Las
columnas políticas hoy, sábado 18 de julio de 2015...
I.No más titubeos. A su regreso a México y tras reunirse de urgencia con su gabinete de seguridad, Enrique Peña Nieto afirmó que el coraje y la ira no resolverán la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. “Como Presidente de la República y como ciudadano me ha indignado lo ocurrido; tenemos que asumirlo con la responsabilidad que implica”, señaló. El mandatario aseguró estar consciente de que la única manera de resarcir el daño a la sociedad por la fuga fantástica del narcotraficante es su recaptura. El poder de la mafia es enorme. Toca ponerse a trabajar.
II.Contra los traidores. A una semana de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el criminal más buscado, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se comprometió a detener a todos los involucrados, así como a cada uno de los que traicionaron a las instituciones. Que no les importa la complejidad del reto, sino que prevalezca la justicia y la ley, subrayó. Que si ya lo capturaron una vez, no quepa duda, las instituciones tienen todas las capacidades para hacerlo nuevamente. Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, afirmó que el Estado mexicano asume la responsabilidad de este agravio con la obligación de dar con cada uno de los responsables. Veremos.
III.¿Proceso burocrático o pocas ganas de actuar? Como si la imagen de México cruzara por su mejor momento, la burocracia mexicana volvió a dar muestras de vitalidad. Luego de lo ocurrido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, se sabe que el pasado 25 de junio, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel del Pacífico. Del otro lado lo quieren para presentarlo ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer, con la intención de distribuir, cocaína. Extradición solicitada 17 días antes de la fuga. ¿De eso también enteraron a El Chapo?
IV.Juicio justo. No aplican los juicios fáciles sobre Arely Gómez González, procuradora General de la República, quien a unas horas de la fuga llegó hasta la boca del túnel utilizado por el narcotraficante. Conduce las investigaciones y, en su carácter de Ministerio Público de la Federación, estaba obligada a conocer el lugar de los hechos. Comprometida con su responsabilidad de descubrir la red de complicidades dentro del penal, llegará al fondo sin importar el involucramiento de los funcionarios de todos los niveles. Su mensaje es el de los resultados, no el de los reflectores.
V.Política Disney. Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad, habló de la sagacidad de El Chapo. Afirmó que todos los escenarios presupuestados por la autoridad en el penal de máxima seguridad El Altiplano fueron superados por Joaquín Guzmán Loera. Que era imprevisible una fuga de este tipo. Sí, es de fantasía, admitió. En entrevista con Adela Micha, la periodista le recordó que Enrique Peña Nieto calificó de imperdonable que se fugara otra vez. Monte Alejandro Rubido respondió: “Lo sé y lo asumo. Si este gobierno detuvo a El Chapo, este gobierno lo va a detener de nuevo”. Y cuando le preguntó si lloró, dijo que no. Que cuando lo vuelva a detener ya tendrá tiempo. Rabia y tristeza.
BAJO
RESERVA/ El Universal
Altiplano
en estado de coma
Los
recientes Chapotours del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro
Rubido, ante cámaras, para espacios periodísticos de TV en horario estelar han
terminado de vulnerar los caducos sistemas de seguridad del Penal del
Altiplano, un multimillonario proyecto de más de 57 mil millones de pesos y que
en 2013 no pasó las pruebas de confiabilidad, de acuerdo con un reporte oficial
publicado el viernes en esta casa editorial. Las imágenes de video que han
recorrido los espacios de la prisión de “máxima seguridad” han desnudado, de
una vez, todos los protocolos. Nos
comentan que don Monte, en una suerte de guía de turistas, ha ofrecido datos
sensibles en prime time del inmueble y, por si fuera poco, del avance de las
indagatorias de la Procuraduría General de la República. El propio
comisionado, quien busca salvar su pellejo, está cavando la tumba de una cárcel
que entró en estado de coma.
Propiedades de
carceleros de El Chapo
Si
algo tienen en común los ex funcionarios que son investigados por la fuga de
Joaquín El Chapo Guzmán son los datos reportados en sus declaraciones
patrimoniales. Y, por supuesto, los cesados no aceptaron hacer públicos sus
bienes, ni los conflictos de interés en los que podían incurrir en el ejercicio
de sus cargos. Es el caso de Valentín
Cárdenas Lerma, ex director del Centro Federal de Readaptación Social
Altiplano I; Celina Oseguera Parra,
ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, y Juan Ignacio Hernández Lerma, ex jefe
del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Ahora tendrán que informar todos los detalles sobre sus bienes ante la PGR,
encargada de la investigación de la evasión del capo, nos comentan.
El plan de doña
Diva
En
la actual Legislatura, a la que le quedan poco más de seis semanas de vida, hay
quien ya prepara sus maletas y su carta para solicitar licencia de su cargo,
con miras en las elecciones de 2016. ¿De quién le hablamos? La senadora priísta Diva Gastélum acaba de
rendir cuentas a la dirigencia nacional del partido sobre su trabajo al frente
del Organismo de Mujeres, cargo que está por entregar al líder nacional
tricolor, César Camacho. El plan es solicitar licencia en cuanto amanezca
septiembre, con el arranque de la LXIII Legislatura, para tomar el avión a su
natal Sinaloa y buscar la candidatura al gobierno estatal, nos comentan. Muy,
pero muy adelantada anda doña Diva.
Dos
gobernadores al banquillo
No
era para menos, por el papel que ha desempeñado frente a los maestros de la
CNTE, quienes se han convertido en mandamás en Oaxaca. El gobernador de Oaxaca,
Gabino Cué, no vio la suya en la reunión con la Segunda Comisión Permanente,
que preside el perredista Armando Ríos Piter. Los legisladores lanzaron dardos
envenenados por el hecho de que los profesores disidentes a la reforma
educativa lo tienen postrado, y el oaxaqueño no pudo levantarse de la lona más que
para confirmar que está rebasado por las circunstancias. Nos comentan que el
jueves próximo viene el turno del mandatario de Guerrero, Rogelio Ortega, quien en la misma silla deberá explicar las fallas y
su relación con los líderes del magisterio en el estado más vapuleado del país.
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TAXIS
VS UBER, UNA OPORTUNIDAD/Editorial El Universal
Para
ser exitoso y eficiente, un servicio debe ser regulado por la ley de la oferta
y la demanda y supervisado por las autoridades para que los proveedores
compitan en igualdad de condiciones. La exigencia de los taxistas organizados
en contra de Uber y negocios similares es adecuada en cuanto a pedir piso
parejo, pero peca al querer impedir que sean los usuarios quienes definan con
quién prefieren viajar.
El
pasado miércoles 15 de julio el gobierno de la ciudad de México publicó un
nuevo esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante
aplicaciones y plataformas informáticas, en el que —además del registro— se
prevé un permiso para los operadores, su capacitación y el requerimiento de que
cuenten con un seguro.
La regulación
impone la aportación de 1.5 % del costo de cada viaje, sin impactar el cobro al
usuario,
a un Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, cuyos recursos se destinarán
a mejoras al servicio de taxis en general.
Pese
a lo anterior, la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México
(TOCDMX) y Taxistas y Líderes Unidos contra la Ilegalidad dijeron que
conformarán un frente de acción para detener lo que llamaron “un albazo” de las
autoridades quienes, dicen, no los consideraron en la decisión.
Tienen
razón en cuanto a que han tenido que padecer el pago de infinidad de requisitos
impuestos por el GDF, entre ellos, el cambio de color de sus unidades y
matriculación, cuyo costo es de miles de pesos. Desventajas frente a otros
proveedores.
Se
exceden, sin embargo, cuando demandan al DF un límite de dos mil 800 autos Uber
y Cabify frente a los 140 mil taxis concesionados. ¿Y qué pasa si la demanda
aumenta? ¿Por qué impedir a una empresa expandir su negocio si los usuarios
solicitan el servicio? No hay argumento racional.
Otra
demanda absurda de los taxistas es que las unidades de Uber y Cabify sean de un
valor de al menos 350 mil pesos y que su banderazo inicie en el punto en el que
los concesionados tienen la tarifa de arranque más alta, de 27.30 pesos.
En
este momento, según argumenta la empresa Uber, los usuarios del taxi regular y
del servicio vía smartphone no son iguales, pues para el segundo se requiere de
tarjeta de crédito y un teléfono inteligente. Una limitante para muchos
habitantes en el país. Sumar a esto una tarifa alta y autos no económicos
condenaría a los de menos ingresos a nunca poder acceder a un servicio que les
podría resultar más ventajoso.
La
coyuntura es una oportunidad. Ante la demanda de regular el mercado, el
gobierno capitalino podría aprovechar para poner orden en el caótico transporte
público. Eso beneficiaría a todos, salvo a los auténticos ilegales: los taxis
pirata.
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TRASCENDIÓ/MIlenio
Que
para la comparecencia de los titulares de la Segob, PGR, Cisen y CNS que se
llevó a cabo ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el jueves pasado,
dicha instancia legislativa recibió innumerables solicitudes de legisladores de
diversos partidos que deseaban participar en el encuentro.
Sin
embargo, debido a que el tema es considerado altamente sensible, ningún
legislador ajeno a la comisión logró su objetivo.
Que integrantes
de esa misma comisión aseguran que la permanencia del comisionado nacional de
Seguridad, Monte Alejandro Rubido, es prácticamente insostenible, pues su
relación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está tan
deteriorada, que, afirman, no se dirigen la palabra y ni siquiera el saludo.
Recuerdan
que lo mismo pasó antes entre Osorio y Manuel Mondragón, quien fungiera también
como titular de la CNS, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto se vio
obligado en su momento a enviarlo al Consejo Nacional contra las Adicciones.
Que
las obras de instalación de la tercera línea del sistema Cutzamala, que realiza
la Comisión Nacional del Agua desde hace dos meses sobre el límite del penal de
máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó el delincuente Joaquín Guzmán
Loera, continúan y los ingenieros responsables de los trabajos tienen prohibidísimo
dar cualquier información a la gente para “no afectar las investigaciones”.
Los
vecinos preguntan cuándo terminará su construcción y los trabajadores guardan
silencio; “no podemos dar ninguna información”, dicen.
Esto
pese a que esas obras se encuentran en la zona norte del complejo
penitenciario, mientras que la casa desde donde se cavó el túnel por el cual
escapó “El Chapo” está casi al otro extremo, en la cara sureste de la cárcel de
Almoloya, por lo que al parecer los trabajos no están relacionados.
Que
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo una reunión privada ayer con
el secretario de Gobernación.
Aunque
no se ofreció ninguna versión oficial del encuentro, el tema central de la
reunión, que se dio un día después de que el mandatario capitalino diera a
conocer cambios en su gabinete, fue la seguridad en la ciudad.
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TEMPLO MAYOR/Reforma
SI
VEN al gobernador Roberto Borge con cara de marinero mareado, es porque en
Quintana Roo andan balconeando un negociote familiar.
EN
ESTOS DÍAS comenzará a operar desde Cozumel la empresa Barcos Caribe, una
naviera cuya propiedad se achaca en conjunto a la familia del mandatario y a la
de su antecesor, Félix González Canto.
Y
AUNQUE el gobernador ha negado cualquier participación accionaria de sus
parientes, para nadie es secreto que el administrador de la naviera, Franco
González Padrón, ha sido por años el socio más cercano de Roberto Borge Martín,
padre del priista.
DE
HECHO, Borge reconoce que su papacito es “asesor” de la naviera, aunque insiste
en que para naaada es socio.
EL
DETALLE es que en Quintana Roo se ha documentado que Barcos Caribe recibió
apoyos de personal, infraestructura y hasta recursos públicos estatales para
promoverse.
A
VER si a Borge no le pasa como a otros gobernadores tricolores -no volteen a
ver a Rodrigo Medina ni a Aristóteles Sandoval- envueltos en escándalos por los
excesos de sus papis.
PARECE
que en Puebla, donde gobierna Rafael Moreno Valle, la transparencia… ¡se fue de
vacaciones!
EN
EL ORGANISMO PÚBLICO encargado de la difusión gubernamental “Puebla
Comunicaciones” que dirige Héctor Alcudia, pero donde manda el vocero estatal
Max Cortázar, no hay quien atienda a los ciudadanos.
EN
ESTOS DÍAS, se supo del caso de un poblano quien, tras hacer una petición de
información, fue notificado de que debía acudir a una oficina para recibir lo
solicitado.
NOMÁS
que, después de hacerlo dar varias vueltas, le salieron con que la empleada
encargada de atenderlo está de vacaciones por lo que le pidieron regresar
¡dentro de 10 días!
VAYA
manera de bajar la ventanilla… o de subir la opacidad.
AUNQUE
el ex panista Gerardo Buganza se destapó ayer como candidato independiente a la
gubernatura de Veracruz, hay quienes ponen en duda su independencia.
EN
XALAPA se comenta que detrás del hasta ayer secretario de Gobierno está el
mismísimo mandatario priista Javier Duarte, quien quiere cerrarle el paso al
también tricolor José Yunes, de quien se dice que es muy bien visto en Los Pinos.
DE
AHÍ que el autodestape es visto como una estrategia del gobernador para
controlar su sucesión y dejar a alguien que le cuide las espaldas.
VAYA
que resulta cierto aquello de que no todo lo que brilla es oro.
AHORA
que se supo que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tomó las decisiones
sobre los cambios en su gabinete no con base en una evaluación sino después de
hacer una valoración personal, surgió una recochina duda.
¿LA
VALORACIÓN se basó en criterios medibles y objetivos o nada más en cuánto
“valora” Mancera personalmente a los integrantes de su equipo? Es pregunta con
valor… y no precisamente curricular.
#
INAI EN LA
MIRA; TRAS LOS PASOS DEL IFAI/Salvador García Soto
El Universal,
Con
apenas un año de creado, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de datos (INAI), ya empieza a enfrentar dudas
y cuestionamientos de la sociedad, tanto por las pugnas internas que se han
desatado entre los comisionados que se disputan el control y posiciones de
poder en el instituto, como por algunas decisiones que han tomado sobre
transparencia y reserva de datos, lo que ha ocasionado que ONG´s cuestionen la
actuación del órgano autónomo de transparencia.
Podría
decirse que, a 14 meses de la reforma constitucional que le dio vida, terminó
la “luna de miel” para el INAI y sus comisionados, pues las organizaciones de
la sociedad civil que avalaron su designación en el Senado de la República —con
excepción de Rosendoevgueni Monterrey quien no tuvo respaldo ciudadano— han
criticado actitudes y decisiones del órgano nacional como el de reservar por
tres años las bitácoras de viaje del helicóptero de Conagua que utilizaba el ex
director David Korenfeld, acusado de corrupción en el uso de la aeronave
oficial, además de denunciar simulación en la integración de los secretarios
Técnicos tripartitas en los gobiernos estatales para favorecer a algunos
gobernadores.
Al
mismo tiempo que enfrentan la crítica de las ONG´s, al interior del INAI
afloran también desencuentros no sólo en la operación cotidiana del instituto
sino en la organización del Sistema Nacional de Transparencia anunciado por el
presidente Enrique Peña Nieto, y que, por ley, corresponde encabezar a los
consejeros del instituto. Cuando se habla ya de pugnas de poder, parece a que a
los siete comisionados de transparencia se les olvida que ellos llegaron al
cargo precisamente para terminar con la lamentable historia de enconos y guerra
interna protagonizada por los anteriores comisionados del IFAI, y ahora parecen
repetir esa historia.
Y
es que el IFAI desapareció justamente cuando la elección de Gerardo Laveaga, el
18 de enero del 2013, desató una serie de rencillas y enfrentamientos por el
control del instituto que se hicieron públicas cuando el comisionado Ángel
Trinidad, en plena sesión pública, exhibió la pereza de su compañero Laveaga y
su ambición por quedarse para sus dominios la quinta parte de los cargos del
instituto (eran entonces cinco comisionados).
Esas
intrigas llevaron al Senado, con el aval de las organizaciones de la sociedad
civil, a la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, con la que se creó
un nuevo instituto, con nuevas atribuciones y más comisionados —pasó de 5 a 7—
y con nuevo rostro que diera confianza a los ciudadanos. Así, los legisladores
determinaron que el nuevo IFAI también cambiaría de comisionados, aun cuando a
los anteriores se les permitió participar en el proceso de selección, pero
ninguno de ellos tuvo apoyo.
Guerra
y Monterrey, los nuevos “jefes”. Pero esa lección de poco valió para que los
nuevos comisionados, que rindieron protesta ante el Senado el 14 de mayo de
2014, escarmentaran en cabeza ajena, y ya desde su designación empezó una lucha
interna por la presidencia del Instituto que recayó finalmente en Ximena Puente
de la Mora, una de las primeras y más destacadas especialistas en materia de
protección de datos personales y quien al momento de su designación era
presidenta del órgano de transparencia de Colima.
Antes
de que se designara a Ximena, otros dos comisionados se peleaban por la
presidencia: Óscar Guerra Ford, quien construyó una trayectoria en materia de
transparencia en el instituto de transparencia del Distrito Federal y su
cercanía con el gobierno de Marcelo Ebrard, y Rosendoevgueni Monterrey Chepov,
más conocido como Eugenio, quien se desempeñaba como presidente del instituto
de transparencia del Estado de México, y que llegara a ser comisionado por su
cercanía con el grupo de Peña Nieto, aun cuando fue el único miembro del INAI
al que las ONG´s civiles le negaron el aval.
Cuando
se eligió a Puente como presidenta del INAI, hace 14 meses, aparentemente
terminó la pugna entre Guerra y Eugenio, pero en realidad cada uno de ellos
formó un bloque interno que desde entonces se disputa cada puesto, cada plaza,
cada designación de la estructura del INAI como si en ello les fuera la vida.
Guerra Ford y Monterrey, cada uno con sus comisionados aliados, insisten en
fortalecer sus posiciones porque los dos pretenden relevar a Puente de la Mora
llegado el momento en poco menos de dos años y mantienen una tensión permanente
en el instituto, a pesar de que el comisionado Francisco Javier Acuña se empeña
en difundir en cada foro o evento público que “son como hermanos”.
El
reparto de “huesos”. Uno de los síntomas más claros de que los integrantes del
INAI están perdiendo el rumbo y repiten la misma historia del IFAI, es que a
los nuevos comisionados no les produjo el menor rubor publicar en el Diario
Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2014, la derogación de cuatro acuerdos
del anterior IFAI y autorizarse sin más la contratación de personal del
instituto. A partir de entonces, la constante ha sido pedir renuncias para
deshacerse paulatinamente de todo lo que tenga tufo de Laveaga, Artz, Trinidad,
de María Elena Pérez Jaén, e incluso de la misma Jacqueline Peschard, ésta
última la única comisionada que conservó su prestigio en ese viejo IFAI.
Pero
el tamaño de la estructura del INAI les quedó chica para la voracidad de los
nuevos comisionados, quienes encontraron en la obligación de sus nuevas
funciones —y que ahora deberán fiscalizar en temas de transparencia a más
instituciones— el pretexto ideal para incrementar sustancialmente el número de
plazas, sobre todo las de mayor jerarquía, para acomodar a sus incondicionales
y pagar sus compromisos políticos con quienes los impulsaron. Así, el nuevo
Instituto Nacional parece extraviar el camino de su autonomía ciudadana y va
siguiendo los pasos que llevaron a desaparecer al viejo IFAI.
Notas
indiscretas… Alguien debe avisarle al gobernador interino de Guerrero, Rogelio
Ortega, que le quedan sólo dos meses a su efímera y gris gubernatura. Porque
pese a todo lo que no hizo a su llegada al gobierno, donde prácticamente era
invisible, Ortega pretende ahora proponer “soluciones” extravagantes y alocadas
a algunos problemas de su estado. Como lo que planteó esta semana al rector de
la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, a quien el mandatario
interino propuso realizar un cruce de nóminas para subsanar irregularidades y
“proceder conforme a derecho”. Con eso Ortega pretendió responder a un
desplegado del Consejo Universitario que exigió que el gobierno estatal les
entregue 500 millones de pesos del subsidio federal a la institución, de los
cuales 200 millones se deben desde la época de Ángel Aguirre Rivero. En el
equipo de transición de Astudillo ya se quejaron de las ocurrencias de Ortega,
quien además ha propuesto volver la Casa Guerrero, la misma que su esposa abrió
a los maestros de la CETEG para “un museo y centro cultural”, porque él se fue
a vivir con toda su familia a la Casa Acapulco, frente al mar, donde viven 34
familiares suyos y donde se habla de excesos como champagne de importación y un
fuerte olor a enervantes. Eso cuando Rogelio Ortega no está volando en su
helicóptero, en el que apenas aterriza en comunidades pobres, saluda, y vuelve
a emprender el vuelo… En Ciudad Victoria se inauguró un nuevo C4, un centro de
Control, Comando y Comunicaciones, desde el cual se pretende reforzar la lucha
contra el narcotráfico y el crímen organizado en la entidad. El gobernador
Egidio Cantú, junto con funcionarios federales, estatales y municipales del
llamado Grupo Tamaulipas, puso en funcionamiento este centro que tuvo un costo
de 8.5 millones de pesos y en donde se operaran las bases criminalísticas con
las que se pretende aumentar la inteligencia en la guerra contra los cárteles
que se libra en el estado… Mientras las investigaciones contra Humberto Moreira
y funcionarios de su gobierno continúan en Estados Unidos por “lavado de
dinero”, en Coahuila al gobernador Rubén Moreira le llevó cuatro años
refinanciar totalmente la deuda pública del estado, que le heredó su hermano,
por un monto de 36 mil 767 millones de pesos. Esta semana el gobierno de
Coahuila anunció que cerró un acuerdo con 7 instituciones bancarias para
reestructurar sus adeudos, lo que le permitirá ahorrar hasta 3 mil 100 millones
de pesos por concepto de servicio de deuda, recursos que serán destinados a
proyectos de inversión pública y a mejorar la competitividad del estado. La
reestructuración, primera en su tipo en México, protege a futuras
administraciones para que no tengan que pagar más intereses por la deuda y fue
asesorada por el BID… Se detienen los dados. Escalera doble. Buena semana.
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