Otro premio para Hinojosa Cantú/

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Otro premio para Hinojosa Cantú/JESUSA CERVANTES

La de la autopista Toluca-Naucalpan es otra de las licitaciones obtenidas por Juan Armando Hinojosa en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que el empresario carecía entonces de la liquidez necesaria para empezar el trabajo. Pero –en un esquema irregular y poco claro– el dueño del Grupo Higa financió algunas obras para la administración mexiquense… y esperó. Cuando el priista llegó a la Presidencia, el constructor recibió un salvador crédito multimillonario que le permitió echar a andar el proyecto. Sin embargo, tenía que superar otro obstáculo: La oposición de los comuneros a quienes despojarían de sus tierras…

Un año después de que Juan Armando Hinojosa Cantú entregara a la esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, la casa de Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec –con un costo aproximado de 7 millones de dólares–, el gobierno federal dio al empresario un crédito por 2 mil 775 millones de pesos para construir la autopista Toluca-Naucalpan.

El proveedor favorito de Peña Nieto durante su paso por el gobierno del Estado de México –según estimaciones periodísticas obtuvo contratos por 35 mil millones de pesos– ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero no pudo iniciar la obra por falta de dinero fresco y también debido a conflictos con los propietarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía.

Pero el 23 de febrero de 2013, a poco más de dos meses de asumir la Presidencia de la República, Peña Nieto le consiguió al empresario los recursos para arrancar los trabajos, que llevaban casi seis años de retraso.

 Del crédito que el gobierno peñanietista le autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para pagar el derecho de vía y 13 millones de pesos que el empresario les habría hecho llegar a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de avalar en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos.

 Hoy de nuevo el proyecto debería estar en suspenso: El pasado 15 de mayo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito anuló la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla.

 Pero la obra no se ha detenido.

 El pasado 8 de octubre el constructor ignoró la resolución judicial y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autopistas de Vanguardia, S. A. de C. V. (Autovan).

 El hecho provocó que el lunes 3 de noviembre, 121 comuneros de Xochicuautla –quienes no aceptaron entregar sus tierras– se enfrentaran con los trabajadores de Autovan que fueron respaldados por 600 policías estatales. El resultado fue la destrucción de algunas cosechas y la detención de ocho campesinos, entre ellos uno de 76 años.

 Luego de un par de días éstos fueron puestos en libertad por falta de cargos, pero ahora tienen miedo de una nueva confrontación.

 Crédito para Hinojosa

 En su segundo año al frente del gobierno del Estado de México, Peña Nieto emitió la licitación para construir la autopista Toluca-Naucalpan de 39 kilómetros, de los cuales 30 pasan por un bosque y una reserva acuífera otomí. Esta última es considerada incluso por Autovan como una “zona con gran capacidad de infiltración y representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en el Edomex”.

 En abril de 2007 a Autovan se le llamó “ganador” de la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla durante 30 años teniendo como ganancia el cobro de peaje, pues se trata de una vía privada (Proceso pudo consultar una copia del documento que otorga la concesión).

 Otro documento del gobierno estatal –Asuntos prioritarios del sector comunicaciones del Edomex, fechado el 10 de julio de 2007 y el cual también pudo revisar este semanario– establece que la obra sería de 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos; sin embargo hoy su extensión prevista es de 39 kilómetros. Y el gobierno federal ya le entregó a Hinojosa casi 3 mil millones de pesos para echarla a andar.

 Entre las cláusulas de la concesión estatal de 2007 y el crédito gubernamental federal hay un toma y daca de recursos.

 En septiembre de 2007 el dueño de Higa, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Señales y Mantenimiento, consorcio IGSA Médica del Perú y ahora Ingeniería Inmobiliaria del Centro –la que adquirió el terreno y “vendió” la casa a Angélica Rivera– recibió el título de concesión (cuya copia pudo ver Proceso) para “la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento” de la autopista.

 El documento establece que el concesionario deberá crear otra empresa, de ahí que constituyera Autovan, y un fideicomiso mediante el cual se comprará a los comuneros las hectáreas afectadas.

 A cambio, según el título, Hinojosa debió financiar algunas obras del entonces gobernador Peña Nieto. Dio 65 millones de pesos para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, 90 para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto y 20 más para la del ramal Huixquilucan. Un total de 175 millones de pesos frescos para subsidiar las obras del entonces gobernador.

 El retraso en las obras, debido principalmente a conflictos con los comuneros de Xochicuautla y de Santa Cruz Ayotuxco –municipio de Huixquilucan–, Peña Nieto lo pudo compensar una vez que asumió la Presidencia.

 Por decisión presidencial –ejecutada por un primo segundo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)– le autorizaron “al conocido” de Angélica Rivera 2 mil 775 millones de pesos “para el desarrollo de la nueva autopista Toluca-Naucalpan”.

 De acuerdo con un boletín de Banobras emitido el 23 de febrero de 2013, “con el objetivo de mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México con el Valle de Toluca, Banobras junto con Fonadin autorizaron recursos por un total de 2 mil 775 millones de pesos…”

 Previamente, se añade en el comunicado, el Fonadin le otorgó a este proyecto una garantía de crédito para la liberación de derechos de vía.

 De los 2 mil 775 millones de pesos que le dio el gobierno federal a Hinojosa Cantú para la autopista, un día antes de que se dieran a conocer públicamente dichos recursos el constructor y amigo de la pareja presidencial puso a trabajar parte de ese dinero, 600 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores a través de Infraestructura Institucional, S. de R. L de C. V.

 Según el título de concesión, Autovan crearía un fideicomiso para el pago de tierras. Sin embargo fue el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) el que creó el fideicomiso y, por lo tanto, pagó a 320 comuneros de San Francisco Xochicuautla los bienes comunales.

 El “convenio de ocupación previa” suscrito entre el SAASCAEM y 320 comuneros el 16 de noviembre de 2011 indica que éstos aceptaban el proyecto de la autopista, con base en lo resuelto por la asamblea general del 14 de agosto de 2011.

 A cambio de esta aceptación dada en la supuesta asamblea, los comuneros avalaban la expropiación por causa de “utilidad pública” de 235 mil 736.42 metros cuadrados “de tierras de uso común” y aceptaban el pago de 230 pesos por metro cuadrado.

 Es decir que el gobierno de Peña Nieto les pagaría 55 millones 538 mil 758 pesos con 16 centavos, dice el convenio que Proceso pudo consultar.

 Aceptan que dicho dinero es “pago de indemnización… mediante cheque y en una sola exhibición con cargo al fideicomiso constituido para tal finalidad en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de dicho convenio”.

 Los comuneros se obligan por su parte a “no impedir ni entorpecer las actividades y trabajos”.

 El convenio dice que el Estado de México les pagaría 55 millones de pesos en una sola exhibición, pero dos años después, el 12 de julio de 2013 los comuneros recibieron, no de la administración mexiquense sino del gobierno federal –vía el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe)– pagos por 40 mil 410 pesos. Proceso observó las copias de los cheques.

 El Fifonafe es un órgano público que entre sus facultades tiene la de revisar los decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales a fin de que se cumpla con las causas de utilidad pública, y forma parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 Inconformes

 Desde el día en que se lanzó el concurso de licitación SCEM-CCA-01-06 para construir y operar la autopista Toluca-Naucalpan, comuneros de Xochicuautla, principal grupo comunal de los siete afectados por la obra, éstos empezaron a movilizarse.

 José Luis Fernández Flores, Antonio Reyes Valdés y Lucas Miguel Hernández Josefa, comuneros de Xochicuautla, explican a Proceso que en 2006 se lanzó la licitación, en abril de 2007 se dijo que la ganó Hinojosa Cantú, en septiembre de 2007 se firmó el título de concesión y el 29 de octubre de ese año el gobierno hizo que un grupo de comuneros pidiera el reconocimiento de “comuneros de la comunidad”.

 De las 40 mil personas que viven en la zona por la cual pasará la autopista, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 reconoció con carácter de comuneros a 882: 441 de San Francisco Xochicuautla y 441 del Barrio La Concepción.

 José Luis Fernández, originario de Xochicuautla, explica que el gobierno estatal de Peña Nieto dividió con dinero a los 441 comuneros de esa localidad, los mismos que en octubre de 2007 pidieron el reconocimiento ante el tribunal agrario y quienes el 14 de agosto de 2011 resolvieron estar a favor de la autopista.

 “De los 441 que nos reconocieron, 320 votaron a favor y 121 lo hicimos en contra e impugnamos la asamblea por tener irregularidades; eso provocó que la obra se detuviera y apenas el 15 de mayo de 2014 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito anuló la asamblea del 14 de agosto de 2011”.

 Con un documento, del cual tiene copia Proceso, se anula el “convenio de Ocupación Previa” que algunos comuneros firmaron el 14 de agosto de 2011 con el gobierno mexiquense, y por lo tanto la indemnización de poco más de 55 millones de pesos.

 Fernández, quien acusa al gobierno estatal peñanietista de haber comprado a algunos comuneros y dividirlos, mostró el cheque por 40 mil 410 pesos que el Fifonafe entregó el 12 de julio de 2013 “para votar a favor en aquella asamblea” y con lo cual les compraron los terrenos.

 El documento que ampara el citado cheque va acompañado de un pagaré donde se establece que se recibieron los recursos “y en consecuencia otorgo a favor del Fifonafe el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto a pago a que se refiere el presente recibo, por lo que expresamente no me reservo derecho de acción alguna que pudiera reclamar”.

 Pero hoy, dice, ese convenio y los pagos se tienen que echar abajo, así como las obras de Hinojosa y Autovan, “porque ya ganamos el amparo en la última instancia y se anuló dicha asamblea”. Hasta el momento la maquinaria de Autovan sigue en los terrenos de Xochicuautla y la obra tiene un avance de 30%.