Diversas
intervenciones durante la Promulgación de la Reforma Constitucional para crear
el Sistema Nacional Anticorrupción
-MODERADORA:
Escuchemos las palabras del doctor Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la
Función Pública.
-SECRETARIO
VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Enrique Peña Nieto.
Señor
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de
la República, Miguel Barbosa Huerta; señor Presidente de la Cámara de
Diputados, Julio César Moreno Rivera.
Señor
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco
González Salas; señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa; señor Gobernador del Estado de Tlaxcala y Presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, Mariano González Zarur.
Señores
integrantes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; y señoras integrantes
también, Arely Gómez González, Procuradora General de la República; doctora
Ximena Puente de la Mora, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
El
señor Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa; el señor Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior
de la Federación.
Por
supuesto, también saludo a los Presidentes de los partidos políticos presentes;
a los Coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso;
a los legisladores que han hecho posible esta reforma.
A
los Magistrados y a los Comisionados, tanto del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, como del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información; a los titulares de los órganos constitucionales autónomos: al
doctor Agustín Carstens y a la licenciada Alejandra Palacios.
También,
por supuesto, saludo a los miembros de organismos de la sociedad civil que
participaron activamente en este proyecto; al sector privado; a contralores y
auditores de la Federación, de órganos autónomos y de las entidades
federativas.
A
los servidores públicos.
A
los miembros, también, de los medios de comunicación.
El
día de hoy, México da un paso trascendente para reivindicar su ética pública y,
también, para fortalecer la rendición de cuentas.
El
día de hoy entra en vigor y nace el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta
Reforma fue posible gracias a la confluencia de distintas voluntades, la del
Poder Ejecutivo Federal, la de los partidos políticos en el Pacto por México,
la de los Legisladores que gracias a sus iniciativas pudieron culminar y poner
tarea definitiva a esta reforma.
La
de los organismos especializados en materia de rendición de cuentas como el
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Auditoría Superior de la
Federación y los integrantes de la Secretaría de la Función Pública.
Por
supuesto, de la soberanía de las entidades Federativas que hicieron posible el
aval final a esta reforma y, particularmente, quiero destacar la participación
de los miembros de organismos de la sociedad civil y de expertos que pusieron
su voluntad constructiva para llevar la voz ciudadana al marco constitucional.
Esta
reforma es una Reforma de Estado, porque abarca todos los niveles de Gobierno;
es una Reforma que incide directamente en la conducta de los servidores
públicos desde el momento en que los expedientes estarán abiertos los siete
años posteriores a dejar el cargo.
Es
una reforma que toma los nuevos puntos de materia de combate a la corrupción
como es la regulación de conflicto de interés y con esta regulación quedará
definido lo que es y no es en la vida formal.
Asimismo,
esta reforma permite un adecuado equilibrio de poderes, porque deposita en la
Auditoría Superior de la Federación la facultad de fiscalizar en forma
permanente el destino de los recursos públicos de los poderes, pero también, en
varios aspectos de las entidades federativas.
Y
es una reforma que deposita en un Tribunal independiente la responsabilidad de
sancionar a los servidores públicos, pero también a aquellos empresarios que
tengan alevosía en las contrataciones públicas.
Es
una reforma que involucra la participación decidida de los ciudadanos para
hacer recomendaciones de mejores prácticas de Gobierno año con año.
La
reforma llega en un momento crucial para México, porque es imprescindible que
se frene el abuso de poder para que no se vulneren los derechos humanos; que se
frene el uso indebido de los recursos públicos para que no se socaven los
derechos sociales.
Y,
también, es muy importante que con esta reforma coadyuvemos a fortalecer la
confianza para instrumentar adecuadamente las reformas ya aprobadas; a
coadyuvar para fortalecer el clima de legalidad en el desarrollo de negocios,
en las inversiones, en el comercio; y, por supuesto, a consolidar condiciones
de transparencia en el desarrollo de infraestructura, en la aplicación de los
programas sociales para abatir la desigualdad y, desde luego, en la provisión
de mejores servicios públicos y de calidad.
Así
que, el día de hoy, se ha dado el primer paso con la promulgación de la Reforma
Constitucional.
Vendrá
un segundo gran reto que consistirá en poder concretar el marco legal
correspondiente y, desde luego, en demostrar que existe la voluntad para
instrumentarla.
Adelante,
entonces, con ella.
Muchas
gracias.
-MODERADOR:
Interviene enseguida el Ministro José Fernando Franco González Salas,
representante del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-MIN.
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Muy buenas tardes a todos.
Licenciado
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión; señor Senador Miguel Barbosa Huerta,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión.
Distinguidos
integrantes del presídium; señor Gobernador Mariano González Zarur; distinguidas
y distinguidos funcionarios; servidores públicos; Legisladores; juzgadores;
representantes de la sociedad civil e invitados especiales.
Señoras
y señores:
Acudo
en representación del Poder Judicial de la Federación, a esta ceremonia en que
se promulga la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Una reforma
de profundo calado y verdaderamente trascedente para el país.
Tal
como ha sido reconocido en los distintos procesos y foros que dieron origen a
esta reforma constitucional y, sobre todo, tal como es percibido por los
mexicanos, el binomio corrupción-impunidad es un pesado lastre que enfrenta
nuestra sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas.
Este
fenómeno socava el Estado de Derecho y, por ende, la legitimidad de las
instituciones públicas; atenta contra la tranquilidad, el orden moral de la
sociedad y la justicia, así como el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Por
tanto, es también un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos
y se convierte en una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad,
que erosiona los valores de la democracia y compromete el desarrollo sostenible
del Estado Constitucional de Derecho con justicia social al que aspiramos.
El
reto que significa eliminar este flagelo es enorme, por ello, se requiere la
participación de todos los sectores, de todos los mexicanos en esta lucha, en
el marco de acciones sistémicas, coordinadas, integrales y permanentes.
Hoy,
se consolida el andamiaje normativo para un combate más efectivo de la
corrupción, el cual, sin duda, se complementa con el fortalecido marco
constitucional, legal e institucional en materia de acceso a la información
pública y transparencia.
A
los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, relacionados con el
combate a la corrupción, como lo son la Convención Interamericana Contra la
Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y, la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción, ahora se suma la reforma a nuestra
Ley Suprema que hoy se promulga, que cumpliendo con nuestros compromisos
internacionales y como respuesta al justo compromiso con nuestra sociedad,
incluye en su texto el Proyecto Nacional para el Combate a la Corrupción y la
Impunidad, mediante el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción
como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de los recursos públicos.
Para
ordenar la participación de los distintos órdenes de Gobierno, el Sistema
contará con un Comité Coordinador, en cuya integración participará un
representante del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y a
nombre del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal, con cuya honrosa representación asisto a
esta ceremonia, manifiesto que, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción,
el Consejo de la Judicatura Federal adoptará y aportará todas sus capacidades y
experiencia para coadyuvar a que el Comité Coordinador cumpla con las
atribuciones que la Constitución le confiere, en aras del fortalecimiento
institucional, para la prevención, detección y sanción de actos y hechos de
corrupción.
Juvenal,
poeta latino de la antigüedad, dijo, y estimo que dijo bien, que la integridad
del hombre se mide, no por sus profesiones, sino por su conducta.
En
el ámbito público, nuestro país requiere de servidores leales, eficientes, pero
fundamentalmente íntegros, honorables; que día con día honren con una conducta
intachable el enorme privilegio que tenemos de servir a la sociedad.
Asimismo,
como participantes en este Sistema Nacional y en relación al ámbito de nuestras
competencias, como juzgadores estimamos que la independencia y autonomía
judiciales son indispensables en el combate a la corrupción. Estos principios
son de importancia crucial y se vinculan directamente con la esencia misma del
carácter constitucional de las sociedades democráticas.
La
independencia judicial, el actuar de los jueces siempre apegado al orden
jurídico que nos rige y a una conducta honorable, honesta y ética, son el
valladar indispensable para enfrentar con éxito a la corrupción en el ámbito
jurisdiccional.
Estamos
conscientes de que es indispensable lograr y mantener la confianza de la sociedad
en sus instituciones. Sin la confianza de los ciudadanos el Estado de Derecho
se debilita, por ello, hoy más que nunca, el Poder Judicial de la Federación se
compromete a velar por el cumplimiento irrestricto de sus deberes y
obligaciones, en particular, los que están dirigidos al combate a la
corrupción, puesto que debemos reconocerlo, no somos del todo ajenos a este
pernicioso fenómeno.
La
Promulgación de la Reforma que hoy nos convoca, obliga a reflexionar que no
basta con que tengamos leyes adecuadas, ello es una condición necesaria para el
combate la corrupción y a la impunidad, pero no es suficiente.
Lo
más importante es la voluntad indeclinable de todos, Gobierno y sociedad, de
hacer que nuestras leyes tengan plena vigencia y nuestras instituciones total
eficacia, para así lograr los trascendentes objetivos nacionales que con ellas
se persiguen, en este caso, la erradicación de la corrupción.
Como
garantes de la Constitución, celebramos y damos la bienvenida a esta Reforma.
Velaremos por su cabal acatamiento.
Reitero,
como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción el Poder Judicial Federal
colaborará sin descanso y sin demora con todas las instancias gubernamentales
involucradas en este sistema para que juntos y lo más rápido posible,
erradiquemos la corrupción y a su principal cómplice la impunidad en nuestro
país.
Muchas
gracias.
-MODERADOR:
Corresponde el uso de la palabra al Diputado Julio César Moreno Rivera,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
-DIP.
JULIO CÉSAR MORENO RIVERA: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, José Fernando Franco González; Senador Miguel Barbosa
Huerta, Presidente del Senado de la República.
Maestro
Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública; doctor Miguel
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; contador público
certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
Magistrado
Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa; compañeras Diputadas, Diputados; compañeras Senadoras
y Senadores.
Distinguidos
integrantes del presídium:
Es
innegable que la Sexagésima Segunda Legislatura será recordada, entre otras
cosas, por la aprobación de grandes reformas estructurales, reformas a nuestra
Carta Magna, que sin duda alguna, han comenzado a rendir frutos, mientras
otras, seguramente, nos reflejarán a mediano plazo.
Hoy,
damos el primer paso de una nueva etapa de desarrollo y fortalecimiento de las
instituciones con la promulgación de la Reforma Constitucional que da origen al
Sistema Nacional Anticorrupción, pues atendemos a una situación, que según el
Banco Mundial, la corrupción en el país nos cuesta a los mexicanos nueve puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto; es decir, aproximadamente 1.5 billones
de pesos por año.
Por
lo que, es nuestro deber que este cáncer no siga debilitando los esfuerzos para
combatir la pobreza y la desigualdad, ni los impulsos para fomentar el
crecimiento económico de nuestro país.
Nos
queda claro que enfrente tenemos todavía, un largo camino para concretar esta
reforma, que es una de las más importantes e históricas para encarar este
flagelo.
Se
requiere rigurosamente un cambio en la forma de pensar y de actuar, no sólo de
los servidores públicos, sino también, de la ciudadanía y de toda la sociedad,
es una tarea de todos.
Por
lo que asumiendo el compromiso para abatirlo, el Presidente de la República,
los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión y
la sociedad civil, presentaron iniciativas que recibimos con beneplácito, y que
dieron origen a esta reforma estructural.
Como
legisladores realizamos un arduo trabajo de análisis y discusión sobre el tema
durante más de dos años. En la parte final del proceso, la intervención de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estableció un plazo de
15 días para la aprobación del diseño del Sistema.
Cumplir
con este límite fue posible gracias a la convicción y voluntad de las distintas
fuerzas políticas.
Como
resultado llegamos a la conclusión que un sistema en favor de la integridad del
servicio público era necesario sustentarlo con los siguientes ejes relativos a
la prevención, detección, sanción de las responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, y, por último, en la fiscalización y el control de los
recursos públicos. Lo que nos llevó a modificar 14 Artículos de la
Constitución, por todo ello, mi reconocimiento a los que aportaron su esfuerzo
y dedicación a este logro, pues el principal objetivo del sistema para atender
este problema que atenta contra la sociedad mexicana es la coordinación entre
las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se crea el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como responsable del diseño y
promoción de las políticas públicas en esta materia.
Sin
duda, la participación de las instituciones, como la Auditoría Superior de la
Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y sumando al Comité de Participación Ciudadana para
estar a la vanguardia y a tono con las buenas prácticas de gobernanza, todos
ellos se convierten en los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, que nos
permite abonar en la modernización de la administración pública, mismo que
destaco en su funcionamiento.
Con
esta reforma la Auditoría Superior de la Federación estará facultada para
fiscalizar en tiempo real el ejercicio del presupuesto nacional con la
finalidad de actuar de manera oportuna y corregir posibles desviaciones, por lo
que se elimina el principio de anualidad.
Con
la reforma se introduce por primera vez como obligatoria la figura de
declaración de intereses, con el fin de evitar que los servidores públicos
intervengan en asuntos que contravengan sus funciones o los intereses de la
institución.
De
igual forma, esta reforma establece que cuando se realicen investigaciones en
materia fiscal, de ahorro o inversión de recursos económicos ya no se puede
argumentar el principio de secrecía. De esta manera se elimina la opacidad y se
abona a la transparencia.
En
materia de sanciones se fortalece al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa al adicionarle una nueva competencia para sancionar
responsabilidades administrativas graves.
Con
esta reforma no sólo se puede imponer sanciones a los servidores públicos, sino
también a los particulares que incurran en faltas administrativas graves.
Estas
sanciones podrán consistir en multas económicas y hasta inhabilitación para
participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios.
En
este mismo sentido para combatir la impunidad se amplía el paso de prescripción
de sanciones administrativas, pasando de tres a siete años, y se incorpora la
figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.
La
creación del Comité de Participación Ciudadana, permite a través de cinco
destacados ciudadanos tener la fuerza de la voz y la propuesta de la sociedad,
para el diseño de las políticas integrales en contra de la corrupción.
Por
su parte, el Congreso de la Unión adquiere el compromiso y la responsabilidad
ineludible de elaborar y aprobar a la brevedad, las leyes secundarias, haciendo
eco del espíritu de esta reforma; es decir, hablamos de una reforma innovadora
y de gran alcance, lo que representa un significativo avance para nuestro país.
Señoras
y señores:
En
México enfrentamos importantes retos que nos obligan a asumir acciones para que
los mexicanos tengamos el bienestar que aspiramos y merecemos.
Se
requiere de la suma de esfuerzos, con la necesaria participación de los
diferentes sectores de la sociedad, porque sin duda todos tenemos la
responsabilidad de ofrecer, a las nuevas generaciones, un mejor futuro.
Con
esta reforma, estamos otorgando instrumentos legales a los ciudadanos, para que
puedan alcanzar la plena confianza en las instituciones y en quienes tienen la
responsabilidad en el ejercicio del servicio público.
Es
por ello, que la actividad política y las responsabilidades públicas que de ella
se derivan, deben verse como una verdadera oportunidad de servicio a la
sociedad, que para su pleno funcionamiento va a requerir, como ya se dijo, un
cambio en el actuar y en el pensar, no sólo de los servidores públicos, sino de
todas las mexicanas y los mexicanos.
Por
su atención, muchas gracias.
-MODERADOR:
Escucharemos la intervención del Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
-SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA: Señoras y señores:
La
democracia representativa moderna no puede convivir con la corrupción y la
impunidad.
La
corrupción es un vicio que resulta inconcebible, ahora más que nunca, cuando la
ciudadanía demanda transparencia y rendición de cuentas de los servidores
públicos y de sus representantes populares.
Cesare
Beccaria escribió: No es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la
certeza del castigo.
Es
verdad, el punto fundamental del combate a la corrupción y del saneamiento de
nuestra vida pública consiste en poner fin a la impunidad.
El
mayor incentivo para cometer un delito es la alta posibilidad de no recibir un
castigo por infringir la norma o la ley.
Con
sus particularidades esta reflexión vale desde una falta administrativa, como
pasarse un alto, estacionarse en lugar prohibido o tirar basura en la vía
pública, hasta asesinatos o secuestros.
En
el tema de la corrupción y la impunidad, adquiere mayor relevancia, porque los
servidores públicos, desde Reyes, Presidentes, Primeros Ministros, Jueces o
Parlamentarios, hasta el policía de crucero o el burócrata de ventanilla,
representan a la autoridad y, por lo tanto, al Estado.
Si
uno de ellos es corrupto, la percepción resultante implica que todo el Estado
es corrupto.
Desde
hace años, los países democráticos se han preocupado por combatir la corrupción
como una forma de legitimización para que ésta sea la excepción y no la regla.
El
Estado de Derecho se construye con transparencia y mediante el combate a la
impunidad.
Pocas
cosas corroen tanto a un sistema político como la opacidad y la ausencia de
sanciones cuando la ley se quebranta.
Por
muchos años, la sociedad mexicana ha exigido a sus autoridades combatir la
corrupción. Ante esta circunstancia, el Congreso aprobó la Reforma Constitucional
por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy se Promulga.
El
reconocimiento al esfuerzo del Gobierno Federal, sin duda que sí, al Congreso
mexicano; al esfuerzo y talento de los integrantes del Congreso mexicano:
Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, presentes en número abundante en
esta ceremonia.
Éste
es un buen producto legislativo. Todos lo apoyamos.
Finalmente,
una reforma legal en la definición que pueda dar cualquier jurista en esta
reunión, es un acuerdo político entre las partes que lo celebran. Y esto es lo
que llegamos: a un acuerdo de las fuerzas que representan legítimamente al
pueblo de México para reformar la Constitución en asuntos de combate a la
corrupción.
El
Sistema Nacional Anticorrupción debe combatir integralmente la impunidad.
La
investigación y sanción de conductas ilegales debe realizarse de manera amplia
y articulada entre los diversos órganos que formen el Sistema Anticorrupción.
En
representación de la Cámara de Senadores, del honorable Congreso de la Unión,
de mis compañeras y compañeros presentes, los cuales, de verdad, me siento muy
honrado en haber sido el Presidente de esta Cámara por este año legislativo,
reconocemos lo avanzado de esta propuesta.
Pero,
también, Senadoras, Senadores de diversos grupos parlamentarios dieron el
debate sobre lo que le faltaba a la propuesta. No para estar en contra del
Sistema Nacional Anticorrupción, ni estar en contra de la propuesta, sino para
debatir lo que quedaba pendiente.
Y
habiendo aprobado en los términos como se nos envió de la Cámara de Diputados,
se introdujo textos completos sobre el debate pendiente.
Estuvimos
todos y votamos de manera casi unánime, casi unánime, un voto por ahí, pero
casi unánime esta propuesta que recibimos de la Cámara de Diputados, que por
cierto había sido producto, también, debo decirlo, de los acuerdos del Pacto
por México.
Debo
decirlo, más allá de la posición crítica que yo he asumido frente a algunas
cosas, en general hemos votado a favor, pero algunas cosas.
Nos
falta abrir el debate sobre el fuero, señoras y señores. Nos falta abrir el
debate que algún día nos llevará a concretar la frase, y hago mención de un
compañero senador mío, el Senador Zoé Robledo: fuera el fuero.
Pero
es un debate que daremos más adelante, con un equilibrio político más maduro y
en el que todos estamos comprometidos.
Una
vez terminada la reforma legal que establece el régimen de transitorios de la
reforma constitucional que hoy promulgamos, el funcionamiento del Sistema
Nacional Anticorrupción debe traducirse en el hecho de que México deje de ser
un país que sea conocido por los actos de corrupción de algunos de sus
servidores públicos.
La
presencia de representantes de los Poderes de la Unión y de los titulares de
algunos de los órganos responsables de combatir la corrupción en esta
ceremonia, expresan la voluntad del Estado mexicano de combatir este flagelo de
nuestra sociedad.
La
cultura política mexicana debe asumir el rechazo a la corrupción. No es un
asunto sencillo. Hay que eliminar décadas de vicios, inercias y prácticas
públicas.
En
el Senado seguiremos trabajando en las reformas que faltan para la obtención de
mejores resultados contra la corrupción.
Siguen
los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional que hoy promulgamos.
Me
refiero a la ley general que establezca las bases del Sistema Nacional
Anticorrupción; a la ley general que distribuya competencias entre los órganos
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas; a la ley por
la que se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a las leyes
que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los
Poderes de la Unión y de los entes federales. Esa va a ser la agenda
legislativa y la agenda ciudadana 2015-2016.
Esa
va a ser, señor Presidente, lo hemos hablado. Desarrollar el sistema de leyes
secundarias, de leyes generales, de reformas existentes, sobre el tema del
combate a la corrupción, derivada de la promulgación de la reforma
constitucional que hoy se realiza, y derivada de la reforma constitucional
sobre transparencia y de la Ley General de Transparencia.
Esa
es la agenda a desarrollar en el 2015 y en el 2016.
Están
presentes aquí, representantes de muchas organizaciones civiles, y tienen en el
radar y en el desarrollo cada uno de estos temas que estoy mencionando.
Pero
voy a involucrar uno más, el tema de la autonomía. Sin autonomía de los órganos
involucrados de los entes públicos en aplicar el Sistema Nacional
Anticorrupción, no tendremos el éxito necesario. Yo estoy cierto que la
integración de estos entes públicos está en mujeres y hombres probos, probas,
honrados.
Yo
veo un esquema institucional que va a dar respuesta a esta legislación. Como lo
veo en el combate a los delitos.
Yo
siempre que hablo, y donde me encuentro a mi amiga, siempre la saludo con
cariño y le hago reconocimientos, a la Procuradora General de la República.
Estas reformas forman parte de la agenda que desarrollará el Senado, a partir
de septiembre de este año.
Señoras
y señores:
Los
actos de corrupción que se han presentado en el actual proceso electoral, de
los cuales han dado cuenta los medios de comunicación, o se han presentado ante
autoridades competentes, o aquellos que puedan presentarse durante la jornada
electoral, no pueden quedar impunes.
Las
campañas no son las épocas en las cuales todo se vale y todo se puede hacer. Es
una obligación de las instituciones del Estado, impedir que en los procesos
electorales existan actos de corrupción o prevalezca la impunidad.
Mi
reconocimiento, Presidente Peña Nieto, por el esfuerzo institucional de su
Gobierno por impulsar toda esta ruta en contra de la corrupción.
Mi
reconocimiento a mis amigos Senadores, a los 128. Hoy quisieron estar todos,
pero sólo pudieron venir 122. Pero veo muchos.
A
los Diputados, a las Diputadas, a los integrantes de los órganos; a
empresarios, a organizaciones civiles.
De
verdad, éste fue un producto legislativo y ha sido el esfuerzo de la sociedad.
Gracias.
Les
digo algo. El Gobierno cuida al poder; el poder al Estado; el Estado a la
sociedad. Que no se nos olvide.
Gracias.
-MODERADORA:
Sean tan amables de ocupar sus lugares. Realiza su intervención el Contador
Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la
Federación.
-C.P.C.
JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Señoras
y señores integrantes de la mesa principal.
Señoras
y señores asistentes a este evento.
Agradezco
la oportunidad que se me brinda para compartir la posición de nuestra
institución ante esta importante coyuntura.
Desde
mi perspectiva, la palabra que mejor describe la motivación de todos los que
estamos aquí reunidos, es la de cambio.
Esta
nueva ruta no se circunscribe al aspecto meramente normativo. Por ello, hemos
insistido en señalar que esta nueva forma de actuar que nos hemos planteado
debe involucrar el compromiso decidido de todos los ciudadanos para analizar
nuestra conducta en lo individual y determinar cómo alinearla al interés
general, al margen de inercias y costumbres.
El
momento elegido para lanzar la iniciativa de crear un Sistema Nacional
Anticorrupción está marcado por la confluencia de dos corrientes. Aquella que
busca atender la demanda social por contar con un sector público más cercano y
que genere confianza, y la integrada por la voluntad de los actores políticos
de reconocer, que es necesario modificar la imagen del funcionario y del
aparato gubernamental en su conjunto, para establecer un vínculo diferente con
la sociedad.
La
actual etapa de desarrollo de la vida democrática nacional, se caracteriza por
una gran diversidad de opiniones, posturas y reacciones en torno a los temas
que ocupan la agenda política.
Este
hecho se hizo palpable en la etapa de debate de las reformas estructurales
impulsadas por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, en cuanto a la necesidad de
dar solución de fondo al tema de la corrupción, se generó un consenso
importante, mismo que desembocó en la reforma constitucional que hoy nos ocupa.
Al
mismo tiempo, creo que es necesario que todos los organismos involucrados
hagamos conciencia de esta oportunidad que se nos presenta, la de dotar a
nuestro país con los instrumentos y mecanismos necesarios para abordar desde
una perspectiva sistémica, una situación que involucra multicausalidad.
Esto
incluye modificaciones legales en los ámbitos Federal y local, así como una
adecuación de estructuras administrativas, planes de trabajo, metodologías y,
de hecho, de la propia cultura laboral.
El
éxito definitivo de este proyecto, a pesar de la importancia de su promulgación
el día de hoy, está en función del contenido de las leyes secundarias que
tendrán que adaptarse o crearse con el fin de hacer operativa esta reforma
constitucional.
Las
primeras aproximaciones que hemos realizado a las necesidades normativas para
que el Sistema Nacional Anticorrupción opere, nos muestran que el nivel de
detalle que se deberá abordar en el diseño de los instrumentos jurídicos
específicos es sumamente complejo.
Es,
por ello, que en la Auditoría Superior de la Federación, interpretamos esta
iniciativa como de una envergadura similar a la de las reformas estructurales,
que las distintas fuerzas políticas del país ya han avalado.
Estamos
hablando de un compromiso que abarca los tres Poderes de la Unión, los ámbitos
Federal, estatal y municipal, y los órganos constitucionales autónomos. La
magnitud de la tarea que enfrenta el país no puede demandar menos.
Adicionalmente,
es un tema que involucra tanto lo público como lo privado, por lo que es
necesario que las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno mantengan una
colaboración activa y profesional con la sociedad.
Si
analizamos con cuidado la motivación que subyace a la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción, podremos distinguir tres factores que requieren ser
considerados a lo largo del proceso del diseño de las leyes secundarias.
El
primero se refiere a acotar al máximo la tendencia a la inmediatez. Debemos
hacer lo necesario por transmitir el mensaje de que las soluciones instantáneas
no constituyen necesariamente, o por lo menos en todos los casos, el indicador
más veraz para determinar el éxito o el fracaso de una política pública.
El
segundo factor se vincula con la idea de anteponer lo técnico a factores
emocionales. Será necesario destacar en todo momento que la mejor aproximación
es identificar y entender las causas de la problemática para ofrecer
alternativas viables basadas en elementos asequibles, todo esto en un ambiente
constructivo, menos proclive a la personalización y al revanchismo.
En
tercer lugar. Se requerirá fomentar el concepto de corresponsabilidad social,
el cual generalmente es relegado por la idea de que la impotencia ciudadana
ante las fallas del Estado justifica la pasividad del individuo.
Distinguidos
asistentes a este evento:
La
apuesta que la Nación hace para enfrentar el fenómeno de la corrupción es por
la institucionalidad. Es un asunto vinculado con la funcionalidad del gobierno,
el ambiente social e inclusive el ámbito económico.
Hay
que tener en cuenta que la institucionalidad debe entenderse no sólo como el
entramado de organizaciones, sino también como los límites que acotan la
interacción entre los individuos y las entidades que forman parte del aparato
gubernamental en su conjunto.
Es
claro, en este contexto, que una de las condiciones para que el Sistema
Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, es propiciar que la sociedad
asuma una actitud de vigilancia, la voluntad de no contribuir al problema y la
disposición de denunciar todas aquellas acciones que se separen de la ética
pública, la cual debe ser la base de la gestión gubernamental.
De
lo que se trata es de fomentar que la cultura de la legalidad sirve y nos
conviene a todos.
Deseo
destacar ante ustedes el papel de la sociedad civil en la consecución de esta
iniciativa, en particular a la Red por la Rendición de Cuentas.
Sus
aportaciones ofrecen al diseño de una política pública una dimensión adicional
incluyente y representativa de la sensibilidad que existe en diversos ámbitos
de la vida nacional.
Asimismo,
mi reconocimiento a todos los actores políticos que hicieron suya esta
inquietud.
Reitero.
Este Sistema es la puerta al establecimiento de límites necesarios para nuestra
convivencia, con una visión de largo plazo y que deja a un lado la inmediatez,
que tanto ha afectado a la vida pública de nuestro país.
Por
su atención, muchas gracias.
(A
CONTINUACIÓN HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR
SEPARADO
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