27 may 2015

Ceremonia de promulgación de la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción

Diversas intervenciones durante la Promulgación de la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción
Palacio Nacional, a 27 de mayo de 2015

-MODERADORA: Escuchemos las palabras del doctor Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública.
-SECRETARIO VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta; señor Presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera.
Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas; señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; señor Gobernador del Estado de Tlaxcala y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Mariano González Zarur.
Señores integrantes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; y señoras integrantes también, Arely Gómez González, Procuradora General de la República; doctora Ximena Puente de la Mora, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El señor Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el señor Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Por supuesto, también saludo a los Presidentes de los partidos políticos presentes; a los Coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso; a los legisladores que han hecho posible esta reforma.
A los Magistrados y a los Comisionados, tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; a los titulares de los órganos constitucionales autónomos: al doctor Agustín Carstens y a la licenciada Alejandra Palacios.
También, por supuesto, saludo a los miembros de organismos de la sociedad civil que participaron activamente en este proyecto; al sector privado; a contralores y auditores de la Federación, de órganos autónomos y de las entidades federativas.
A los servidores públicos.
A los miembros, también, de los medios de comunicación.
El día de hoy, México da un paso trascendente para reivindicar su ética pública y, también, para fortalecer la rendición de cuentas.
El día de hoy entra en vigor y nace el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta Reforma fue posible gracias a la confluencia de distintas voluntades, la del Poder Ejecutivo Federal, la de los partidos políticos en el Pacto por México, la de los Legisladores que gracias a sus iniciativas pudieron culminar y poner tarea definitiva a esta reforma.
La de los organismos especializados en materia de rendición de cuentas como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y los integrantes de la Secretaría de la Función Pública.
Por supuesto, de la soberanía de las entidades Federativas que hicieron posible el aval final a esta reforma y, particularmente, quiero destacar la participación de los miembros de organismos de la sociedad civil y de expertos que pusieron su voluntad constructiva para llevar la voz ciudadana al marco constitucional.
Esta reforma es una Reforma de Estado, porque abarca todos los niveles de Gobierno; es una Reforma que incide directamente en la conducta de los servidores públicos desde el momento en que los expedientes estarán abiertos los siete años posteriores a dejar el cargo.
Es una reforma que toma los nuevos puntos de materia de combate a la corrupción como es la regulación de conflicto de interés y con esta regulación quedará definido lo que es y no es en la vida formal.
Asimismo, esta reforma permite un adecuado equilibrio de poderes, porque deposita en la Auditoría Superior de la Federación la facultad de fiscalizar en forma permanente el destino de los recursos públicos de los poderes, pero también, en varios aspectos de las entidades federativas.
Y es una reforma que deposita en un Tribunal independiente la responsabilidad de sancionar a los servidores públicos, pero también a aquellos empresarios que tengan alevosía en las contrataciones públicas.
Es una reforma que involucra la participación decidida de los ciudadanos para hacer recomendaciones de mejores prácticas de Gobierno año con año.
La reforma llega en un momento crucial para México, porque es imprescindible que se frene el abuso de poder para que no se vulneren los derechos humanos; que se frene el uso indebido de los recursos públicos para que no se socaven los derechos sociales.
Y, también, es muy importante que con esta reforma coadyuvemos a fortalecer la confianza para instrumentar adecuadamente las reformas ya aprobadas; a coadyuvar para fortalecer el clima de legalidad en el desarrollo de negocios, en las inversiones, en el comercio; y, por supuesto, a consolidar condiciones de transparencia en el desarrollo de infraestructura, en la aplicación de los programas sociales para abatir la desigualdad y, desde luego, en la provisión de mejores servicios públicos y de calidad.
Así que, el día de hoy, se ha dado el primer paso con la promulgación de la Reforma Constitucional.
Vendrá un segundo gran reto que consistirá en poder concretar el marco legal correspondiente y, desde luego, en demostrar que existe la voluntad para instrumentarla.
Adelante, entonces, con ella.
Muchas gracias.
-MODERADOR: Interviene enseguida el Ministro José Fernando Franco González Salas, representante del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-MIN. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Muy buenas tardes a todos.
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; señor Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Distinguidos integrantes del presídium; señor Gobernador Mariano González Zarur; distinguidas y distinguidos funcionarios; servidores públicos; Legisladores; juzgadores; representantes de la sociedad civil e invitados especiales.
Señoras y señores:
Acudo en representación del Poder Judicial de la Federación, a esta ceremonia en que se promulga la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Una reforma de profundo calado y verdaderamente trascedente para el país.
Tal como ha sido reconocido en los distintos procesos y foros que dieron origen a esta reforma constitucional y, sobre todo, tal como es percibido por los mexicanos, el binomio corrupción-impunidad es un pesado lastre que enfrenta nuestra sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas.
Este fenómeno socava el Estado de Derecho y, por ende, la legitimidad de las instituciones públicas; atenta contra la tranquilidad, el orden moral de la sociedad y la justicia, así como el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Por tanto, es también un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos y se convierte en una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad, que erosiona los valores de la democracia y compromete el desarrollo sostenible del Estado Constitucional de Derecho con justicia social al que aspiramos.
El reto que significa eliminar este flagelo es enorme, por ello, se requiere la participación de todos los sectores, de todos los mexicanos en esta lucha, en el marco de acciones sistémicas, coordinadas, integrales y permanentes.
Hoy, se consolida el andamiaje normativo para un combate más efectivo de la corrupción, el cual, sin duda, se complementa con el fortalecido marco constitucional, legal e institucional en materia de acceso a la información pública y transparencia.
A los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, relacionados con el combate a la corrupción, como lo son la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, ahora se suma la reforma a nuestra Ley Suprema que hoy se promulga, que cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y como respuesta al justo compromiso con nuestra sociedad, incluye en su texto el Proyecto Nacional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad, mediante el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
Para ordenar la participación de los distintos órdenes de Gobierno, el Sistema contará con un Comité Coordinador, en cuya integración participará un representante del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y a nombre del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, con cuya honrosa representación asisto a esta ceremonia, manifiesto que, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará y aportará todas sus capacidades y experiencia para coadyuvar a que el Comité Coordinador cumpla con las atribuciones que la Constitución le confiere, en aras del fortalecimiento institucional, para la prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción.
Juvenal, poeta latino de la antigüedad, dijo, y estimo que dijo bien, que la integridad del hombre se mide, no por sus profesiones, sino por su conducta.
En el ámbito público, nuestro país requiere de servidores leales, eficientes, pero fundamentalmente íntegros, honorables; que día con día honren con una conducta intachable el enorme privilegio que tenemos de servir a la sociedad.
Asimismo, como participantes en este Sistema Nacional y en relación al ámbito de nuestras competencias, como juzgadores estimamos que la independencia y autonomía judiciales son indispensables en el combate a la corrupción. Estos principios son de importancia crucial y se vinculan directamente con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.
La independencia judicial, el actuar de los jueces siempre apegado al orden jurídico que nos rige y a una conducta honorable, honesta y ética, son el valladar indispensable para enfrentar con éxito a la corrupción en el ámbito jurisdiccional.
Estamos conscientes de que es indispensable lograr y mantener la confianza de la sociedad en sus instituciones. Sin la confianza de los ciudadanos el Estado de Derecho se debilita, por ello, hoy más que nunca, el Poder Judicial de la Federación se compromete a velar por el cumplimiento irrestricto de sus deberes y obligaciones, en particular, los que están dirigidos al combate a la corrupción, puesto que debemos reconocerlo, no somos del todo ajenos a este pernicioso fenómeno.
La Promulgación de la Reforma que hoy nos convoca, obliga a reflexionar que no basta con que tengamos leyes adecuadas, ello es una condición necesaria para el combate la corrupción y a la impunidad, pero no es suficiente.
Lo más importante es la voluntad indeclinable de todos, Gobierno y sociedad, de hacer que nuestras leyes tengan plena vigencia y nuestras instituciones total eficacia, para así lograr los trascendentes objetivos nacionales que con ellas se persiguen, en este caso, la erradicación de la corrupción.
Como garantes de la Constitución, celebramos y damos la bienvenida a esta Reforma. Velaremos por su cabal acatamiento.
Reitero, como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción el Poder Judicial Federal colaborará sin descanso y sin demora con todas las instancias gubernamentales involucradas en este sistema para que juntos y lo más rápido posible, erradiquemos la corrupción y a su principal cómplice la impunidad en nuestro país.
Muchas gracias.
-MODERADOR: Corresponde el uso de la palabra al Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
-DIP. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González; Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República.
Maestro Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública; doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; compañeras Diputadas, Diputados; compañeras Senadoras y Senadores.
Distinguidos integrantes del presídium:
Es innegable que la Sexagésima Segunda Legislatura será recordada, entre otras cosas, por la aprobación de grandes reformas estructurales, reformas a nuestra Carta Magna, que sin duda alguna, han comenzado a rendir frutos, mientras otras, seguramente, nos reflejarán a mediano plazo.
Hoy, damos el primer paso de una nueva etapa de desarrollo y fortalecimiento de las instituciones con la promulgación de la Reforma Constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, pues atendemos a una situación, que según el Banco Mundial, la corrupción en el país nos cuesta a los mexicanos nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto; es decir, aproximadamente 1.5 billones de pesos por año.
Por lo que, es nuestro deber que este cáncer no siga debilitando los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ni los impulsos para fomentar el crecimiento económico de nuestro país.
Nos queda claro que enfrente tenemos todavía, un largo camino para concretar esta reforma, que es una de las más importantes e históricas para encarar este flagelo.
Se requiere rigurosamente un cambio en la forma de pensar y de actuar, no sólo de los servidores públicos, sino también, de la ciudadanía y de toda la sociedad, es una tarea de todos.
Por lo que asumiendo el compromiso para abatirlo, el Presidente de la República, los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión y la sociedad civil, presentaron iniciativas que recibimos con beneplácito, y que dieron origen a esta reforma estructural.
Como legisladores realizamos un arduo trabajo de análisis y discusión sobre el tema durante más de dos años. En la parte final del proceso, la intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estableció un plazo de 15 días para la aprobación del diseño del Sistema.
Cumplir con este límite fue posible gracias a la convicción y voluntad de las distintas fuerzas políticas.
Como resultado llegamos a la conclusión que un sistema en favor de la integridad del servicio público era necesario sustentarlo con los siguientes ejes relativos a la prevención, detección, sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, y, por último, en la fiscalización y el control de los recursos públicos. Lo que nos llevó a modificar 14 Artículos de la Constitución, por todo ello, mi reconocimiento a los que aportaron su esfuerzo y dedicación a este logro, pues el principal objetivo del sistema para atender este problema que atenta contra la sociedad mexicana es la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se crea el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como responsable del diseño y promoción de las políticas públicas en esta materia.
Sin duda, la participación de las instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sumando al Comité de Participación Ciudadana para estar a la vanguardia y a tono con las buenas prácticas de gobernanza, todos ellos se convierten en los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, que nos permite abonar en la modernización de la administración pública, mismo que destaco en su funcionamiento.
Con esta reforma la Auditoría Superior de la Federación estará facultada para fiscalizar en tiempo real el ejercicio del presupuesto nacional con la finalidad de actuar de manera oportuna y corregir posibles desviaciones, por lo que se elimina el principio de anualidad.
Con la reforma se introduce por primera vez como obligatoria la figura de declaración de intereses, con el fin de evitar que los servidores públicos intervengan en asuntos que contravengan sus funciones o los intereses de la institución.
De igual forma, esta reforma establece que cuando se realicen investigaciones en materia fiscal, de ahorro o inversión de recursos económicos ya no se puede argumentar el principio de secrecía. De esta manera se elimina la opacidad y se abona a la transparencia.
En materia de sanciones se fortalece al Tribunal Federal de Justicia Administrativa al adicionarle una nueva competencia para sancionar responsabilidades administrativas graves.
Con esta reforma no sólo se puede imponer sanciones a los servidores públicos, sino también a los particulares que incurran en faltas administrativas graves.
Estas sanciones podrán consistir en multas económicas y hasta inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios.
En este mismo sentido para combatir la impunidad se amplía el paso de prescripción de sanciones administrativas, pasando de tres a siete años, y se incorpora la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.
La creación del Comité de Participación Ciudadana, permite a través de cinco destacados ciudadanos tener la fuerza de la voz y la propuesta de la sociedad, para el diseño de las políticas integrales en contra de la corrupción.
Por su parte, el Congreso de la Unión adquiere el compromiso y la responsabilidad ineludible de elaborar y aprobar a la brevedad, las leyes secundarias, haciendo eco del espíritu de esta reforma; es decir, hablamos de una reforma innovadora y de gran alcance, lo que representa un significativo avance para nuestro país.
Señoras y señores:
En México enfrentamos importantes retos que nos obligan a asumir acciones para que los mexicanos tengamos el bienestar que aspiramos y merecemos.
Se requiere de la suma de esfuerzos, con la necesaria participación de los diferentes sectores de la sociedad, porque sin duda todos tenemos la responsabilidad de ofrecer, a las nuevas generaciones, un mejor futuro.
Con esta reforma, estamos otorgando instrumentos legales a los ciudadanos, para que puedan alcanzar la plena confianza en las instituciones y en quienes tienen la responsabilidad en el ejercicio del servicio público.
Es por ello, que la actividad política y las responsabilidades públicas que de ella se derivan, deben verse como una verdadera oportunidad de servicio a la sociedad, que para su pleno funcionamiento va a requerir, como ya se dijo, un cambio en el actuar y en el pensar, no sólo de los servidores públicos, sino de todas las mexicanas y los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
-MODERADOR: Escucharemos la intervención del Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
-SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Señoras y señores:
La democracia representativa moderna no puede convivir con la corrupción y la impunidad.
La corrupción es un vicio que resulta inconcebible, ahora más que nunca, cuando la ciudadanía demanda transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos y de sus representantes populares.
Cesare Beccaria escribió: No es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo.
Es verdad, el punto fundamental del combate a la corrupción y del saneamiento de nuestra vida pública consiste en poner fin a la impunidad.
El mayor incentivo para cometer un delito es la alta posibilidad de no recibir un castigo por infringir la norma o la ley.
Con sus particularidades esta reflexión vale desde una falta administrativa, como pasarse un alto, estacionarse en lugar prohibido o tirar basura en la vía pública, hasta asesinatos o secuestros.
En el tema de la corrupción y la impunidad, adquiere mayor relevancia, porque los servidores públicos, desde Reyes, Presidentes, Primeros Ministros, Jueces o Parlamentarios, hasta el policía de crucero o el burócrata de ventanilla, representan a la autoridad y, por lo tanto, al Estado.
Si uno de ellos es corrupto, la percepción resultante implica que todo el Estado es corrupto.
Desde hace años, los países democráticos se han preocupado por combatir la corrupción como una forma de legitimización para que ésta sea la excepción y no la regla.
El Estado de Derecho se construye con transparencia y mediante el combate a la impunidad.
Pocas cosas corroen tanto a un sistema político como la opacidad y la ausencia de sanciones cuando la ley se quebranta.
Por muchos años, la sociedad mexicana ha exigido a sus autoridades combatir la corrupción. Ante esta circunstancia, el Congreso aprobó la Reforma Constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy se Promulga.
El reconocimiento al esfuerzo del Gobierno Federal, sin duda que sí, al Congreso mexicano; al esfuerzo y talento de los integrantes del Congreso mexicano: Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, presentes en número abundante en esta ceremonia.
Éste es un buen producto legislativo. Todos lo apoyamos.
Finalmente, una reforma legal en la definición que pueda dar cualquier jurista en esta reunión, es un acuerdo político entre las partes que lo celebran. Y esto es lo que llegamos: a un acuerdo de las fuerzas que representan legítimamente al pueblo de México para reformar la Constitución en asuntos de combate a la corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe combatir integralmente la impunidad.
La investigación y sanción de conductas ilegales debe realizarse de manera amplia y articulada entre los diversos órganos que formen el Sistema Anticorrupción.
En representación de la Cámara de Senadores, del honorable Congreso de la Unión, de mis compañeras y compañeros presentes, los cuales, de verdad, me siento muy honrado en haber sido el Presidente de esta Cámara por este año legislativo, reconocemos lo avanzado de esta propuesta.
Pero, también, Senadoras, Senadores de diversos grupos parlamentarios dieron el debate sobre lo que le faltaba a la propuesta. No para estar en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, ni estar en contra de la propuesta, sino para debatir lo que quedaba pendiente.
Y habiendo aprobado en los términos como se nos envió de la Cámara de Diputados, se introdujo textos completos sobre el debate pendiente.
Estuvimos todos y votamos de manera casi unánime, casi unánime, un voto por ahí, pero casi unánime esta propuesta que recibimos de la Cámara de Diputados, que por cierto había sido producto, también, debo decirlo, de los acuerdos del Pacto por México.
Debo decirlo, más allá de la posición crítica que yo he asumido frente a algunas cosas, en general hemos votado a favor, pero algunas cosas.
Nos falta abrir el debate sobre el fuero, señoras y señores. Nos falta abrir el debate que algún día nos llevará a concretar la frase, y hago mención de un compañero senador mío, el Senador Zoé Robledo: fuera el fuero.
Pero es un debate que daremos más adelante, con un equilibrio político más maduro y en el que todos estamos comprometidos.
Una vez terminada la reforma legal que establece el régimen de transitorios de la reforma constitucional que hoy promulgamos, el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción debe traducirse en el hecho de que México deje de ser un país que sea conocido por los actos de corrupción de algunos de sus servidores públicos.
La presencia de representantes de los Poderes de la Unión y de los titulares de algunos de los órganos responsables de combatir la corrupción en esta ceremonia, expresan la voluntad del Estado mexicano de combatir este flagelo de nuestra sociedad.
La cultura política mexicana debe asumir el rechazo a la corrupción. No es un asunto sencillo. Hay que eliminar décadas de vicios, inercias y prácticas públicas.
En el Senado seguiremos trabajando en las reformas que faltan para la obtención de mejores resultados contra la corrupción.
Siguen los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional que hoy promulgamos.
Me refiero a la ley general que establezca las bases del Sistema Nacional Anticorrupción; a la ley general que distribuya competencias entre los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas; a la ley por la que se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes federales. Esa va a ser la agenda legislativa y la agenda ciudadana 2015-2016.
Esa va a ser, señor Presidente, lo hemos hablado. Desarrollar el sistema de leyes secundarias, de leyes generales, de reformas existentes, sobre el tema del combate a la corrupción, derivada de la promulgación de la reforma constitucional que hoy se realiza, y derivada de la reforma constitucional sobre transparencia y de la Ley General de Transparencia.
Esa es la agenda a desarrollar en el 2015 y en el 2016.
Están presentes aquí, representantes de muchas organizaciones civiles, y tienen en el radar y en el desarrollo cada uno de estos temas que estoy mencionando.
Pero voy a involucrar uno más, el tema de la autonomía. Sin autonomía de los órganos involucrados de los entes públicos en aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción, no tendremos el éxito necesario. Yo estoy cierto que la integración de estos entes públicos está en mujeres y hombres probos, probas, honrados.
Yo veo un esquema institucional que va a dar respuesta a esta legislación. Como lo veo en el combate a los delitos.
Yo siempre que hablo, y donde me encuentro a mi amiga, siempre la saludo con cariño y le hago reconocimientos, a la Procuradora General de la República. Estas reformas forman parte de la agenda que desarrollará el Senado, a partir de septiembre de este año.
Señoras y señores:
Los actos de corrupción que se han presentado en el actual proceso electoral, de los cuales han dado cuenta los medios de comunicación, o se han presentado ante autoridades competentes, o aquellos que puedan presentarse durante la jornada electoral, no pueden quedar impunes.
Las campañas no son las épocas en las cuales todo se vale y todo se puede hacer. Es una obligación de las instituciones del Estado, impedir que en los procesos electorales existan actos de corrupción o prevalezca la impunidad.
Mi reconocimiento, Presidente Peña Nieto, por el esfuerzo institucional de su Gobierno por impulsar toda esta ruta en contra de la corrupción.
Mi reconocimiento a mis amigos Senadores, a los 128. Hoy quisieron estar todos, pero sólo pudieron venir 122. Pero veo muchos.
A los Diputados, a las Diputadas, a los integrantes de los órganos; a empresarios, a organizaciones civiles.
De verdad, éste fue un producto legislativo y ha sido el esfuerzo de la sociedad.
Gracias.
Les digo algo. El Gobierno cuida al poder; el poder al Estado; el Estado a la sociedad. Que no se nos olvide.
Gracias.
-MODERADORA: Sean tan amables de ocupar sus lugares. Realiza su intervención el Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
-C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Señoras y señores integrantes de la mesa principal.
Señoras y señores asistentes a este evento.
Agradezco la oportunidad que se me brinda para compartir la posición de nuestra institución ante esta importante coyuntura.
Desde mi perspectiva, la palabra que mejor describe la motivación de todos los que estamos aquí reunidos, es la de cambio.
Esta nueva ruta no se circunscribe al aspecto meramente normativo. Por ello, hemos insistido en señalar que esta nueva forma de actuar que nos hemos planteado debe involucrar el compromiso decidido de todos los ciudadanos para analizar nuestra conducta en lo individual y determinar cómo alinearla al interés general, al margen de inercias y costumbres.
El momento elegido para lanzar la iniciativa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción está marcado por la confluencia de dos corrientes. Aquella que busca atender la demanda social por contar con un sector público más cercano y que genere confianza, y la integrada por la voluntad de los actores políticos de reconocer, que es necesario modificar la imagen del funcionario y del aparato gubernamental en su conjunto, para establecer un vínculo diferente con la sociedad.
La actual etapa de desarrollo de la vida democrática nacional, se caracteriza por una gran diversidad de opiniones, posturas y reacciones en torno a los temas que ocupan la agenda política.
Este hecho se hizo palpable en la etapa de debate de las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, en cuanto a la necesidad de dar solución de fondo al tema de la corrupción, se generó un consenso importante, mismo que desembocó en la reforma constitucional que hoy nos ocupa.
Al mismo tiempo, creo que es necesario que todos los organismos involucrados hagamos conciencia de esta oportunidad que se nos presenta, la de dotar a nuestro país con los instrumentos y mecanismos necesarios para abordar desde una perspectiva sistémica, una situación que involucra multicausalidad.
Esto incluye modificaciones legales en los ámbitos Federal y local, así como una adecuación de estructuras administrativas, planes de trabajo, metodologías y, de hecho, de la propia cultura laboral.
El éxito definitivo de este proyecto, a pesar de la importancia de su promulgación el día de hoy, está en función del contenido de las leyes secundarias que tendrán que adaptarse o crearse con el fin de hacer operativa esta reforma constitucional.
Las primeras aproximaciones que hemos realizado a las necesidades normativas para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere, nos muestran que el nivel de detalle que se deberá abordar en el diseño de los instrumentos jurídicos específicos es sumamente complejo.
Es, por ello, que en la Auditoría Superior de la Federación, interpretamos esta iniciativa como de una envergadura similar a la de las reformas estructurales, que las distintas fuerzas políticas del país ya han avalado.
Estamos hablando de un compromiso que abarca los tres Poderes de la Unión, los ámbitos Federal, estatal y municipal, y los órganos constitucionales autónomos. La magnitud de la tarea que enfrenta el país no puede demandar menos.
Adicionalmente, es un tema que involucra tanto lo público como lo privado, por lo que es necesario que las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno mantengan una colaboración activa y profesional con la sociedad.
Si analizamos con cuidado la motivación que subyace a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, podremos distinguir tres factores que requieren ser considerados a lo largo del proceso del diseño de las leyes secundarias.
El primero se refiere a acotar al máximo la tendencia a la inmediatez. Debemos hacer lo necesario por transmitir el mensaje de que las soluciones instantáneas no constituyen necesariamente, o por lo menos en todos los casos, el indicador más veraz para determinar el éxito o el fracaso de una política pública.
El segundo factor se vincula con la idea de anteponer lo técnico a factores emocionales. Será necesario destacar en todo momento que la mejor aproximación es identificar y entender las causas de la problemática para ofrecer alternativas viables basadas en elementos asequibles, todo esto en un ambiente constructivo, menos proclive a la personalización y al revanchismo.
En tercer lugar. Se requerirá fomentar el concepto de corresponsabilidad social, el cual generalmente es relegado por la idea de que la impotencia ciudadana ante las fallas del Estado justifica la pasividad del individuo.
Distinguidos asistentes a este evento:
La apuesta que la Nación hace para enfrentar el fenómeno de la corrupción es por la institucionalidad. Es un asunto vinculado con la funcionalidad del gobierno, el ambiente social e inclusive el ámbito económico.
Hay que tener en cuenta que la institucionalidad debe entenderse no sólo como el entramado de organizaciones, sino también como los límites que acotan la interacción entre los individuos y las entidades que forman parte del aparato gubernamental en su conjunto.
Es claro, en este contexto, que una de las condiciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, es propiciar que la sociedad asuma una actitud de vigilancia, la voluntad de no contribuir al problema y la disposición de denunciar todas aquellas acciones que se separen de la ética pública, la cual debe ser la base de la gestión gubernamental.
De lo que se trata es de fomentar que la cultura de la legalidad sirve y nos conviene a todos.
Deseo destacar ante ustedes el papel de la sociedad civil en la consecución de esta iniciativa, en particular a la Red por la Rendición de Cuentas.
Sus aportaciones ofrecen al diseño de una política pública una dimensión adicional incluyente y representativa de la sensibilidad que existe en diversos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, mi reconocimiento a todos los actores políticos que hicieron suya esta inquietud.
Reitero. Este Sistema es la puerta al establecimiento de límites necesarios para nuestra convivencia, con una visión de largo plazo y que deja a un lado la inmediatez, que tanto ha afectado a la vida pública de nuestro país.
Por su atención, muchas gracias.
(A CONTINUACIÓN HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO

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