“No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.
Revista Proceso # 2026, 30 de agosto de 2015..
Aramburuzabala a López
Dóriga: “No hay negociación posible con un extorsionador”/ JENARO VILLAMIL
María Asunción
Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas de México, habla con Proceso
acerca de la demanda que interpuso contra quienes presuntamente
intentan extorsionarla, de manera especial contra Adriana Pérez Romo, esposa
del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga. La heredera del Grupo
Modelo detalla las amenazas que, afirma, le hicieron en el sentido de usar el
espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. “Nunca en 24
años (de su negocio inmobiliario) me había sucedido algo así”, sostiene, y
remata: “No soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como
el de él”.
Una auténtica “historia de
terror”, extorsiones, uso desmedido de la fuerza pública capitalina, una serie
de cinco clausuras y de falsos defensores de intereses vecinales se hilvana en
la disputa hecha pública entre el comunicador más importante del Grupo
Televisa, Joaquín López Dóriga, y la empresaria María Asunción Aramburuzabala,
una de las mujeres más acaudaladas del país, quien decidió romper el silencio e
interponer una demanda penal, el viernes 14, por varios delitos contra quienes
la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío
225, en Polanco, en una de las zonas de mayor plusvalía inmobiliaria en el
Distrito Federal.
En esta trama, en primer
lugar está involucrada Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, quien no es
la primera vez que amenaza con utilizar la influencia mediática de su marido.
En 2002, el delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, recordó en sus
cuentas de redes sociales que el conductor de Televisa le pidió autorizar una
obra ilegal en un predio de su esposa, en Polanco. “Aprende a no meterte con la
esposa de un comunicador”, lo amenazó López Dóriga ante la negativa.
En un tono similar, López
Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al
rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria le repite a
Proceso el mensaje que le envió a López Dóriga: “No te confundas. Yo estoy
litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu
modus operandi, tu porquería”.
Destapado el escándalo el
viernes 21 a raíz de una nota en el periódico Reforma, López Dóriga sólo ha
respondido a través de su cuenta de Twitter, sin negar la extorsión:
“Niego rotundamente la
dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el
negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.
“Quien sí ha litigado en
medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras
planas en Reforma a favor de su desarrollo.”
Otro personaje implicado es
el exdiputado federal panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al
expresidente Felipe Calderón, quien a nombre de los vecinos del edificio
colindante, de Rubén Darío 223, y de Pérez Romo planteó una extorsión que
asciende a casi 10 millones de dólares y fue grabado en un video difundido por
los representantes de Aramburuzabala.
A su vez, el actual jefe de
Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha dejado correr las clausuras y las
estafas, a pesar de que él reconoció ante Aramburuzabala, en un encuentro
privado, que “todo está correcto” en el proyecto de las torres de 122
departamentos.
De entrada, la heredera del
emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de
2006, separa a los directivos de la
televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que ella tuvo un encuentro
con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el
conflicto.
Grupo Televisa emitió un
escueto comunicado para afirmar que el conflicto vecinal en Polanco “ha
carecido de interés periodístico” y que “se trata de un tema entre particulares
que se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal.
Este tema no ha sido tratado en nuestros espacios informativos ni en el que
conduce Joaquín López Dóriga ni en ningún otro”.
Noticieros Televisa expresó
que confía “plenamente” en López Dóriga y reiteró “su respaldo frente a una más
de las dolosas notas de Reforma en contra de Televisa y sus colaboradores”.
“Esto comenzó con la defensa
de un desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en un tema más grande”,
reflexiona Aramburuzabala ante Proceso.
“Es un caso de cómo la
corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de
mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si
fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que le da a un locutor el
tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para
extorsionar”, afirma Aramburuzabala.
Y se pregunta: “¿Qué nos
dice de nuestros líderes mediáticos que utilizan su poder para comprar, para
extorsionar? ¿Qué nos dice este caso de nuestros gobernantes que se doblan ante
la presión y que el estado de derecho es igual a nada?”
–¿Nunca le había sucedido un
intento de extorsión?
–Nunca en 24 años de Abilia
nos había sucedido algo así. Es normal que tengas litigios donde pierdas y
ganes en tribunales, pero siempre jugando derecho.
–López Dóriga ha afirmado en
sus columnas que usted es una “niña rica” que “desde su multimillonaria soledad
envidia la felicidad ajena”. ¿Qué opina de esta respuesta?
–No me da vergüenza que me
diga niña rica porque soy heredera de un gran imperio fundado por mi abuelo. A
mí no me dan vergüenza mis orígenes. Soy rica, pero no soy inútil y mucho menos
corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él.
Extorsión por casi 10 mdd
La demanda presentada el
viernes 14, cuya copia tiene Proceso, incluye un video de 45 minutos donde el
abogado Becerra Pocoroba solicitó el 16 de junio dinero a nombre de Pérez Romo
y los demás vecinos, pero también 600 mil dólares para él, por concepto de
honorarios, y la exigencia de obras públicas en Polanco.
En las páginas 30 y 31 de la
demanda se relata que Becerra Pocoroba y su asistente Érika Mendoza Bergmans
“insisten en las solicitudes desproporcionadas que se vinieron haciendo una y
otra vez por parte de los vecinos y que fueron solicitadas en reuniones
anteriores por las señoras Paloma Carrera Baños y Teresa Adriana Pérez Romo,
hasta llegaron de manera directa, cínica y precisa a señalar que con dinero se
podría arreglar todo el asunto, que con el pago de 5 millones de dólares, más
600 mil dólares para su abogado, más la reconstrucción de aproximadamente la
mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, así como las
glorietas de Campos Elíseos, monto adicional que podría ser similar al
solicitado por la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dóriga, a través de
su abogado, se podrían terminar los problemas de mi mandante (Aramburuzabala).
“A mayor abundamiento, el
propio Mario Alberto Becerra Pocoroba señaló desde el inicio de la reunión que
iba en representación de Teresa Adriana Pérez Romo y los vecinos de Rubén Darío
223 y que, incluso, si no existía por parte de mi mandante una pronta respuesta
a sus pretensiones económicas, el Gobierno del Distrito Federal iniciaría una acción
directa en contra de mi mandante, mediante el juicio de lesividad con el objeto
de revocar los permisos ya otorgados con anterioridad por esas mismas
autoridades y suspender la elaboración del proyecto en definitiva.”
La presunta extorsión
también se formalizó a través de un correo electrónico, enviado el 29 de junio
de 2015 a Carlos Padilla Fabre, colaborador de Aramburuzabala, en el que se
formalizan las peticiones planteadas de manera verbal en los documentos
denominados Convenio Rubén Darío 223.docx y Carta honorarios Abilia.docx, cuyas
copias tiene Proceso.
Carlos Padilla y Guillermo
Martín Buitano, quienes estuvieron en la primera reunión con Becerra Pocoroba,
calculan que la presunta extorsión asciende a casi 10 millones de dólares, ya
que son 5 millones de dólares supuestamente para los condóminos de Reforma 223,
que se pueden dar “en efectivo o en especie”, más los 600 mil dólares para el
abogado y las obras de remodelación en la colonia Polanco.
Dos vecinos del predio Rubén
Darío 223, a condición de mantener el anonimato, declaran a Proceso que ellos
nunca fueron informados de esta presunta extorsión. La esposa de López Dóriga,
quien era la administradora, forzó a los vecinos a firmar la petición de parar
la obra de Aramburuzabala, con el argumento de que la torre de 122
departamentos que se construiría al lado iba a afectarlos y a “darles en la
torre” al quitarles luz solar y vista al Bosque de Chapultepec.
En la misma demanda contra
Paloma Carrera Baños, Adriana Pérez Romo, Gabriela Torres Ramírez (quien se
ostenta como “coordinadora vecinal” del corredor Bosque de Chapultepec) y el
abogado Becerra Pocoroba se especifica que los 5 millones de dólares se
pidieron de la siguiente manera:
“Siempre haciendo alusión a
la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención a la
estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios del Gobierno del
Distrito Federal, dando a notar la misma, bajo la forma en cómo desde enero del
presente año han venido actuando para no permitir que se realice la obra del
proyecto denominado ‘Rubén Darío 225’”.
Las clausuras y los
granaderos
El desarrollo inmobiliario
Abilia, en la calle de Rubén Darío 225, comenzó en 2005, cuando se obtuvo el
permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito
Federal para fusionar cinco terrenos y dar un uso de suelo de 30 niveles.
El proyecto original tuvo
que ser modificado, ya que entre 2010 y 2012 varios vecinos de las calles
colindantes de Lord Byron y Tres Picos interpusieron siete distintas acciones
legales en su contra. La única que procedió fue la de Giulliano Lopresti y
otros vecinos, con quienes se firmó un convenio para reducir la densidad en 20%
y en 50 viviendas menos, hasta completar el proyecto actual, de 122 departamentos
de 10 millones de dólares cada uno.
A esas primeras reuniones
con Lopresti y los habitantes de la calle Lord Byron asistió la esposa de
Joaquín López Dóriga a nombre de los vecinos de Rubén Darío 223. Con estos
vecinos se tuvieron reuniones entre septiembre y diciembre de 2014 para aclarar
distintas dudas respecto al desarrollo inmobiliario.
El 29 de septiembre de ese
año, López Dóriga publicó en su cuenta de Twitter que hubo tala de árboles que
se realizó “impunemente” por la inmobiliaria de Aramburuzabala. El 2 de
diciembre del mismo año denunció que Abilia había falsificado permisos para
derribar árboles.
Antes de estos mensajes,
Adriana Pérez Romo, la esposa de López Dóriga, les advirtió a directivos de
Abilia que ella estaba contra el proyecto, al que calificó como producto de la
corrupción, y los amenazó con “hacer todo para parar la obra”.
Aramburuzabala recordó que
tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver las
diferencias. Refiere que inicialmente ésta última afirmó que quería adquirir
tres departamentos, de 10 millones de dólares cada uno.
Después de las amenazas y de
los mensajes de López Dóriga en Twitter, el 19 de enero de 2015 se llevó a cabo
un operativo en el que tomaron parte siete camiones con 120 granaderos y 10
patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para clausurar la obra,
promovido por la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Distrito
Federal.
“Fue una prepotencia
increíble. Arrestaron a 112 trabajadores y a tres ingenieros que llevaron al
Reclusorio Norte acusados del delito de quebrantamiento de sellos de clausura
en modalidad de pandilla”, recuerda Aramburuzabala.
Los obreros fueron puestos
en libertad horas después con pago de multas y los tres ingenieros pasaron un
mes en el Reclusorio Norte, donde uno de ellos fue torturado y amenazado con
picahielos.
La denuncia penal interpuesta
por Aramburuzabala advierte que en este operativo de clausura se puso en riesgo
“la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se
pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de
medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.
El 23 de enero, días después
del operativo policiaco de clausura, Aramburuzabala solicitó una audiencia con
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para reclamarle esta actitud.
Mancera se dijo sorprendido y le afirmó que, según la revisión de los
documentos, todo estaba “correcto” en la edificación del desarrollo
inmobiliario.
Aramburuzabala le advirtió
que era un asunto promovido por la esposa de López Dóriga. “Sé que él tiene el
micrófono más importante del país, pero hay otros métodos”, le reclamó la
empresaria.
“Tengo muchísima presión”,
admitió Mancera, después de disculparse.
La esposa de López Dóriga y
dos vecinos más promovieron dos acciones públicas para solicitar la suspensión
de la obra. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal
autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se había incurrido
en violaciones al uso del suelo, en marzo y mayo de 2015.
En medio de estas presiones
de la autoridad capitalina, la esposa de López Dóriga solicitó en mayo una
reunión con los vecinos del edificio de Rubén Darío 223 para promover cambios
de fachadas con sombra, salida adicional de proyecto y otras obras en la zona,
a cuenta de la inmobiliaria de Aramburuzabala.
El 2 de junio de 2015 se
recibió otra notificación de un juez que ordena la suspensión de la obra de
Abilia, ahora promovida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del DF, dependencia que consideró que el certificado de
zonificación no estaba vigente.
Dos semanas después entró a
escena el abogado Becerra Pocoroba para pedir los casi 10 millones de dólares
en efectivo en honorarios para él y en obras en la colonia para desistirse de
acciones de vecinos y autoridades.
En el video les advirtió a
los representantes de Abilia:
“Hoy se está presentando en
la Conserjería Jurídica un juicio por lesividad” y se podría volver a suspender
la obra. Efectivamente, el 1 de julio llevó el juicio de lesividad de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, tal como lo anunció.
“Hay otras rayitas que les
podemos poner”, advirtió Becerra Pocoroba en esa misma reunión videograbada.
En respuesta a estos hechos,
Aramburuzabala decidió contratar al abogado Javier Coello Trejo, el polémico
fiscal de hierro de la era lopezportillista, e interponer una demanda penal.
“Para mí no hay negociación
alguna con un extorsionador. A mí no me cuesta nada parar la obra, darles un
departamento o ese dinero, pero ya basta de este abuso de poder. Lo primero es
exponer, denunciar y perseguir legalmente estas prácticas, porque sólo cuando
esto se haga se frenará la impunidad”, sentenció Aramburuzabala.
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