En San Quintín, jaque al porfiriato del siglo XXI

Revista Proceso No. 2004, 28 de marzo de 2015

En San Quintín, jaque al porfiriato del siglo XXI/GLORIA LETICIA DÍAZ

Como en el porfiriato, en las fincas de Baja California los jornaleros son casi esclavos: trabajan de sol a sol y reciben como pago un puñado de pesos; viven en condiciones paupérrimas, sin agua potable ni electricidad, y la amenaza del despido pende siempre sobre sus cabezas. En cambio, los dueños de los ranchos se enriquecen en forma obscena. Llenar una caja de moras, por ejemplo, le reditúa al trabajador 14 pesos, aunque el precio de exportación de esa misma caja sea de 60 dólares. Hartos de esta explotación brutal, los jornaleros se organizaron y ya tienen en jaque al gobierno del estado.

 VALLE DE SAN QUINTÍN, BC.-Como miles de sus paisanos expulsados por la pobreza lacerante del sur del país, Juan Hernández López, triqui de Oaxaca, escogió esta región como lugar de residencia hace 30 años.

 Aquí se casó, nacieron sus ocho hijos, y es fundador de la colonia San Juan Copala y del Frente Independiente de la Lucha Triqui, la cual forma parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, agrupación que mantiene en vilo a la agroindustria de la región tras dos semanas de paro laboral.

 Como los 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, 65% de ellos residentes, don Juan ha visto crecer fortunas de rancheros exportadores de fresa, mora, jitomate y pepino, entre otros productos.

 Uno de ellos es su actual patrón, Juan Villalobos, dueño del rancho Santo Domingo, que alimenta a Moramex, una de las filiales de la estadunidense Berrymex, y con quien labora desde 2007. “Mi patrón nomás cultivaba dos hectáreas y ahora tiene 60 hectáreas, 14 camiones y siete mayordomos. Y yo, apenas hace ocho años empecé a construir mi casita y no la puedo terminar”.

 Con la experiencia de pizcar las frutas y vegetales más selectos en las tres últimas décadas de su vida, don Juan presume llenar una caja de moras en un minuto, por lo que percibe 14 pesos. “Esa misma caja el patrón la vende a 60 dólares en Estados Unidos. Un día le pedí que me vendiera una caja para mi familia, y me la dio a 350 pesos”.

 Pese al crecimiento de las empresas instaladas, las jornadas laborales se han mantenido inalteradas desde 2001, recuerda don Juan, uno de los voceros de la alianza: “Desde entonces ganamos de 100 a 120 el día; entre ocho y 10 pesos por caja de fresa, que ellos la venden a 50 dólares”.

 Para el tomate, uno de los productos más devaluados en mano de obra pero altamente cotizados para la exportación, en ranchos como Los Pinos y El Vergel, el jornal obligatorio es de 35 botes de 20 pesos, por lo que los jornaleros perciben 120 pesos, pero a partir del bote 36, los 20 kilos de tomate valen un peso.

 Don Juan trabajó 11 años en el rancho Los Pinos. De ahí fue despedido por enfrentarse a los mayordomos y al patrón. “Fui humillado, maltratado y discriminado, y como reclamé mis derechos me dijeron que ahí no cabían los políticos. No me dieron nada de retiro”.

 Por la mala paga y los agravios es que hace un año y siete meses los gestores y representantes de las colonias, como Juanito, decidieron agruparse en la Alianza de Organizaciones.

 “Nos veíamos y decíamos qué vamos a hacer, el dinero ya no alcanza, Nuestras mujeres se paran a las tres y media o cuatro para preparar el lonche y llegan a las seis de la tarde de trabajar. Cansadas, no ven a los niños… crecen solos. Nos preguntamos qué va a ser de ellos, por eso decidimos organizarnos y rescatar nuestro derecho y nuestra dignidad”, dice el hombre de cuerpo fuerte y rostro ajado por el sol y la tierra.

 Los motivos

 El movimiento jornalero creó un ambiente de incertidumbre entre los habitantes del Valle de San Quintín. Aunque no es la primera protesta, sí es la más grande y la que mayores efectos ha tenido. De acuerdo con cifras del gobierno de Baja California, cada día de paro laboral significa 30 millones de pesos en pérdidas para los empresarios agrícolas.

 Después de que el martes 17 los inconformes bloquearan la carretera Transpeninsular y ocurrieran desmanes en algunos puntos –de los que se deslindó la Alianza de Organizaciones–, las opiniones acerca del movimiento entre los habitantes del valle son heterogéneas, sobre todo entre los mestizos.

 “Es cierto, les pagan salarios de hambre, pero antes estaban peor, antes sí se justificaba, no ahora”, considera don Chuy, un taxista de 65 años nativo de San Quintín que de joven trabajó como chofer en campos agrícolas.

 “En los noventa hubo otra tragedia en la cuartería (cuartos para jornaleros) del rancho Los Pinos. Como esa gente cocina con leña y los techos eran de lámina de cartón, todo se quemó.

 “Antes, en los ochenta, hubo una movilización muy grande porque jornaleros del rancho ABC se murieron cuando se volteó la batea de un tráiler donde viajaban”, dice.

 Al respecto, Justino Herrera, otro de los líderes de la Alianza de Organizaciones que participó en las movilizaciones de protesta contra el rancho ABC, precisa: “En el accidente murieron 22 y luego nueve. Los dueños del rancho, Adrián y Constantino Canelo, abrieron una fosa y ahí enterraron a los paisanos. Todos venían del sur, enganchados. No hubo indemnización ni justicia para los muertos”.

 Los bajacalifornianos más jóvenes, como Elisa, de 22 años, una empleada de hotel, ve con simpatía la movilización: “Las jornadas son muy duras. A veces llegas a ver a gente desmayada en los campos porque trabajan a pleno sol, y para lo que ganan, 100 pesos, que no sirven para nada”.

 Para la señora Anita, de unos 50 años, nativa de San Quintín, “toda la culpa la tiene el gobierno porque sube la gasolina y sube todo, y ¿qué se puede comprar con los 100 pesos que gana esa pobre gente? Si les alcanzara, seguro que estaría tan campantes trabajando”.

 El movimiento que se mantiene con plantones a lo largo de los 137 kilómetros de la carretera Transpeninsular desde Punta Colonet hasta El Rosario, que atraviesa el Valle de San Quintín, es respaldado con alimentos y recursos económicos por ciudadanos, comerciantes e incluso industriales sostienen los líderes.

 El miércoles 25, hasta el plantón ubicado a la entrada de la colonia 13 de Mayo –fundada en la década de los ochenta por jornaleros que tomaron tierras del inmenso valle– llegaron Adán Muñoz y Manuel Mariano, integrantes del Colectivo Estudiantil Cimarrones. Esta agrupación la formaron alumnos de escuelas de nivel medio y superior de Ensenada para entregar 700 kilos de víveres y poco más de 5 mil pesos que lograron colectar.

 Pero hay quienes, como don José, dueño de una pequeña tienda, están convencidos de que “el gobierno le apuesta a que se les acabe la comida, y que por hambre regresen a trabajar a los ranchos; así paso en los paros anteriores”.

 Por lo pronto, la movilización jornalera trajo para el valle una presencia policiaca y militar sin precedentes. Decenas de patrullas de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Federal y vehículos militares artillados transitan día y noche los 137 kilómetros de la carretera Transpeninsular.

 Frente al plantón más concurrido, el de la colonia 13 de Mayo, agentes policiacos movilizados en una veintena de patrullas y una tanqueta antimotines se mantienen alertas.

 Carencias sociales

 Aun cuando los parámetros de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ubican a Ensenada, municipio al que pertenece el Valle de San Quintín, con muy bajo nivel de pobreza, lo cierto es que la población jornalera asentada en esta región tiene serias carencias.

 Un estudio de la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Gisela Espinoza Damián asegura que en San Quintín “el 77% de la población vive bajo la línea de pobreza a pesar de que ésta es una de las regiones más prósperas del país y se ubica en uno de los estados con más altos salarios y costos de la vida”.

 En su libro Naxihi na xinxe na xihi (“mujeres en defensa de la mujer”, en lengua mixteca), cuyo objeto central es la organización en el seno de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI), la investigadora reseña cómo es que miles de indígenas, sobre todo de Oaxaca, se asentaron en el Valle de San Quintín desde los años ochenta, a donde llegaron a través de “enganchadores” que se trasladaron a las comunidades más pauperizadas del sur de México en busca de mano de obra barata para trabajar en los campos agrícolas.

 De acuerdo con el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, aquí viven 90 mil 821 personas, casi la cuarta parte de la población de Ensenada, el municipio al que pertenece el valle, de 466 mil 814. De esta última cifra, 16.2%, es decir 30 mil 42, proceden de Oaxaca.

 Mientras los vecinos de los asentamientos ubicados a lo largo de la carretera Transpeninsular carecen de servicios básicos, como pavimentación, alumbrado público, drenaje y agua entubada, en esta región de Baja California sentaron sus reales grandes empresas agrícolas de exportación que han ubicado a la entidad entre las primeras a nivel nacional en este rubro.

 Datos del mismo INEGI correspondientes a 2009 indican que el Valle de San Quintín concentra 98% de la producción de mora, con 2 mil 875 toneladas anuales. Es el primer productor de flores, con 3 mil 129 toneladas, y tiene los segundos lugares en producción de jitomate, con 180 mil 153 toneladas anuales, y de fresa, con 82 mil 88 toneladas, prácticamente toda de exportación.

 n el libro de la investigadora Gisela Espinosa, publicado en 2013, se indica que en la región existen 97 productores agrícolas, quienes en su mayoría ponen sus tierras a disposición de los grandes exportadores mediante contrato.

 En 2009, la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California publicó un directorio de empresas exportadoras de la entidad, y en el área agrícola enlistó a 23, relación en la que no se encontraban, por cierto, los nombres de las grandes empresas como Driscoll, BerryMex, MoraMex y Los Pinos, de la familia Rodríguez, a la que pertenece Antonio Rodríguez, exsecretario de Fomento Agropecuario de Baja California, o el rancho Valladolid, de Manuel Valladolid Seamanduras, actual secretario de Fomento Agropecuario.

 Maltrato y acoso sexual

 Las historias más crudas sobre lo que significa trabajar en los campos agrícolas del Valle de San Quintín sin duda las cuentan las mujeres.

 “Te tienes que levantar a las tres o cuatro de la mañana para preparar los lonches, y si tienes niños en la escuela, dejarles comida. A los niños chiquitos los llevamos con cuidanderas que nos cobran 30 pesos. Si tienes dos, te cobran 50. Si ganamos 100 pesos al día, la mitad se la damos a las cuidanderas.

 “Si estás embarazada, tienes que trabajar hasta el último día, porque no te pagan los días que no vas, y en el hospital te tratan mal si no hablas bien español. En el seguro (el IMSS), a los niños les dan leche hasta los seis meses. Si se enferman después, ya no te los atienden”, cuentan algunas de las mujeres integradas al movimiento jornalero.

 La mayoría de las jornaleras aparentan más edad de la que tienen: sus rostros están ajados por la continua exposición al sol, al polvo y a los agroquímicos; las palmas de sus manos están encallecidas, y sus uñas carcomidas por los químicos. En los ranchos, muchas de ellas son víctimas de abusos, malos tratos, hostigamiento y acoso sexual.

 “Hay ranchos en los que ponen sólo cuatro baños para 100 personas, dos para hombres y dos para mujeres. Los mayordomos gritan con groserías para que no te tardes y hay ranchos que descuentan si te tardas media hora.

 “Los mayordomos nos dicen cosas feas para que andemos con ellos. Unos dicen que nos van a dar trabajo fácil, y si les dices que no, te amenazan con correr”, cuentan.

 Margarita Amalia Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI), refiere que el acoso laboral en los campos agrícolas es poco denunciado pese a las campañas que su organización realiza para concientizar a las mujeres en la cultura de la denuncia.

 Cruz Cruz, quien a los ocho años se incorporó a la mano de obra de los campos agrícolas, dice que su agrupación recibe al mes un promedio de tres denuncias por acoso sexual.

 “Muchas mujeres prefieren callar porque para ellas denunciar significa perder al menos un día de trabajo, y porque tienen desconfianza de obtener justicia; pero no es la única violencia que se sufre en el valle”, apunta la defensora.

 En su reporte de 2011, CAMI registró 110 casos de violencia contra la mujer, entre ellos cuatro de violación sexual y 20 por lesiones y amenazas, y violencia psicológica y económica.

 Lucha pacífica

 Frente a decenas de jornaleros en paro, Antonio Cortés, de la United Farm Workers (UFW), fundada por el sindicalista César Chávez, les enseña el “aplauso organizado”, que inicia con un ritmo lento y acelera poco a poco.

 Moreno y de cabello negro que apenas pinta canas, cuenta a los jornaleros inconformes concentrados en un plantón en el vado de la carretera Trnaspeninsular: “Soy mixteco, y hace 43 años estuve aquí en el Valle de San Quintín y miro todo igual. Pero sepan que si los patrones tienen dinero, los jornaleros tenemos la fuerza, somos iguales”.

 Cortés anima a los trabajadores a llevar una lucha pacífica para lograr su objetivo principal: dignificar sus condiciones laborales, y ofrece el respaldo de la UFW.

 El martes 24 la organización fundada por Chávez subió a su portal en internet un video con testimonios de jornaleros del Valle de San Quintín sobre las largas jornadas laborales sin pago de horas extras; los hostigamientos y acosos sexuales a mujeres por parte de mayordomos; la falta de protección social y las amenazas de despido si surgen protestas, entre otros abusos.

 “Los norteamericanos son gente que no les agrada saber que a su mesa llegan alimentos que son productos de la explotación y malos tratos. Por eso estamos llamando a que firmen una petición dirigida a la grandes empresas de Estados Unidos, como Costco o Walmart, y sepan que la gente no va a comprar frutas o vegetales del Valle de San Quintín”, explica Cortés a Proceso.

 En menos de 24 horas, agrega el sindicalista, 20 mil personas se sumaron a la petición, dirigida además a comercializadoras como Target, Krogers y Alberstons/Safeway.

 En la carta los miles de firmantes piden a las empresas de supermercados que exijan a sus proveedores mexicanos de San Quintín “acatar la ley, pagar salarios decentes y tratar a sus trabajadores con dignidad”.

 De acuerdo con información de medios estadunidenses, 69% de los vegetales y 37% de las frutas que consumen los habitantes de Estados Unidos son originarias de México, y empresas como Costco compran 80% de la fresa a productores de Baja California.

 “No estamos promoviendo un boicot –aclara Cortés–. Lo que hacemos es educar a la gente, que sepa que lo que se está llevando a la boca tiene una historia de sufrimiento de miles de trabajadores mexicanos, que ellos deciden si consumen esos productos o no”.

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Insensibilidad patronal y gubernamental/GLORIA LETICIA DÍAZ

VALLE DE SAN QUINTÍN, BC.- A dos semanas de la crisis regional por el paro de labores de miles de jornaleros agrícolas, los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social exigen la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la incapacidad del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid y funcionarios federales de menor nivel para resolver el conflicto.

Recuerdan que desde octubre de 2014 entregaron su propuesta de fijar en 300 pesos la jornada laboral al gobierno de Francisco Vega, a delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Ante el silencio de las autoridades, el martes 17 alrededor de 30 mil jornaleros iniciaron un paro laboral y bloquearon la carretera Transpeninsular, además de que se registraron hechos violentos que derivaron en la detención de más de 200 personas.

Actualmente 23 adultos y nueve menores de edad son procesados por robo calificado, en tanto que 183 personas acusadas de ataques a las vías generales de comunicación fueron liberadas bajo reservas de ley, de acuerdo con información que el delegado de la CDI, Juan Malagamba, dio a conocer a los dirigentes de la Alianza de Organizaciones el lunes 23.

Malagamba citó ese día a cuatro de los dirigentes de la Alianza, Justino Herrera, Juan Hernández, Fidel Sánchez, Bonifacio Martínez y Juan Martínez, para presentarles al coordinador de delegados, Carlos Trejo, enviado de la directora Nubia Mayorga para conocer de viva voz el conflicto en el Valle de San Quintín.

Luego de escuchar los pormenores del conflicto y las tragedias cotidianas de los jornaleros, Trejo dijo ser receptivo con lo expuesto por los dirigentes: “Sé de lo que me hablan. Yo siembro cuatro hectáreas”, se regodeó ante los dirigentes de la Alianza de Organizaciones que habían detallado sus carencias.

El funcionario federal felicitó por su comportamiento en la reunión a los dirigentes indígenas, quienes no dejaron de advertir que la CDI supo de la crisis que se avecinaba. Trejo destacó que su directora, Nubia Mayorga, tenía prevista una gira por Baja California, “no por lo que está ocurriendo sino que fue programada con anterioridad”, y lo había mandado a él a explorar la viabilidad de encontrarse con los dirigentes de la Alianza de Organizaciones.

“Lo que queremos es si habría garantías, en el marco del respeto, para que nuestra directora se reúna con ustedes. Creo que es una gran oportunidad. Si yo tuviera la posibilidad de sentarme con el presidente de la República de esta situación, lo haría; no la tengo pero quien sí puede es nuestra directora”, dijo.

El funcionario federal preguntó a los dirigentes de la alianza si “pudiera haber disturbios si el gobernador del estado (Francisco Vega) estuviera presente” en una posible reunión con los inconformes y la directora de la CDI.

Y conminó a los líderes a que de darse la reunión, procurar que Mayorga “se vaya contenta de la gira” y trate el problema de los jornaleros de origen indígena del Valle de San Quintín con Enrique Peña Nieto.

Fidel Sánchez Gabriel se mostró satisfecho de que el funcionario haya podido comprobar que los jornaleros indígenas de San Quintín “no comemos gente, que somos seres humanos y sabemos comportarnos sin tener preparación como la gente de gobierno”.

Bonifacio Martínez pidió a Trejo estar atento a las negociaciones con los empresarios y de plano pidió que de llevarse a cabo la reunión con Mayorga, no invitara al gobernador Vega de Lamadrid, a quien la Alianza de Organizaciones responsabiliza de la crisis en el Valle de San Quintín. El encuentro no se dio.

Incompetencia del gobernador Vega

Durante las dos semanas que lleva el conflicto, en declaraciones a diversos medios de comunicación, el gobierno de Vega de Lamadrid “ha operado a favor de los empresarios”, además de manejar la idea de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está detrás del movimiento jornalero, lo que ha sido rechazado por los dirigentes de la Alianza de Organizaciones, apunta en entrevista con Proceso Bonifacio Martínez.

Martínez atribuye a la “insensibilidad” de Vega y de su operador como mediador en las negociaciones con los empresarios, el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez, la falta de concreción de acuerdos.

El miércoles 25, durante una mesa de trabajo que fue atestiguada por medios de comunicación a petición de los jornaleros, la parcialidad de López Núñez para favorecer al representante del Consejo Agrícola de Baja California, Alberto Muñoz, fue evidente en varios momentos.

López Núñez provocó expresiones de sorpresa e indignación por parte de inconformes, asistentes de funcionarios y periodistas cuando dio respuesta a la exposición de la lista de precios de los alimentos que adquieren los jornaleros a la semana, en la que no hay ningún tipo de carne, ni leche ni huevo, y que se eleva a mil 175 pesos, mientras que el promedio de ingresos oscila entre 700 y 900 pesos a la semana.

“Los empresarios no son responsables si lo que les pagan les alcanza o no, es problema de las leyes”, dijo el funcionario, y señaló que si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) no fijaba incrementos, los empresarios no estaban obligados a otorgarlos, pero “de buena fe” se habían sentado con los dirigentes de la Alianza de Organizaciones a dialogar.

Al término de la segunda semana de paro laboral, las negociaciones se estancaron. Mientras los trabajadores cedieron en su petición inicial de homologar el jornal a 300 pesos para dejarla en 200, y en 20 pesos la caja de fresa a destajo, el vocero patronal, Alberto Muñoz, fijó su última oferta: incrementar 15% a la jornada laboral, que fluctúa en la actualidad entre 100 y 130 pesos, dependiendo del productor.

“Vamos a continuar con las movilizaciones, que están por definirse. El paro sigue. No nos vamos a morir de hambre. Ya estamos acostumbrados a no comer: así nos han tenido durante años. Lo que nos alimenta es la dignidad”, sentencia Bonifacio Martínez.