhaustivos en las preguntas que harán al señor procurador General de la República, daría por resuelta la intervención de la presidencia de la Comisión de Justicia.

El presidente diputado Ricardo Alberto Pacheco Rodríguez: Pasaríamos, si le parece bien, señor procurador, al posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios que integran las comisiones que aquí desahogamos esta comparecencia, por lo que damos la palabra al diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Muy buenas tardes a todas y todos. Señor presidente, con su permiso. Señor procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo, sea usted muy bienvenido a esta casa de los mexicanos, que sigue siendo su casa, sigue usted siendo un diputado como todos nosotros.

Saludo con gusto a la señora subprocuradora, a la señora Oficial Mayor, a los funcionarios de la Procuraduría General de la República que el día de hoy acompañan al procurador, a los vicecoordinadores de las distintas bancadas partidistas en esta Cámara, a los señores presidentes de comisiones, a las compañeras y compañeros diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Especial de Pemex, a los amigos de los medios de comunicación.

Por qué estamos hoy reunidos en torno a esta comparecencia del titular del Ministerio Público federal. Además de que existe una obligación legal que el señor procurador cumple a cabalidad, por qué estamos reunidos para hablar con el titular de la cabeza principal en materia de justicia en este país.

El asunto se interpreta de manera muy rápida. El orden jurídico es la estructura legal que permite la gobernabilidad en una sociedad, así de sencillo. La justicia es el eje social que permite la convivencia, y para ello se requiere de instituciones fuertes y sólidas como son las que tenemos en nuestro país.

El Ministerio Público federal, su titular es el licenciado Murillo Karam. Brevemente, ¿qué es el Ministerio Público? Ministerio Público, la palabra “ministerio” proviene de la palabra latina ministrare, y ministrare significa “dar”. Dar seguridad, dar orden, dar y procurar la justicia a toda una sociedad.

La procuración de justicia en nuestro país vive momentos coyunturales. Desde hace 90 años en nuestro país no vivíamos cambios jurídicos y la reingeniería legal que todos hemos ido perfectamente determinando y que hemos participado con la aprobación, en su caso, de los que lo han hecho, de este nuevo orden jurídico que todos los mexicanos estamos diseñando.

Estos cambios estructurales de la procuración de justicia se basan principalmente en el impulso que el presidente Peña Nieto a través de sus iniciativas ha ido generando para diseñar la estructura de lo que va a ser el nuevo sistema de justicia penal.

Efectivamente, bien lo dijo el procurador, esto está fraguándose; esto está detallándose y se encuentra en proceso de que se consolide, llevará su tiempo, pero seguro estamos de que será un proyecto viable, un proyecto de éxito para todos los mexicanos.

Derivado de la reforma político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión, en próximas semanas, antes de que termine este año lo esperamos, tendremos una nueva institución: la Fiscalía General de la Federación, y esta fiscalía no solamente es un cambio de nombre, es el cambio de un diseño institucional, es el cambio de un paradigma que duró 90 años y que ahora, socialmente todos tenemos que ir trabajando para entenderlo y para irlo aterrizando.

¿Cuáles son las principales características? Primero, el Ministerio Público adquiere autonomía. La fiscalía tendrá una total autonomía, no dependerá de ningún poder específico del Estado. La fiscalía, el fiscal, su titular, será designado por el Senado de la República, ya no será una atribución del Ejecutivo.

Estas son algunas de las nuevas formas en que la justicia cambiará para bien de toda nuestra sociedad. Junto con ello también vale la pena reiterar y hacer comentarios que adicionan lo referido por el procurador Murillo, la reforma a lo que es la legislación penal y la creación del nuevo sistema penal acusatorio en el país, implica un cambio que ya ha sido realidad, que fue el sueño durante muchos años de legisladores y de académicos, y de toda la sociedad exigiendo una forma de justicia igual para todos los mexicanos. Y es por ello que nace y se consolida el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación única en materia procesal. Se juzgará a todos los mexicanos de la misma manera, ya no habrá ningún tipo de diferencias.

Esto genera una certeza jurídica y una celeridad en los procedimientos. El nuevo sistema de justicia tiene ya su estructura, su guion; la forma, el proceso ya está definido, los operadores tendrán que ir diseñando la forma en cómo aterrizarlo.

Los medios alternos de solución de conflictos, de solución de controversias, esto es una de las partes fundamentales del nuevo sistema. En términos sencillos ¿qué significa? Darle a la sociedad, a los ciudadanos, la posibilidad de resolver ellos mismos sus propios problemas. Dar a través de la mediación, de la conciliación, del arbitraje, los instrumentos para que los ciudadanos lo puedan hacer.

La brevedad en los procesos penales. Se establece el máximo como un año. Y esto es un éxito, es un gran éxito cuando la sociedad mexicana reclamaba la celeridad y la certeza en la manera de aplicar la justicia.

Igualmente se habla de la forma, la oralidad. La oralidad es una forma que permitirá hacer que los procesos sean mucho más rápidos y que exista trasparencia en el momento en que se rindan y se dicten las sentencias. Y siempre habrá un juez, cosa que actualmente difícilmente ocurre. Éstas son algunas de las circunstancias valiosas que implica la nueva justicia en México.

Los priistas, los diputados priistas de esta Legislatura hemos vivido muy cercanos los cambios, hemos vivido de manera emotiva lo que significa este cambio de paradigma, lo que significa esta ruptura de estructuras, y la vemos con gran éxito y la vemos bien dirigida por el señor procurador, licenciado Jesús Murillo Karam.

Señor procurador, los priistas confiamos en nuestro procurador, confiamos en la procuración de justicia de nuestro país y confiamos en las instituciones que han generado esta estructura tan valiosa. Señor procurador, nuestro reconocimiento a su trabajo y nuestro reconocimiento a la actividad y al nuevo modelo y a la nueva cara que está teniendo la Procuraduría en sus manos. Muchas gracias.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Con el permiso de la Presidencia. Señor licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, le agradecemos su presencia ante estas comisiones unidas para abordar con motivo del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República a su digno cargo.

Es innegable que la investigación y la persecución de los delitos federales no admite impericias, dolo o negligencia alguna. Preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución se vuelve un objetivo insatisfecho ante la falta de transparencia en el manejo de la información y ante la manipulación de cifras, signos inequívocos y representativos de la presente administración federal, entre otros factores.

Por ejemplo, un tema que lastima sin duda a los mexicanos es precisamente el desempeño de los Ministerios Públicos poco comprometidos, que lejos de ayudar a las víctimas del delito en muchas ocasiones las revictimizan, que no asumen el alto compromiso con la sociedad que les ha sido encomendado.

Las cifras oficiales pretenden ocultar la realidad, ya que sólo uno de cada 10 delitos es denunciable. Las causas de ello, simple: la falta de confianza en las autoridades amén del temor a las represalias por la colusión de éstas con los delincuentes.

Recordemos que en marzo del presente año el Inegi informó que 72 por ciento de los mexicanos consideran insegura su ciudad, 4.4 más que en diciembre de 2013. Lo anterior se refleja en la economía del país, pues no en vano perdimos cinco lugares al pasar del lugar 48 al 53, según datos emitidos por el Banco Mundial.

El gobierno de la república presume una disminución del 18 por ciento en homicidios dolosos relacionados a delitos federales, situación muy lejos de la realidad. A pesar del discurso triunfalista tanto homicidios dolosos como secuestros no han disminuido. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública contradicen esos datos.

Señor procurador, debido a la importancia que representa la correcta procuración de justicia para el desarrollo del principio de legalidad rechazamos la justicia selectiva, la justicia al servicio de intereses políticos y la violación que con ello se hace a la dignidad de la persona humana.

Como prueba de lo anterior –y por mencionar tan solo un ejemplo– cabe señalar la resolución de la Procuraduría General de la República en torno al caso Rodrigo Vallejo Mora, la cual pone de manifiesto un trato diferenciado y una aplicación discrecional de la justicia en Michoacán.

En efecto, la liberación de delincuentes, como Caro Quintero, sólo se explica por la inactividad, negligencia o complicidad del Ministerio Público.

Señor procurador, exigimos que actúe en consecuencia para sancionar a los responsables y para que ya no se sigan liberando a más delincuentes.

Por lo que hace a la política criminal, la PGR tampoco ha destacado en este rubro, pues todo indica que le resulta más fácil criminalizar a quien comete un robo simple, que al policía ministerial federal que extorsiona comerciantes, secuestra o vende armas, por dar sólo un ejemplo.

Como órgano defensor de los intereses de la sociedad, la Procuraduría General de la República le debe a los mexicanos. En el 2012 la PGR recibió un presupuesto de 14 mil 905 millones de pesos; en 2013 fue de 15 mil 221 millones de pesos, y para 2014 fueron 17 mil 288 millones de pesos. Es claro entonces que su presupuesto se ha incrementado, pero le pregunto, señor procurador, ¿los resultados también?

Según los indicadores proporcionados en el II Informe de Gobierno, se explica que de septiembre a diciembre de 2013, se logró una disminución constante en los delitos que más afectan a la sociedad. Que de enero a julio de este año los delitos del fuero federal, en todas las regiones del país han disminuido de manera significativa hasta en un 68.9 por ciento tan sólo en la región centro del país.

Sin embargo, según datos de la matriz de indicadores de resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un subejercicio para investigar y combatir los delitos del crimen organizado, lo que contradice la necesidad de investigación de estos delitos.

En 2013 se otorgaron dos mil 374 millones de pesos para tareas correspondientes a investigar y combatir delitos del crimen organizado y sólo se gastaron mil 827 millones de pesos. Lo que representa una diferencia de 547 millones de pesos que no se erogaron.

En el mismo año, para la investigación y persecución de delitos federales no se gastaron 508 millones de pesos de los nueve mil 53 que fueron entregados a la PGR, en donde sólo se gastaron ocho mil 544 millones de pesos para un porcentaje de 5.61 por ciento de subejercicio.

Como podemos observar, presenta resultados que no nos quedan claros, nuevamente tenemos ante nosotros lo que tanto esfuerzo nos llevó superar y construir, tenemos ante nosotros nuevamente un gobierno de reflectores, de cifras en ocasiones maquilladas, de autoritarismo y con las mañas del viejo régimen. Un gobierno que no acepta la realidad y que no reconoce la problemática de la denuncia social.

Compañeras y compañeros legisladores; señor procurador, abogamos por la profesionalización de la institución que encabeza y la de todos aquellos que laboran en la misma, con la finalidad de que cumpla a cabalidad las funciones y atribuciones que tiene encomendadas. Coincidimos en que las instituciones son para brindar servicio al ciudadano y no a los criminales.

En esta tarea, señor procurador, tiene a su principal aliado en el Poder Legislativo, pero también a su primer vigilante. Requerimos de manera urgente una Procuraduría más cercana a los ciudadanos, una Procuraduría que genere confianza. Queremos que el Estado de derecho sea regla y no la excepción y que todos los mexicanos seamos iguales ante la ley. Queremos una Procuraduría que sea verdadera protectora de los derechos de los ciudadanos.

Para llevar a cabo lo anterior de manera exitosa, es necesario fomentar el apego a la transparencia, a la rendición de cuentas y los demás principios que permitan el desarrollo del sistema democrático que debe imperar, con la finalidad de presentar un combate frontal y efectivo contra los crímenes, la corrupción, pero sobre todo, contra la injusticia.

Queremos dejar claro y reiterar que en Acción Nacional seguiremos luchando por un Estado que no se someta a la voluntad y al poder de los grupos criminales, pero que tampoco aplique la ley de manera selectiva. Luchamos por un país en el que las instituciones permanezcan sólidas, respetando siempre la independencia y la despolitización de la justicia. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, diputada Labastida.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Hará uso de la palabra ahora la diputada Elena Tapia Fonllem, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por siete minutos.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señores presidentes. Bienvenido, licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, y paso a dar lectura.

Para nosotros en el PRD es importantísima esta comparecencia, pues consideramos que en un país con gran desigualdad y descomposición social muchas personas se ven orilladas a buscar recursos de manera ilegal. Sin embargo, pobreza no es sinónimo de delincuencia.

La presencia simultánea de criminales organizados y de autoridades ineficientes, es lo que lleva a las personas comunes a cometer delitos de alto impacto.

En años recientes este Poder Legislativo ha aprobado reformas en materia penal, de derechos humanos y de jurisdicción militar, así como la Ley General de Víctimas. Sin embargo, aunque nosotros creemos que esto debería implementarse de manera escrupulosa, no vemos que esto se haya cumplido.

La máxima instancia federal para esclarecer hechos delictivos y lograr sanciones justas ha tenido un pobre desempeño. Sabemos que la efectividad de la justicia tiene un impacto sobre los índices de violencia. Esto no ha ocurrido.

La tasa de impunidad se mantiene arriba del 93 por ciento para delitos denunciados y 98.5 por ciento para delitos cometidos. Y qué decir de los feminicidios, señor procurador, las extorsiones y las agresiones contra periodistas que ocurren con una frecuencia alarmante.

Es cierto, este gobierno cambió el discurso y la estrategia de comunicación. La consigna de la guerra contra el narcotráfico quedó en la historia. Sin embargo, las acciones contundentes han sido escasas, pero expuestas ampliamente de acuerdo a los efectos mediáticos que pueden generar.

La corrupción y la impunidad están ausentes en el informe que usted presenta y no hay diseño institucional que asegure soluciones. La Procuraduría enfrenta serios problemas de operación, coordinación y mando, como usted mismo reconoció en su plan de trabajo.

Donde también afirmó que al interior prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. Que la organización interna es lenta. Que las unidades y la información de la PGR están aisladas entre sí y separadas de otras instancias.

La calidad del trabajo de ministerios públicos, agentes y peritos no se acredita acumulando certificaciones, cursos y programas cada vez más específicos, como asienta la mayor parte de su informe, sino mediante indicadores que muestren efectos sobre la impunidad y la criminalidad.

Dos años eran suficientes para comenzar una reestructuración interna y establecer bases mínimas para garantizar investigaciones profesionales mediante el debido proceso y con respeto a los derechos de victimas e imputados.

Hoy nos seguimos preguntando, ¿qué cambios ha habido para conducir con eficacia la procuración de justicia? Lamento decirle, que la eficacia y la eficiencia de la Procuraduría dejan mucho qué desear.

De acuerdo al Inegi, los homicidios denunciados alcanzaron los 22 mil casos el año pasado, y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año ya se superó esta cifra. Sería aventurado sacar conclusiones definitivas en ausencia de una cultura de la denuncia, pero tenemos la certeza de que nada ha cambiado.

Los grandes cárteles continúan incursionando en robo, extorsión, secuestro, trata de personas y asesinato. Nos preguntamos cómo los grupos delictivos logran hacerse de armas, cometer crímenes, escapar de la escena, recorrer el territorio, anular a las autoridades y mantener su coto de poder violento.

El crimen organizado ha construido estados paralelos en varias entidades del país. Amplias regiones donde la Procuraduría no ha podido desarticular estructuras que operan con total impunidad.

El número de averiguaciones previas despachadas disminuyó de 2008 al año pasado. Esto provoca que cada averiguación costará, según la Auditoría Superior de la Federación, 81 mil pesos en 2008 y usando el mismo método, el año pasado habría costado 143 mil pesos cada una.

Si apenas un tercio de las averiguaciones termina en consignación, esto indica que la justicia no solo es ineficiente, también es ofensivamente cara. Las violaciones a derechos humanos corresponden a una lógica autoritaria y a una crisis institucional del Estado.

Nos preocupa profundamente, ya se dijo, pero nos preocupa profundamente el caso de Tlatlaya y las posibles transgresiones que se desprenden de las versiones recientemente divulgadas en un contexto donde las detenciones y acciones arbitrarias abundan.

Hace unos meses el relator de Naciones Unidas sobre la Tortura manifestó encontrar casos de tortura en todo el territorio por parte de las instituciones de Seguridad, Marina y Ejército, hasta Policía Federal y policías municipales.

Las técnicas de tortura muestran patrones estables y repetitivos dirigidos a obtener pruebas a cualquier costo. Crecen los testimonios y quejas mientras que las sentencias simplemente no aparecen. La tortura sigue siendo una práctica generalizada y sistemática.

Usted manifestó que iba a reducir la incidencia del arraigo penal, que es una práctica violatoria de derechos humanos en sí misma. Los agentes siguen cometiendo injusticias por corrupción, por falta de pericia, por actuar bajo presión o por mala distribución de los recursos.

Nos preocupa el futuro del sistema penal acusatorio, pues fabricar culpables, alterar pruebas, encerrar inocentes, inventar delitos son mecanismos sintomáticos de un sistema de procuración de justicia disfuncional.

Cada víctima de estos abusos representa un rotundo fracaso de una larga cadena de funcionarios. Hemos planteado nuestra prioridad por resolver el grave problema de las desapariciones que se concentran especialmente en mujeres, en jóvenes, en personas de escasos recursos.

A principios de 2013 se manejó una cifra bruta de más de 26 mil víctimas de desaparición. Lo que corroboró públicamente la subsecretaria Elia Limón.

Hace unos meses, la subprocuradora Benítez dio una cifra de 22 mil personas. Sin embargo, usted sostuvo hace unos meses que el número correcto era de 13 mil personas tras un cotejo con las personas localizadas y registros erróneos.

Por el contrario, el secretario de Gobernación afirmó que con la depuración de las listas se habían contabilizado solo 8 mil y días más tarde aclaró que eran 16 mil.

En fin, no seguiré por respeto al tiempo con las cifras, pero sí quisiéramos saber los resultados concretos para identificar a las personas desaparecidas.

Finalmente, quisiera yo decir que entregaré por escrito la solicitud de varios casos que han llegado a la Comisión de Derechos Humanos, de personas que se encuentran con sus derechos humanos violados, que están encarcelados injustamente y queremos una respuesta al respecto.

Y por otra parte, reiterar la disposición del Grupo Parlamentario del PRD para atender las necesidades de presupuesto de esta institución, que esperamos que al ser fiscalía –cuando se apruebe esta minuta que acaba de llegar-, signifique o represente un verdadero cambio en la estrategia, en el diseño y en el fortalecimiento de la institución para la procuración de justicia. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Distinguido señor procurador Jesús Murillo Karam. Apreciados señores presidentes de las comisiones aquí reunidas. Estimadas compañeras y compañeros diputados de esta Cámara. Señoras y señores.

El ejercicio responsable de la actividad parlamentaria que la Constitución encomienda a los representantes de la nación impone como primer deber el relativo a la comprensión asertiva de las condiciones históricas a partir de las cuales ha de realizar la actividad legislativa, cimiento esencial sobre el cual puede construirse un Estado civilizado y democráticamente organizado.

A lo largo de los dos últimos años el gobierno de la República, los Poderes de la Unión involucrados en la ardua labor de discutir, elaborar y promulgar las leyes, han identificado la añeja necesidad de erradicar la grave desigualdad que divide a los mexicanos como un objetivo primordial del que depende la consolidación del bienestar cierto y duradero para la población.

Es en el marco de este entendimiento que la expedición de las reformas, adiciones y las nuevas leyes aprobadas durante la presente Legislatura, están íntimamente relacionadas para configurar un sistema normativo que no tiene otro propósito sino el de propiciar condiciones jurídicas y sociales que aseguren la inversión y la producción como camino legítimo para la ocupación digna y remuneración equitativa del pueblo de México.

Un fenómeno sin embargo ha venido empañando a lo largo de los últimos años el gran esfuerzo que quienes amamos a México hemos venido realizando para mejorar las condiciones de vida de las generaciones venideras. El crecimiento de las actividades delictivas.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entendemos la importancia de generar condiciones de empleo como vía idónea para prevenir y evitar la delincuencia que en ocasiones encuentra en la desesperación la desocupación la fuente propicia para allegarse de militantes.

Nuestra simpatía con los jóvenes de México que han migrado hacia actividades ilícitas en las condiciones relatadas, nos ha motivado a aprobar el cúmulo de iniciativas presentadas de las que depende el mejoramiento de la educación, la abolición de los monopolios, la apertura al crédito, el aprovechamiento de los recursos públicos como vía justa para lograr la más pronta y eficaz redistribución de la riqueza, pues confiamos en que todas ellas, aplicadas de manera conjunta, permitirán atraer inversiones que demanden el ímpetu, el esfuerzo y la vocación de servicio de cada uno de ellos, descarrilados por la insuficiencia de oportunidades.

Existe una delincuencia, en cambio, que no es fruto de las condiciones cíclicas de la economía, un cáncer que carcome a nuestra sociedad, que afecta el desarrollo de la juventud e impide la consolidación del arduo trabajo que todos los mexicanos llevamos a cabo para lograr la estabilidad, condición a la que está sujeto el éxito de la anhelada transformación nacional a la que me vengo refiriendo.

Hemos escuchado y sido muy sensibles con relación al más vehemente reclamo de nuestra sociedad con respecto a los enemigos de México y de los mexicanos, y hemos presentado e impulsado iniciativas que ofrecen los instrumentos para castigar con absoluta severidad a quienes con sus actos tienen realmente secuestrada la tranquilidad y la esperanza de quienes vemos en nuestros horizontes un país mejor. No queremos más secuestradores en las calles o en los senderos. Ningún levantamiento más en ningún rincón de México.

Señor procurador, recibimos con beneplácito el II Informe de gobierno del ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, porque en el contenido que concierne al ámbito de la procuración de justicia a su cargo, observamos el mejoramiento de los índices y resultados que todos los mexicanos estamos deseando.

No echamos las campanas al vuelo; irresponsable sería pensarlo. Pero confiamos en que hemos emprendido un camino confiable sin retorno que nos permitirá recuperar la seguridad, el aliento y, con ello, nuestra truncada libertad.

Permítanme aquí, por favor, hacer una pausa porque quiero referirme a breves estadísticas que están reflejadas precisamente en el contenido del Informe, específicamente con relación al capítulo de combate a la delincuencia organizada.

Del primero de septiembre del 2013 al 31 de julio del 2014 fueron iniciadas 2 mil 425 averiguaciones previas, lo que representa un incremento del 14.3 por ciento respecto del periodo anterior.

Se determinaron 1 mil 997 indagatorias que refleja un aumento del 9,5 por ciento respecto al mismo lapso anterior.

Fue dictado auto de formal prisión a mil 630 personas que obtuvieron 171 sentencias condenatorias en ese rubro, lo que significa un incremento significativo del 34,6 por ciento respecto a lo realizado en igual periodo anterior.

Fueron condenadas 320 personas que equivale al 25, por ciento más con relación al mismo lapso anterior.

En el aseguramiento de numerario destaca el aseguramiento de 46 millones 31 mil 755 pesos que significa un incremento de 89,6 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior; y 11 millones 319 mil 605 dólares americanos, cifra que representa un incremento del 73,9 por ciento en comparación con igual lapso anterior.

En el aseguramiento de inmuebles declarados en abandono hay un incremento de 233 por ciento con relación al periodo anterior. Las estadísticas no engañan, son datos duros.

En la búsqueda añorada de la estabilidad nacional estamos conscientes de que la legalidad y la certidumbre jurídica constituyen un ingrediente indispensable del que se nutre al crecimiento económico y la paz social.

Vivir en un Estado de derecho alude a un concepto político jurídico y social en el que destaca de manera preeminente la obligación irrenunciable del gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley.

Es dentro del cauce del derecho que se legitima el ejercicio del poder público y se salvaguarda el orden social; y es fuera de la ley que se alumbra a la impunidad.

A pesar de cualquier progreso visible en el campo de la persecución de los delitos federales que conciernen a esta institución que usted dirige.

La sociedad demanda resultados más expeditos en la erradicación de la impunidad; prevención, más investigación científicamente sustentada, mejores acusaciones, atinada atención a las víctimas del delito, correcta reinserción del delincuente y pronta y efectiva reparación del daño. La tarea es importante y nos compete a todos.

Hemos aprobado las iniciativas de ley que han cumplido con el motivo de la reforma constitucional que cambió nuestro sistema penal, el artículo 73 para habilitar la expedición de una codificación única en materia procesal penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sí mismo, y la Ley General de Víctimas.

Valoramos en su dimensión precisa los esfuerzos que la presidencia de la república por conducto de la procuraduría a su cargo realizó con la Comisión de Justicia de esta Cámara para coordinar las distintas actividades que permitieron el mejor entendimiento, el estudio y análisis previo al proceso legislativo que culminó con la aprobación de los citados ordenamientos.

Confiamos en que estos, en unión de esta nueva reestructuración del organismo encargado de loa procuración de justicia debe llevarnos a encontrar el éxito en la lucha contra el crimen que ha asediado al pueblo de México y que inhibe el desarrollo de todo su potencial.

Discutiremos ávidamente las iniciativas que permitan materializar el contenido especial del marco jurídico general que ya hemos aprobado. En este afán de combatir la inseguridad, sin embargo la prisa no nos permite dejar de ser cautelosos. El ejercicio responsable de la fuerza pública nos impone el deber de respetar los derechos humanos del gobernado.

El paradigma que arroja la protección más progresista de los derechos del hombre contenido en el artículo 1o., de nuestra Constitución arroja a su cargo el enorme reto de ser escrupulosamente selectivo en la designación de los mejores hombres y mujeres para el cumplimiento de la atribución suprema de investigar y perseguir los delitos.

En este nuevo proceso creativo y de organización de la Fiscalía General de la República, confiamos en que su empeño y dedicación arrojarán los resultados de los que ya se obtienen datos en el informe que hemos analizado.

Esta Cámara recibió ya la iniciativa presidencial que atiende al mandato de la magna reforma política por la que se ha dotado de autonomía a ese organismo de procuración de justicia.

Con el mismo deseo de servir a México y de lograr el fortalecimiento indiscutible de esta institución, en la que hoy más que nunca se cifran tantas esperanzas.

Estaremos abiertos para recibir toda la información que favorezca el mejor entendimiento de la proposición y que eleve el debate parlamentario al estado que debe siempre conservar. La flexibilidad en el ámbito de la impartición de justicia alternativa en materia penal, es ofrecida por nuestra nueva codificación procesal.

La prontitud con la que se dictará sentencia en toda causa que la oralidad del juicio permite, la intervención obligada de defensores más capacitados y el profesionalismo y patriotismo con el que quienes servirán a la sociedad a través de la Fiscalía General de la República nos garantiza el respeto por la ley, permite a los diputados y diputadas que conformamos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tener la tranquilidad de saber que en la parte que a nuestro voto se refiere hicimos frente al reto que nuestra responsabilidad histórica nos ha demandado.

En esta Cámara, señor procurador, hemos construido los cimientos; es hora de edificar el México  del mañana que todos esperamos. Enhorabuena y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa, señor procurador. Muchas gracias.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Continúa en el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Señores presidentes, compañeras y compañeros legisladores: por cierto, ayer había más gente en esta sala; era la comparecencia del secretario de comunicaciones. La diferencia es que él reparte contratos, señor procurador, y usted reparte órdenes de aprehensión. Por eso no vemos el mismo aforo.

Pero ya hablando sobre el tema que nos ocupa, en este gobierno continúa la brutal violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, persiste la figura del arraigo, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, a pesar de que sé que usted era partidario de derogar esta figura, pero ahí sigue ominosa la figura del arraigo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, prevalece la impunidad y los presos políticos, como el doctor Mireles en el estado de Michoacán.

También hay un conjunto de recomendaciones no acatadas en los hechos por parte de la dependencia a su cargo. Pero lo más grave es que mientras el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto presumía el día de ayer en Nueva York la disminución de la violencia, de la inseguridad, así como los avances en la procuración de justicia, aquí en México, a plena luz del día, con total impunidad, con la permisividad, con la complicidad podría decirse, de corporaciones policiacas, grabado por cámaras que estaban colocadas en un boulevard, fue secuestrado y horas después victimado un miembro de esta Cámara, que hoy guarda descanso, el diputado Gabriel Gómez Michel.

Éste es el México real, no el de la propaganda del régimen o el de los eventos que realiza para el autoconsumo. La crisis de la guerra contra el narcotráfico no ha terminado; por el contrario, hasta el día de hoy siguen existiendo víctimas de estos delitos que ahora ni siquiera podemos conocer a través de los medios pues pareciera haber un ocultamiento mediático que, sumado a la violencia que se ejerce en contra de periodistas, ha dejado un vacío de información. No es que haya menos delincuencia que en el sexenio pasado; simplemente ahora se oculta mejor.

Las víctimas de este país no reciben ni justicia ni reparación, a pesar de ejercer los recursos legales. El pasado 11 de julio nuevamente tuvo que venir del extranjero la presión internacional de un reportaje de organismos internacionales de derechos humanos la evidencia o elementos que ponen en franca duda la versión original de la Secretaría de la Defensa Nacional frente a los hechos en el municipio de Tlatlaya en el estado de México.

Según versiones periodísticas sólidas, no fue un enfrentamiento, sino fue un fusilamiento en un paredón, en una bodega, de 25 presuntos delincuentes. Nosotros queremos, señor procurador, que se vaya a fondo en este tema. Ya lo ofreció el presidente de la república y dijo que la procuraduría iba a informar sobre esto y queremos que así sea.

Aunque presuroso, oficioso, como lo es, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que más bien parece el vocero del régimen, Raúl complascencia ya dijo que fue simplemente un enfrentamiento.

Lo que aquí decía la compañera Tapia es muy cierto, cifras van y cifras vienen con relación a los desaparecidos. Un dato fue el que dio a conocer la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales que eran más de 22 mil; sin embargo ha habido un manoseo de cifras y quisiéramos que usted nos dijera, bajo el juramento que está, cuántas personas desaparecidas tiene reportados el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mientras estos casos de víctimas se acumulan, existen casos de delincuencia extrema, de desfachatez y de cinismo, como el caso de Servando Gómez, alias La Tuta, que aparece donde y cuando quiere, en las pantallas de televisión o en las redes sociales. La Tuta, un individuo que en los hechos ha puesto en jaque al gobierno y nosotros preguntamos, señor procurador, para cuándo van a detener a Servando Gómez, alias La Tuta. ¿Quién protege a La Tuta?

Y esta es la pregunta porque cuando hubo voluntad para ir por El Chapo Guzmán, en unos días lo agarraron, quiere decir que probablemente lo tenían ubicado.

En el caso de la tortura, el subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas, así como el relator de las Naciones Unidas sobre el tema, han denunciado la relación en el uso de la figura del arraigo y la tortura. Quisiéramos que se pronunciara sobre este tema, porque parte de los estudios que han hecho, es que este tipo de tortura se da utilizando la figura a de la flagrancia. Y hay un informe amplio de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre el tema, y quisiera que pudiera profundizar sobre esto.

Por último, el tema de Oceanografía. Usted estuvo en marzo pasado para hablar sobre este tema, decía que era un asunto entre particulares. ¿Sigue sosteniendo esa versión, que fue un asunto entre particulares?

Y quiero aquí, compartir con usted, una versión que en los hechos fue confirmada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque él le dio cierto matiz. La versión es la siguiente, que el día 9 de julio a las 14:00 horas, en las oficinas del SAE Amado Yáñez fue presentado por el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, con los acreedores, había representantes de los bancos mexicanos, de los bancos holandeses, tenedores de fondos, dueños de embarcaciones, y ahí fue presentado como un facilitador o asesor informal, no que esté en la nómina, como dijo Videgaray, un asesor que iba a ayudar en todos los procesos de renegociación.

Luis Videgaray lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente fue una reunión con el SAE y con la PGR, pero que supuestamente a una invitación de un proveedor. ¿Qué nos puede decir de la reunión, señor procurador? ¿Es válido que un sujeto a proceso, que está libre bajo caución, tenga reuniones con la PGR y el SAE para negociar adeudos?

Por otro lado quisiera que nos informara ¿por qué al momento de consignar el ministerio público a su cargo calificó o consignó por un delito no grave el caso de Amado Yáñez?

Quisiera que nos pudiera comentar si esto no deriva de una negociación, un delito menor a cambio de información sobre corruptela, es un pacto de impunidad, sobre todo cuando estaba por aprobarse la reforma energética.

Cuando la PGR lo tuvo arraigado por dos períodos y la empresa fue intervenida, ¿por qué no pudieron allegarse de mayores elementos probatorios para poder consignar por un delito grave y no la burla por lo cual fue consignado. Hoy Amado Yáñez se pasea en la impunidad, vive en el Hotel Aqua, en la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México, y francamente no va a pasar nada. Ya le regresaron la posibilidad de celebrar contratos con Pemex a Oceanografía; es decir, la total impunidad.

¿Qué ha pasado con Mario Ávila? ¿Con Carlos Morales? ¿Con José Luis Fong? Con Sergio Aceves? Y también, aprovechando el viaje, quisiera que nos dijera qué estado guarda la orden de búsqueda y localización de Gastón Azcárraga.

Voy a concluir, presidente. Y después podríamos hablar en otro turno, porque va la diputada Huidobro en la siguiente, sobre algunas denuncias que hemos presentado y que guardan el sueño de los justos, denuncias del de la voz y otros legisladores que hemos presentado sobre diversos aspectos relacionados con delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos y también por uso indebido de atribuciones, la última sobre Siemens. Todavía no nos llaman a ratificar, pero es una denuncia contra el jurídico de Petróleos Mexicanos por el uso indebido de atribuciones. Es cuanto. Y muchas gracias.