Discurso
de Miguel Osorio Chong, en el marco de la Firma de Convenio para la Protección
y la Promoción de los Derechos Humanos, entre la Secretaría de Gobernación, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C.
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“Cumpliendo
con una instrucción del Presidente de la República, estamos trabajando con la
PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en una iniciativa de Ley de
Personas no Localizadas y Desaparición Forzada.” MOC
Muy buenas tardes a todas, a todos.
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Me da mucho gusto también saludar al presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Ricardo Ríos Ferrer.
También dar la bienvenida y saludar a las y los Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a miembros de la Junta Directiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Saludo a los medios de comunicación, lamento la premura con la que fueron convocados y les damos también la bienvenida.
Si me lo permiten, antes de comenzar mi intervención, referirme a la información que ha circulado en medios, sobre Apatzingán, en Michoacán.
Primeramente, reiterar que las instituciones de seguridad del Gobierno de la República, han realizado una importante labor de apoyo a la población en Michoacán, y particularmente a la región de Tierra Caliente.
En
segundo lugar, señalar que en este gobierno, hemos trabajando intensamente para
que las fuerzas federales sean siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y
respeto irrestricto a los derechos humanos.
Por
ello, en este caso específico, se ha solicitado a la Procuraduría General de la
República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, realizar la
investigación correspondiente para aclarar los hechos.
La
ciudadanía será debidamente informada de los resultados de estas
investigaciones.
Comentaba
hace un momento con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
y también me comentaba, el que existe una queja abierta desde que ocurrieron
los hechos y, que por supuesto, ellos seguirán el procedimiento respectivo.
Lo
comento, con su autorización, esto que acabamos de comentar, el presidente y su
servidor.
Señoras
y señores, un México de igualdad, es un México donde se respetan los derechos
de todos, todos los días.
En
el que las libertades más fundamentales, se garantizan en la ley y en la
práctica.
En
el que, antes que nada y por encima de todo, está la dignidad de las personas.
Avanzar
en el cumplimiento de los derechos humanos, es avanzar hacia mayores niveles de
bienestar.
Es
abrir puertas a quienes las encontraban cerradas por la desigualdad, y es dotar
a todos de las mismas oportunidades, más allá de su género, origen, condición o
circunstancia.
La
tarea de darles plena vigencia, no es, de ninguna manera, un reto menor.
Requiere de un auténtico compromiso de todos los sectores y de todas las
personas.
El
convenio que hoy nos convoca es muestra de esa suma de voluntades. De cómo damos un paso
más para transformar normas y principios, en mejores condiciones de vida para
las y los mexicanos.
Y
digo un paso más, porque con cada una de las instituciones aquí representadas,
hemos trabajado en torno a un mismo propósito: hacer realidad los derechos que
reconoce nuestra Constitución.
En
el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se creó a partir
de la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, el primer día de su gobierno,
de desistirse de la controversia constitucional que había impedido la
publicación de la Ley en materia.
Hoy
la Comisión –como lo ha referido su presidente– ya cuenta con un Reglamento, un
Registro Nacional de Víctimas, una Asesoría Jurídica y un Fondo de Ayuda.
Porque
para este gobierno, es prioritario garantizar el acceso pleno a la justicia,
particularmente de quienes se encuentran ajenos a ella por circunstancias
económicas o sociales. Pues no hay justicia real si su umbral solo lo
atraviesan quienes cuentan con recursos.
Se
trata de que ahí donde haya una víctima, esté siempre el Estado, con la ley que
le protege y las instituciones que lo respaldan.
También
trabajamos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas
recomendaciones hemos aceptado en su totalidad en esta administración.
Porque
estamos convencidos de que una relación de respeto y cooperación como la que
hemos llevado, da resultados en beneficio de las y los mexicanos.
Lo
mismo con los organismos internacionales, con los que, no quepa duda,
coincidimos en un amplio número de temas y mantenemos un diálogo franco y
siempre constructivo.
Y
de esa misma manera, hemos venido trabajando con la Barra Mexicana Colegio de
Abogados, a través de un acuerdo que firmamos hace unos meses para avanzar
juntos en otra de las grandes transformaciones que atraviesa nuestro país: la
justicia penal.
De
modo que el convenio que hoy suscribimos no es de ninguna manera un elemento
aislado, sino una pieza muy importante de este gran andamiaje de colaboración
que hemos ido construyendo en 28 meses de gobierno.
Uno
que inició con el diseño y puesta en marcha del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2014-2018, en el que participa activamente, siempre, la sociedad civil.
Que
se complementó con los programas especiales que están en marcha para atender y
erradicar la trata de personas; la violencia de género y la discriminación, y
que ha ido materializándose con cada una de nuestras acciones, poniendo siempre
al centro a las personas.
Ahora,
gracias a este acuerdo, avanzamos en el cumplimiento de la obligación
constitucional que tenemos los funcionarios de proteger y defender los derechos
humanos.
Servirá
también para que las víctimas del delito cuenten con abogados especializados
que los asistan en su defensa y en la aplicación del principio pro-persona.
Junto
con ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva,
podrán brindar una defensa y protección todavía más sensible e integral, a
partir de la suma, siempre, de todos, de todas las capacidades.
Por
eso les extiendo a todos mi mayor reconocimiento. Pues, insisto, traducir
derechos en realidades concretas es una labor que no puede llevarse a cabo de
manera aislada.
No
es por decreto, sino con trabajo y compromiso como podemos consolidar una
verdadera sociedad de derechos.
Ello
requiere necesariamente de la corresponsabilidad y de la eficiencia en el uso
de los recursos.
En
el Gobierno de la República, así lo entendemos y con esa convicción estamos
trabajando.
Apenas
el jueves pasado, me reuní con los integrantes de la Mesa de Trabajo que
instalamos hace un año para armonizar normas, reglamentos y protocolos con la
reforma de 2011.
Se
trata de un esfuerzo de 63 dependencias, cada una aportando su parte, cada una
encontrando las áreas de oportunidad para que sus programas, sus políticas y
sus acciones tengan una perspectiva de derechos humanos.
Para
dimensionar el trabajo de esta mesa, baste señalar que durante el último año se
analizaron más de 67 mil ordenamientos jurídicos.
También
estamos dando una amplia difusión a la Reforma Constitucional de 2011, para que
las personas conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento.
Pero
sobre todo, para sensibilizar a la ciudadanía y generar una cultura de
tolerancia, de respeto y de no discriminación, que en sí misma, es una de las
herramientas preventivas más poderosas que podemos implementar.
A
la par, y cumpliendo con una instrucción del Presidente de la República,
estamos trabajando con la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en
una iniciativa de Ley de Personas no Localizadas y Desaparición Forzada.
Se
trata de contar con los mecanismos que nos permitan prevenir, investigar y
sancionar el delito de manera más eficaz. Y, al mismo tiempo, dotar a las
entidades de mejores herramientas y protocolos para la búsqueda y localización
de personas.
En
ello estamos colaborando con organismos como la Cruz Roja Internacional y con
diferentes organizaciones de la sociedad civil, para integrar sus aportaciones
a la iniciativa, a fin de retomar las mejores prácticas y cumplir con
estándares de nivel mundial.
Porque
el compromiso de este gobierno es construir soluciones a partir del diálogo, la
apertura y la suma de experiencias y capacidades.
Porque
como lo mencioné hace unos días, proteger los derechos humanos no es una
opción, sino una obligación. Así lo asumimos y así lo debe de asumir toda
autoridad.
Los
derechos humanos no son negociables: la sociedad debe ejercerlos y los
gobiernos, garantizarlos.
Lograr
su goce pleno nos obliga a poner el bienestar de las personas al centro de la
acción política.
Porque
es así, pensando en las personas como se diseñan programas y políticas
efectivas para dar solución a nuestros retos colectivos.
Y
la base de todo ello, debe ser un piso mínimo que garantice el respeto a la
dignidad, a las libertades y a los derechos fundamentales.
Porque
ahí donde los derechos humanos son una realidad, cada persona puede elegir su
propio destino.
Enhorabuena
a todas y a todos por este convenio, y enhorabuena también por la manera en que
juntos estamos pasando del papel a la práctica, del trabajo aislado a los
esfuerzos conjuntos, y de los discursos a las acciones concretas.
De
los grandes ideales, a los grandes cambios que cierran la puerta a la
injusticia y a la intolerancia, para abrir, para abrir siempre la del respeto y
la de la igualdad.
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