En materia policiaca, tras las huellas de Calderón

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

En materia policiaca, tras las huellas de Calderón/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El presidente Enrique Peña Nieto sigue los pasos de su antecesor y con el pretexto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la Policía Municipal de Iguala, se encamina a la centralización y militarización creciente de la seguridad pública.

 Mediante una reforma constitucional, anunciada el jueves 27 como parte de su decálogo para “mejorar el estado de derecho”, busca la eliminación de todas las policías municipales para continuar con uno de los proyectos inconclusos del gobierno anterior: el mando único policial.

 Con una creciente militarización de la seguridad pública, anunció un supuesto “nuevo modelo policial” con la creación de las Policías Estatales Únicas a fin de “pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces”.

 Anunció que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas serán los primeros cuatro estados donde desaparecerán formalmente las policías municipales. “Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”.

 La participación de los policías municipales de Iguala en la detención y desaparición de los normalistas se convirtió en la justificación perfecta para encuadrar legalmente lo que ya su gobierno ha impulsado, aunque viene desde el sexenio pasado: La renuncia de los municipios a sus funciones de seguridad.

 A través de la firma de convenios para el establecimiento del mando único policial, Peña Nieto ha ido despojando de esa facultad a los municipios con la lógica de que son incapaces y corruptos para lidiar con la seguridad pública.

 Calderón empezó la firma de convenios con los gobiernos estatales para quitarle esa facultad a los municipios. Peña Nieto los aceleró y ya son 28 estados los que han aceptado.

En la práctica eso ha significado la virtual desaparición de policías municipales en varias partes del país, con lo que los gobiernos estatales han asumido las funciones de seguridad pública, apoyados por la federación, como es el caso de la llamada Fuerza Civil de Veracruz, integrada en parte por elementos de la Marina.

Aunque en marzo de 2013 pidió un año de gracia para que se evaluara su estrategia de seguridad, Peña Nieto no ha hecho más que darle continuidad a la política iniciada por su antecesor (Proceso 1985) pero sin estridencia. La exclusión de los municipios en las funciones de seguridad pública la presentó como un parteaguas ante la presión social por el secuestro y desaparición de los normalistas.

Para asegurar ese “nuevo modelo policial” buscará que el Congreso reforme el artículo 115 de la Constitución, cuyo capítulo dedicado a los estados y al Distrito Federal establece que las entidades del país “adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre”.

Contra el federalismo

En la propuesta presidencial, que se entregará al Congreso este 1 de diciembre, se tendrá que modificar además el artículo 21 de la Constitución, donde se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Además de disponer su carácter civil, establece que las policías de los tres niveles de gobierno se coordinarán y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), instancia creada en 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

El constitucionalista Elisur Arteaga, profesor de la Escuela Libre de Derecho, asegura que la propuesta presidencial “atenta contra el federalismo” y no es necesario reformar la Constitución para mejorar la seguridad pública municipal. “Se puede crear una ley general, en acuerdo con los gobiernos y los congresos estatales para el caso de los municipios críticos”, dice en entrevista telefónica.

Sin reformar la Constitución se pueden buscar soluciones locales, pues nada garantiza que las policías estatales que propone vayan a ser mejores, considera.

Un día antes de la desaparición forzada de los 43 normalistas, detenidos por la policía de Iguala y entregados, según la versión oficial, a la delincuencia organizada, el secretario ejecutivo del SNSP, Jorge Carlos Hurtado, aseguró que el gobierno consideraba cuatro modelos de mando único policial sin reformar ese artículo.

Al participar en el Tercer Foro Nacional Sumemos Causa Ciudadanos + Policías, en el Castillo de Chapultepec, Hurtado dijo que esos modelos de mando único policial se adaptarían a las características regionales y delictivas del país. “Este es un punto interesante, y el otro… es que no requeriría modificación al Artículo 115 y podría ser de aplicación inmediata”.

Dio además un dato revelador: en 72% de los 2 mil 500 municipios ya opera algún esquema de mando unificado. El propio SNSP, que está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, anunció apenas el viernes 7 que las instituciones de seguridad pública del país –federales, estatales y municipales– ya evaluaron en control de confianza al ciento por ciento de su personal.

“En la historia de las instituciones de Seguridad Pública del país, por primera vez se ha logrado instaurar un programa de control de confianza permanente, dinámico y continuo, bajo un modelo que ha desarrollado una metodología y protocolos de operación homogéneos a nivel nacional”, señaló en un comunicado.

De acuerdo con el SNSP, en el caso de los municipios, en esa evaluación más de 86% de los policías municipales del país aprobaron los exámenes de control de confianza para permanecer en sus corporaciones. En cifras absolutas se trata de 117 mil 334 elementos que según el mismo gobierno federal están en condiciones de ejercer como policías municipales, contra 18 mil 177 (poco más de 13%) que fueron reprobados y dados de baja.

La presidenta municipal de Toluca, Martha Hilda González Calderón, presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Púbica Municipal, instancia creada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica vigente desde 2009 y que también tendrá que modificarse con la propuesta de Peña Nieto, confirma que muchos municipios ya habían renunciado a sus funciones policiales, aun antes de cualquier reforma constitucional.

“El mando único es ya una realidad… en muchos casos ya se daba. Hay municipios cuyos directores de la policía o era un policía federal o era nombrado de un terna propuesta por el Poder Ejecutivo”, dice en entrevista telefónica el viernes 28.

De acuerdo con la Ley General del SNSP, la Conferencia Nacional de Seguridad Púbica Municipal (CNSPM) debe participar en la elaboración de políticas públicas en la materia, pero ante la eventual desaparición de la función policial de los municipios, González Calderón dice que los gobiernos locales se dedicarán a labores de prevención.

“Estamos en un momento de ruptura de paradigmas. La CNSPM también tiene que evolucionar. Estamos regresando a la verdadera esencia de la tarea municipal, que es la prevención”, a través de su gestión gubernamental, dice.

Electa para presidir la CNSPM hasta agosto del próximo año, asegura que los policías municipales certificados ya por el SNSP podrán ser incorporados a las nuevas policías estatales, como de hecho ya ha ocurrido en varios estados, mientras que los municipios se podrán concentrar en las políticas de prevención del delito.

Contrario a la desaparición de facto de las policías estatales, Peña Nieto dijo que eso es algo que tiene que ocurrir ya. “Como país, llevamos años debatiendo este tema, este cambio y hasta hoy hemos sido incapaces de ponerlo en práctica”, señaló en la presentación de su decálogo el jueves 27.

En cambio prometió nuevas policías estatales “homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamientos y tecnologías de la información y comunicación”.

Sin policía de proximidad

Erubiel Tirado, consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, de Londres, y coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, asegura que la única novedad en la propuesta de Peña Nieto es que hace obligatorio “barrer a las policías municipales”.

 En muchas partes las han venido sangrando, porque los elementos que han sido acreditados por el SNSP han sido absorbidos ya por los mandos únicos, como ocurrió ya en Jalisco, asegura en entrevista.

 Jalisco es uno de los estados donde el presidente dijo que comenzaría el “nuevo modelo”.

 Lo que ha ocurrido es que han venido dejando a los municipios en la inanición, ahora van a acelerar el proceso hasta que desaparezcan, mientras que las policías estatales van a tener una amplia movilidad dentro de su territorio, por lo que se abandonará por completo el esquema de policía de proximidad. Sólo habrá presencia operativa cuando pase algo, por eso el número de emergencia 911 que propuso, considera.

 Advierte que además de la centralización, “se sigue el esquema de militarización” de la seguridad pública impulsado sobre todo por Felipe Calderón, pues prácticamente la mitad de los estados tienen secretarios de seguridad pública de origen castrense, sin considerar a los policías con instrucción militar.