Alejandro Martí García, durante el 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia

Palabras del Presidente de México SOS, A.C., l Alejandro Martí García, durante el 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Reforma al Sistema de Justicia Penal a un Año de Vigencia (abajo el de Miguel Carbonell, y de la Magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal.

 Señor Presidente de la República Mexicana, licenciado Enrique Peña Nieto:

Una vez más, muy bienvenido a este 7º Foro ya, de Seguridad con Justicia.

Muy distinguidísimos miembros del pódium.

Señor Secretario; señor Jefe de Gobierno; señores Gobernadores; representantes de los Poderes, Legislativo; señor Coordinador de Seguridad Nacional.

Muy queridos compañeros de las organizaciones sociales, que hemos trabajado duro en esto; queridos invitados; miembros de la prensa:

Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por su asistencia.

Hace más de cuatro siglos, el escritor Thomas Fuller dijo que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Con esa precisión, es que debe implementarse el nuevo Sistema de Justicia Penal. No basta con implementar. Hay que hacerlo bien.

Hoy, cumplimos siete años ya de insistir, en estos Foros Nacionales de Seguridad con Justicia, en la necesidad de transformar la justicia en México.

Cumplimos siete años de trabajo y esfuerzo colectivos. Recuerdo cómo un grupo de ciudadanos, académicos y abogados logramos el Primer Foro, con muchas resistencias.

Pusimos en la agenda la necesidad de empezar ya, y que dicha reforma no se viniera abajo. Hoy, vemos con gusto que instituciones del Estado también se han comprometido a fondo, como lo muestra la propia SETEC, así como otras instituciones nacionales y extranjeras.

Los primeros años nos sentíamos solos, luchando de frente con quienes generaron la llamada contrarreforma. De ahí, que recuerde la frase célebre de Einstein, que dice: La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Nosotros no nos sentamos a ver qué pasaba. Los ciudadanos actuamos y las autoridades respondieron. Sumamos esfuerzos y promovimos una de las reformas más importantes en materia de justicia del último siglo.

Es urgente que el Congreso promulgue las leyes indispensables para la reforma. La Ley Contra la Delincuencia Organizada; la Ley Nacional de Ejecución Penal, las modificaciones a la Ley de Amparo acordes a la reforma; la Ley de Justicia para Adolescentes, la adecuación de la nueva Ley de Justicia Militar y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre las más relevantes.

No tener estas leyes, es querer volar y aterrizar un avión sin manuales. Y si no acompañamos en el vuelo y en el aterrizaje a las 32 entidades federativas, corremos el gran riesgo de que la reforma nunca llegue con bien a su destino.

No habría pecado más grave que abandonar la reforma a su suerte, porque dejaríamos a la deriva la aplicación de la ley, la justicia y la seguridad.

La reforma penal se tiene que implementar al cien por ciento en todo el país, sin excusas, sin dudas y sin regateos.

Por qué.

Porque la justicia no admite términos medios; se imparte justicia con probidad o simplemente no hay justicia. Sin embargo, no debemos pensar que el 1 de julio de 2016 el país cambiará radicalmente, hace falta un cambio de mentalidad en todo el sistema judicial.

La reforma no se alcanza con las leyes, no concluye con un listado de procesos y sistemas, o la construcción de salas y juzgados. Se trata de un cambio de cultura en donde se deben de romper paradigmas de todos los que operan y administran la justicia y, obviamente, de quienes somos sujetos y beneficiarios de ella.

Ahí está el gran reto. Por eso, es fundamental la voluntad política de quienes toman las decisiones.

Aquí, es necesario señalar una gran verdad. La reforma no arrancó pareja a nivel nacional, porque algunos Gobernadores no han hecho lo que están obligados a hacer.

Ellos en ese caso, son adalides del federalismo cuando se trata de la implementación de un mandato tan importante, pero a la hora de luchar por la seguridad y la justicia se vuelven centralistas, y me choca dar ejemplos, pero la verdad, el gran ejemplo lo tenemos en Sonora. Qué vergüenza, a 13 meses no se ha iniciado nada. Es una verdadera lástima.

Y yo creo que quien no implementa la reforma, el Gobernador que no insiste en hacer, está traicionando los intereses de todos los ciudadanos.

Sin embargo, también hay que decir que gracias a que algunos gobernadores desarrollaron buenas prácticas, las entidades que requieren mayor ayuda pueden valerse de estos modelos de éxito. El hecho es que la reforma sí funciona.

Amigas y amigos:

Quiero advertir aquí que la mayor amenaza al éxito de la reforma al Sistema de Justicia Penal, es la situación de las policías.

En el nuevo sistema de justicia, la policía es un actor fundamental para el proceso penal y, seamos francos; vamos muy atrasados, especialmente en lo que toca a las policías municipales.

Hoy, esta mañana, señor Presidente, constatamos los ejemplos que la Policía Federal nos da ya de la preparación que tiene la Policía Federal para la Reforma Penal. Es encomiable, también es muy, para felicitar a las Fuerzas Armadas que han adelantado muchísimo, pero lamentablemente el país en general, en policía, sobre todo en los estados y en los municipios es un verdadero problema que tenemos que afrontar en forma urgente.

Sin una buena policía todo el trabajo realizado puede tirarse por la borda, colapsando el sistema. Es urgente avanzar en la profesionalización de nuestras policías, que sean verdaderos investigadores en procurar su desarrollo y el de sus familias, en homologar y dignificar sus salarios y prestaciones, así como invertir seriamente en centros donde se instruya en ciencias forenses.

Es increíble que las personas, las cuales está en nuestras manos, estamos en sus manos, que cuidan a nuestras familias, no tengamos un sistema de salarios y dignificación correcta. Es una tarea y es un pendiente que tenemos con ellos.

Hoy, el desafío es mayúsculo, porque a veces ante la debilidad de las policías estamos viendo más casos en los que abogados de criminales ganan juicios a la autoridad. Estamos ante una nueva forma de aplicar la justicia en medio de altos índices de criminalidad que lastiman a la sociedad.

Jueces, magistrados y ministros tienen una responsabilidad clave para que la reforma sea eficaz. No basta con oír los alegatos de la defensa, sino realmente medir las repercusiones de liberar un criminal.

Yo creo que ese es el principio de la justicia: hacer justicia.

Se trata de hacer justicia a las víctimas, no de aprovechar resquicios o fundamentos legaloides que fomentan la impunidad, que tienen su origen muchas veces en malas averiguaciones previas.

Señor Presidente:

El 1º de junio de 2016 marca un inicio, no una terminación. Ese día apenas estarán fincadas las bases, la mayoría de los sistemas y la operación de la implementación del Sistema de Justicia.

El esfuerzo de México SOS, de RENACE, de la Red Nacional de Juicios Orales, de SETEC y de todas las otras organizaciones que han acompañado este gran proyecto, no debe concluir en 2016.

Hay mucho camino que recorrer. Falta el trabajo fino de implementación y armonización de leyes y procesos. Falta avanzar en la corrección de implementaciones erróneas. Es necesario seguir con la creación de plataformas de información nacional, que permitan la evaluación sistemática de la reforma.

Señor Presidente:

Siempre pedimos algo. Pedimos con urgencia que se modifique el mandato constitucional que finiquita al órgano responsable de la implementación, SETEC, en octubre de 2016.

Es muy importante que se prorrogue su función unos años más, a fin de asegurar la implementación, la operación de excelencia, la uniformidad, la transparencia y la homologación de los más de 70 sistemas que se reformaron, así como la decena de leyes que homologara en cada entidad.

Falta mucho por hacer en lo más importante, lograr que el orden jurídico sea accesible y comprensible para toda la sociedad y, sobre todo, que obedezca nuestra realidad en la vida diaria de los ciudadanos que padecemos altos índices de delincuencia.

Si la reforma no es reconocida por los ciudadanos, si cada mexicano no tiene un beneficio de ella, no sólo habremos perdido el tiempo y recursos, sino la esperanza de un México diferente.

La reforma es para los ciudadanos. Son ellos, quienes deben percibir los cambios y, así, recuperar la confianza en la justicia en nuestro país. De otra manera, nuestro esfuerzo sería en vano y nuestra responsabilidad histórica enorme.

Señoras y señores:

Vale la pena invertir el tiempo y los recursos necesarios para que la reforma al Sistema de Justicia Penal sea exitosa. Vale la pena redoblar el esfuerzo para construir un México libre de las cadenas de la impunidad.

Sigamos trabajando unidos para que la reforma al Sistema de Justicia Penal nos haga recuperar la esperanza en que logremos convertir a México en una Nación de leyes y libertades.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Escucharemos la intervención del doctor Miguel Carbonell Sánchez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

-DR. MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Magistrada Martha María del Carmen Hernández, representante del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; licenciada Arely Gómez González, Procuradora General de la República; señor Alejandro Martí; licenciado Ernesto Canales.

Distinguidos integrantes del presídium.

Señoras y señores:

Luego de lo que parecía un muy largo periodo de vacatio legis de ocho años, estamos a pocos meses de enfrentarnos a una de las más arduas pruebas de fuego para el sistema jurídico mexicano e, incluso, podría decirse que para el país en su conjunto.

El 18 de junio de 2016 tendremos que estar listos para que en todo el territorio nacional funcione, de manera radicalmente distinta, nuestro nuevo procedimiento penal.

El tiempo de debatir sobre la pertinencia de la Reforma Penal de 2008 y de analizar sus principales elementos, está concluyendo.

El paso que debemos dar en lo inmediato es ponerla en práctica, y tener una mejor justicia penal en todos y cada uno de los rincones del país.

Se trata, como sabemos, de la transformación más ambiciosa del Sistema Penal Mexicano en los últimos cien años, y también de la reforma de más largo alcance en toda América Latina.

Aunque otros países nos han precedido en el proceso de mejorar la justicia penal, nunca un esfuerzo de transformación tan complejo se había llevado a cabo en un país como México, con una estructura Federal que conlleva el funcionamiento de 34 distintas jurisdicciones penales; una Federal, 32 en cada una de las entidades federativas y una dedicada a la justicia militar, en el ámbito de los delitos y faltas contra la disciplina castrense.

Con más de 112 millones de habitantes y con una extensión territorial de casi dos millones de kilómetros cuadrados, la Reforma Penal mexicana, que no le quepa duda a nadie, está escribiendo una página completamente nueva en la historia jurídica de América Latina.

En este contexto, el 7º Foro de Seguridad y Justicia, que hoy está dando inicio, quiere servir como espacio para apoyar desde la sociedad civil, los esfuerzos de las autoridades que tienen la enorme responsabilidad de hacer que la reforma esté funcionando correctamente dentro de muy poco tiempo.

Queremos estar cerca de los tomadores de decisión y de los operadores prácticos del sistema penal, pues entendemos que se trata de un esfuerzo conjunto entre el Estado mexicano y la ciudadanía.

Como ciudadanos, somos los primeros interesados en que la reforma ofrezca buenos resultados y podamos tener un procedimiento penal más justo y que funcione mejor en su conjunto.

Ahora bien, todavía nos queda mucho trabajo por hacer antes del 18 de junio de 2016, la reforma no se va a implementar sola, sino que tenemos que poner manos a la obra para que todo salga bien.

Quisiera aprovechar este acto inaugural para poner de manifiesto cinco de los principales asuntos que debemos abordar a la brevedad, a fin de poder tener un proceso de implementación que esté a la altura del enorme desafío que supone la reforma.

Uno. Todavía, ya lo dijo Alejandro Martí, todavía no hemos completado la expedición de las leyes necesarias para aplicar la reforma.

Señor Presidente de la República:

Le pedimos que nos apoye para sensibilizar a los Legisladores Federales sobre la urgencia de que aprueben lo antes posible la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales; reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley de la Fiscalía General de la República; la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; etcétera.

Ojalá pueda, señor Presidente, transmitir en la próxima reunión de la CONAGO o de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, la urgencia de impulsar reformas análogas en el ámbito de las entidades federativas.

En su papel de Jefe del Estado mexicano, estamos seguros de que su voz a favor de las reformas legislativas que nos urge ver aprobadas, encontrará el eco que merece entre los Legisladores Federales y locales.

Dos. Necesitamos transformar las capacidades operativas de los principales actores del procedimiento penal mexicano. La expedición de buenas leyes no basta, necesitamos que quienes las aplican tengan el conocimiento, las habilidades y las competencias para transformar la realidad.

Nos hacen falta policías totalmente certificados y profesionales; Ministerios Públicos que sepan investigar y no solamente enviar oficios de una oficina a otra; jueces cercanos a la realidad sobre la que deben emitir un veredicto y que no se pierdan entre puras formalidades; defensores públicos y privados que se conduzcan con eficacia en el nuevo sistema de audiencias orales; cárceles que estén limpias en el sentido más amplio del término.

El éxito de la reforma depende al cien por ciento de lo que hagan sus operadores prácticos.

El alma de la reforma son las personas de carne y hueso que la van a aplicar.

Si queremos que la reforma funcione bien, necesitamos asegurarnos que sus actores principales estén perfectamente preparados.

Hacemos un llamado a las más de mil 600 escuelas y facultades de Derecho del país para que se sumen decididamente a este esfuerzo transformador.

Las voces de la academia y de la inteligencia nacional deben escucharse en este proceso, pues de ello depende en buena medida la formación de las generaciones futuras de abogados, a quienes les tocará seguir implementando esta reforma.

Tres. Sería muy bueno contar con un catálogo de buenas prácticas que nos permita identificar lo que se está haciendo bien en México, o sea, todo aquello que ya sabemos, a casi ocho años de distancia de la reforma 2008, que ya sabemos que sí está funcionando adecuadamente.

Me refiero a experiencias como la de la fuerza civil y la defensoría pública en Nuevo León, los centros de atención integral y de conciliación en Chihuahua y Baja California, la Unidad de Medidas Cautelares en Morelos, etcétera.

Cómo podemos hacer para trasladar esas experiencias a las demás entidades federativas y también hasta el nivel federal.

Qué pasos se dieron en esos estados, para obtener buenos resultados y qué podemos aprender de ellos en lo inmediato.

Sabemos, por seguir poniendo algunos ejemplos, que mientras en el viejo Sistema de Justicia Penal se resuelven en promedio una de cada seis averiguaciones previas iniciadas, en las entidades federativas que ya adoptaron la reforma, se resuelven una de cada tres; e incluso en estados con buenos sistemas de gestión de las investigaciones, como Baja California o Nuevo León, se llegan a resolver una de cada dos. Esto es, la reforma incrementa la eficiencia en la averiguación previa en un 300 por ciento.

También sabemos que el promedio de resolución de los casos en los estados sin reforma, es de 180 días; mientras que en estados como Chihuahua, voy a citar el ejemplo del estado aquí representado por su señor Gobernador, que ya implementaron la reforma, se demoran en promedio apenas 90 días cuando se abre juicio oral, 60 días cuando los asuntos se resuelven por procedimiento abreviado, 45 días cuando hay suspensión del procedimiento a prueba y 30 días en promedio, cuando existen acuerdos reparatorios.

Hay avances importantes también, en materia de reducción de la prisión preventiva. Un 69 por ciento de disminución de ingresos en las prisiones del DF y una estimación de que en dos entidades federativas que ya tienen la reforma, se evitó, y son datos del año 2013, la entrada en prisión de casi 15 mil personas, con los consiguientes ahorros económicos y el respeto a su presunción de inocencia.

Obviamente, un catálogo de buenas prácticas también debería servir para poner en evidencia a ciertas entidades federativas en las que no todo está funcionando como quisiéramos. Por ejemplo, en al menos dos entidades federativas del Centro de nuestro país, las procuradurías están evitando a toda costa, violando con ello, de forma evidente la ley, que los asuntos lleguen a la etapa de juicio oral.

Se están forzando, entre comillas, conciliaciones que no se deberían permitir, y pese a la fuerte inversión que se ha hecho en preparar jueces y dotarlos de la infraestructura necesaria para hacer su trabajo, son nulas o muy escasas las audiencias de juicio que han podido llegar a ser desahogadas.

Esas son las experiencias que necesitamos también documentar y difundir, para evitar que sigan sucediendo y que su mal ejemplo contamine al resto del proceso de implementación.

Hay experiencias buenas y no tan buenas en lo que ya se ha hecho. Necesitamos conocerlas, difundirlas y analizarlas para estar en capacidad de tomar las mejores decisiones hacia adelante.

Cuatro. En un sentido parecido, necesitamos convocar a las instituciones responsables para efectuar mediciones sobre la calidad de la justicia que se imparte y procura en México.

En esto, el INEGI nos puede ayudar de manera decisiva. Solamente aquello que se mide, puede ser evaluado. Solamente cuando hay evaluación, puede existir rendición de cuentas. Solamente cuando existe rendición de cuentas, podemos, como sociedad, exigir responsabilidades a nuestros gobernantes.

No se trata de un simple juego de palabras. Necesitamos que nos digan cuántos casos se resuelven por medidas alternativas al juicio, cuántos procedimientos abreviados se producen, cuántos asuntos llegan a juicio. Necesitamos saber cuánto tarda en resolverse por salidas alternativas, y si es efectiva, en la práctica, la reparación del daño.

Queremos conocer si las medidas cautelares están funcionando bien, y si las sentencias que se dictan protegen adecuadamente el debido proceso legal, sin descuidar la igualmente importante protección de los derechos de las víctimas. Esa debe ser nuestra cuarta tarea.

Sobre este punto, nos parece poco apropiado que el Censo de Administración de Justicia Federal en Materia Penal lleve dos años de retraso en la difusión de sus datos.

El INEGI tiene los datos de 2012 como los más actualizados. Antes, conocer esa información tomaba apenas ocho meses. Ahora, llevamos más de dos años de retraso, y ni siquiera sabemos cuándo la van a dar a conocer.

Hay que poner más atención a estos asuntos para contar con información fidedigna que nos ofrezca orientaciones certeras en la puesta en práctica de la Reforma Penal.

Cinco. Finalmente, propongo, como un quinto aspecto, el enfocar nuestra atención en la forma en la que están trabajando nuestros jueces.

Necesitamos Poderes Judiciales que no nos receten procedimientos largos y tortuosos que se extiendan sin sentido durante años, lastimando de esa forma tanto a procesados como a víctimas, y haciendo inútil el trabajo de la policía y el Ministerio Público.

Queremos una justicia pronta y expedita, como lo ordena nuestra Constitución. También, queremos jueces independientes y autónomos, que no respondan a intereses políticos.

Los jueces no deben estar subordinados, en ningún caso, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y mucho menos a los poderes informales de nuestra sociedad, como los medios de comunicación, las iglesias o los sindicatos.

Esto no implica, que nadie se confunda, que queramos jueces autistas, sino recios aplicadores de la ley con sentido humano y con mucho sentido común. En concreto, hacemos un llamado a los jueces Federales para que eviten que el juicio de amparo se convierta en un obstáculo para el funcionamiento de la nueva justicia penal.

El orgullo legítimo que sentimos en México por nuestro juicio de amparo, debe suponer, en pleno Siglo XXI, el deber de articular de forma ordenada y responsable a la jurisdicción penal con la jurisdicción de amparo.

No se trata de ámbitos contrapuestos, sino complementarios. Ojalá y así lo entiendan, como estoy seguro que lo harán nuestros jueces, magistrados y ministros, todos ellos integrantes del Poder Judicial de la Federación, que con tanta pasión e inteligencia sirven a México.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

El tiempo de la nueva justicia penal es ahora, no mañana, ni pasado mañana. Ahora mismo. Nuestro tiempo ha llegado. Las excusas y las demoras deben quedar atrás.

Dentro de muchas décadas, cuando las futuras generaciones se pregunten qué fue lo hicimos los mexicanos que habitamos el país en las primeras décadas del Siglo 21, espero que puedan observar que una de las mejores herencias que les dejamos fue una justicia penal con rostro humano; una justicia penal más transparente y cercana; una justicia penal solidaria con el dolor de las víctimas; una justicia penal que sea eso; justicia, y no venganza, dado que se encarga de tutelar con firmeza granítica el debido proceso legal.

En suma. Ojalá que en el futuro volteen a ver nuestro legado y puedan con orgullo decir: cumplieron con su tarea, estuvieron a la altura de los tiempos que les tocó vivir. Que eso suceda depende, ni más ni menos, de todos y cada uno de nosotros.

No nos demoremos más en poner manos a la obra.

Muchas gracias, y mucho éxito en este foro.

-MODERADORA: Corresponde el uso de la palabra a la Magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal y representante del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-MAGDA. MARTHA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS; licenciado Ernesto Canales Santos, presidente del Patronato de Institución Renace A.B.P.; licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; distinguido presídium y distinguidos asistentes:

Acudo a este 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien lamentablemente no le ha sido posible participar en esta ceremonia inaugural, como era su deseo, debido a que fue convocado a la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, del que es integrante en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

Quisiera comenzar por agradecer la invitación formulada por las organizaciones convocantes y, de manera especial, a México SOS y a la institución RENACE A.B.P. Y, por supuesto, a los Presidentes de las mismas; don Alejandro Martí García y don Ernesto Canales Santos, respectivamente, quienes han trabajado arduamente para lograr que este Foro Nacional sea un referente que integra opiniones y compromisos de los principales actores del Sistema de Justicia Penal, representantes de organizaciones civiles, académicos y líderes de opinión en torno al proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México:

En los anteriores Foros Nacionales sobre Seguridad y Justicia, por parte del Poder Judicial de la Federación, se ha reconocido que el funcionamiento moderno de las instituciones del Estado se construye a partir de relaciones estrechas, productivas y respetuosas con la sociedad civil, con los ciudadanos; y que en una república democrática, como la nuestra, las instituciones son fuertes y se fortalecen aún más cuando están cerca de la sociedad, cuando las saben escuchar, cuando realizan correctamente y con pulcritud sus funciones constitucionales.

También, se ha ratificado que el Poder Judicial de la Federación, consciente de su responsabilidad dentro de la reforma, ha establecido objetivos específicos tendientes a dar continuidad y a contribuir en la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Que se continúan desarrollando actividades conforme a los tres ejes fundamentales de la reforma constitucional: el eje de cambio organizacional, el de cambio cultural y el de la coordinación institucional.

A 395 días de que venza el plazo constitucional para la implementación de la reforma penal en todo el país, como ustedes saben, la página web de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, marca los días, las horas, los minutos y los segundos restantes para la terminación de la vacancia constitucional, que concluye el 18 de junio de 2016.

Y para ser consistente en el planteamiento central de este sistema y foro nacional, la reforma al Sistema de Justicia Penal, a un año de vigencia; qué falta y quién está en falta, resulta oportuno repasar cuáles son las obligaciones del Poder Judicial Federal, advertidas en la Constitución por la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

En este sentido, para lograr identificarlas, es necesario atender en particular a lo dispuesto por los artículos 16 párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados mediante decreto publicado el 18 de junio de 2008, por ser aquellos, donde formalmente se prevé el Sistema Procesal Penal Acusatorio de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la propia Constitución.

Empero, también, diversos artículos y párrafos de aquellos numerales que materialmente tienen impacto en dicho sistema, tales como los arábigos 16, párrafos primero, octavo, noveno y décimo; 18, párrafo segundo, octavo y noveno; y 21, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Federal.

Ahora bien, precisamente, de la revisión de tales artículos se advierten como obligaciones generales, que necesariamente se vinculan con la totalidad del cambio normativo a la capacitación, difusión, planeación y evaluación, dada la propia naturaleza de dicha evolución legal, que amerita tanto en la instrucción a los futuros actores operadores, personal de apoyo y foro jurídico, tanto de sus generalidades, como de sus particularidades.

Como la difusión simultánea de tales cambios a esos destinatarios y a la sociedad, y genera igualmente, la necesidad de organizar y proyectar las acciones necesarias para la implementación de la reforma penal, así como su supervisión y seguimiento.

Por tal motivo, el deber del Poder Judicial de la Federación de capacitar, difundir, planear y evaluar en relación con el Sistema Procesal Penal Acusatorio, deriva del propio hecho de haberse instruido un cambio de sistema procesal y éste último debe contemplarse en esas acciones, porque su integralidad influye en todas ellas.

Ahora bien, a poco más de un año de que el futuro nos alcance, qué es lo que podemos reportar en el marco de este Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.

Con relación a la gradualidad de la entrada en vigor, la implementación del sistema penal acusatorio a nivel Federal ha sido gradualmente dividida en diferentes etapas. Por ello, doy cuenta con que el 24 de noviembre de 2014 iniciaron funciones los Centros de Justicia Penal Federal con sede en San Andrés Cholula, en Puebla; y Durango, Durango.

El 16 de marzo, asimismo de 2015, se pusieron en marcha los Centros de Justicia Penal con residencia en Mérida, Yucatán, y Zacatecas, Zacatecas.

El 29 de abril de 2015 el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, a partir del 1 de agosto de 2015, fecha en la que se pondrán en marcha los Centros de Justicia Penal Federal en esas entidades.

Esperamos para noviembre de 2015, que entre en vigor el sistema en los estados de Nayarit, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y probablemente en Aguascalientes, Colima e Hidalgo.

Asimismo, se tiene previsto para enero de 2016, la implementación del sistema en el Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y, tal vez, Campeche, Michoacán y Sinaloa.

Finalmente. No existe fecha respecto de cuándo entrará en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en el resto de las entidades federativas.

Con referencia a la infraestructura, actualmente están en funciones los Centros de Justicia Penal Federal con sede en Durango, Durango; San Andrés Cholula, Puebla; Mérida, Yucatán, y Zacatecas, Zacatecas.

Asimismo, están en proceso de construcción los Centros de Justicia Penal Federal en la Paz, Baja California; Cintalapa, Chiapas; Tepic, Nayarit; Apizaco, Tlaxcala; Colima, Colima; Coatzacoalcos, Veracruz, y Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

En breve, iniciarán las obras de construcción, o adaptación de las Salas de Juicios Orales en Querétaro, Querétaro; Guanajuato, Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Mexicali y Tijuana, Baja California, y Oaxaca, Oaxaca.

Por otra parte, se han firmado convenios con el Distrito Federal y el Estado de Jalisco, con el objeto de que se otorgue a favor del Poder Judicial de la Federación el uso y aprovechamiento por tiempo indefinido de los inmuebles que ocupan actualmente los órganos jurisdiccionales especializados en procesos penales federales ubicados en las inmediaciones de los reclusorios Norte, Sur y Oriente del Distrito Federal, y del Penal de Puente Grande, en Jalisco; esto con la finalidad de iniciar en esos espacios la construcción de los centros de justicia penal federal correspondientes.

En las restantes entidades federativas, continúan las gestiones encaminadas a la adquisición, ya sea mediante donación o compraventa, de los terrenos en los que se construirán los Centros de Justicia Penal Federal, o bien a la adaptación de espacios que ya están en posesión del propio Consejo de la Judicatura Federal.

Acaso, en el tema de mayor relevancia, y me refiero desde luego a la selección de jueces, me permito darles cuenta con el hecho de que durante los meses de septiembre a octubre de 2014, se realizó el primer concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de donde salieron vencedores los jueces de distrito que actualmente están adscritos a los centros de justicia penal federal en San Andrés Cholula, Puebla; y en Durango, Durango.

Asimismo, de enero a marzo de 2015, se realizó el Segundo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito Especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que resultaron vencedores 25 jueces.

De éstos, cuatro ya fueron adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal de Mérida, Yucatán; y Zacatecas, Zacatecas; y los restantes serán adscritos a los centros de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Baja California Sur, que iniciarán funciones en agosto de este año.

Por ello, actualmente se encuentra en desarrollo también el Tercer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de manera que, en este momento, existen nombrados 30 jueces especializados en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

De esos 30, hay nueve adscritos: tres a Durango, dos a Puebla, dos a Mérida y dos a Zacatecas; y apenas el 16 de mayo fue adscrito otro juez a Puebla como administrador, y el próximo 16 de junio serán adscritos otros dos jueces a Mérida y Zacatecas, respectivamente, también como administradores.

Finalmente, en otra materia de carácter prioritario, que es la capacitación, debo darles cuenta con que el Instituto de la Judicatura Federal ha impartido diversos cursos y diplomados sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Cabe destacar que actualmente se imparte el Diplomado de Formación en torno al nuevo Sistema de Justicia Penal, que cuenta con aproximadamente tres mil 600 alumnos inscritos; entre jueces, magistrados, secretarios, actuarios y oficiales administrativos.

De manera presencial, en la sede del Instituto de la Judicatura Federal, y también, se transmite por video conferencia a todas las extensiones y aulas del Instituto en todo el país.

Asimismo, están por iniciar más cursos sobre los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio y los medios alternativos de solución de controversias en materia penal.

En este ámbito, destaca que un grupo de magistrados de circuito ya tomó el curso de inducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conjuntamente con los aspirantes a jueces de distrito del segundo concurso de oposición antes citado, para poder seleccionar a aquellos que en su momento conocerán de la segunda instancia en el nuevo sistema.

Por todo lo anterior, tengo la plena confianza en que el Poder Judicial de la Federación está cabalmente preparado para dar cumplimiento con la misión que tiene encomendada, para que a más tardar a mediados del año próximo, el país cuente con el nuevo Sistema de Justicia Penal.

A las instituciones convocantes de este 7º Foro, que es ya, también, un faro referencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, dado el enorme prestigio y reconocimiento de todos sus integrantes, les reitero mi agradecimiento y la mayor voluntad para que en esta fase decisiva para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, sigamos trabajando, hombro con hombro, en beneficio de la sociedad y, en general, en beneficio de todo nuestro país.

Muchísimas gracias.