Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal”,

Al inaugurar el Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal”, el Presidente Peña Nieto aseguró que en los últimos años se ha actualizado el marco legal e institucional en favor del respeto y la protección de los derechos de las víctimas. Este cambio de fondo, añadió, se sostiene en tres grandes avances jurídicos: la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos; y la Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013.

“Queremos un México de orden, de seguridad; un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad; es decir, que se sancione a todo aquel que cometa un delito”, aseguró.

Expresó que “pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que, después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede, lamentablemente, en libertad”.

Por ello, resaltó la importancia de este Foro “que hoy convoca a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación y a autoridades estatales y federales, quienes compartimos un compromiso esencial: mejorar la justicia en México”.

Destacó que “un paso necesario para lograrlo es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados; es decir, frente aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito”.

En el evento, el Presidente de la República externó su reconocimiento a la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro; y a Alejandro Martí García, Fundador y Presidente de México S.O.S, quienes no obstante los episodios de tragedia que cambiaron sus vidas “han asumido una actitud constructiva y propositiva para hacer de su propia experiencia y tragedia, un espacio para convocar a todo aquello que nos permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración y de administración de justicia”.

El Primer Mandatario refirió que si bien es cierto que ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios, “no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado”.

Señaló que en la comisión de homicidios en el país es “donde de manera más significativa y sensible está habiendo una reducción”. Añadió que en los secuestros y en las extorsiones también ha habido disminución “a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que, desde las prisiones, se cometan este tipo de delitos”.

El Presidente Peña Nieto explicó que en la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio “se estableció, por primera vez, el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica especializada, a contar con atención médica y psicológica, a intervenir en el proceso de investigación y juicio, y a que se le repare el daño”.

“Este es el anhelo; éste es el mandato que está en nuestra Constitución, en el marco de este sistema”, agregó.

Indicó que el Sistema Penal Acusatorio Oral prevé que se asegure la efectiva justicia y que hayan procesos muchos más rápidos y expeditos. Resaltó que la adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal “es un tema prioritario de la agenda nacional de seguridad y justicia. En las entidades federativas y a nivel federal estamos trabajando para lograr su instrumentación en todo el país a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución”.

El Titular del Ejecutivo Federal destacó, además, que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales opera ya a nivel estatal en 20 entidades federativas, y desde noviembre pasado empezó a operar a nivel federal en los estados de Puebla y Durango.

Aseveró que con un Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene “un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue a cualquier inculpado y de cualquier víctima; que sea homogéneo, que sea igual, idéntico en todo el país, y con ello evitar las distorsiones que generaba tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia”.

Dijo que “igualmente es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada en diciembre, así como la Reforma en Materia de Justicia para Adolescentes”.

El Presidente Peña Nieto mencionó que otro avance jurídico en favor de las víctimas es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. “Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia”, puntualizó.

Agregó que “para las víctimas esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos”. En esta reforma, continuó, “también se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

Subrayó que un tercer avance en la materia, anunciado desde el inicio de la Administración, es la Ley General de Víctimas. “Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad”, refirió.

“Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se le repare el daño, entre otros”, explicó.

El Primer Mandatario comprometió que las conclusiones de este Foro Nacional serán recogidas “y a partir de ahí, emprender iniciativas de ley al Congreso de la Unión que nos permitan mejorar el sistema de justicia que hoy tenemos y en el que estamos en proceso de implementar mejoras”. Es claro, dijo, “que los ordenamientos jurídicos, nuestras leyes, son perfectibles; no son letra última, y todos estos foros permiten enriquecer no sólo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también tomar acción a partir de políticas públicas que no pasan por el Legislativo, pero que las distintas autoridades del orden federal, estatal y municipales podemos emprender sin esperar a que haya cambios de ley”.

Recordó que el pasado 27 de noviembre dio a conocer que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizará foros de discusión para definir un paquete de iniciativas que permitan mejorar la justicia cotidiana, “la del día a día, la que implica dirimir diferencias y conflictos en el orden familiar, mercantil, civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia que se dicte justicia rápida, pronta, expedita”.

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Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se pronunció por despejar toda la efervescencia política de los ámbitos de la seguridad y destacó que para avanzar en el combate al delito, es necesario avanzar en el establecimiento de las policías únicas.

Expuso que “si seguimos con esa inercia, que bloquea a través de las líneas de la política el avance de nuestro país en materia de seguridad, va a ser muy difícil. Yo creo que hay que desvincular a la política de la seguridad”.

Asimismo, en torno a las policías únicas, Mancera Espinosa expresó: “A mí me parece que si no avanzamos de manera consistente desde este primer eslabón, que es el que tiene el contacto directo con el delito, va a ser muy difícil que México pueda cambiar”.

Agregó que “hoy, precisamente, expusimos esta necesidad de las policías estatales, de que la responsabilidad sea de los gobernadores y del Jefe de Gobierno; separemos lo que son las funciones propias de la Federación, de lo que son nuestras responsabilidades”.

Dijo que la implementación del sistema adversarial obliga a un cambio de mentalidad y consideró que cada una de las entidades que van adoptando este sistema, deben de hacerlo con toda responsabilidad y colocar en el lugar que corresponde a la víctima.

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Al agradecer al Presidente de la República su sensibilidad y atenciones para con ella cuando como Gobernador del Estado de México, fue detenido en la entidad el último de los secuestradores de su hijo, Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, expresó que “hemos perdido a miles de mexicanos valiosos a manos de aquellos cuya codicia y ambición les ha hecho perder el rumbo de la Patria, la paz, la hermandad y el respeto a la vida”.

Señaló que “debemos fortalecer las instituciones y el andamiaje jurídico para que, por medio de ellos, se diriman las controversias entre ciudadanos, se proteja al inocente y no quede impune el delito”. Por ello, el papel de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal “debe ser preponderante y central, porque tienen que vernos como parte del proceso. Es vital que la procuración y la administración de justicia actúen con equidad en todas las resoluciones y sentencias que tomen”.

Como primera propuesta del Foro expuso que se modifique la ley para que las víctimas puedan obtener la compensación y ayuda que marca la Ley General de Atención a Víctimas en forma menos burocrática, así como trabajar junto con las instituciones federales para posicionar los derechos de las víctimas al público en general, y concientizar al personal que labora tanto en procuración como en administración de justicia.

Miranda de Wallace hizo un llamado a todas las víctimas a sumarse para construir un México mejor: “no podemos caer en ninguna manifestación de violencia, ya que fue precisamente ésta, la violencia, la que nos arrebató a un ser querido”. Repudiemos la violencia y honremos a nuestros muertos construyendo un México en paz y seguro. “Todos, Gobierno y sociedad civil, tenemos mucho que aportar para lograrlo”, enfatizó.

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El Fundador y Presidente de México S.O.S, Alejandro Martí García, subrayó que el nuevo sistema de Justicia Penal “es una esperanza real para los ciudadanos, una transformación de fondo para lograr la equidad jurídica necesaria ante los procesos judiciales en materia penal; para exigir que en el menor tiempo se resarza el daño causado en el que la víctima se coloca al centro y no al final del proceso”.

Dijo que “nosotros creemos firmemente en la posibilidad de un México donde la corrupción y la impunidad sean historia. Ése es el México que todos los ciudadanos apoyaremos en su gestión, para que nuestra Nación se decida finalmente a cambiar”.

Expresó que “tenemos ante nosotros la gran oportunidad del México limpio, entusiasta, confiado en sus instituciones, con una gran credibilidad en nuestro país” y enfatizó que “hoy, solo hoy, tenemos la oportunidad de crecernos ante la adversidad para lograr el México anhelado, sin fantasías mesiánicas, con un crecimiento sólido en lo intelectual, moral y económico, fórmula inequívoca para crecer como Nación”.

Gobierno y ciudadanía, continuó, “requerimos una revolución intelectual de voluntades y aspiraciones, que finque el crecimiento de todos los ciudadanos con base en el respeto a las leyes, al trabajo, a la decencia y el amor a nuestra Patria”.

Fuentte: Comunicado de la Presidencia.