Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (III)

Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ante las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de Contratos de Pemex, realizada el miércoles 24 de septiembre de 2014.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra ahora la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muy buenas tardes y sea usted bienvenido, señor procurador. Me hubiese gustado darle la bienvenida desde este pódium, pero consideraron que nosotros éramos demasiado peligro y nos dejaron acá abajo. Entonces, no están las fuerzas políticas representadas en el presídium, pero desde aquí le damos la bienvenida.

Señor procurador, hace ocho años el gobierno de Felipe Calderón –y lo he sostenido así– nos metió en el peor problema de seguridad en la historia del país. A pesar de que el gobierno de Calderón presume haber atrapado 25 de los 37 criminales más buscados no se puede negar que la evidente escala de violencia y muerte no se detuvo en ningún momento en aquella administración y, como ya se ha dicho reiteradamente en este espacio, pareciera que tampoco en este sexenio.

Ahora con este actual gobierno el presidente Peña Nieto ha prometido que esto va a cambiar, pero nosotros sostenemos que a dos años de gobierno el cambio no es perceptible por no decir que no ha cambiado nada. Los problemas de fondo, señor procurador, nosotros creemos que no se reducen, sino que se diversifican. Y el problema de la inseguridad solamente cambió en la estrategia mediática y en la estrategia en la que se dan a conocer las cifras y en la que no se habla con claridad de los asuntos.

El saldo político de estos dos años es de una preocupación doble, la falta de certeza en la aplicación de justicia y un halo de autoritarismo e impunidad. El caso claro es el que se suscitó en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, donde elementos del Ejército mexicano ejecutaron –y lo digo con todas sus letras– a 21 presuntos delincuentes.

Usted y yo sabemos que el objetivo del Estado, señor procurador, no es el de castigar a las personas y tampoco ése es el objetivo de la procuración y la impartición de justicia. Creo que tampoco, y mucho menos, el de ejecutarlos.

Aunque el presidente de la República dijo que la PGR ahondará en la investigación el hecho no solamente es preocupante, y por eso lo mencionamos, sino que pareciera el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de derechos humanos. Y aunque no hay resultados los indicios de la ejecución estarán como un fantasma de esta administración.

Y por eso considero pertinente preguntarle, señor procurador, cuánto tiempo cree usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a persecuciones que parecieran más importantes.

No hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes.

Lo pregunto, porque en lo que va de esta administración –y este dato usted lo tiene– Human Rights Watch denunció que en lo que va de esta administración 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares.

Permítame abordar otro tema que nosotros consideramos que es no solamente estructural, sino icónico de lo que está sucediendo en este país. El lamentable deceso de nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, que desapareció y fue desgraciadamente encontrado muerto apenas el día de ayer.

Estoy convencida de que quien ataca a un diputado ataca a la institución. Con eso dicho, le pregunto, ¿qué es lo que nos dice esta desaparición y qué es lo que nos dice este hecho? ¿Qué certeza hay, no solamente sobre el ejercicio público, sino sobre la vida de las personas?

Aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que no existen líneas de investigación claras, el asesinato de ningún mexicano puede quedar impune. Me uno a la exigencia de que tengamos una pronta resolución de este problema.

Otro caso icónico es el tema de Michoacán. El tema de Michoacán, que es el ejemplo claro de un Estado superado por el crimen, para no utilizar las palabras que utilizó Condoleezza Rice, para describir al gobierno de Calderón, al que llamó un Estado fallido. Donde el cambio de gobierno, señor procurador, no ha sido suficiente –y lo digo con mucho respeto– Pareciera que la Tuta y sus grabaciones dominan al Estado.

La pregunta concreta en este tema es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación de Michoacán? ¿Por qué no se ha reinstalado el Estado de derecho? ¿Y por qué la aplicación de justicia más rápida y más lenta, específicamente en la detención del doctor Mireles y su cerco mediático? ¿Por qué no se ha detenido a la Tuta?

Que nos diera usted su diagnóstico de los otros michoacanes que ahora están surgiendo, como es el caso del estado de México y el estado de Morelos.

Señor procurador, el uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar pareciera que se está reinstalando con una característica intrínseca al régimen autoritario, con figuras jurídicas que están listas para ser despertadas, como la del arraigo. Pero sobre todo en el propio cambio y diseño de lo que ustedes hicieron de la administración pública, por ejemplo, al pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. La impunidad y la corrupción pareciera que regresan con fuerza.

En lo que va de su gestión la procuración de justicia pareciera que sigue siendo precaria. Porque solamente –y este dato usted lo conoce– 2.8 de cada 10 averiguaciones previas se concluyen en esta administración. Las cifras muestran que la PGR de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 165 mil 518 averiguaciones previas, pero solamente 28 por ciento terminan en una consignación.

Derivado de estas cifras le preguntaría si usted realmente considera que están siendo eficaces y eficientes en la procuración de justicia. Pero sobre todo viendo al futuro y debido a su intervención inicial, le pregunto, ¿qué ha hecho la PGR, más allá de los números para eficientar la procuración de justicia, frente al nuevo sistema de justicia penal? Del que, por cierto, no tenemos claridad en su aplicación y, sobre todo, se lo pregunto con todas sus letras, ¿qué garantías de independencia y eficiencia habrá de esta nueva fiscalía, que tanto se ha hablado en esta comparecencia, si no podemos ver los vestigios de la autonomía en la propia PGR?

Según el gobierno federal en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la sustitución de viejas prácticas y métodos, pero le confieso que la autonomía de dicha fiscalía adquiere un carácter sui géneris en el momento en que el titular del Ejecutivo podrá remover a quien será el fiscal de la nación.

Y hablando de impunidad y de corrupción -y con esto cierro-, con los dos casos icónicos de impunidad y la corrupción en este país. Oceanografía, primero, y el reciente caso de Grupo México.

En el caso de Oceanografía, yo repetiré las preguntas que ya alguna vez le hicieron, ¿qué es y cuántos detenidos hay en el caso de Oceanografía? Y por qué este proceso, a modo que ya ha explicado el diputado Mejía en esta comparecencia, ¿por qué no acusar a Amado Yáñez por el total del desfalco, que sí lo hicieron con tres empleados del banco y que sí lo hicieron con su socio, que hoy ya tienen órdenes de aprehensión?

El caso del Grupo México -y con esto concluyo, señor presidente-, yo simplemente diría, este abuso ecológico que ha causado Grupo México y que es evidente para todos nosotros, pareciera que no va a ser castigado, no solamente por las autoridades administrativas, sino por la PGR.

Ya hay una denuncia presentada por la Profepa y a mí me gustaría saber cuándo y hasta cuándo vamos a tener resultados sobre esto, uno de los delitos ecocidas más grandes que ha existido en este país y evidentemente el más importante en la historia de la minería de México. Muchas gracias, señor procurador.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Vamos a escuchar el último posicionamiento, que es el de la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Diputados presidentes de las Comisiones Unidas a esta comparecencia. Señor procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.

En la construcción del Estado de derecho democrático, el acceso a la justicia se convierte en un factor fundamental, debido a que un Estado no puede decirse democrático si no es justo. Las reformas estructurales que hemos aprobado en esta legislatura, esperando impulsar el desarrollo económico, político y social de nuestro país, resultarán ineficaces si no atendemos los aspectos que impiden un acceso a la justicia pronta y expedita.

El anhelo de justicia es un tema que a todos nos concierne y, sobre todo, nos preocupa. Pareciera que la impunidad es la normalidad en esta materia, estamos acostumbrados a no denunciar los delitos, porque partimos de la idea de que no habrá consecuencias jurídicas. No podemos ser insensibles a uno de los más sentidos clamores de la sociedad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2013, publicada por el Inegi, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en nuestro país, durante ese año, fue de 92.1 por ciento, lo que se conoce como cifra negra. Esto quiere decir, que de 100 delitos cometidos, excluyendo delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de indocumentados, más de 92 no se denuncian.

Ahora bien, según la misma encuesta, los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades con un 61 punto 9 por ciento de los encuestados.

Las cifras que he mencionado son síntomas de un sistema que muestra poca efectividad en materia de justicia. Según su propio programa nacional, la percepción de la procuración de justicia por parte de la sociedad es disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que origina el bajo interés por parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones de procuración de justicia.

Debemos señalar que un sector importante de la ciudadanía lo considera poco útil por la desconfianza en las autoridades, por los altos costos que implica o por resultar contraproducente para las víctimas.

Esta última afirmación nos llama poderosamente la atención porque la víctima del delito se siente doblemente afectada si es que llega a denunciar.

Con esto no estoy afirmando que el Poder Ejecutivo será inconsecuente con esta preocupación. Por el contrario, en el informe existen elementos que muestran los esfuerzos que han emprendido la dependencia a su cargo para implementar el nuevo sistema penal acusatorio que ha sido una labor compartida con el Poder Legislativo.

En este sentido los procuradores hemos cumplido, al aprobar el marco normativo que sustenta el nuevo sistema penal acusatorio, tanto con la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional como al aprobar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Mismo que fue publicado el pasado 5 de marzo.

La meta es, para el 18 de junio de 2016 entra en vigor en todo el país. Sin embargo, como nos lo hace saber el informe, aún se encuentra en construcción lo que será la norma sustantiva en materia penal. Consideramos que esta iniciativa debe presentarse con toda celeridad a fin de estudiarla a profundidad y contar con un sistema penal integral de forma simultánea.

Otro factor que contribuye a la impunidad es que cuando se presenta la denuncia la capacidad de acción de la autoridad deja mucho qué desear. Las cifras no son alentadoras, ya que las tasas de efectividad de los ministerios públicos son sumamente bajas. Esta realidad usted la conoce bien. No necesito enfatizarla pero es imperativo que además de los esfuerzos que señala en su informe se haga una vinculación con lo que ocurre a nivel local, y que el sistema de justicia que se ha formado empiece a dar resultados.

Es imperativo, además de fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas. Resulta inadmisible que por negligencia de los ministerios públicos al momento de integrar la averiguación previa, o incluso por la corrupción que aún está presente en estas instancias, los presuntos delincuentes no sean sentenciados para que paguen o reparen el daño social que han provocado.

Para ello es indispensable la coordinación plena entre las corporaciones de seguridad pública y los ministerios públicos, a fin de que los jueces tengan los elementos suficientes y apegados al debido proceso para emitir las sanciones establecidas en la ley.

Resulta alarmante que el 68 por ciento de las denuncias, según cifras de su institución, llegan a averiguación previa y, de éstas, sólo el 35 por ciento deriva en una consignación. Es decir, el crimen queda sin castigo en la mayoría de los casos.

Finalmente en lo que respecta a la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General como organismo público autónomo, aún surgen muchas interrogantes.

Si bien como señala en su informe ya existe un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción –le pido presidente, que me permita, porque todos mis compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, han sido tolerantes. Por favor, presidente-, es necesario ser más claros con la población a fin de que estas reformas no sean las más cercanas y con acciones contundentes. Sólo de esa forma se podrá empezar a cambiar la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las autoridades.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de acompañar y enriquecer las iniciativas que conduzcan a una mejor forma de ejercer la justicia para los ciudadanos. Que la ciudadanía tenga la seguridad que haremos lo posible para coadyuvar a integrar un sistema más eficaz de procuración de justicia cercano a las víctimas y que contribuya a disminuir los índices de delincuencia, que son el factor primordial limitante del desarrollo del pueblo mexicano. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchísimas gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores. El desahogo de los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos que hemos escuchado, indudablemente que no sólo ha sido eso, un posicionamiento. En muchos de los casos ha habido cuestionamientos al procurador general de la República. En este espacio de posicionamientos naturalmente que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no permite un espacio de respuesta a estas preguntas que muchos de ustedes han hecho.

Sé que el procurador general de la República tiene un respeto absoluto por el Poder Legislativo del que forma parte. En ese sentido quiero dejar aclarada esta circunstancia, además de señalar que creo mi responsabilidad poner en conocimiento de la propia Junta de Coordinación Política que esta primera ronda de posicionamientos ha provocado algunos cuestionamientos que en consideración a la división de poderes debiésemos permitir que se convirtiera también en una ronda de preguntas y respuestas, y no solamente en una ronda de posicionamientos. Lo dejo así establecido.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Decretaremos un receso de tres minutos para regresar luego a la primera ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.

(Receso)

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Compañeros, reanudamos la reunión de trabajo, la comparecencia. Voy a dar los nombres de quienes van a intervenir en la primera ronda de preguntas, que tendrán hasta cinco minutos para realizar las preguntas, y les pido de la manera más atenta a quienes lo vayan a hacer, que seamos muy puntuales en nuestro tiempo. Ahora mismo que tuvimos los posicionamientos, cada una de las intervenciones además de los siete minutos que teníamos por el Reglamento, se pasaron dos minutos cada uno de los oradores. Les solicito que seamos muy puntuales en nuestras intervenciones, que en primer término será la diputada Miriam Cárdenas Cantú, inmediatamente el diputado Jorge Sotomayor Chávez, después la diputada Alfa González Magallanes, el diputado Felipe Camarena, la diputada Zuleyma Huidobro González, la diputada Lilia Aguilar, y la diputada Lucila Garfias. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Miriam Cárdenas Cantú.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Señor procurador, voy a ser muy breve, no voy a hacer uso de mis cinco minutos. Voy a hacer específicamente dos preguntas señor procurador.

Lo primero que voy a decir es lo siguiente: la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados, es uno de los temas que a las y a los legisladores del grupo al que pertenezco, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos preocupa y ocupa, por eso hemos realizado algunas acciones legislativas para poder coadyuvar en la solución de esta problemática que consideramos es de gravedad.

Sabemos también que se trata de un asunto al que el gobierno de la república ha dado especial atención, por lo que en este tema yo quisiera, señor procurador, que usted nos ampliara la información y concretamente le pregunto:

¿Cuáles son las acciones que la Procuraduría General de la República ha impulsado, realizado, a favor de abatir los crímenes de que son víctima las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que transitan por nuestro país o bien que son deportados a su lugar de origen desde tierra estadounidense?

Y si me lo permite, señor procurador, quisiera aprovechar para hacer una segunda pregunta, que es un tema que ocupa a la Comisión de Derechos Humanos, la cual presido, y en lo personal me interesa, que es el de las personas desaparecidas, y específicamente la pregunta es: Qué se tiene pensado para poder desasociar la información y poder distinguir a aquellas personas desaparecidas por desaparición forzada, de aquella que se conoce en la comunidad internacional como desaparición involuntaria, que es muy distinta y tiene características si bien comunes en cuanto a la sustracción de una persona, a la privación de su libertad en forma ilegal y el ocultamiento de su paradero, es muy diferente quien la realiza. En un caso la desaparición forzada se realiza por agentes del Estado, pero en la desaparición involuntaria, que no es un término que a mí me parezca muy apropiado, es una persona distinta a una organización delictiva distinta la que realiza la desaparición de las personas y me parece importantísimo poder distinguir la información y tenerla clara. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.

El procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Ésta es la comparecencia de los señores diputados ante el procurador. Bueno, era al revés, pero realmente es la primera vez que entro a la tribuna, o sea que comparecieron ante mí; les agradezco muchísimo.

Me hubiera gustado contestar muchos de los planteamientos que se hicieron en los posicionamientos, pero casi estoy seguro de que me los van a repetir y entonces iré contestándolos conforme se vayan dando.

En el caso de la pregunta de usted respecto de los desaparecidos, totalmente comparto con usted el planteamiento. El término correcto es no localizados y en los no localizados puede haber desaparición forzada, puede haber desaparición y puede haber otro tipo de cuestiones.

Dar cifras de algo que tiene un enorme movimiento como éste conduce a que surjan las confusiones. La cifra que se dio originalmente es la cifra que se tenía en la procuraduría que habían reportado las procuradurías locales de cuántas denuncias tenían de no localizados, para decirlo en el término correcto.

Esta cifra nunca se depuró, nunca. Cuando salió la primera cifra apareció una cifra muy grande, nos dimos cuenta del problema, empezamos a trabajar, se creó una comisión de desaparecidos, indebidamente y después la cambiamos, pero realmente mantenemos un grupo para los que sí sabemos que son desaparecidos y desde luego toda la función de la procuraduría está enfocada a lo que serían las desapariciones forzadas, que por fortuna son muy pocas, muy pocas.

Qué significa esto. Significa que con el simple hecho de depurar las informaciones de procuradurías por las mismas procuradurías la cifra disminuyó enormemente porque entre las personas que se había denunciado que no aparecían se hizo a veces la simple pregunta de cómo iba y dicen: ya llegó, ya lo encontramos, ya apareció, se fue de migrante. Y disminuyó la cifra.

Pero las denuncias de nuevos no aparecidos, no localizados generan que se incremente. Si usted me pregunta la cifra al día y como protesté decir la verdad prefiero no decirla porque si me equivoco con uno ya dije una mentira y ya falle a la protesta. En consecuencia, no me voy a meter en problemas, pero las cifras están ya en una página de la procuraduría en donde pueden ustedes consultarlas.

El grupo de desaparecidos es un grupo de quienes sí sabemos que no pueden ser únicamente una cuestión de no localizados por los antecedentes o los precedentes que hay. Para eso se instauró una comisión que recibe prácticamente todos los días, atiende prácticamente todos los días y el procurador se reúne con ellos por lo menos cada mes para ir analizando caso por caso y para ir viendo qué se puede hacer y qué avances se dan. Por lo menos cada mes. Esta es, en consecuencia, la situación clarísima que usted bien señala.

En cuanto a la migración de niños, más que qué ha hecho la procuraduría porque es muy poco lo que puede hacer, es lo que ha hecho el Estado. Estamos regulando el ingreso de migrantes, simplemente saber quiénes son.

La posición nuestra es muy clara. Se la planteamos. Ustedes recordarán que hace muy poco tiempo nos reunimos aquí en México con el procurador de los Estados Unidos, el fiscal de Guatemala, el fiscal de El Salvador y el fiscal de Honduras.

El planteamiento nuestro, el de México, fue muy claro. Primero, para nosotros los migrantes no son criminales, menos que nadie puede decirlo un nieto de migrantes a cuyos abuelos acogieron en este país con todas las posibilidades, con todos los medios y menos podría decir o criminalizar a un migrante. Primer punto, fundamental, no penalizar a los migrantes.

El segundo punto y fue acuerdo de los procuradores, de los cinco, del de Estados  Unidos, el de Guatemala, el de Honduras, el de El Salvador y su servidor, que en este problema por lo menos lo que había que atender, y esto me parece que fue muy importante porque fue acuerdo generalizado, era el no dividir a las familias.

Es decir, que estos menores que estuvieran separados de sus padres, tuvieran un trato distinto de los demás. Y el siguiente punto fue la protección total y absoluta de los derechos humanos de estos niños. Esto es en cuanto a la migración.

¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento me dice usted, para mejorar esta situación. Primero, volvemos al problema de replantear ante los funcionarios del gobierno las funciones. Si entendemos la migración como un fenómeno natural en el mundo, yo diría incluso, hasta enriquecedor para los países, podemos entender que el trato que tenemos que darle al migrante tiene que ser un trato no sólo humano, no sólo digno, sino también la igualdad de oportunidades que la Constitución prevé para los mexicanos y para quien pise suelo. Esa es nuestra posición.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador, y gracias a la diputada Miriam Cárdenas por la puntualidad en el uso del tiempo y respeto a los demás. De nueva cuenta tiene la palabra la diputa Miriam Cárdenas, por tres minutos.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú (desde curul): Declino.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Perfecto. Gracias, diputada.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sotomayor Chávez, por cinco minutos.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, diputados presidentes. Compañeros legisladores, procurador Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.

Durante la administración anterior, hay que reconocerlo, en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción, se cometieron errores y abusos. Su servidor reconoce la buena intención de la actual administración. Desafortunadamente con discursos y con el cambio de nombre a las instituciones, no se resolverán los problemas de México.

Todos conocemos las deficiencias en la PGR y las procuradurías estatales, así como el del Distrito Federal. Esto no es nada nuevo. Señor procurador, en la historia de la PGR hay 551 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, 310 de la primera y 241 de la segunda.

De este universo, la procuraduría a su cargo reconoció solamente la existencia de cuatro denuncias con seis funcionarios sentenciados. Lo anterior nos da como resultado que las denuncias por actos de corrupción presentadas por empresarios, ciudadanos, e inclusive legisladores contra funcionarios, sólo se estimula la investigación de la PGR, terminando todas en impunidad. Lo anterior suponiendo que todas fuesen atendidas.

La pregunta que le hago es: ¿qué hará usted para que realmente se investiguen y se atiendan todas las denuncias, sin distinción alguna, para combatir la corrupción?

En materia de transparencia la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y de las que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo que los diputados de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente le preguntamos: ¿qué acciones está realizando para cambiar esta situación?

La PGR combate la delincuencia organizada tratándose de los templarios o los narcotraficantes. Sin embargo, cuando en las dependencias los oficiales mayores con los funcionarios encargados de compras operan licitaciones dirigidas a los amigos del titular, obviamente con sobreprecios, para la PGR estos no son delincuentes organizados, todo lo contrario, gozan de impunidad.

Lo anterior a pesar de que se generan operaciones de lavado de dinero multimillonario para cobrar obviamente la mordida, es decir, el cohecho. ¿Qué instrucciones dará al respecto, para que esto deje de suceder?

En otro tema, Pemex reporta miles de millones de pesos en robo de combustible al año, con la pérdida que obviamente esto representa para el erario, le pregunto: ¿Cuántos dueños de gasolineras están hoy en la cárcel?

Lo más lamentable es que los errores en la PGR se siguen dando y son tan graves como la investigación actual contra la reportera de la revista Proceso, Anabel Hernández, a quien se le investiga por realizar un reportaje en el que exhibe un acta de nacimiento y una de matrimonio que demuestran la fabricación de pruebas falsas de ADN por la PGR.

El secretario Luis Videgaray declaró hace algunos días que la PGR irá contra los evasores fiscales. Esperamos que esta historia no se repita sólo con detenciones de artistas o empresarios deudores, sino que se aplique sin distinción tanto a funcionarios corruptos y además delincuentes.

Señor procurador, los diputados del PAN le solicitamos nos informe detalladamente sobre las denuncias presentadas y el estatus que tiene cada una de éstas respecto a la captura de Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, toda vez que el gobierno de los Estados Unidos lo capturó e incautó millones de dólares. Y él confesó que estos son ilícitos, por lo que al respecto le pido que nos informe por qué la Procuraduría no ha hecho nada al respecto.

Y díganos si están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la captura del ciudadano Jorge Torres, gobernador interino en el periodo de Moreira, y si existe alguna averiguación previa o investigación del propio ex gobernador Humberto Moreira Valdés. En caso de no tener acciones concretas le pido que nos explique por qué estas tareas las tiene que realizar un gobierno extranjero y no directamente la PGR que usted encabeza.

Por último, me gustaría comentarle que hace algunos días su servidor ha presentado denuncias ante la PGR por un fraude muy grande, la línea 12 del Metro, en la que se erogaron 14 mil 500 millones de recursos federales. Sabemos que son 500 mil usuarios afectados diariamente, que hay más de 350 familias con viviendas afectadas y predios no indemnizados; y que el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, hoy senador, nos endeudó por 22 mil millones de pesos al rentar trenes que son incompatibles de la marca CAF, que además demuestran un evidente sobreprecio de mil millones de dólares. Lo anterior a través de una asignación directa derivada de un estudio de mercado con información falsa para que ganara la empresa española.

El de la voz, como le indico, ya ha hecho lo propio. Señor procurador, aquí estamos los diputados para que juntos podamos trabajar y cambiar la situación de este país. Por sus respuestas muchas gracias.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra. Si quiere usted hacerlo desde aquí mismo tiene la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.

El procurador Jesús Murillo Karam: Lo primero que quisiera dejar claro, porque cada vez que manejamos las estadísticas en la forma en la que las manejamos me preocupan, en la mayor parte de los países del mundo –si ustedes lo revisan– van a encontrar porcentajes bajísimos entre la denuncia, la consignación y la sentencia, por una razón simple, no todo lo que se denuncia es delito. Decir que se metieron 100 denuncias y solamente se atendieron 10 y que eso significa el 90 por ciento, sería suponer que las 100 denuncias que se interpusieron eran delito, lo cual no es cierto. Es más, déjenme decirles, la mayor parte de las denuncias que se interponen no constituyen delito, la mayor parte.

Sin embargo, lo cierto es que mucho de lo que se ha dicho aquí, en cuanto a los resultados del CEM es cierto, funciona muy mal. Y funciona muy mal, porque funciona mal desde su esencia. Precisamente por eso quienes éramos legisladores en el anterior periodo modificamos la ley y planteamos ocho años para empezar un nuevo procedimiento, que es el que estamos implementando.

Con toda la franqueza del mundo, tengo que decirlo, cinco años después, cuando me toca llegar a la Procuraduría la implementación iba muy lenta, estaban mucho más adelantados los estados que la federación, y en este periodo de dos años hemos venido haciendo todo lo que tenía que hacerse para implementar el nuevo sistema en la mayor parte de los estados, apenas vamos a empezar con dos, a aprender de esos dos y de inmediato irnos de lleno sobre los demás. Por eso hablaba al principio de la necesidad de crear ese instituto de formación profesional, que es el que nos va a permitir actuar más rápido y funcionar más rápido para hacerlo.

La confianza, la esperanza –diría yo– es que con este nuevo sistema se resuelvan muchas de las cosas de las que ustedes aquí han planteado y que tienen razón. Tan tienen razón que lo dije en la Cámara cuando estábamos replanteando el sistema. Tan tienen razón que, bueno, nosotros estamos actuando prácticamente en los mismos términos y con la misma Procuraduría que había, porque estamos esperando implementar la nueva.

Si ustedes ven la estructura de la Procuraduría verán que hay huecos, porque se me hace que sería absurdo llenarlos para un mes o dos meses lo que ustedes se vayan a tardar en aprobar la Ley Orgánica, que será la que nos modifique el estatus de Procuraduría a Fiscalía, pero no creo que se tarden mucho –espero– y, en consecuencia, estoy mejor esperando para no hacer un cambio y luego hacer otro dentro de dos meses.

Implementar el nuevo sistema implica algo que en algunas de las cuestiones –de las muchas, porque hicieron muchas cuestiones antes de que pudiera hablar– señalaban entre otras, por ejemplo, dicen: ¿por qué no consignan a todos? Porque lo peor de un sistema penal es consignar a todos. Es exactamente lo que no se debe hacer.

Un buen sistema penal es aquel que castiga al que merece una pena corporal y que se reduce a la situación que los propios códigos señalan cuando debe darse. Ese es un sistema humanista y ese es el que estamos buscando.

Plantear mete a la cárcel a todos se llama autoritarismo; entonces, porque aquí me está acusando de autoritarismo, pues resultan más autoritarios cuando plantean una cosa de esta naturaleza. Nosotros somos humanistas en ese sentido y estamos buscando un sistema humanista.

Me ponen el ejemplo de Oceanografía. De veras, me da la impresión de que nunca me oyeron. Primer punto claro, lo dije la vez pasada, lo he repetido y se lo repito, señor diputado: es un asunto entre particulares, por eso no es grave. Es un asunto en el que el daño se pagó.

No sé si este señor estuvo o no en el SAE, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, no soy el SAE. Lo que sí sé es que no es dueño de Oceanografía, porque lo primero que se hizo fue quitársela para evitar de que pasara lo de Mexicana, para evitar que 11 mil trabajadores y sus familias se quedaran en la calle, para evitar que me contaminara la Caja Libertad, de la cual era socio, en donde hay un millón 200 mil ahorradores de pocos recursos.

Si simplemente hubiera actuado como usted me lo plantea, si simplemente en un arrebato de disque justicia, simplemente lo meto a la cárcel por delitos graves, ahorita tendría impugnaciones, estaría amparado, no hubiéramos podido arrebatar Oceanografía, se hubiera amparado Pemex, 11 mil familias no tendrían trabajo y un millón 200 mil ahorradores tendrían un problema muy serio. Eso es justicia, esa sí es justicia, no demagogia.

Luego, me decía usted del robo de combustible. No, no voy a meter a cualquier gasolinero a la cárcel, tengo que meter a los que roban la gasolina y después los obligan a comprársela, que eso es lo que está sucediendo y eso es lo que estamos combatiendo. En los últimos dos meses hemos detenido una cantidad enorme, enorme en comparación, porque también es muy baja en cuanto al número de gentes que están en ese tema de robo de combustible. Y no tengo ninguna denuncia contra la señora Anabel Hernández, por el contrario, estamos colaborando con el Distrito Federal, de su seguridad.

Denuncia sobre la captura de Villarreal. Es un asunto en el que hasta este momento no se ha detectado que estén incluidos bienes federales, son del Estado, lo tiene la Procuraduría del Estado, y es el mismo caso en la línea 12, cuando en el momento que el Distrito Federal nos diga que tiene detectado que se usó dinero federal, en ese momento intervendremos.

Yo entiendo a la Procuraduría de una manera distinta. La Procuraduría tiene la obligación de buscar justicia, no es una ejecutora de sanciones penales, a como ven, a como vengan, a como sucedan.

Yo creo que el procurador tiene la obligación de ver las consecuencias de sus actos. Si yo hubiera actuado arrebatadamente, hubiera hecho mucho más daño que el que hubiera resuelto, y para mí es esencial la justicia. No sé si con esto le di respuesta a todas sus preguntas.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, procurador.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Ramón Sampayo.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz: Muy buenas tardes, señor procurador, muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia. Señores integrantes del presídium, muchísimas gracias.

El gobierno de la república reconoce de manera expresa que desde el inicio de la actual administración México ha enfrentado graves problemas de seguridad pública, caracterizados por una generalizada manifestación de violencia y delincuencia, que generan altos costos económicos y sociales.

Pero dos años de gestión de este gobierno pretende convencernos por medio de un cúmulo de spot y cuentas alegres que ha cumplido en materia de seguridad. Cifras oficiales y estudios de opinión pública, indican que el fenómeno delincuencial se ha desbordado en los últimos meses y que las acciones gubernamentales para combatirlo han sido ineficientes.

Un compromiso incumplido por el señor presidente, quien en campaña aseguró que el problema de seguridad pública se resolvía con tan sólo cambiar las estrategias en materia, criticando y señalando la anterior administración del presidente Calderón.

 Escenas de ejecuciones, hallazgos de cadáveres, intimidaciones públicas de grupos criminales, extorsiones policiacas y balaceras, son hechos que solían vincularse exclusivamente con la realidad de diversos puntos en el norte del país, pero ahora se han replicado en el estado de México y continúan en el norte del país.

Señor procurador, a nombre del Congreso de la Unión, le manifiesto que no ha cumplido la Procuraduría en la atención a proposiciones con punto de acuerdo, entre otros, el aprobado por la Comisión Permanente el 31 de julio de 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y al secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones correspondientes a las operaciones financieras y económicas de los líderes sindicales de nuestro país.

Tampoco se cumplió con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 7 de agosto de 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y a los titulares de las procuradurías de justicia de las entidades federativas a reforzar las acciones realizadas, derivadas de las denuncias, y llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa Chamba México Agencia de Empleos, o Chamba México, Sociedad Anónima, por la presunta comisión de delito de fraude y demás delitos que se terminan afectando a miles de personas en el país. ¿Cuál es la razón de la omisión de estos puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente?

Asimismo, en junio y julio del año pasado, el Grupo Parlamentario del PAN le solicitó a usted, nos informara de la situación respecto a los policías federales ministeriales, que de manera sistemática emprendían acciones de revisiones arbitrarias, en donde sin ningún respeto a los protocolos internacionales, numerosas personas eran obligadas a descender de los autobuses en los que viajaban, para ser cateados por las presuntas madrinas de la misma policía, quienes les robaban sus bienes a esas personas y los amenazaban para no presentar las denuncias correspondientes.

Estos hechos se presentaron principalmente en los estados de Nuevo León, Aguascalientes y Morelos, por lo que le pedimos respetuosamente nos explique qué es lo que se hizo o se está haciendo al respecto.

Le pedimos también, señor procurador, nos informe que la PGR ha estado llevando a cabo con respecto a la reciente matanza en Tlatlaya, estado de México. Queremos saber si dicho enfrentamiento fue una ejecución premeditada o equivocación o un enfrentamiento derivado de acciones de investigación.

Y por último, señor procurador, ayer nos enteramos del cobarde asesinato de dos ciudadanos, un empleado y el otro, compañero diputado federal. Ha habido varios casos que han sido atraídos por la Procuraduría General de la República por ser escándalos mediáticos y que desafortunadamente terminan en el olvido.

Le pedimos a nombre de todos los diputados de esta honorable Cámara de Diputados que este caso no sea más de los archivados. Muchísimas gracias, señor procurador.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Sampayo.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra la diputada Alfa González Magallanes. Dónde está, diputada. Adelante, no te había visto.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Muy buenas tardes. Bienvenido, señor procurador. Lamentablemente y como todos sabemos, la violencia ha sido una constante característica tanto del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, quien en su declaración de guerra contra el narcotráfico dejó enlutados a más de 100 mil hogares.

Como del actual gobierno emanado del PRI, que a pesar de sus líneas discursivas de los últimos meses, en el sentido de que la violencia ha sido combatida de forma eficaz, no ha logrado que la realidad en las ciudades ligadas con el crimen organizado y con los delitos de alto impacto cambie.

Como parte de este discurso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto declaró en el Foro de Davos, en enero del año pasado que, y cito textual: “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país. Una disminución de prácticamente 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”. Fin de la cita.

Sin embargo, hace tres semanas el diario Zeta documentó de forma amplia que en los primeros veinte meses de este gobierno la cifra de homicidios dolosos es superior al mismo periodo del sexenio anterior.

Las cifras apuntan un escenario distinto a lo señalado por el presidente de la República. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema nacional de seguridad pública, durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo.

Mientras que en contraparte en el mismo periodo del sexenio del panista Felipe Calderón la suma fue de 43 mil 694.

La diferencia entre ambas cifras arroja que el actual gobierno registró 14 mil 205 homicidios más.

El secretariado ejecutivo de ese sistema desglosa que en ese periodo 29 mil 417 averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos. Mientras que en el periodo en mención de Calderón el número fue de 18 mil 451.

Las cifras de las procuradurías locales y de los consejos de seguridad distan de las presentadas por el Inegi. Por ejemplo, en el 2013, en Jalisco las autoridades de la Procuraduría estatal reportaron mil 584 homicidios dolosos y en esa entidad el Inegi solo reportó mil 485.

En Baja California, en ese mismo año el Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó 865 homicidios dolosos, mientras que ese organismo federal reportó solo 770.

En Michoacán la cifra es más distante, ya que mientras la Procuraduría local reportó mil 415, el Inegi solo 916.

Las cifras anteriores reflejan que el discurso repetido en los últimos meses, de que la violencia ha ido a la baja y los homicidios han disminuido en el país gracias a las políticas, a las estrategias y a operativos realizados por el gobierno del cual usted es parte, están entredicho.

Es evidente que existe una falta de coordinación entre la dependencia a su cargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las procuradurías o fiscalías locales, ya que el INEGI, que debiera ser el más confiable, maneja cifras que no coinciden con la información de este sistema federal.

En este sentido mi pregunta es ¿qué medidas ha adoptado la procuraduría respecto a esta coordinación que mencioné? Asimismo, solicito nos informe cuántas de las citadas averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos relacionados con el fuero federal y cuántos de los presuntos responsables han sido aprehendidos por agentes de la Policía Federal y Ministerial.

De su respuesta en una de las intervenciones, me queda la duda si lo que nos quiere decir respecto a Oceanografía es que la procuraduría aplica la ley según la conveniencia social y política del asunto.

Finalmente, señor procurador, esperamos que la nueva fiscalía no sea solamente un cambio de nombre y que todo lo demás permanezca igual. Muchas gracias.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputada Alfa González Magallanes.

El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el procurador hasta por cinco minutos.

El procurador Jesús Murillo Karam: Entenderé contestar la anterior también, ¿no?, y ahí se complican las dos preguntas. ¿Ha disminuido o no ha disminuido la delincuencia? Mires ustedes, por desgracia todavía tenemos una enorme delincuencia en el país.

Pero si la pregunta es si ha disminuido, la manera fácil es caminar en el territorio del país. Ustedes pueden caminar tranquilamente por Nuevo León, donde no se podía. Hoy ya pueden caminar en Tamaulipas. Nada más les pregunto a los michoacanos que están aquí, si es lo mismo hoy que hace un año. Les pregunto si en La Laguna hay diferencia o no la hay.

Ahora estoy hablando de la realidad. Tan realidad como lo social y lo penal. En lo penal naturalmente que es social, pero naturalmente que es social. El derecho es social, es la conducta humana lo que regula el derecho y esa conducta humana y las consecuencias son las que da el derecho. Naturalmente que tiene que ver lo social, naturalmente que quien imparte justicia tiene que tener un sentido claro de que su decisión en lugar de ser mucho más dañina, beneficie o no afecte a tantos. Naturalmente. No tengo ninguna duda en responderlo.

Por lo que se refiere a las revisiones de la policía –que fue desde la primera pregunta que el señor diputado me planteó– me dice qué se ha hecho. Se prohibió estrictamente que participen en retenes o en ese tipo de cuestiones. Tenemos detenidos, hemos detenido –tenía aquí una tarjeta de las muchas que me pasan- cerca de 56 que fueron descubiertos en esa circunstancia y hoy, si alguno de ustedes sabe que hay un retén de Policía Ministerial que no esté acompañado de otra policía, por favor denúncienmelo para que de inmediato lo paremos. No tienen facultades porque no son ya policías, son investigadores. No tienen que hacer la función de policía. Ésa es otra de las modificaciones en la procuraduría.

Tlatlaya. El asunto de Tlatlaya lo tenemos ya nosotros, lo atrajimos. Es un asunto bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea. Me puedo comprometer con ustedes que eso haré, buscar la verdad sea cual sea. Me tienen que dar el tiempo que necesito para poder hacer peritajes –aquí tenía yo cuántos–, que es todo lo que tengo que hacer para hacer una idea de por qué tenemos que tomar tiempo.

Necesito una ampliación del dictamen de criminalística, un dictamen de trayectorias de impactos y de vehículos, una ampliación de necropsias para el establecimiento de tiempo y modo de muerte, posición víctima-victimario para determinar trayectorias, reconstrucción de hechos, ampliar y recabar muestra hemática para confrontación de ADN, mecánica de lesiones y una cantidad mayor de investigaciones para determinar con precisión cuál es la verdad.

Es clarísimo que no puedo pronunciarme porque ha sido una cosa o haya sido la otra. Sería un gravísimo error que sin tener todos los elementos yo planteara una definición. El papel fundamental de una autoridad de este tipo es ser seria. En el momento en que la tenga, eso sí me comprometo, será la verdad la que salga.

¿Tenía yo algún otro punto? Sí, claro, el del diputado. Ya también solicité la atracción, aquí sí no porque se me antoje, es un asunto claramente federal en razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y además se trata de un diputado federal. Es indudablemente que es un asunto verdaderamente doloroso; los antecedentes que tengo del diputado es que era una gente intachable, y es no sólo doloroso, sino que realmente aquí sí nos vuelve a impactar fuertemente porque es un hecho que no puede repetirse. Estoy totalmente de acuerdo y es responsabilidad nuestra aclararlo; tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo.

Las encuestas de INEGI, compararlas con las de la coordinación de policías y procuraduría, no se puede, son diferentes medidas.

Los homicidios que cuenta INEGI, tienen que ver y quiero decirle que son más fuertes nuestras cifras a veces que las de INEGI. Lo que cuenta INEGI a veces son una mezcla de dolosos con culposos, se me atoró, y las nuestras son exclusivamente homicidios dolosos; entonces por eso son diferentes, no pueden ser las mismas cifras.

Pero yo francamente le digo, las cifras sirven mucho para poder hacer planes y para poder hacer estrategias. Pero será la paz, la sensación de paz, la tranquilidad, la que nos diga que ya salimos adelante.

Nunca el presidente dijo que el problema se resolvería fácilmente. El presidente dijo que es un problema muy complejo y que requiere no sólo de la perspectiva policial o de procuración de justicia para resolverse, sino fundamentalmente de un crecimiento equitativo y oportunidades en el país.

Señaló claramente que lo primero que tenemos que hacer es generar mejores condiciones de vida en el país, y eso de manera muy natural empezará a batir la delincuencia, además de que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer desde las perspectivas policiacas. Creo que son todas las preguntas.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para hacer comentarios al respecto, por tres minutos, el diputado Trinidad Morales Vargas.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. De manera inicial nos habíamos inscrito para hacer una serie de preguntas. Evidentemente resaltaba el hecho tan notorio, tan fuerte como es de Tlatlaya. Sin embargo dado la respuesta y dado lo recurrente de la pregunta, le planteamos y también en el carácter de la réplica, planteamos que nos pudiéramos referir a una situación que hace semanas, meses ya, nos tocó como Comisión de Seguridad, cuando fuimos a la ciudad de Morelia.

En aquel entonces la Comisión de Seguridad Pública presidida por nuestro compañero Guillermo Anaya, nos reunimos con el comisionado especial, y nos decía que era cuestión de horas la detención de la “Tuta”, que tenían todo un dispositivo, una herradura y que era cuestión de que de inmediato se iba a lograr su captura.

No me preocupa que se haya logrado o no porque nos dan cifras y nos dan números, nos dicen “tantas cabezas de la delincuencia han caído”, que bueno, como logros policiacos, vamos, pueden ser plausibles.

Lo que me preocupa es de por qué realmente cuando se les pregunta o cuando incluso en los discursos coincidimos que lo que hay que atacar más fuerte son las causas, éstas en los hechos quedan muy minimizadas.

No pudo el comisionado Castillo en esa ocasión decirnos efectivamente qué causas estaba atacando en Michoacán, y fueron preguntas expresas. Aquí la ausencia también debida a las causas aunque todos sabemos que si esas no se atienden podrá caer una cabeza criminal, pero son como las hidras, surgen dos.

Ha habido declaraciones de los propios delincuentes que, en la búsqueda de ellos, ya está el sustituto. No vamos a lograr mucho solamente con eso, aunque logros policiales de todas maneras son muy plausibles, son resultado de una investigación, de una eficiencia y de un esfuerzo de la procuraduría, no se niega. Pero las causas, procurador, cómo se están atendiendo éstas.

Usted puede decirnos que la percepción social que hoy se tiene en el país, en La Laguna, en Michoacán es diferente. Pero si va con la sociedad civil y platica con ellos lo que le dicen es que evidentemente hay una mejoría, pero no la atribuyen a la eficiencia nuestra, la atribuyen a que los medios ya no la publican, a que ya están ahí las cosas muy sordas, pero siguen pasando.

Más que preocuparme por preguntas y también de querer ver de un solo lado y atacar las causas, quiero decirle que este compromiso para con la sociedad mexicana sigue siendo muy mínimo, y nos incluimos nosotros en ello, no queremos dejarla de un solo lado.

Pero la conminación sería entonces, si coincidimos en que aquí está la razón y coincidimos además en que ésta es la cuestión de fondo que propicia lo de Tlatlaya, que propicia lo de Michoacán, la gran corrupción y cobijo que hay a veces de ella de tantos delitos, por qué no se nos informa cómo se está atacando esto a fondo. Muchas gracias.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Trinidad Morales Vargas.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Camarena García, hasta por cinco minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, presidente. Muy buenas tardes tenga el procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam.

Me enfocaré exclusivamente, señor procurador, en dos preguntas que cuando usted asumió esta institución dio una gran esperanza para evitar la violación a los derechos humanos, y es la figura del arraigo.

Estoy plenamente convencido de que es una violación y a través del arraigo, independientemente de que esta Cámara, quienes no estuvimos de acuerdo, pudo sacar adelante el disminuir la misma figura en cuanto al tiempo, sigo convencido de que es una violación flagrante a los derechos humanos.

Quisiera preguntarle, derivado de esa disminución que hubo de acuerdo a la reforma que se hizo en esta Cámara, cuántos arraigos ha habido por parte de la Procuraduría General de la República y de esos arraigos cuántos ejercicios de acción penal se han derivado y cuántos han culminado en sentencia condenatoria.

No es fácil porque por el arraigo en un mes o algo se obtiene esa sentencia condenatoria, pero de donde se ha ejercitado y ha habido la impartición de justicia pronta y expedita si se tiene conocimiento de cuántos han sido sentenciados.

La otra figura y que estamos convencidos también que en el pasado se utilizó como presión política también y en donde no estamos de acuerdo en ningún momento con el término que se les da son los testigos colaboradores.

Porque una cosa es ser testigo de la comisión de un delito y otra cosa es ser copartícipe o autor material o autor intelectual de la comisión de un delito, cosa que un testigo colaborador no tiene porque lo que está haciendo es confesar su participación dentro de un delito. Y qué pasaba, pues que quedaba impune y no solamente no se le consignaba, sino que hasta se le premiaba y se le daba dinero al señor por atestiguar. Cuántos asuntos de la Procuraduría General de la República se cayeron por haber comprado testimonio de delincuentes bajo estas circunstancias.

Estoy convencido, al igual que con la figura del arraigo, que debe desaparecer el término de testigos colaboradores. Son delincuentes en donde están ellos señalando claramente la participación que pudieron tener en la comisión de un delito, y no por eso hay que premiarlos, hay que atenuar desde luego por el hecho de apoyar a la autoridad de procuración de justicia en la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias en una averiguación.

Es por esa razón que yo quisiera conocer también, señor procurador, ¿qué opina usted de que podamos atenuar, ése es beneficio y que jamás se les otorgue cantidad alguna a quienes han cometido un delito y no son testigos, que son delincuentes? Muchísimas gracias, por su respuesta, señor procurador.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.

El procurador Jesús Murillo Karam: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente no, totalmente no. Mire usted, el arraigo es una medida precautoria, debiera ser una medida precautoria. ¿Por qué se usan las medidas precautorias en el mundo? Es el mismo caso de la prisión preventiva.

La prisión preventiva también es violatoria de derechos humanos, viola la presunción de inocencia, y sin embargo, en todo el mundo se utiliza la figura de la prisión preventiva. ¿Por qué se utiliza, porque no he encontrado a nadie, una figura que pueda sustituirla? Porque es una sobreposición de valores.

Es decir, el arraigo afecta derechos. Yo no tengo la menor duda, me oyó usted decirlo muchas veces, tanto en la Cámara como en la Procuraduría, lo digo hoy todavía, afecta la presunción de inocencia. Pero cuando la afectación de la presunción de inocencia evita afectar derechos fundamentales como la vida o la libertad, es preferible recurrir a una medida precautoria como lo son todas las medidas precautorias que son invasivas de derechos.

Y, el problema de cómo se legisló el arraigo es, que fue de 80 días que me pronuncié en contra,  y no hemos tenido prácticamente, excepto cuando ha sido para otros efectos, es decir, como resolver determinadas cosas antes de la conciliación para que ésta sea efectiva, creo que son dos casos.

Pero le puedo dar los números y verá usted que no hablo en balde. Mientras que en el 2011 hubo 2 mil 385 arraigos; en el 2012 mil 641; en el 2003 ya sólo hubo 626, porque me agarraron descuidado, pero ya en el 2014 vamos con 218. El día hoy sólo hay 19 arraigos, y el menor número que he tenido es de 7. En casi ningún caso terminan el arraigo, o consignamos o liberamos, pero casi en ningún caso terminan el arraigo.

En cuanto a los testigos o protegidos o colaboradores, porque son varios tipos de testigos, hay alguno que sí es válido, el testigo al que tenemos que cuidar o esconder porque pudiera ser lastimado por su testimonio. Ése es válido, ése incluso hay que pagarle, no confundamos.

Pero el testigo que puedo decirle, hay unas 60 o 70 averiguaciones en que el mismo testigo es testigo de todo, estuvo como en 2 mil lados al mismo tiempo, y bueno, pues evidentemente nosotros ya lo descalificamos como tales, e incluso, cuando no los usan en averiguaciones en el exterior, inmediatamente las descalificamos, no consideramos válido el testimonio de alguien que estuvo en 60 lugares al mismo tiempo. Y desde luego no hemos pagado a ningún nuevo testigo que no haya adquirido derechos previamente.

Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, excepto en que las medidas precautorias deben ser excepcionales y siempre para proteger un valor superior.

Quiero decirle que en el arraigo hay protección judicial. Si el arraigo tiene que darse con control judicial, igualito que la prisión preventiva, eso lo atenúa, pero no deja de ser lo que usted bien dice, es una violación de derechos humanos.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios, el mismo diputado Felipe Camarena, hasta por tres minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Muchas gracias, procurador, por sus respuestas. Quisiera comentar, sobre todo hacer una reflexión importante que usted ya hacía. A mí me preocupa mucho que muchos de los compañeros diputados, confundimos los términos y, sobre todo, la función que el Ministerio Público tiene.

Si realmente la Constitución señala que el Ministerio Público, su obligación es investigar y perseguir delitos y delincuentes, en su caso, por qué siempre le atribuyen al Ministerio Público que por la actuación del Ministerio Público sigue la impunidad, y sigue además la comisión de muchos delitos, cuando hay otra institución totalmente distinta a quien investiga y persigue, como en este caso a nivel federal, es la Secretaría de Gobernación a través de la misma comisión que hay para prevenir todos los delitos en el país, son cosas totalmente distintas y usted lo señalaba.

Pero también me preocupa que se hable de impartición de justicia y se le atribuya también al Ministerio Público.

Pero claramente usted ha señalado –y me quedo muy tranquilo y creo que cada día más convencido– que los mexicanos tenemos un excelente procurador general de la República. ¿Por qué razón? Porque ha usado los términos y ha puesto los puntos muy claro y preciso. Y creo que eso nos conviene y sabemos perfectamente del trabajo que usted viene haciendo. No es fácil, la institución del Ministerio Público es de las que ha sido señalada más corrupta y más deshonesta.

Pero no todo cabe en ello, porque las instituciones son de buena fe. Y pregunto: ¿Qué la Cámara de Diputados no es de buena fe? ¿Y todos los que estamos realmente somos de buena fe? Por eso es importante que no se le cargue al Ministerio Público que todo lo que pasa en el país es por esa institución. Y creo que ha señalado claramente usted los puntos.

Le pediría nada más que ojalá puedan desaparecer en el Ministerio Público las actas circunstanciadas. Hay que denunciar a través de una averiguación previa e iniciar. Y usted claramente lo señaló: no toda denuncia que se hace en una averiguación tiene que terminar en la consignación porque no todos los hechos que son denunciados son motivo de un delito, y qué bueno que lo ha precisado.

Pero también creo que se ha señalado que la autonomía del Ministerio Público va a ser por el simple hecho del cambio de nombre, así de dijo cuando se hizo o se persiguió buscar que el Ministerios Publico con el hecho de que ya no fuera designado directamente por el presidente de la República, sino a propuesta de él aprobado por el Congreso a través de la Cámara de Senadores. Creo que es algo parecido con una autonomía, pero no solamente en esta fiscalía que esperamos pronto poder aprobar con la Ley Orgánica y con toda la iniciativa que se manda por el presidente, es realmente darle esa autonomía que el Ministerio Público federal tiene.

Y creo que compartimos que no solamente es por el cambio de nombre, sino realmente por es profesionalización a la que usted se ha referido, de la que es y necesita el Ministerio Público, sobre todo en el aspecto científico para poder dar los resultados que el Ministerio Público debe darle a los mexicanos. Muchísimas gracias, señor procurador.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Buenas tardes a todos. Los formatos de las comparecencias muchas veces, y lo hemos comentado, atropellan la inteligencia, pues saturan a los servidores públicos y no permiten bien el desarrollo de ideas y de respuestas. Si el tiempo no se lo permitiera, señor procurador, le pido me conteste por escrito a todos los cuestionamientos que voy a presentarle porque son preocupaciones legítimas en materia de justicia y de derechos humanos, dos temas que se vienen devaluando en la actual administración.

Claro que consideramos que derivado del procedimiento para la implementación del nuevo sistema acusatorio penal muchos servidores públicos están trabajando en su actualización o capacitación, me refiero a los jueces, a los Ministerios Públicos, investigadores, los propios abogados, porque tienen que continuar y aprobar las nuevas reglas.

Y lo que produce a nuestro punto de vista es un rezago en la investigación y persecución de los delitos, por lo que le preguntaría: ¿Cuál es el rezago actual en materia de investigación y consignación para la ejecución de sanciones penales por parte de la Procuraduría a su cargo?

¿Qué nos debe la Procuraduría antes del 2016?

Y en lo personal tengo un tema muy claro, un caso, y por eso le pregunto a nombre de las madres y padres de los niños fallecidos y lastimados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por qué razón no se ha resuelto el caso, por qué a pesar de haber transcurrido más de cinco años de esta tragedia y a casi dos años de que asumió usted la responsabilidad en la Procuraduría General de la república todavía no se resuelve nada en relación a los funcionarios de diversos niveles de gobierno que se encuentran como indiciados por la falta de cumplimiento a sus respectivos deberes de atención y cuidado a los menores.

¿Qué ha motivado la falta de avances en las investigaciones sobre la hipótesis de que el incendio en que murieron los niños fue provocado? ¿Cuándo habrá justicia para esas 25 niñas y 24 niños? ¿Por qué la Procuraduría a su cargo no ha dado respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en junio pasado, para que informara a esta soberanía, a la brevedad, el estado actual de las investigaciones del caso de Guardería ABC, a fin de determinar las responsabilidades a los involucrados.

En otro tema, por qué en el Presupuesto de 2015 se presenta un decremento de 60 por ciento en el presupuesto de la Procuraduría, que aún dista mucho de haber cumplido con los mínimos para los que fue creada, por ejemplo, la base de datos de personas desaparecidas y que puede operar en territorio nacional en coordinación con las autoridades estatales y federales.

¿Qué número de mujeres asesinadas cada día necesita la justicia federal para comprender el fenómeno de casos de feminicidio? De verdad, investigarlo como un cáncer social que es necesario erradicar, castigar y prevenir.

¿Cuándo se dejará de dar carpetazos a estos casos con la salida fácil del móvil pasional, como coartada de la ineptitud de funcionarios y ministerios públicos? ¿Por qué los ministerios públicos no atendieron las denuncias que madres y padres de familia realizaron de manera puntual en contra de los policías federales que realizaron la infame revisión a niñas y niños que asistieron al zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, violando evidentemente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes?

El gobierno –y lo digo con todo respeto– está en la oportunidad de iniciar una ruta para que se atiendan las causes del desastre en materia de procuración de justicia y que apelen a la paciencia de un pueblo indignado y terminen con la corrupción e impunidad. Por ello resulta de vital importancia abandonar la simulación y la demagogia. Por sus respuestas, señor procurador, muchas gracias.

El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, diputada Zuleyma.