El
peregrinar casi invisible por los otros desaparecidos
Arturo
Cano, Enviado
Periódico
La Jornada
Sábado
6 de diciembre de 2014, p. 12
Iguala,
Gro.
Desde
hace unos días, la PGR toma muestras de ADN a uno, dos o tres familiares de cada
desaparecido que algún día, se espera, servirán para que estas personas sepan
si su padre o su hermano, su hija o su sobrina, terminaron en uno de esos
agujeros sin nombre, indignos y sin sello de humanidad alguna que hemos dado en
llamar fosas clandestinas.
La
cifra es correcta: 375 desa-parecidos que se suman a los 43 que han sacudido el
país. Pero no son todos, quizá ni siquiera la mayoría.
A
pesar de que José Luis Abarca y otros 77 están en prisión; no obstante que las
fuerzas federales inundan calles y caminos, no todos se animan a venir a las
reuniones. En la inmensa mayoría de los casos ni siquiera hubo denuncia. Ese
paso se cubre ahora, parcialmente, cuando personal de la PGR toma las
declaraciones a varios de los familiares. Lleva días en eso. Pero llegó tarde,
sólo tras montones de notas de prensa que denunciaban el peregrinar de las
familias de los otros desaparecidos.
El
sótano del templo de San Fernando funciona como auditorio. Las reuniones más
concurridas se celebran los martes, pero el resto de la semana llegan nuevos,
personas que se van animando a denunciar, a dar muestras de ADN.
La
mayoría de las personas que están sentadas llevan camisetas negras que lo dicen
todo. Te buscaré hasta encontrarte, dicen en el frente. Has que no te entierre
te seguiré buscando, se lee en la parte de atrás.
No
denunciamos por temor, dice un hombre que se pone de pie para hablar y se
empeña en entregar a la subprocuradora encargada un periódico local con la
noticia de que un detenido señaló el lugar donde terminó el comandante Abraham
Alemán. Mi hijo era director de seguridad pública aquí en Iguala.
Otro
hombre habla de la desa-parición de su sobrino, quien era maestro. A la semana
ya estaba sin trabajo y al mes ya estaban exigiendo que regresara un cheque que
supuestamente había cobrado. Fuimos a la SEP, al SNTE, y nada.
Todavía
hay muchos que no denuncian
Mayra
Vergara Hernández resume el sentir de los asistentes:
–Queremos
darle a usted un voto de confianza, el problema es que ya no confiamos en las autoridades.
–Y
tienen razón –responde la funcionaria.
Los
familiares dejan caer sus dudas sobre qué hacer con las propiedades o los
ahorros de sus desaparecidos, sobre las muestras de ADN que han entregado,
sobre los operativos de búsqueda.
No
todos son de Iguala o de los municipios aledaños. Yo vengo de Amacuzac,
Morelos, dice una güera que llega tarde. Cerca de ella, una pareja de ancianos
informa que reside en Puebla, que llegaron hasta acá porque las autoridades de
aquella entidad les indicaron que siguieran pagando la renta del teléfono
celular de su hijo. La última señal del GPS de ese aparato los condujo hasta
aquí.
Las
familias de los otros desaparecidos fueron atendidas por la autoridad federal
sólo después de que hicieron su propia búsqueda en compañía de los policías
comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(Upoeg).
Desde
que el sacerdote Óscar Mauricio Prudenciano, algunos líderes locales y la Upoeg
lanzaron la convocatoria, no ha cesado la llegada de gente que acude con la
esperanza de saber el destino que corrieron sus seres queridos.
La
cifra de 375 desaparecidos puede parecer enorme, pero quizá no refleja el
tamaño de la tragedia que esta zona de Guerrero vivió en los últimos años.
De
mi pueblo somos 20 familias con desaparecidos, pero sólo venimos dos, dice
Mayra.
Afuera,
varias camionetas de la Marina y la Policía Federal resguardan el lugar, pero
ni así se animan a venir las otras 18 familias.
Los
30 desaparecidos: para mí que es mentira
Rosa
Segura Giral, vecina de la colonia Vicente Guerrero de Cocula –por la salida,
yendo para el basurero–, forma parte de las 17 familias cuyos hijos fueron
levantados el 10 de julio de 2013. De Cocula, confirma, sólo han acudido ella y
la madre de Fernando Villalobos, novio de su hija.
Ambos
muchachos se levantaron muy temprano ese día porque ella había hecho cita con
el estilista para ir a su ceremonia de graduación, que sería a las 8:30, en
Iguala. Se fueron en la motocicleta del muchacho. Poco después hubo una
tremenda balacera en Cocula. Y más tarde le fueron a avisar a Rosa que la
motocicleta estaba tirada al lado de un camino.
Desde
entonces, su madre no sabe nada de Berenice Navarijo Segura, entonces de 19
años.
Sabe,
eso sí, que ninguno de los 17 levantados ese día ha regresado. A la mayoría los
sacaron de sus casas. Sabe que la autoridad no hizo nada.
Ese
día llamamos al Ejército. Llegaron hasta la tarde, tomaron unas fotos y se
fueron. Al día siguiente regresaron y nos comenzaron a insinuar que nosotros
sabíamos dónde estaba Berenice, dice su hermana Gabriela.
Se
pregunta a Rosa Segura si ha escuchado de los 30 desaparecidos de este año,
según una historia subida y luego retirada por la televisión francesa. Lo
sabríamos, yo digo que es mentira.
Las
desapariciones siguen
El
calvario de algunas familias comenzó en 2008. Para otros, como los padres de
Ezequiel Chávez Adán, la pesadilla lleva sólo unos días. ¡Se lo llevaron, me lo
quitaron! ¡Y nadie hace nada!, gritó el pasado miércoles su madre, durante un
mitin en el centro de la ciudad.
Los
padres de Ezequiel, estudiante de preparatoria, marcharon el miércoles con
otras familias, con la exigencia de que se quede la Gendarmería y no vuelva la
policía municipal.
Aunque
con todo y el despliegue federal –y la ausencia de la temida policía municipal–
las desapariciones continúan. Ezequiel fue levantado en una calle muy
transitada del centro de la ciudad el 26 de noviembre, a plena luz del día y
muy cerca de los hoteles que abarrotan los elementos de la Gendarmería
Nacional.
A
diferencia de la mayoría, María Luisa Bastián, una anciana de 80 años, sí sabe
quiénes se llevaron a su hijo Carlos Escobar, el pasado 6 de enero, porque los
captores eran vecinos de la misma colonia, la Fermín Rabadán. Me lo pepenaron
de la puerta de la casa. Pagamos 85 mil pesos, mis otros hijos quedaron
vendidos.
Dos
de los secuestradores están presos, pero un tercero sigue libre. Ellos eran
bien allegaditos al presidente municipal (José Luis Abarca) y decían que no les
iban a hacer nada.
La
anciana y su familia no han dejado de estar en la mira de los parientes de los
detenidos, especialmente de su madre, a quien identifican como jefa de sicarios
en la colonia. Nos tiró amenazas de que iba a regresar por nuestras cabezas.
La
última vez que María Luisa vio a un comandante para saber de la investigación,
el policía le dijo que fuera a preguntarle a los presos: “Me dijo que ellos me
tenían que decir dónde dejaron a mi hijo. Y yo le dije: ‘Sí, pero dame tu
pistola para irles a preguntar’”.
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