Durante una reunión Pacheco Rodríguez, explicó que la Junta de Coordinación Política envió a este grupo de legisladores un exhorto para buscar consensos en torno al tema de desaparición forzada, sobre el cual ya se tienen diversas iniciativas.
Consideró posible dictaminar haciendo un contraste entre las iniciativas presentadas para lograr una redacción que contenga estándares internacionales del tipo penal.
Indicó que los tratados internacionales signados por México previenen la elaboración de una Ley General en la materia, para lo cual se requiere reformar la Constitución y facultar al Congreso a expedirla.
Refirió que en la Comisión de Puntos Constitucionales también hay iniciativas en ese sentido. “Esas son las dos vías para atender el tema”, comentó.
El grupo de trabajo revisará todas las iniciativas que se tienen para modificar del Código Penal Federal y precisar el tipo penal de desaparición forzada de personas, afirmó José Guillermo Anaya Llamas (PAN).
Aseguró que el Congreso de la Unión debe avanzar con urgencia en el tema, por la situación que se generó en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el pasado mes de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Es este tema precisamente, el de la desaparición forzada de personas y creo que en este momento, con el penoso acontecimiento de Ayotzinapa, pone en mayor relevancia este asunto tan sensible y debemos hacer una reforma constitucional al 73 para poder hacer una ley general”, manifestó Anaya Llamas.
Explicó que para ese efecto, se debe integrar una adición a la Constitución, con el objeto de que el congreso tenga la facultad de legislar en materia de desaparición forzada de personas y con ello, crear una ley general.
Guillermo Anaya, quien también es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", recordó que en México, las entidades federativas que tienen una ley sobre el tema no pasan de 10.
Es decir, continuó, “hay todavía muchos estados que no han legislado en la materia y aun así, los que han legislado no son uniformes en los criterios del tipo penal, la sanción”, explicó.
Para concluir, urgió a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se pudiera dictaminar a la brevedad dicha ley y poderla aprobar antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el último día del mes de abril.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Eloy Cantú Segovia (PRI), señaló la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de las facultades que otorga la Carta Magna al Congreso en esta materia. “Si optamos por la reforma constitucional que de manera explícita señale la facultad de emitir dicha ley, es porque previamente pasamos por el análisis de que las facultades implícitas actuales eran insuficientes”.
Por su parte, Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), secretario de la Comisión, señaló que sería peligroso expedir la ley y que, al final del día, la Cámara de Diputados no tuviera esa facultad. “La causa de inconstitucionalidad por incompetencia del propio Congreso para expedir la ley podría redundar en la invalidez de la norma final y sería desastroso en términos de impunidad de algo que debemos combatir con eficacia”.
Al término de la reunión, Pacheco Rodríguez destacó en entrevista que ambos procesos legislativos podrían realizarse de manera paralela, porque habiendo iniciativas, se puede poner en marcha al Constituyente Permanente.
Se busca, explicó, generar una iniciativa de todos los grupos parlamentarios para modificar el título respectivo del Código Penal Federal e incorporar las características que dictan los estándares internacionales y obtener un tipo penal que abarque lo necesario para ajustarnos y castigarlo.
Expresó que en el Senado también se trabaja en este tema. “Estamos todos ocupados en él e iremos encaminando las cosas para sacar el mejor producto legislativo”.
El exhorto de la Junta de Coordinación Política, dijo, es para que trabajemos en la posibilidad de sacar en este periodo lo que se refiere al Código Penal Federal, porque lo otro no nos toca, no es competencia de la Comisión de Justicia.
Expresó que para las reformas al Código Penal Federal sí habría tiempo suficiente en este periodo. “Para el segundo aspecto estamos constreñidos, pero también sé que hay disposición de grupos parlamentarios para avanzar en él”.
Explicó que la reforma constitucional tomaría más tiempo, dado el proceso del Constituyente Permanente.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados o en el Senado, la reforma se enviaría a las legislaturas de los estados y posteriormente regresaría para la declaratoria.
“Sí, es un poco más larga esa parte, pero la insistencia mayor es de que suceda la emisión de la Ley General de Desaparición Forzada y será un camino que, precisando el tipo penal, también tendrá que llegar en un momento determinado”.
Este miércoles también presentó una iniciativa con tal fin el Senador Roberto Gil Zuarth, concretamente una la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas
El Senador del PRI Arturo Zamora Jiménez se sumó a la iniciativa.
Fue turnada a comisiones
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