- Se avanza en el fortalecimiento de la reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008.
La Cámara de Diputados aprobó este martes 2 de diciembre de 2014, con 387 votos a favor, 15 en contra y 2
abstenciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.
Su
objetivo es la recomposición del tejido social a través de la restauración del
daño causado, generando espacios de solemnidad y contención adecuados en donde
pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la
conducta delictiva.
El
documento, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales,
también reforma los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Federal de
Procedimientos Penales, y tiene como eje rector la voluntad de las partes para
explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a los desacuerdos,
atendiendo al daño causado por la conducta delictiva.
Los
mecanismos alternativos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo,
la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con
motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante
procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la
confidencialidad.
Atiende
el mandato constitucional de dar cuerpo al nuevo modelo de justicia penal, pero
sobre todo a la responsabilidad ética de generar confianza en las instituciones
y eficacia en el combate a la criminalidad.
Incorpora
al Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial, un procedimiento abreviado
de conclusión de las diferencias, con pleno respeto a la presunción de
inocencia y las garantías individuales de la víctima y el acusado. Se pretende
crear, en suma, un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias (MASC).
El
dictamen contribuye a la reducción de costos y tiempos de los procesos penales
y, a su vez, disminuye la sobrepoblación en cárceles y permite que las
instituciones del Estado mexicano concentren sus recursos y capacidades en la
investigación y detención de los delincuentes.
Precisa
que algunas entidades federativas que ya cuentan con legislación sobre la
resolución alternativa de conflictos en materia penal, son: Aguascalientes,
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Esta
Ley, precisa, será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de
los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos
en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.
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