Intervenciones durante la Promulgación de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
-MODERADORA:
Queda en uso de la palabra el Subsecretario de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación, licenciado Felipe Solís Acero.
-LIC.
FELIPE SOLÍS ACERO: Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; señor Presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputado Silvano Aureoles; muy
distinguidos integrantes del presídium.
Señoras
y señores:
Nos
convoca hoy, este evento que sirve de marco para la Promulgación del Decreto
que contiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y
que reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil, que fue aprobado por el Congreso de la Unión, el
pasado 6 de noviembre.
La
promulgación de este Decreto, significa la culminación de un proceso
legislativo que tuvo su origen en una Iniciativa Preferente, presentada por el
Presidente Enrique Peña Nieto, el 1º de septiembre. Iniciativa Presidencial, que
al ser calificada de preferente, la única que ha recibido este trato en el
curso de su Gobierno, refleja la importancia que tiene en la agenda
presidencial el tema de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes
de México.
Se
trata de una reforma cuyo proceso legislativo fue intenso y complejo, pero que
gracias al ánimo constructivo que ha distinguido el trabajo de las y los
Diputados y Senadores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la
Unión, el proceso se completó en tan sólo dos meses, con pleno respeto a la
previsión constitucional de tiempo establecida para este tipo de iniciativas.
El
proceso legislativo de la Iniciativa Preferente, fue de una gran profundidad en
ambas cámaras. Las contribuciones de sus legisladores fueron fundamentales para
enriquecer este proyecto legislativo y, la enorme disposición de Senadores y
Diputados concitó una nutrida participación de diversas organizaciones de la
sociedad civil, que con sus observaciones y aportaciones contribuyeron a un
producto legislativo robusto, con amplitud de derechos en favor de las niñas,
los niños y los adolescentes de México.
Participaron
activamente además, instituciones como UNICEF México, que con su expertise en
el tema y el reconocimiento de las mejores prácticas internacionales, hicieron
posible la aprobación de una ley de vanguardia.
Por
todo lo anterior, nos es muy grato ofrecer a todas y todos ustedes la más
cordial bienvenida a este evento, en el que el ciudadano Presidente de la
República, realizará la promulgación de esta nueva ley, que hará realidad el
principio universal del interés superior de la niñez, que debe tenerse presente
en toda acción de Gobierno que involucre a las niñas y niños de México.
Muchas
gracias.
-MODERADOR:
Interviene enseguida, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Presidenta de
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Senadores.
-SENADORA
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Estimado ciudadano Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; Diputado
Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
licenciada Laura Vargas.
Estimados
integrantes del presídium; integrantes del Gabinete Federal.
Estimada
audiencia:
En
1989, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, México pugnó ante
el mundo la necesidad de contar con un instrumento que promoviera el respeto de
los derechos de la niñez y adolescencia.
Impulsó
así, en la agenda internacional, la Convención de los Derechos del Niño.
Veinticinco
años después, en el Congreso de la Unión comenzó a saldarse uno de los más
grandes pendientes que teníamos como Estado mexicano: una ley garantista de
derechos humanos a favor de niñas, niños y adolescentes.
Lo
anterior, señor Presidente, gracias a una iniciativa que usted presentó,
demostrando con ello no sólo una gran sensibilidad, sino congruencia con su
dinámica transformadora.
Y
si alguien tenía duda de su voluntad y compromiso, la iniciativa que presentó
tuvo el carácter de preferente. Por lo que el mensaje era claro: necesitamos
que las niñas, niños y adolescentes de México tengan una ley que respete y
fomente íntegramente sus derechos.
En
el Senado de la República tuvimos el privilegio de ser Cámara de origen, y
desde el momento en que llegó la iniciativa, comenzamos los trabajos para
socializar la propuesta y fortalecer sus alcances.
Permítanme
comentarles que tal fue la importancia y trascendencia de la propuesta de ley,
que se turnó a seis Comisiones de manera colegiada; por cierto, número
histórico de Comisiones Dictaminadoras, que avalan la seriedad con la que se
llevó a cabo su proceso legislativo.
Aprovecho
para reconocer ampliamente la capacidad y empeño de sus presidentes y
presidentas. Hoy aquí se encuentran algunos de ellos entre nosotros, la
Senadora Diva Gastélum, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Juan
Carlos Romero Hicks.
Fue
así que bajo un mecanismo abierto, incluyente y plural todas las voces fueron
escuchadas, sociedad civil, organismos internacionales, académicos y
especialistas, a quienes reconocemos su interés, respaldo y valiosas
aportaciones.
Mención
especial merecen la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, quienes estuvieron cerca de nosotros, y nosotros, también, cerca de
ellos.
Y
quiero decirles aquí que esta cercanía demostró la apertura y la voluntad
política del Ejecutivo Federal, para que fuera enriquecida ésta tan anhelada
ley.
En
el mismo sentido, destacamos el trabajo de la Cámara de Diputados, que como
cámara revisora tuvo un papel fundamental en la materialización de este
ordenamiento jurídico. Nuestro muy apreciable reconocimiento, también, a la
colegisladora.
Hoy
es un gran día, al promulgar esta Ley: niñas, niños y adolescentes tienen
garantizados sus derechos más fundamentales. A partir de hoy ninguna niña o
niño sin nombre y apellido; ninguna niña o niño violentado, ni víctima de acoso
escolar; ninguna niña o niño sin acceso a la educación; ninguna niña o niño
discriminado por discapacidad, origen o raza; ninguna niña o niño con problemas
de sobrepeso y obesidad sin atención adecuada.
Con
esta ley, comienza un cambio de fondo que les permitirá desarrollar su potencialidad
y grandeza. Quedan garantizados sus derechos como el de vivir en familia, a
vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; así como el
derecho a la participación y a ser atendidos de manera prioritaria
Señor
Presidente, distinguidos miembros del presídium, estimada audiencia:
Llegar
a este momento no ha sido tarea fácil, por lo que debemos valorar y analizar el
significado de todo esto que estamos viviendo, que va más allá de la creación
de una nueva ley. Es el fundamento de una política de Estado en favor de la
tercera parte de la población, en favor de quienes serán los hombres y mujeres
de bien que nuestro país necesita.
Como
Senadora de la República, pero principalmente como mujer y como madre de
familia, me siento orgullosa de mi Patria y de nuestro Presidente; un hombre
visionario que ha sabido enfrentar con valentía y con gran inteligencia los
problemas históricos de la Nación, resolviendo pendientes de muchos años que no
podían postergarse más en diferentes materias, como la económica, la educativa,
la energética, pero también, y en este momento lo estamos viendo, en lo más
preciado que tenemos como sociedad: las niñas, los niños y los adolescentes.
Hoy,
damos un paso más como Nación; una Nación que, con voluntad y dedicación, nada
la frena; que apuesta en el presente para garantizar un mejor futuro.
Enhorabuena.
Y
muchísimas gracias.
-MODERADORA:
Hará uso de la palabra, la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, Presidenta de
la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados.
-DIPUTADA
VERÓNICA JUÁREZ PIÑA: Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; señor Presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo.
Distinguidos
integrantes del presídium; Legisladoras y Legisladores que se encuentran aquí,
presentes; las senadoras, presidentas de distintas comisiones, tanto como Diva
Gastélum; es un honor también saludar a mi compañera Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña.
De
igual forma, saludo a las Legisladoras, a las Diputadas, a la Presidenta de la
Comisión de Grupos Vulnerables, Adriana Hernández; y a las Diputadas de esta
Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, así como a las
Diputadas que también nos acompañan el día de hoy, que integran la Comisión de
los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados.
De
igual forma, saludo a los representantes de las distintas organizaciones de la
sociedad civil; servidoras y servidores públicos.
Señoras
y señores:
Como
Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de
Diputados, es un honor ser testigo de la promulgación de la ley, que por
primera vez crea un sistema de protección de los derechos de la niñez y de la
adolescencia en México.
El
día de hoy, nos encontramos ante un proceso que se activó a partir de las
reformas constitucionales de 2011 en torno a los derechos humanos, la
integración del interés superior del niño y la concurrencia en materia de
infancia.
Como
sabemos, señor Presidente, el 1º de septiembre envió usted como Iniciativa
Preferente al Congreso de la Unión esta ley. Y es de reconocerse, en un país en
donde se menciona a la infancia y adolescencia como prioridad, pero cuando se
trata generar los marcos normativos y políticas públicas que reflejen el
interés superior de la niñez, quienes trabajamos en la agenda pública de las
niñas, niños y adolescentes mexicanos, nos encontramos en lo cotidiano, que las
prioridades siempre sean otras.
Sin
lugar a dudas, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cumple
con los objetivos que le han dado motivo de aprobación y que a continuación
menciono en términos generales.
Recoge
los derechos de la infancia y la adolescencia, con el enfoque de derechos que
marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras las
reformas de junio de 2011 al Artículo 1º en materia de derechos humanos,
reconociendo como sujetos plenos de derechos a las niñas, niños y adolescentes.
Genera
mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y obliga a las
autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de
recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes el
goce pleno de sus derechos.
Contiene
esta ley un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Crea
el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los
responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros, serán las
Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia.
Se
crea a nivel Federal y local, las Procuradurías de Protección de niñas, niños y
adolescentes, adscritas a los sistemas DIF para realizar un objetivo: resguardo
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El
DIF tendrá ahora nuevas facultades y nuevas atribuciones. Sin lugar a dudas,
tendremos que apoyarlo de manera inmediata.
Aprovecho
para hacer un reconocimiento a quien lo dirige acertadamente, por toda la
coadyuvancia en la aprobación también de esta ley.
Además,
esta ley dispone la creación, integración, organización y funcionamiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes,
presidido al más alto nivel por el Poder Ejecutivo Federal.
Contempla
un Programa Nacional, así como Programas Estatales, que contendrán las
políticas, objetivos, estrategias y las líneas de acción prioritarias, en
materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Prevé
que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales,
transversales y con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos
transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política del Desarrollo Social; determina la coordinación operativa
del Sistema Nacional de Protección Integral, que recaerá en un órgano
administrativo desconcentrado de Gobernación, que ejercerá las funciones de
Secretaría Ejecutiva; así también como la creación de un sistema de información
que tanto hace falta.
Esta
misma ley contiene importantes avances que sientan las bases para que en
ninguna entidad federativa pueda haber, en ellas, retroceso alguno en el
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y adolescencia, como
el establecimiento de la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, la
gratuidad del registro, la presunción de paternidad o maternidad cuando hay
rechazo a hacerse la prueba, las opciones de acogimiento familiar con
preferencia residencial, las competencias y plazos para adopción de medidas de
protección especial, entre otras.
Como
sabemos, muchas de estas cuestiones aún estaban reguladas de manera desigual en
el territorio mexicano, produciendo violaciones a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes y desigualdades intolerables.
Teniendo
en cuenta la diversidad de temas que incluye esta Ley de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, algunos de ellos de gran controversia, por la pluralidad
de opiniones y por un cambio cultural que enfrenta resistencias, estamos, sin duda,
ante un gran resultado, ya que hemos logrado un consenso que durante muchos
años ha venido intentando abrirse paso, un consenso que no pudo lograrse en la
Legislatura anterior, pero que afortunadamente hoy se materializa en esta ley.
Sin
embargo, como toda ley, podrá perfeccionarse. Por ejemplo, es necesario avanzar
en la regulación de los problemas que afectan a la niñez y adolescencia
migrante; en erradicar en la práctica las interpretaciones que derivan de una
concepción dominante y persistente de que las niñas, niños y adolescentes son
propiedad privada y que sus derechos no son materia de la agenda pública en
donde el Estado debe de ser el garante de sus derechos.
Además
y, sin lugar a dudas, los retos de la infancia no se limitan a la agenda legislativa
y, ahora el Ejecutivo tiene una obligación mayor de destinar los recursos
suficientes para su implementación.
Tendrá
que derivarse en una verdadera inversión, la que merece la tercera parte de la
población mexicana, y se tendrá que ejecutar las políticas públicas pertinentes
y suficientes para cumplir una agenda que se complejiza cada vez más por la
pobreza y marginación infantil, el trabajo infantil, la desnutrición, la
exclusión, el embarazo adolescente, el incremento en adicciones, las víctimas de
trata, el maltrato infantil. En fin.
La
violencia en sus diversas manifestaciones y la falta de oportunidades, son
ejemplos de los grandes pendientes que el Estado y la sociedad mexicana tienen
para lograr la garantía de los derechos de los 41.5 millones de niñas, niños y
adolescentes mexicanos, que representan el 37 por ciento de la población total
en nuestro país.
Señor
Presidente.
Señoras
y señores:
Nos
complace presenciar la publicación de una ley, como ya mencioné; una ley que
incluye las voces y la lucha, y los sueños de muchas y muchos servidores y
servidoras públicas, de académicos, de Legisladoras y Legisladores, de
integrantes de la sociedad civil y de organismos internacionales, quienes
esperamos que esté a la altura de las niñas, niños y adolescentes.
Son
importantes los retos que enfrentamos, pero lo hacemos con la responsabilidad y
el compromiso para lograr el funcionamiento correcto del Sistema de Protección
Integral.
Ello
depende, en mucho, de materializar proyectos y programas, así como de asignar
recursos suficientes para su ejecución. Pero, sobre todo, el seguir impulsando
en el marco de este joven movimiento por la garantía de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, el cambio cultural en donde reconozcamos en la
vida diaria y en cualquiera de nuestras acciones, que las niñas, niños y
adolescentes son sujetos de derechos.
Sin
embargo, no podemos dejar pasar el entorno al que ahora nos encontramos. Esta
ley es el llamado a garantizar los derechos y a proteger de manera integral y
efectiva a la población infantil y adolescente de México.
No
podemos permitir que el crimen organizado y que las debilidades institucionales
estén consumiendo la vida de miles de ellas y ellos, a través de las
desapariciones, de la muerte, de la cooptación, y hasta de estos mensajes
cotidianos que promueven violencia desde los medios de comunicación, desde las
escuelas, desde las familias.
Esta
ley tiene que ser simbólicamente, pero más aún en la práctica, el desafío por
la construcción de un país que apuesta por su presente para garantizar también
su futuro. Esa apuesta es por las niñas, niños y adolescentes de hoy y de
mañana.
En
el proceso para alcanzar la cristalización de la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, no hay vencedores ni vencidos, ni propiedad
exclusiva, ni paternalistas, ni maternalistas de la ley, todas y todos hemos
contribuido para contar con una Ley General en la que ganan las niñas, los
niños y adolescentes, y si ganan las niñas, los niños y adolescentes, ganamos
todas y todos. Gana México.
Por
su atención, gracias.
-MODERADOR:
Corresponde la siguiente intervención, al licenciado Mario Luis Fuentes Alcalá,
Director General del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social.
-LIC.
MARIO LUIS FUENTES ALCALÁ: Muy buenos días.
Licenciado
Enrique Peña, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señora
Angélica Rivera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema
Nacional DIF; Diputado Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
Distinguidos
y distinguidas miembros del presídium; señoras y señores Legisladores.
Señoras
y señores que nos acompañan:
En
México, la pobreza, la discriminación, la vulnerabilidad, pero sobre todo, la
desigualdad tienen rostro de niñez. A pesar de los avances documentados, las
estadísticas oficiales nos muestran que las brechas en todos los ámbitos
relativos a la infancia lejos de reducirse se están profundizando.
Por
ejemplo, una niña o niño que nace en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca
tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco
años que aquellos que nacen en Nuevo León o el Distrito Federal.
Y
de acuerdo con las estadísticas del INEGI, cada año se registran alrededor de
siete mil defunciones evitables de niñas y niños durante su primer año de vida;
es decir, muertes que nunca debieron ocurrir.
Las
condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría
tienen una dimensión dramática. De acuerdo al CONEVAL, mientras que entre la
población mayor de 18 años, el porcentaje de personas en pobreza es del 41 por
ciento, entre las niñas y los niños el porcentaje es de 54 por ciento.
Por
todo ello, debe reconocerse que la primera iniciativa con carácter de
Iniciativa Preferente, enviada por el Ejecutivo al Congreso, haya sido dirigida
a la ampliación del marco que protege los derechos de la niñez.
Iniciativa
que permitió mostrar, recoger e incluir demandas históricas de las
organizaciones de la sociedad civil, tales como RIRIKI, la Alianza por la
Niñez, la Red por los Derechos de la Infancia; organismos internacionales como
UNICEF, así como de expertas y expertos de distintas instituciones de la
academia mexicana.
Hay
que subrayar, por otra parte, que la nueva Ley General de los Derechos de las
Niñas y los Niños obliga al Estado a recuperar la centralidad de la agenda de
los derechos de las niñas y los niños, así como a dimensionar los retos que
tenemos todos, sociedad y Gobierno, en su adecuada y urgente implementación.
Por
otro lado, es de hacerse notar el hecho de que esta ley se promulga justo en el
momento en que las proyecciones económicas nos anuncian que el crecimiento del
país está aún lejos de todo su potencial.
Desde
esta perspectiva, su promulgación es sustantiva, porque es precisamente cuando
los recursos son limitados y cuando la incertidumbre crece que el Estado debe
volcarse a favor de los más vulnerables, que no son otros, sino las niñas,
niños y adolescentes.
No
debemos olvidar que este año se cumple el 25 aniversario de la vigencia de la
Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, sobre todo porque el
Estado mexicano fue uno de sus promoventes ante la Organización de las Naciones
Unidas.
Hoy,
el Estado mexicano actúa en congruencia al emitir esta ley, la cual muestra que
sólo a través del diálogo amplio, plural y mesurado, que da tiempo para que
todas y todos se expresen, puedan construirse los acuerdos que el país
requiere.
Debemos
subrayar el hecho de que el Congreso de la Unión haya desarrollado un método
adecuado para procesar las múltiples y diversas visiones que existen en esta
materia, y que se haya logrado cumplir con el objetivo de tener un nuevo
ordenamiento para la garantía de los derechos de la infancia antes de concluir
el año.
Una
vez promulgada esta ley, continúa un reto múltiple:
En
primer lugar. Construir el nuevo diseño institucional que se necesita para su
concreción en políticas públicas. Hay que construir los sistemas y subsistemas
que están considerados. Hay que dotar de recursos a las instancias responsables
de su aplicación y, sobre todo, debe generarse un gran impulso político a fin
de que todos los niveles y órdenes del Gobierno se sumen a este instrumento
jurídico central para el diseño de sus propias políticas públicas y programas
sociales.
En
segundo lugar. Hay que fortalecer los mecanismos de diálogo a fin de articular
la República en torno al objetivo común, de lograr que ninguna niña o niño se
quede atrás y en esta lógica el trabajo de articulación, coordinación y
cooperación con los estados y los municipios es central.
Y
en ese tenor, es esencial potenciar las capacidades de fomento y promoción del
trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en
la atención directa de niñas y niños, vulnerados en sus derechos, sino también
en el diseño, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas que deben
generarse en todo el país.
En
tercer lugar. Deberán fortalecerse todos los mecanismos de protección de la
infancia a fin de garantizar el oportuno y expedito acceso a la justicia a
todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de salvaguardar y proteger
integralmente todos sus derechos.
Desde
esta perspectiva, la plena y universal garantía de los derechos de las niñas y
los niños representa uno de nuestros mayores imperativos categóricos, un
mandato ineludible que tenemos como mexicanos, porque el no hacerlo profundiza
el dolor y la angustia, que todos los días enfrentan millones de familias en
nuestro país.
Y,
también, porque postergar las acciones en este ámbito compromete nuestro futuro
y perpetúa las injustas condiciones en que hoy se debaten las familias
mexicanas en la sobrevivencia del día a día.
Por
todo esto, este acto debería ser leído por todos y todas como un momento
relevante para reflexionar; para hacer un alto y preguntarnos otra vez, con
honestidad y prudencia: qué clase de país queremos para nuestras hijas e hijos,
para nuestros nietos y para las generaciones futuras.
Lo
anterior nos exige potenciar y encauzar el malestar, el cual debe aprovecharse
para transformarnos en un país apropiado para la infancia.
Hacia
este propósito se requiere la audacia en el pensar y la decisión en el actuar,
para destinar como lo manda nuestra Constitución hasta el máximo de los
recursos de que disponemos para lograr ser el México indeclinablemente
comprometido con la niñez que podemos, pero que sobre todo, debemos ser.
Señor
Presidente:
En
medio del complejo y difícil momento por el que atraviesa nuestro país, la
creación de una ley como ésta, abre rutas para recuperar la esperanza en que
México puede plantearse grandes objetivos que puedan acercarnos y
reconciliarnos.
Debemos
considerar, todas y todos, que si hay una agenda que puede cohesionarnos y
darnos un motivo compartido de vocación común, ésta gira en torno a los
derechos humanos de todos nuestros niños y niñas y, adolescentes.
Su
liderazgo en esta materia resulta fundamental, para enviar a la Nación un
mensaje renovado de que con base en el esfuerzo colectivo pueden lograrse los
consensos para transformar a México, en torno a lo más sensible y relevante que
tenemos y que no se encuentra en otra parte, sino la plena garantía de los
derechos de la niñez.
Que
así sea.
Muchas
gracias.
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